Más de 18 mil visas de trabajo se entregan cada año en nuestro país. Contratos con cláusulas especiales, visas, convenios para evitar la doble tributación y previsionales, son parte de los temas a evaluar.
"Al principio me costó. Iba a entrevistas y siempre me preguntaban por la visa, yo tenía de turista y algunos me decían que no porque implicaba gastos". Duro fue el aterrizaje laboral de la peruana Carla Cordiglia, a quien finalmente la contrató un compatriota. El documento fue su puerta de entrada al país.
Visas, permisos, pagos, multas, falta de carné de identidad, problemas tributarios, cotizaciones duplicadas y contratos con cláusulas especiales rondan tanto a la empleada doméstica recién llegada como al gerente de la multinacional.
En promedio en Chile se entregan anualmente 18.300 visas de residencia sujetas a contrato para extranjeros. La mayoría se otorga a peruanos, bolivianos y ecuatorianos, que se emplean en el servicio doméstico, en el comercio, en la construcción, la agricultura, actividades empresariales y servicios sociales y de salud.
Paciencia con la visa
"Me costó dos meses encontrar trabajo, pero fue fácil, me dio la impresión que veían a los extranjeros como más responsables", cuenta la norteamericana, gerente de informática de HP IT, Bárbara Cerda. Aunque la búsqueda laboral fue fácil, el resto fueron carreras para lograr la visa. "A las 8:00 de la mañana me paraba afuera y todos corríamos a sacar el número a distintas oficinas", cuenta al recordar sus mañanas en las colas en el departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.
A pesar de los trámites, el sistema en Chile es flexible. "Con un contrato en la mano se puede pedir una visa de trabajo desde el extranjero o estando en Chile; hay países que sólo permiten hacerlo desde afuera", explica el abogado de Ernst & Young, Mauricio Peñaloza.
Claro que la visa sujeta a contrato no es "llegar y llevar", ésta podría negarse si en la empresa el número de trabajadores extranjeros supera el 15%, si el extranjero no tiene conocimiento que justifique contratarlo en vez de un chileno y si el sueldo fijado en el contrato no alcanza para mantener a la persona y su familia.
Y hay que tener paciencia. Si la visa se pide en cualquier consulado de Chile en el exterior demora un mes. Si se solicita en Chile en Extranjería del Ministerio del Interior, aseguran que se entrega en 60 días. Aunque quienes la han solicitado alegan que demora más de tres meses.
"Mientras, el extranjero puede trabajar con un permiso. Pero sin visa no podrá sacar cédula de identidad, eso los deja fuera del sistema", explica la abogado de Deloitte, Francisca Pérez.
"Se demoran por lo menos tres meses en tener carné de identidad, no pueden abrir cuenta bancaria, no tienen dónde depositar su salario, sin rut sienten que no existen", explica Fabrizio Moyá, gerente de recursos humanos de Hewlett Packard.
Si el carné demora tres meses, hay tarjetas que tardan años. "Tuve que enterar dos años y tener una visa de residencia definitiva para que me dieran una tarjeta de una gran tienda", cuenta Carlos Castillo, argentino que hoy trabaja en Oracle y llegó a Chile en 2002. Después de dos años de trabajo continuo en la misma compañía optó a la visa de permanencia definitiva que demoró seis meses "y eso que cuando recibieron mis antecedentes me dijeron que sería fácil porque todo estaba al día".
Contrato y tributos
Cuando el trabajador viene a Chile trasladado por su empresa se debe poner especial atención en el contrato. Éste se puede finiquitar en el país de origen, congelar o mantener en ambos países.
En este último caso hay que poner ojo porque la ley chilena obliga a tributar por los ingresos laborales que se reciban en Chile o afuera. Aunque durante los 3 primeros años exime de tributación a las rentas personales que tengan fuera del país como arriendos o dividendos accionarios, explica la abogado de Deloitte, Mónica Fernández.
Si la persona mantiene su contrato afuera y recibe sueldos o bonos será afectada por una doble tributación.
Seguridad Social
"Estoy cotizando en Chile, pero estoy viendo para trasladar mi dinero acá o a otro país cuando me jubile. El mundo por la globalización está organizándose para facilitarnos todo", explica el country manager de Mercer Human Resource en Chile, Luis Fernando Higuera, quien llegó hace un año de Colombia.
De hecho Chile tiene tratados que permiten sumar los años de cotizaciones en distintos países para acceder a la jubilación, y en el caso de Perú está a punto de entrar en vigencia el convenio de portabilidad de fondos, que permitirá trasladar el dinero cotizado entre ambos países.
Para quienes prefieren mantener sus pagos en el exterior, la Ley 18.156 permite a quienes tienen un cargo técnico o superior eximirse del pago de isapre y AFP en Chile, siempre que mantenga en su país un sistema que cubra invalidez, enfermedad, vejez y muerte.
Lo que parece insólito:
1 Sesenta días demora en promedio la visa sujeta a contrato en Chile. Mientras no se obtenga no se puede sacar carné de identidad, entonces los extranjeros no pueden hacer trámites como arrendar una casa o un auto, abrir una cuenta bancaria o emitir facturas electrónicas.
2 Pagar pasaje de vuelta al empleado y toda su familia al término del contrato encarece la contratación de los extranjeros y es una responsabilidad adicional para el empleador. Esto corre aunque haya contactado al extranjero en Chile.
3 En asignaciones laborales de corto plazo, de días o pocos meses, la persona debe tributar en Chile. ¿Cómo se podría hacer sin conocer el sistema, sin RUT ni cuenta corriente?
4 El seguro de desempleo es obligatorio a pesar de que un extranjero se puede eximir de cotizar para su previsión en Chile si es que tiene un sistema en el exterior. Pero no lo puede cobrar porque para hacerlo se exige un tiempo mínimo de cotización en la AFP. Además, como se exige al empleador sacar a la persona del país, ésta como cesante no será una carga.
5 Falta una visa de negocios que permita olfatear y buscar negocios o que la puedan pedir ejecutivos que vienen por uno o dos días al mes a trabajar a Chile. Hoy vienen como turistas.
Lunes, 04 de Septiembre de 2006
Reportajes del Lunes, Economía y Negocios
BERNARDITA AGUIRRE PASCAL
Artículos Destacados
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jueves, septiembre 07, 2006
Buenos Aires busca un acuerdo comercial con Chile como ventana a Asia
Según informó el diario argentino La Nación, las autoridades provinciales ofrecen a los hombres de negocios e industriales de este país la posibilidad de usar al territorio bonaerense como plataforma para exportar sus productos y servicios a los mercados de la región.
“Chile puede ser la plataforma exportadora de productos argentinos comerciados con el sello de origen del Mercosur. A su vez, productos chilenos pueden llegar a la región en base a la complementariedad y, de ese modo, agregar valor en la cadena comercial", señaló la Ministra de Producción bonaerense, Débora Giorgi (foto), ante un centenar de empresarios chilenos y argentinos en el salón auditorio del hotel Marriott, donde hasta mañana se desarrolla la Semana de la Provincia de Buenos Aires en Chile.
"No hace falta firmar ningún acuerdo; hay que hacerlo usando el paraguas del Mercosur y el carácter de miembro asociado que posee Chile", explicó Giorgi al matutino. El principal objetivo de la propuesta es llegar con productos locales al sudeste asiático y otros mercados emergentes o de países centrales.
Chile tiene canales preferenciales de comercialización que incluyen acuerdos de asociación con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, además de tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, México, Corea, América Central y la Unión Europea.
A partir de esas relaciones empresariales, los productos de fabricación binacional que lleguen con la denominación de origen Mercosur desde Chile, "evitarán pagar aranceles de importación, además que sortearán con mayor facilidad barreras sanitarias y fitosanitarias, entre otras trabas al libre intercambio de productos", según indicó Giorgi, que se reunió con el Ministro de Economía y Energía de Chile, Alejandro Ferreyro Yazigi.
Según la propuesta de la funcionaria bonaerense, las fábricas argentinas y chilenas se encargarán de elaborar parte de los productos exportables, que serán utilizados como insumos o serán completados por las empresas del otro país con las que hayan sellado un acuerdo. "El objetivo de fondo es desarrollar el proceso de inversiones entre los dos países, porque es lo que genera empleo y crecimiento con inclusión social", dijo Giorgi.
El Subsecretario de Relaciones Comerciales Internacionales bonaerense, Eduardo Bianchi, que participa de la misión, estimó que los rubros de alimentos, muebles, bienes de capital y químicos podrían estar en mejores condiciones para avanzar en la eventual modalidad exportadora.
“Chile puede ser la plataforma exportadora de productos argentinos comerciados con el sello de origen del Mercosur. A su vez, productos chilenos pueden llegar a la región en base a la complementariedad y, de ese modo, agregar valor en la cadena comercial", señaló la Ministra de Producción bonaerense, Débora Giorgi (foto), ante un centenar de empresarios chilenos y argentinos en el salón auditorio del hotel Marriott, donde hasta mañana se desarrolla la Semana de la Provincia de Buenos Aires en Chile.
"No hace falta firmar ningún acuerdo; hay que hacerlo usando el paraguas del Mercosur y el carácter de miembro asociado que posee Chile", explicó Giorgi al matutino. El principal objetivo de la propuesta es llegar con productos locales al sudeste asiático y otros mercados emergentes o de países centrales.
Chile tiene canales preferenciales de comercialización que incluyen acuerdos de asociación con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, además de tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, México, Corea, América Central y la Unión Europea.
A partir de esas relaciones empresariales, los productos de fabricación binacional que lleguen con la denominación de origen Mercosur desde Chile, "evitarán pagar aranceles de importación, además que sortearán con mayor facilidad barreras sanitarias y fitosanitarias, entre otras trabas al libre intercambio de productos", según indicó Giorgi, que se reunió con el Ministro de Economía y Energía de Chile, Alejandro Ferreyro Yazigi.
Según la propuesta de la funcionaria bonaerense, las fábricas argentinas y chilenas se encargarán de elaborar parte de los productos exportables, que serán utilizados como insumos o serán completados por las empresas del otro país con las que hayan sellado un acuerdo. "El objetivo de fondo es desarrollar el proceso de inversiones entre los dos países, porque es lo que genera empleo y crecimiento con inclusión social", dijo Giorgi.
El Subsecretario de Relaciones Comerciales Internacionales bonaerense, Eduardo Bianchi, que participa de la misión, estimó que los rubros de alimentos, muebles, bienes de capital y químicos podrían estar en mejores condiciones para avanzar en la eventual modalidad exportadora.
Layne Christensen pide permiso para explorar gas metano en Chile
SANTIAGO (Reuters) - La estadounidense Layne Christensen Co, a través de una unidad chilena, solicitó al gobierno un permiso pionero para explorar y eventualmente explotar gas metano de mantos carboníferos en el sur del país, que podría abastecer al mercado de gas natural desde el 2008.
La solicitud considera un área de unas 250.000 hectáreas en la Península de Arauco bajo el esquema de Contrato Especial de Operación (CEOP), que posibilita la participación de terceros en la exploración y explotación de hidrocarburos como concesión minera.
El gas metano de mantos carboníferos, conocido por sus siglas en inglés como CBM, es considerado una fuente no convencional de producción de gas natural.
"Según la información entregada por la empresa, en la zona de Arauco habría presencia de CBM y que se encontraría a bajas profundidades," dijo el miércoles el Ministerio de Minería a través de un comunicado.
"Si la exploración a realizarse a partir del año 2007 es exitosa, se espera iniciar la producción en el año 2008, dirigida a abastecer el mercado de gas natural en la zona centro-sur de Chile," añadió.
La solicitud se formalizó a través de la empresa Layne Energía Chile, donde Layne Christensen Co es socia de la firma chilena Raymapu.
Chile, que compra al exterior casi la totalidad de los combustibles que consume, ha sufrido severas restricciones en su abastecimiento de gas natural de Argentina en los últimos años.
"Esta solicitud de CEOP, que se encuentra en tramitación ante el Ministerio de Minería, es el primer proyecto de exploración que se realizará en el país dirigido específicamente a gas metano de mantos carboníferos, lo cual lo hace particularmente interesante a la luz de la necesidad de diversificar nuestras fuentes energéticas," dijo el comunicado.
La solicitud considera un área de unas 250.000 hectáreas en la Península de Arauco bajo el esquema de Contrato Especial de Operación (CEOP), que posibilita la participación de terceros en la exploración y explotación de hidrocarburos como concesión minera.
El gas metano de mantos carboníferos, conocido por sus siglas en inglés como CBM, es considerado una fuente no convencional de producción de gas natural.
"Según la información entregada por la empresa, en la zona de Arauco habría presencia de CBM y que se encontraría a bajas profundidades," dijo el miércoles el Ministerio de Minería a través de un comunicado.
"Si la exploración a realizarse a partir del año 2007 es exitosa, se espera iniciar la producción en el año 2008, dirigida a abastecer el mercado de gas natural en la zona centro-sur de Chile," añadió.
La solicitud se formalizó a través de la empresa Layne Energía Chile, donde Layne Christensen Co es socia de la firma chilena Raymapu.
Chile, que compra al exterior casi la totalidad de los combustibles que consume, ha sufrido severas restricciones en su abastecimiento de gas natural de Argentina en los últimos años.
"Esta solicitud de CEOP, que se encuentra en tramitación ante el Ministerio de Minería, es el primer proyecto de exploración que se realizará en el país dirigido específicamente a gas metano de mantos carboníferos, lo cual lo hace particularmente interesante a la luz de la necesidad de diversificar nuestras fuentes energéticas," dijo el comunicado.
miércoles, septiembre 06, 2006
TLC con Chile: de prisa, de prisa
Por Humberto Campodónico, diario La Republica. Lima, Peru.
Cuando se analizan los principales temas firmados en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) # 38 con Chile, hace 2 semanas, se puede constatar que no hubo variaciones sustantivas en la liberalización comercial, pues se mantiene lo acordado en 1998. Así, en el 2005 la balanza comercial fue favorable a Perú: US$ 1,116 millones exportados contra US$ 616 millones de Chile a Perú.
Esto se debe, sobre todo al molibdeno (US$ 700 millones), que es luego procesado en Chile y reexportado. Si se excluye al molibdeno y otros productos tradicionales, el saldo comercial de productos no tradicionales (con valor agregado) es ampliamente favorable a Chile.
Por tanto, las principales novedades se dan en tres rubros: inversiones, servicios transfronterizos y solución de controversias, todos negociados en 6 rondas de agosto del 2005 a agosto del 2006, tanto en Santiago como en Lima. Un tema adicional, incluido recién en la última ronda en Lima, es el de la protección a los migrantes.
Según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), de 1991 al 2006, la inversión chilena detectada en el exterior asciende a US$ 31,146 millones. Argentina es el primer destino (49%), seguido de Brasil (14.8%), Perú (13,8%), Colombia (5,1%), Venezuela (4,2%) y EEUU (2,0%). Dice la CCS: "La inversión en Perú acumulada en el período 1991-2006 alcanza a los US$ 4,504 millones concentrada fuertemente en el sector servicios. En sentido inverso, las inversiones de Perú en el país son bastante menores y ascienden a cerca de US$ 23,5 millones, también concentradas en esa área" (www.ccs.cl).
Para Chile, entonces, uno de los intereses centrales es garantizar el "trato adecuado" a sus inversionistas en el exterior, seguido de los servicios, que ha crecido en los últimos años. Esto consta en los recientes TLC de Chile con Panamá, Ecuador y el que se negocia con Colombia.
En lo que respecta al ACE, dice el negociador chileno Carlos Furche: "Desde el punto de vista del contenido, lo que firmamos tiene todos los ingredientes básicos de un TLC. Desde el punto de vista estrictamente formal es un acuerdo de libre comercio, así lo dice el encabezado del documento firmado. Si eso hiere algún tipo de sensibilidad en el Perú, no lo sé, y creo que corresponde a las autoridades peruanas nombrarlo como quieran. Este acuerdo es pionero en la región: no hay ningún par de países que tengan este nivel de apertura, ningún otro acuerdo incluye servicios, ni capítulos de inversiones ni buenos capítulos de solución de controversias (El Comercio, 26/8/2006).
En efecto, en el ACE-TLC se amplía la definición de inversión (se contempla la expropiación indirecta, Art. 11.10) y se prohíben los requisitos de desempeño (por ejemplo, exportar un determinado % de la producción o transferir tecnología). Si hubiera alguna disputa entre un inversionista y un Estado, se tratará de solucionarla mediante consultas y negociación. De no haber acuerdo, el demandante podrá recurrir a la jurisdicción internacional (arbitraje), con el concurso del CIADI del Banco Mundial, dejando de lado los tribunales nacionales ("no más Lucchettis").
De su lado, el Perú logró un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación laboral y migratoria (hay 80,000 peruanos en Chile), donde se plantea "proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos fundamentales de los trabajadores; y proteger y hacer efectivos los derechos de los trabajadores migratorios". Sin embargo, no se logró incluir la propiedad intelectual (pisco y piratería de otros productos) ni tampoco el real acceso a los servicios financieros de Chile, lo que se ha dejado para más adelante.
Pareciera que, para el gobierno, lo más importante del ACE-TLC es el logro de una mejor relación política con Chile (la delimitación marítima va por "cuerdas separadas"), quien se comprometió a ser miembro asociado de la CAN (sin mencionarlo, esto tiene que ver con Venezuela y, también, con Bolivia) y un esquema que prioriza las relaciones comerciales en este lado del continente y con EEUU, así como una posible incursión comercial común hacia los países asiáticos.
Concluida la negociación de los temas sustantivos del interés de Chile en el ACE-TLC, la capacidad peruana de negociación futura de los temas no incluidos será mucho más difícil. Lo que ahora se nos viene es una segunda ola de inversión chilena y, para el gobierno, esperar que los deseados "beneficios" de la globalización del Siglo XXI, incluido este ACE-TLC, dejen atrás los problemas heredados –algunos muy vigentes- de los Estados del Siglo XIX. Nos preguntamos: ¿había que "avanzar" tanto, tan rápidamente?
Cuando se analizan los principales temas firmados en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) # 38 con Chile, hace 2 semanas, se puede constatar que no hubo variaciones sustantivas en la liberalización comercial, pues se mantiene lo acordado en 1998. Así, en el 2005 la balanza comercial fue favorable a Perú: US$ 1,116 millones exportados contra US$ 616 millones de Chile a Perú.
Esto se debe, sobre todo al molibdeno (US$ 700 millones), que es luego procesado en Chile y reexportado. Si se excluye al molibdeno y otros productos tradicionales, el saldo comercial de productos no tradicionales (con valor agregado) es ampliamente favorable a Chile.
Por tanto, las principales novedades se dan en tres rubros: inversiones, servicios transfronterizos y solución de controversias, todos negociados en 6 rondas de agosto del 2005 a agosto del 2006, tanto en Santiago como en Lima. Un tema adicional, incluido recién en la última ronda en Lima, es el de la protección a los migrantes.
Según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), de 1991 al 2006, la inversión chilena detectada en el exterior asciende a US$ 31,146 millones. Argentina es el primer destino (49%), seguido de Brasil (14.8%), Perú (13,8%), Colombia (5,1%), Venezuela (4,2%) y EEUU (2,0%). Dice la CCS: "La inversión en Perú acumulada en el período 1991-2006 alcanza a los US$ 4,504 millones concentrada fuertemente en el sector servicios. En sentido inverso, las inversiones de Perú en el país son bastante menores y ascienden a cerca de US$ 23,5 millones, también concentradas en esa área" (www.ccs.cl).
Para Chile, entonces, uno de los intereses centrales es garantizar el "trato adecuado" a sus inversionistas en el exterior, seguido de los servicios, que ha crecido en los últimos años. Esto consta en los recientes TLC de Chile con Panamá, Ecuador y el que se negocia con Colombia.
En lo que respecta al ACE, dice el negociador chileno Carlos Furche: "Desde el punto de vista del contenido, lo que firmamos tiene todos los ingredientes básicos de un TLC. Desde el punto de vista estrictamente formal es un acuerdo de libre comercio, así lo dice el encabezado del documento firmado. Si eso hiere algún tipo de sensibilidad en el Perú, no lo sé, y creo que corresponde a las autoridades peruanas nombrarlo como quieran. Este acuerdo es pionero en la región: no hay ningún par de países que tengan este nivel de apertura, ningún otro acuerdo incluye servicios, ni capítulos de inversiones ni buenos capítulos de solución de controversias (El Comercio, 26/8/2006).
En efecto, en el ACE-TLC se amplía la definición de inversión (se contempla la expropiación indirecta, Art. 11.10) y se prohíben los requisitos de desempeño (por ejemplo, exportar un determinado % de la producción o transferir tecnología). Si hubiera alguna disputa entre un inversionista y un Estado, se tratará de solucionarla mediante consultas y negociación. De no haber acuerdo, el demandante podrá recurrir a la jurisdicción internacional (arbitraje), con el concurso del CIADI del Banco Mundial, dejando de lado los tribunales nacionales ("no más Lucchettis").
De su lado, el Perú logró un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación laboral y migratoria (hay 80,000 peruanos en Chile), donde se plantea "proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos fundamentales de los trabajadores; y proteger y hacer efectivos los derechos de los trabajadores migratorios". Sin embargo, no se logró incluir la propiedad intelectual (pisco y piratería de otros productos) ni tampoco el real acceso a los servicios financieros de Chile, lo que se ha dejado para más adelante.
Pareciera que, para el gobierno, lo más importante del ACE-TLC es el logro de una mejor relación política con Chile (la delimitación marítima va por "cuerdas separadas"), quien se comprometió a ser miembro asociado de la CAN (sin mencionarlo, esto tiene que ver con Venezuela y, también, con Bolivia) y un esquema que prioriza las relaciones comerciales en este lado del continente y con EEUU, así como una posible incursión comercial común hacia los países asiáticos.
Concluida la negociación de los temas sustantivos del interés de Chile en el ACE-TLC, la capacidad peruana de negociación futura de los temas no incluidos será mucho más difícil. Lo que ahora se nos viene es una segunda ola de inversión chilena y, para el gobierno, esperar que los deseados "beneficios" de la globalización del Siglo XXI, incluido este ACE-TLC, dejen atrás los problemas heredados –algunos muy vigentes- de los Estados del Siglo XIX. Nos preguntamos: ¿había que "avanzar" tanto, tan rápidamente?
Perú: Nutrición debe ser una política de Estado
Dr. Santiago A. Vinces Rentería
En la reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del primer trimestre del presente año, realizada por el INEI, hay un resultado patético: el 33% de los peruanos se alimenta por debajo de lo que mínimamente necesita; esto es, uno de cada 3 peruanos ingiere menos calorías que las requeridas (2100 calorías diarias para una persona promedio) y que le permitan hacer frente a la necesidad de educarse, trabajar y proteger su salud.
El premier en su presentación ante el Congreso de la República ha manifestado que en este quinquenio se espera reducir en 5 puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil, es decir del 24% actual reducirla a un 19% en el 2011. Aunque insuficiente, esta es una meta concreta que hace que la “lucha contra la pobreza” no sea solo un cliché de gobierno. Sin embargo, es posible, con acciones coordinadas entre el Estado y el sector privado, lograr una mayor reducción de estos porcentajes; caso contrario estaríamos aceptando que la quinta parte de la población infantil desnutrida no tendría acceso a adecuados niveles de desarrollo hasta después de 5 años o tal vez nunca, considerando que es la nutrición del lactante y del infante factor fundamental, pero no el único, que permite el desarrollo de un organismo sano y neurológicamente apto para un buen rendimiento escolar y el desarrollo pleno de sus capacidades.
En el siglo XIX decía Sarmiento que alimentarse es educarse, y hoy en el siglo XXI el hambre y la pobreza continúan siendo los flagelos sociales más importantes y con seguridad generadores de otros problemas. Tal pareciera que estamos acostumbrados a atacar las ramas del problema y no la raíz. En este caso, el saneamiento básico de las poblaciones, el control del medio ambiente y la nutrición, son necesidades impostergables del Estado y la sociedad en su conjunto.
Con la democratización del Estado y la coexistencia de diferentes gobiernos, central, regionales y locales, se ha creado paralelamente una estructura compartimentalizada, carente de objetivos comunes concretos. Combatir la desnutrición y la satisfacción del hambre del tercio de la población peruana es una oportunidad para esta acción concertada y debe ser ante todo una política de Estado. Esto implica necesariamente que las acciones de las organizaciones del Estado y de la comunidad, expresadas en diferentes programas como Juntos, Vaso de Leche, Comedores Populares, Club de Madres, etc., tengan como objetivo principal aglutinar esfuerzos y focalizar la ayuda alimentaria hacia los sectores de mayor depresión social, caso contrario lograr la meta educacional del gobierno, de incrementar de 9.6% a 15% el número de niños que comprendan adecuadamente un texto en segundo y sexto grados de primaria al 2007, no pasarán de ser buenas intenciones.
En la reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del primer trimestre del presente año, realizada por el INEI, hay un resultado patético: el 33% de los peruanos se alimenta por debajo de lo que mínimamente necesita; esto es, uno de cada 3 peruanos ingiere menos calorías que las requeridas (2100 calorías diarias para una persona promedio) y que le permitan hacer frente a la necesidad de educarse, trabajar y proteger su salud.
El premier en su presentación ante el Congreso de la República ha manifestado que en este quinquenio se espera reducir en 5 puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil, es decir del 24% actual reducirla a un 19% en el 2011. Aunque insuficiente, esta es una meta concreta que hace que la “lucha contra la pobreza” no sea solo un cliché de gobierno. Sin embargo, es posible, con acciones coordinadas entre el Estado y el sector privado, lograr una mayor reducción de estos porcentajes; caso contrario estaríamos aceptando que la quinta parte de la población infantil desnutrida no tendría acceso a adecuados niveles de desarrollo hasta después de 5 años o tal vez nunca, considerando que es la nutrición del lactante y del infante factor fundamental, pero no el único, que permite el desarrollo de un organismo sano y neurológicamente apto para un buen rendimiento escolar y el desarrollo pleno de sus capacidades.
En el siglo XIX decía Sarmiento que alimentarse es educarse, y hoy en el siglo XXI el hambre y la pobreza continúan siendo los flagelos sociales más importantes y con seguridad generadores de otros problemas. Tal pareciera que estamos acostumbrados a atacar las ramas del problema y no la raíz. En este caso, el saneamiento básico de las poblaciones, el control del medio ambiente y la nutrición, son necesidades impostergables del Estado y la sociedad en su conjunto.
Con la democratización del Estado y la coexistencia de diferentes gobiernos, central, regionales y locales, se ha creado paralelamente una estructura compartimentalizada, carente de objetivos comunes concretos. Combatir la desnutrición y la satisfacción del hambre del tercio de la población peruana es una oportunidad para esta acción concertada y debe ser ante todo una política de Estado. Esto implica necesariamente que las acciones de las organizaciones del Estado y de la comunidad, expresadas en diferentes programas como Juntos, Vaso de Leche, Comedores Populares, Club de Madres, etc., tengan como objetivo principal aglutinar esfuerzos y focalizar la ayuda alimentaria hacia los sectores de mayor depresión social, caso contrario lograr la meta educacional del gobierno, de incrementar de 9.6% a 15% el número de niños que comprendan adecuadamente un texto en segundo y sexto grados de primaria al 2007, no pasarán de ser buenas intenciones.
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