Para no herir susceptibilidades ni tomar partido en la disputa, las denominaré “Las Islas”. Las Islas no tuvieron población autóctona; la primera ocupación europea fue por parte de Francia para luego cederlas a España y posteriormente ser abandonadas por ésta. Quedaron deshabitadas hasta 1820 en que Argentina tomó posesión de ellas como sucesora de España. El 2 de enero de 1833 Gran Bretaña retomó Las Islas por la fuerza y mantiene el control sobre ellas hasta el día de hoy.
¿Quién es el soberano de esas islas?, ese es el problema. Si nos remitimos a los usos y costumbres que regían la práctica internacional en 1833, el propietario era el país capaz de conquistarlas y mantenerlas. La fuerza y no el derecho era la razón fundamental de la soberanía, de ahí que tratándose de pleitos ocurridos en esa época invocar “derechos jurídicos irrenunciables" no tiene mucho sustento.
Esas prácticas internacionales continuaron por todo el siglo XIX y parte del siglo XX, siendo moral, jurídica y políticamente aceptadas. Entre 1860 y 1870, Paraguay luchó contra Brasil, Argentina y Uruguay - la Guerra de la Triple Alianza -, instigados y apoyados por Gran Bretaña, al término de la cual en 1871, con Paraguay arrasado,- su población fue reducida de 1.500.000 personas a solo 220.000, de los cuales solo 28.000 hombres-, sus vencedores acomodaron sus límites de acuerdo a sus necesidades y conveniencias, perdiendo Paraguay gran parte de su territorio, 390.800 Km cuadrados. Bajo esos mismos parámetros Argentina llevó a cabo la “Conquista del Desierto”, una campaña militar liderada por el general Julio Roca iniciada en 1872 que culminó en 1879, destinada a establecer su soberanía sobre los territorios patagónicos habitados por mapuches y tehuelches, bajo el argumento de ser parte de la herencia recibida de España, al igual que Las Islas. La intelectualidad de la época no veía nada anormal o inmoral en la conquista territorial y el sometimiento o la expulsión de sus poblaciones: Faustino Sarmiento, expone esta visión con honesta claridad: “La colonización y la conquista son las horcas caudinas por donde pasan todos los pueblos primitivos, todos los retardatarios de la humanidad, ¡Ay del que se queda atrás en el camino que la civilización recorre!, ¡Ay del que es arrojado lejos del torbellino en que se agitan los grandes pueblos!”.
Nuestro país, paralelamente y por su lado, una vez concluida la Guerra del Pacífico,- con las anexiones correspondientes-, en una operación que en la historia de Chile se llama eufemísticamente, Pacificación de la Araucanía, también se dedicó de lleno a dominar a los indígenas al sur del río Bío-Bío, antigua frontera entre el Imperio Español y el pueblo mapuche. En 1836,- tres años después de la ocupación británica de Las Islas-, un grupo de colonos norteamericanos, con el auspicio y apoyo del gobierno norteamericano se levantó contra el gobierno mexicano de Texas se declaró autónomo y en 1845 se incorporó a EEUU.
¿Podemos juzgar los efectos de los hechos de ayer con las normas y valores de hoy?, ¿es posible o conveniente entrar en un proceso de revisión histórica en Sudamérica? ¿hasta dónde habría que retroceder?. No vaya a ser cosa que terminemos con Don Juan Carlos Borbón como Rey.
Parecería que la única manera de conciliar la realidad forjada en la historia con los valores desarrollados por la civilización, es la negociación y el acuerdo. Actividades que, por definición implican encontrarse a medio camino y descartar el maximalismo o el irredentismo.
Las conversaciones en torno a la soberanía de Las Islas se habían venido desarrollando entre Argentina y Gran Bretaña hasta que el 2 de abril de 1982 fuerzas militares argentinas invadieron y ocuparon Las Islas luego de 149 años de administración británica. El gobierno británico respondió con el envío de una fuerza naval que desembarcó seis semanas más tarde y después de algunos combates forzaron la rendición argentina el 14 de Junio de 1982, restableciendo la administración británica sobre Las Islas.
Desde hace algunos meses, a treinta años de la guerra señalada, nos encontramos ante una nueva ofensiva diplomática argentina, esta vez comenzando desde una condición más desfavorable que antes de la invasión de 1982 y con una posición británica más dura básicamente por tres razones: Primero, la guerra de 1982 implicó un alza en la valoración emocional de las islas por parte de la opinión pública británica. Segundo, la personalidad de Galtieri, sus discursos provocadores y su historial político junto al reiterado comportamiento hostil de sucesivos gobiernos, deterioraron irremediablemente la imagen internacional de argentina entre los habitantes de Las Islas y Tercero, por el hallazgo de petróleo en Las Islas.
Gran Bretaña llegó a ser un exportador neto de materias primas: petróleo y gas. La extracción de ambos productos desde el Mar del Norte actualmente se encuentra en declinación en momentos en que el país atraviesa por difíciles momentos económicos. Casi coincidente con lo anterior, los estudios e investigaciones del fondo marino efectuadas en los alrededores de Las Islas desde la década del los ´60 comenzaron a dar frutos y comenzó a aparecer petróleo. Actualmente se encuentran dos plataformas en operación, varias compañías han avanzado en un número de pozos de exploración en el área Sur Este de Las Islas y se ha continuado informando de importantes hallazgos, lo que ha facilitado la recolección de dinero de diversos inversionistas.
Coincidente con estos hechos, la actitud británica frente a los reclamos argentinos se endureció y los descartó frontal y duramente si en cualquier conversación no se contemplaban en forma preferencial los intereses y la voluntad de los habitantes de Las Islas, los que después de la experiencia de 1982, rechazan por completo su incorporación a Argentina. A lo anterior se sumó que luego de la guerra, los isleños obtuvieron la plena ciudadanía británica; su estilo de vida fue mejorando por las inversiones que hizo Gran Bretaña y la liberalización de las medidas económicas que habían estado paralizadas para evitar conflictos con la Argentina. En 1985, fue promulgada una nueva Constitución, la que dio mayor autonomía a los isleños. La reacción argentina fue muy dura y se emplearon epítetos infrecuentes en el vocabulario diplomático.
Durante el año 2011, Argentina inició una activa campaña destinada a establecer un bloqueo comercial y militar a Las Islas. La presidenta Cristina Fernández, que fue recientemente reelecta en su cargo, está intentando complicar la cadena logística de las firmas petroleras y hace campaña para conseguir apoyo internacional. Aquí se inició todo un juego de declaraciones y comunicados - que involucran a Chile -, en que la imprecisión de las informaciones periodísticas enreda la comprensión de la situación.
La meta Argentina es dificultar tanto como pueda la exploración y explotación del petróleo en Las Islas en busca de dos posibles efectos: Si logra poner suficiente presión y Gran Bretaña se convence que no podrá sacar el petróleo sin flexibilizar su posición, restablecería las relaciones diplomáticas con el Reino Unido (ya lo insinuó la Presidenta Fernández) y daría comienzo a una negociación desde una posición más sólida, considerando la explotación del petróleo en asociación entre ambos países y una salida final que entregue la soberanía a Argentina. Si Gran Bretaña no cede, podría complicarle las operaciones de extracción y transporte creando problemas en la logística, en aspectos ambientales y en la creación de riesgos comerciales que compliquen el financiamiento de las inversiones necesarias, a pesar de que Rockhopper- la principal empresa de prospección- piensa que puede construir instalaciones para la producción sin acceso a puertos de Sudamérica pero a mayores costos.
La maniobra Argentina se basa en conseguir el aislamiento de Las Islas, impedir tanto como sea posible su abastecimiento de todo orden y debilitar su seguridad. Se comenzó lanzando una campaña destinada a conseguir que ningún buque, mercante, pesquero o de guerra, de cualquier bandera, proveniente de Las Islas o con destino a ellas, pudiera recalar en cualquier puerto sudamericano. Esta meta fue demasiado ambiciosa y se redujo a otra más modesta que considera su aplicación a los buques que enarbolaran la ”bandera de Las Islas”, que en general son buques pesqueros y pequeños transportes locales. Esta bandera es una de las tantas peculiaridades británicas, según ella, los buques de sus dominios pueden usar una bandera que es básicamente la misma que enarbolan los buques comerciales de la metrópolis, con un pequeño escudo extra que identifica a cada dominio en particular. Corresponde a un “registro naviero” británico que puede ser usado en forma alternativa al registro oficial del Reino Unido.
Los británicos están aplicando un juego muy hábil: por un lado reclaman que Argentina al restringir el libre movimiento de sus buques está vulnerando la legislación marítima internacional que rige el transporte marítimo y las leyes de comercio internacional, y simultáneamente hacen que los buques de Las Islas usen la bandera de su “dominio”, así los países que acepten sus recaladas estarían, de hecho, reconociendo que Las Islas son “dominios” británicos.
Es aquí donde debemos tener cuidado, de manera que la solidaridad con Argentina no nos lleve a una situación donde no queremos estar, como sería el incumplimiento de la legislación marítima y comercial internacional que apoya todo nuestro andamiaje de apertura comercial global, y simultáneamente evitar que los británicos abusen de la misma legislación internacional para que crear la idea de Chile acepta como legítima su soberanía sobre Las Islas.
La declaración del Primer Ministro Cameron, el 10 de enero de este año pone en claro esta maniobra: “Hemos sostenido discusiones honestas y productivas con Uruguay, Chile y Brasil. Los tres países han dicho que no tienen intención de participar en un bloqueo económico hacia las islas Falkland y que todos los embarques comerciales relacionados con Las Falklands seguirán gozando de acceso a sus puertos, de conformidad con la legislación nacional e internacional, ya sea que enarbolen la insignia de la marina mercante británica u otra bandera nacional al atracar”. El tema se puso de actualidad cuando el canciller británico, William Hague, aseguró que Londres había conversado con Chile, Uruguay y Brasil y que éstos le habrían dicho que "no tienen la intención de participar en un bloqueo económico a las Falklands y que todo el comercio relativo a ellas continuará con acceso a sus puertos". En una declaración escrita al Parlamento, el mismo William Hague,” se mostró "contento" con la decisión de Brasil, Chile y Uruguay de permitir a los barcos de las islas ingresar en sus puertos, siempre y cuando porten otra bandera nacional o la enseña roja, la bandera comercial del Reino Unido”.
Enredado pero claro: Uruguay, Chile y Brasil no han establecido un bloqueo a Las Islas pero no recibirán buques de Las Islas con su bandera local. Si vienen con bandera Británica o de otro país, no hay problemas.
Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile reafirmó que "Chile continuará aplicando, conforme al Derecho Internacional y a la legislación chilena, las medidas destinadas a impedir que embarcaciones que naveguen con la bandera de las Islas Malvinas ingresen a los puertos nacionales".
En la Cancillería reiteraron que la medida a la que adhirió Santiago no es un bloqueo en términos técnicos, ya que si los barcos británicos portan cualquier bandera que no sea la de Las Malvinas -que Chile no reconoce- pueden recalar en el país.
En breve, el Reino Unido y Argentina se encuentran enfrascados en una pugna por mejorar sus posiciones en su propia disputa, lo que pasa por dificultar o mantener expedito el acceso a Las Islas. En esa pugna, una de las cartas a jugar por parte de Argentina y Gran Bretaña es hacer parecer el comportamiento de Chile de acuerdo a sus respectivas conveniencias. Hasta ahora nuestra Cancillería ha sido clara y ecuánime en sus posiciones y consistente entre sus dichos y sus acciones, pese a las críticas de algunos ex – Cancilleres.
Artículo original
Eso, según un informe que Corfo preparó para la comisión de Defensa del
Senado, donde el próximo martes 21 de junio expondrá el vicepresidente
ejecutivo de la entidad, Hernán Cheyre. 
