La clase dirigente del país latinoamericano ha cometido brutales errores en los últimos 60 años: descalificó en bloque al peronismo, se alió con los militares golpistas y sumió al país en una tremenda crisis económica
En el extremo opuesto de Chile, entre los países de América Latina donde la sociedad eligió para presidente a alguien del corazón del establishment como el exitoso y millonario empresario Sebastián Piñera, en Argentina cualquier iniciativa que provenga de un miembro de ese sector es automáticamente descalificada. La gente se pregunta: ¿qué autoridad tiene para proponer tal cosa? o ¿qué mezquinos intereses se esconden en esa propuesta?
¿A qué se debe esto?
Para entenderlo, basta observar los últimos 60 años de historia argentina, enfocada sobre todo en los brutales errores que cometieron sus élites.
El primer gran error histórico fue la forma radical y categórica con que descalificaron todo lo que se hizo durante el primer Gobierno de Perón. Es verdad que aquel Gobierno tuvo muchísimo de reprochable, pero más allá de ello, la élite no hizo el menor esfuerzo en reconocer y capitalizar para el país algunas ideas e iniciativas valiosas que subyacían en ese proyecto.
Ese enfrentamiento tan tajante colocó al establishment para el ideario colectivo en la vereda opuesta al pueblo, algo que condicionó fuertemente en el futuro las decisiones políticas.
El peronismo representaba lo "cursi", lo popular, lo chabacano (pero también la reivindicación de los humildes ante el destrato y el abuso de las capas pudientes) y amplios sectores de las élites de entonces tenían más de "clase esnob" que de "clase dirigente".
Se diluyeron así los últimos resabios de la base popular que había tenido el antiguo partido conservador argentino.
Vuelta la democracia con el Gobierno desarrollista de Arturo Frondizi, que inició un periodo de modernización y crecimiento en la Argentina, la élite, en uno de sus actos más necios y suicidas, envalentonada por haber tumbado a Perón y disgustada con el grado de apertura ideológica de Frondizi, que entre otras actitudes había osado reunirse a solas con el Che Guevara en una cumbre en Punta del Este, indujo a las fuerzas armadas a destituirlo, rompiendo la Constitución que protegía sus intereses y los del país, empujando a la Argentina al abismo.
Si, en cambio, hubiera sostenido la constitucionalidad, muchos de los males que luego se padecieron y de la sangre que se derramó durante el periodo de la guerrilla y de la dictadura se hubieran evitado.
Huérfano de representación política, el establishment adoptó a la corporación militar como su partido político, o sea, su instrumento para acceder al poder e implementar sus políticas.
Pero la apuesta salió mal. Si bien en las dos ocasiones que los militares se hicieron en forma directa del poder (en 1966 y en 1975) y dejaron el manejo de la economía en manos del sector más liberal de las élites, impusieron sus objetivos políticos y sus valores e intereses corporativos, que eran contradictorios con el desarrollo del país.
Con ímpetu modernizador se aplicaron medidas a favor de la apertura de los mercados y la competencia junto a un descontrol de los gastos público y social que condujo a severas crisis que desembocaron en brutales ajustes, diezmando el consumo de las clases medias y bajas y desnacionalizando la economía.
Esa asociación hizo aparecer al establishment como cómplice de las atrocidades cometidas en la última dictadura.
De vuelta en democracia, en la década de los años noventa, se llevaron a cabo algunas importantes reformas que tuvieron gran impacto en la economía. La desregularización portuaria fue fundamental para hacer posible el extraordinario boom exportador agrícola que sobrevino en los años siguientes.
También la desregularización en el área de energía permitió la construcción de un moderno y eficiente parque de generación que logró que el país pasase de los habituales cortes de luz al abastecimiento del que aún hoy goza. Ello a pesar de que desde entonces casi no ha habido inversiones en el sector, pues los precios de la energía a los consumidores fueron congelados por razones políticas -o demagógicas- por los sucesivos Gobiernos a partir de la gran crisis del año 2001, al tiempo que los insumos energéticos multiplicaron su valor en el mundo y la moneda local pasó del uno a uno al uno a cuatro en su relación con el dólar.
En el mismo Gobierno de Menem, dos Ministerios que fueron fundamentales en la construcción de la Argentina moderna, los de Salud y Educación, fueron literalmente desguazados, al pasar su jurisdicción a las provincias sin la contrapartida suficiente de fondos para mantener sus niveles de excelencia. Resultado: el deterioro en dos ámbitos vitales para la calidad de vida de los sectores humildes.
Pero el mayor desacierto fue haber pregonado con énfasis sin igual un discurso típico de las élites (alineamiento incondicional al Consenso de Washington) mientras se aplicaba un programa económico mediocre, que exacerbaba el gasto público y social, y que, al implantar un sistema de jubilaciones privadas -que en sí era una buena iniciativa- sin los instrumentos alternativos de financiamiento del Estado, llevó a la ruina al sector público. Su quiebra produjo una tragedia en el país como nunca se había conocido en su historia, ocasionando una brutal pérdida patrimonial a casi todos los argentinos y un efecto devastador en los sectores más desprotegidos.
Esta crisis desprestigió aun más a las élites, que se habían adherido ciegamente a ese modelo sin sopesar su real viabilidad ni sus consecuencias. También acabó por desacreditar ante la opinión pública a las genuinas políticas de establishment (el término ortodoxia pasó a ser mala palabra), aquellas políticas que se aplican con éxito en Brasil, Chile o Perú, y tantos otros países que están aprovechando este excepcional momento para las regiones emergentes, que con Gobiernos socialistas o de cualquier otro signo, los están encaminando hacia la modernidad y el desarrollo y están bajando de manera efectiva sus niveles de pobreza.
Las políticas de las élites no implican una comunión total con el neoliberalismo, sino con el pragmatismo, caso por caso, privilegiando siempre el interés nacional.
Con sus espaldas dobladas por los errores sucesivos, el establishment actual de Argentina -o a lo que caricaturescamente semeja serlo- está como un barco a la deriva, para rifarse ante cualquier opción, lo lleve al país a donde lo lleve.
Ante estos escenarios, la realidad política argentina no ofrece ninguna sorpresa: quien encarnase con mayor vehemencia las posturas del anti-establishment tenía el éxito político asegurado.
Eso hizo el matrimonio que hasta la inesperada muerte de Néstor Kirchner gobernó el país. Por eso su alianza incondicional con las organizaciones de derechos humanos, que representan la máxima expresión del anti-establishment. Por eso su constante hostigamiento a la clase empresarial. La cara opuesta de las muestras de afecto popular en las exequias al ex presidente es el bien ganado rechazo hacia las élites -rayano con el odio- de amplios espectros de la sociedad argentina.
Si quizás lo más rescatable de la gestión de Menem haya sido su contribución a cicatrizar la profunda herida que dividía a la sociedad entre peronistas y anti-peronistas y que condicionó la vida política por décadas, el kirchnerismo volvió a abrir esa herida, acentuando los resentimientos y ofreciendo como paliativo limosnas públicas en lugar de propiciar el empleo genuino. Las políticas de anti-establishment que se están aplicando y que desalientan la inversión no conducen a ningún lado.
Como el país convive desde hace unos cuantos años con las condiciones externas más favorables de su historia, es posible sostener un nivel de actividad económica más que satisfactorio que enmascara la falta de dirección y la mediocridad que se esconden bajo la superficie.
A pesar de este oscuro relato, el potencial del país sigue siendo extraordinario. En muy poco tiempo, con otro enfoque claro, la Argentina puede volverse irreconocible y lograr ser la gran nación que debió haber sido desde hace tiempo.
Artículo original
