Probablemente la única cosa en que coinciden los detractores del llamado “neoliberalismo” y sus seguidores es que Chile ha sido de los pocos países en que buena parte de sus políticas económicas pueden calificarse de “neoliberales”. Hay, por supuesto, un mar de debates académicos y políticos sobre qué debe entenderse por “neoliberalismo”. Hasta el propio término no se ha escapado de esta controversia, pues, para muchos, “neoclasicismo” sería más adecuado. Pero, repetimos, hay un consenso en asociar a Chile con las políticas neoliberales que, con altos y bajos, se han mantenido por dos décadas.
Ningún político chileno serio, con mediana formación académica y cierto liderazgo, se le ha ocurrido tildar de “larga noche neoliberal” a esas dos décadas. Probablemente ni los líderes comunistas usarían ese adjetivo.
Tendrán objeciones, ciertamente, como las tendrán otros políticos del centro a la izquierda, pero, en conjunto, hay un acuerdo sobre los exitosos resultados de veinte años de una política que privilegia el mercado, la competitividad y la inserción internacional sobre el Estado, el proteccionismo, el centralismo y la burocracia. La sociedad y el ser humano han sido los grandes ganadores.
La “larga noche neoliberal” es lo que ha permitido a Chile reducir la pobreza como ninguna otra nación de América Latina. Si el ritmo de crecimiento chileno continúa como hasta ahora, en una década Chile habrá dejado de ser un país “subdesarrollado”.
Una de las tantas claves del éxito chileno es el papel que el ahorro ha jugado en su economía. El Fondo de Estabilización del cobre es un mecanismo de ahorro que se alimenta de la exportación del cobre, cuyo precio internacional en los últimos años ha experimentado –al igual que el petróleo– un alza impresionante. Este fondo le permite a Chile no solamente prepararse para los momentos de “vacas flacas”, sino darle estabilidad y credibilidad internacional a su economía. Un país petrolero como Noruega viene experimentado con algo parecido desde 1980.
A nadie se le ha ocurrido en Chile hacer lo que se hizo en el Ecuador con una fórmula similar: eliminar ese fondo para gastárselo desordenadamente en la creación de un Estado clientelar.
Otro factor clave ha sido la inversión extranjera directa y el marco de seguridad jurídica que ofrece. En Chile esa inversión tiene una presencia mucho mayor que la que tiene en el Ecuador. Sin embargo, el número de demandas contra Chile por inversionistas extranjeros es mínimo comparado con las que tiene el Ecuador.
La Constitución chilena es la más corta de Latinoamérica y de una sencillez admirable. No tiene un capítulo dedicado a reglamentar cómo debe funcionar la economía, pero la economía funciona. Ninguno de los presidentes chilenos, incluyendo la socialista presidenta Bachelet que ahora nos visita, ha propuesto gastar 120 millones de dólares en una Asamblea para aprobar una nueva Constitución porque dizque la vigente no le deja gobernar.
Simplemente han gobernado. Con estabilidad, en democracia, sin insultos, ni atropellos. (Claro, ya vendrán a decirnos luego que Ecuador no puede compararse con Chile, etcétera).
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