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Uno de los elementos que es necesario analizar para materializar esa iniciativa es la existencia de un impuesto que grava a la empresa estatal en beneficio de las FFAA para adquisición de equipamiento militar, que tiene su origen en una ley secreta que data de los 50 (y no del Gobierno Militar, como creen algunos). A pesar del secreto, se sabe que grava con un 10% las ventas de Codelco y que conforme a la Ley Orgánica Constitucional de las FFAA tiene asegurado un rendimiento mínimo, que sería del orden de US$ 270 millones anuales. Si el impuesto no arroja esta cifra, el presupuesto público debe poner la diferencia.
¿Se justifica la existencia de un sistema de esta naturaleza? Un análisis desde el punto de vista de política económica no deja dudas, pues crear un impuesto específico y además afectado a un fin, que grave las ventas de determinada empresa, no resiste mayor análisis. Distorsiona la gestión y los resultados de la empresa, y afecta su valor patrimonial, precisamente al tomarse una hipotética decisión de enajenarla. En el caso de Codelco, suprimirlo no afectaría para nada la caja fiscal, pues en el hecho su monto se transformaría por entero en utilidades, que llegarían al Fisco a través de impuestos a la renta o bien como reparto de utilidades. Así, el Fisco dispondría igual de los recursos para la compra de equipamiento militar, que se entregarían a las FFAA a través del presupuesto público.
Sin embargo, en el mundo de la defensa se ha visto en este esquema una garantía para las FFAA que les otorga seguridad respecto de las adquisiciones. Implícito en esta visión está el riesgo que los políticos, acosados siempre por la contingencia, decidieran gastarse esa plata en "mantequilla y no en tanques". Entonces, mejor que no metan sus manos en este asunto.
¿Qué político será partidario de no defender el país? Sería bueno que se pronuncien, para que en la próxima elección los ciudadanos hagamos lo propio. En la práctica, produce el efecto contrario: muchos se dan el gusto de criticar sin base el gasto en defensa, haciendo ofertas populistas, sabiendo que las FFAA de todas formas recibirán lo que necesitan. Así, criticar es gratis y se fomentan comportamientos irresponsables.
Pero, además, todo esto de la seguridad es un mito. Ya se dijo que cuando el impuesto no rinde, debe suplir el presupuesto. Por ende, la garantía no está en el tributo que afecta a Codelco, sino en el aporte mínimo garantizado por otra ley. Y cuando rinde mucho, como en la actualidad dados los precios que ha tenido el cobre, las FFAA no han tenido libertad de gastarlo en equipamiento. Se dice que hoy están empozados como US$ 3.000 millones derivados de su aplicación y que el gobierno simplemente no ha autorizado su gasto. Y bien el Gobierno, porque el país debe adquirir el equipamiento militar que necesita según un estudio de lo que es sensato y posible, definido lo cual deben destinarse los recursos apropiados; no es justificación para comprar que haya plata, sobre todo si hay muchas otras necesidades que satisfacer.
Además, la seguridad suele derivar de que estas adquisiciones rara vez son pagadas al contado y entonces se autoriza contraer endeudamiento de largo plazo, caso en el cual el Estado debe destinar los recursos anualmente a todo evento por largos períodos.
Entonces, sucede que al final los políticos han decidido igual y ello no ha sido obstáculo para que el país en los últimos años haya dotado a sus FFAA del mejor equipamiento que jamás han dispuesto, acorde con el desarrollo nacional, sin que realmente el tributo que afecta a Codelco haya tenido mucho que ver. Por consiguiente, eliminarlo en realidad no es tanto problema. Es cuestión de dejar los mitos de lado y que cada cual asuma su responsabilidad en las políticas de defensa. Alternativas existen para asegurar presupuestos en el largo plazo. Así, se limpiaría un obstáculo para que los chilenos participemos de verdad en la propiedad de Codelco.
Un político, no lejano a la referida candidatura, dijo que la derecha no quería derogar este impuesto. Curioso que después de 19 años de gobiernos de la Concertación, la oposición tenga la culpa de algo que éstos ni siquiera han propuesto. ¿No será en realidad que la izquierda prefiere mantenerlo para bloquear cualquier modernización en el régimen de Codelco?
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