Lo que comenzó como una discusión acerca de prohibir o no el funcionamiento de las salas de juego instaladas en grandes cruceros, cuando estos navegan próximos o amarran en puertos chilenos, está ahora por convertirse en una ley que autorizará el funcionamiento de barcos casinos en navegación en aguas de jurisdicción chilena.
El proyecto del Ejecutivo que fomenta el Mercado de Cruceros Turísticos esta listo para su aprobación. Ello tras haber sido avalado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia que preside Joaquín Godoy. La norma ha recibido algunas propuesta de modificación del propio Presidente de la Nación, Sebastián Piñera Echenique y a quedado en condiciones de ser tratada, de un momento a otro, por el pleno de la Cámara de Diputados de Chile.
Una de las principales razones que gatilló la baja recalada de cruceros durante la recientemente terminada temporada 2010-2011 en los destinos chilenos, fue la falta de competitividad de los puertos de este país, a raíz de la prohibición que existía para el funcionamiento de casinos de juegos de las embarcaciones que arribaban.
Fuentes del ministerio de Economía, Fomento y Turismo precisaron que "la iniciativa busca incentivar el crecimiento del mercado de cruceros tanto nacionales como extranjeras que a partir de 2008 se ha visto disminuida hasta en un 40% en territorio nacional. En el 2006 llegaron a Chile 259 embarcaciones, y en la temporada pasada solo recalaron 155, es decir, llegaron 104 cruceros menos".
Ante esta situación el Poder Ejecutivo remitió para su tratamiento legislativo un proyecto que va mas allá de permitir el funcionamiento de los casinos instalados en los cruceros que amarran en puertos chilenos: permite también el funcionamiento en aguas jurisdiccionales de cruceros de bandera chilena con casinos. Y además el proyecto prevé para estos casinos una serie de ventajas impositivas trascendentes.
Esto significa, en buen romance, una nueva etapa en el modelo chileno de regulación de juegos de azar, ya que posibilitará el crecimiento exponencial de las salas de juego que operen el país, sin modificar formalmente el marco regulatorio de los casinos recientemente instalados en tierra firme. Las críticas veladas que han surgido del lado de los operadores de licencias adjudicadas en los últimos tres años han sido desestimadas con el argumento que no se está modificando el marco legal que se les ofreció cuando presentaron sus proyectos de inversión, sino que se está modificando la ley de cruceros, que era el impedimento principal para el funcionamiento de los casinos a bordo.
Fuentes legislativas consideran que la inminente sanción de la ley es una gran noticia, para todos los puertos que reciben a estas embarcaciones. Con esta iniciativa se homologará en Chile las condiciones que le entregan otros países a los cruceros internacionales, facilitando su recalada en puertos nacionales.
“Cada crucero que recala en Valparaíso o en otra ciudad de Chile, si se calcula un promedio de cien dólares que gasta cada turista, deja unos 300 mil dólares en cada oportunidad. La industria de cruceros bajó, en parte, porque nuestra legislación le impedía operar casinos dentro de nuestro territorio marítimo nacional, entonces era lógico que teníamos que homologarlo y de esa manera vamos a poder repotenciarlo”, enfatizó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Joaquín Godoy.
Consideró que no existirá una competencia desleal con los casinos de tierra y destacó que la industria nacional de cruceros turísticos, al incorporar beneficios similares a las embarcaciones internacionales, también podrán potenciarse.
La Subsecretaria de Turismo, Jaqueline Plass, junto con agradecer el apoyo y el tenor del debate efectuado por los parlamentarios, informó que en la Comisión de Hacienda se efectuaron indicaciones para establecer una proporcionalidad con el número de pasajeros y el número de juegos que pueden tener un crucero nacional.
Luego, agregó, se le otorgan facultades a la Superintendencia de Casinos para efectos de verificar una homologación de las máquinas y tener certeza que no se las está interviniendo o que no se esté cumpliendo con el nivel de retorno comprometido.
La Subsecretaria resaltó que, desde un principio, el Gobierno ha argumentado que éste es un perfeccionamiento a la Ley de Cruceros y no a la de casinos. “La legislación comparada a la cual hemos tenido acceso nos muestra que los casinos, cuando operan en cruceros, no tributan salvo en el caso de Alaska, y por lo tanto, la buena práctica internacional indica que debemos mantener esa línea”, planteó.
Explicó que la industria nacional sólo podrá tener una máquina a bordo por cada diez pasajeros; una mesa de juego por cada cincuenta pasajeros y un juego de bingo, por nave. Además, los cruceros chilenos podrán gozar, como beneficio tributario, de la posibilidad de recuperar el IVA por aquellos bienes que se utilicen como inversión en el navío.
El diputado Pepe Auth (PPD) dijo que tiene una objeción conceptual mayor y que por eso se abstuvo en la votación del articulado. “Mi objeción es que el juego en Chile es ilícito, es una actividad dañina, generativa de adicción, por ello se ha autorizado a través de una ley especial y ésta se ha vinculado a financiar a los municipios y al Fondo de Desarrollo Regional. Aquí se permite que naves nacionales operen en alta mar con juegos, libres de todos estos impuestos específicos, libre de cualquier apoyo a las comunas o a la región, cambiando el concepto que tiene la sociedad”, enfatizó.
Planteó que se genera una suerte de inequidad, porque el juego en tierra va a tener una cierta carga impositiva, en tanto que altamar sólo tendrá una mucho menor, sin hablar del control por parte de la Superintendecia de Casinos, que en tierra es total y en el mar será casi nula.
El Proyecto
El proyecto flexibiliza algunos de los requisitos y condiciones actuales para las naves mercantes nacionales (Art. 63 de la Ley N° 19.995), tales como: reducir de 120 a 80 la capacidad de pernoctación que deben tener las naves; disminuye el recorrido de 500 a 300 millas náuticas; elimina el requisito de que el titular del permiso de operación deberá ser una sociedad distinta del propietario, armador, operador, arrendatario o tenedor a cualquier título de la nave; y se les exime del pago de impuestos especiales establecidos en los artículos 58 y 59 de la ley N° 19.995.
Para evitar que los casinos en cruceros se conviertan en “casinos flotantes”, se mantiene la condición de que el circuito turístico en el cual se autorice la explotación de juegos de azar tenga una duración no inferior a tres días y, además, su cobertura debe comprender a lo menos un recorrido de 300 millas náuticas en las naves nacionales y de 500 millas náuticas para los cruceros extranjeros.
El proyecto excluye, tanto a las naves extranjeras como a las nacionales, de la obligación de someterse a las mismas disposiciones sobre autorización, operación y fiscalización que las previstas para los casinos de juego que funcionan en tierra. En el primer caso, particularmente, porque se trata de casinos que no sólo operarían en aguas territoriales chilenas, sino que también en otras jurisdicciones.
En el caso de las naves nacionales, en todo caso, se mantienen algunos ámbitos de la fiscalización, como es la homologación de los implementos de juego y su posterior verificación a bordo por parte de los fiscalizadores de la Superintendencia. Esto permitirá que los casinos de naves mercantes nacionales cuenten con máquinas de azar nuevas, certificadas por laboratorios internacionales, con sus instrucciones en español y con un porcentaje de retorno como premio al jugador de más de un 85%, tal como ocurre con los casinos de la nueva industria.
Finalmente, para garantizar la fe pública, la Superintendencia sería la instancia para atender y resolver los reclamos de controversias entre clientes y el operador de la sala de juego y se mantiene como criterio de regulación que la cantidad de material de juego esté de acuerdo al número de pasajeros que tenga la nave.
Precisamente, la ultima indicación formalmente cursada por el presidente Piñera a los legisladores establece que “sólo podrá autorizarse una cantidad de juegos de azar proporcional a la capacidad de pasajeros de la nave, a razón de una máquina de azar por cada 10 pasajeros; una mesa de juego por cada 50 pasajeros; y un juego de bingo por nave.”
Agregando que “sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, los operadores nacionales autorizados deberán cumplir los procedimientos para la homologación de las máquinas y los implementos de juegos de azar necesarios para la operación y práctica de tales juegos. Asimismo, dichos operadores sólo podrán desarrollar los juegos incorporados oficialmente en el catálogo de juegos y de acuerdo a la regulación prevista en aquél.”.
“La Superintendencia de Casinos de Juego- indicó el Poder Ejecutivo- inspeccionará los juegos de azar que se estén explotando dentro de naves mercantes mayores nacionales cuando estén atracadas en puertos o dentro de las tres millas náuticas a que hace referencia el inciso segundo del presente artículo, en todo lo que diga relación con el cumplimiento de su catálogo de juegos, y verificará los implementos de juego homologados.”
Y por ultimo propone un nuevo “artículo transitorio: El reglamento que se debe dictar en conformidad a esta ley, deberá expedirse en el plazo de tres meses contado desde la fecha de publicación de la presente ley.”
Artículo original
País sólo es superado por México y Filipinas entre 17 países que fueron medidos en el estudio internacional.
