Altos funcionarios del gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo han entregado a la Corte Suprema de Chile, en uno de los cuadernillos de extradición de Alberto Fujimori, información reservada de las compras de armamento y material de guerra de toda la década de los años 90, que fueron a parar a los servicios secretos y organismos de defensa y seguridad del país del sur.
El seguimiento de esta información fue obra de un agente de inteligencia del Ejército del Perú y de otras fuentes provenientes de Chile que explicaron a LA RAZÓN que este material de carácter secreto llegó a la Cancillería sureña y luego a la Corte Suprema, siendo derivado a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de dicho país y eventualmente a Ecuador, dos países tradicionalmente enemigos del Perú.
La información -que es pública en Chile- está contenida en el cuadernillo de extradición denominado "Decretos de urgencia" y son siete legajos que contienen un examen especial de la Contraloría General de la República al Ministerio de Defensa del Perú "relativo al proceso de adquisición de armamento militar y otros bienes y servicios en el periodo 1990 a 2000".
Otro informe contiene una relación de los 32 contratos de la misma naturaleza suscritos con los ministerios de Defensa y del Interior.
El tercero está "relacionado con los decretos secretos involucrados en la adquisición de armas para las Fuerzas Armadas entre agosto de 1990 y noviembre del 2000".
Le sigue un informe pericial técnico contable del 29 de diciembre del 2004 referido "a las adquisiciones directas o licitaciones privadas sin documentación respaldatoria".
Asimismo, el "contrato de compraventa del 4 de julio de 1998 relativo a la compra de los tres aviones MIG".
El sexto legajo contiene el "Informe del 21 de mayo del 2004 sobre el estado actual de los aviones antes referidos, todos INOPERATIVOS".
Finalmente, "se agregan copias de contratos de adquisiciones de armamentos, lanzapepas, morteros, granadas, equipos de visión nocturna, municiones, suministro de sistema de misiles, aeronave Boeing 737, entre otros".
Argumentos
El argumento de las autoridades peruanas para la entrega de material reservado del Estado a sus pares chilenos va por el lado de presunta corrupción. Tanto es así que "el armamento adquirido no se encontraba en condiciones de operatividad para, en su caso, salvaguardar la soberanía e integridad del territorio nacional".
Arguyen que en pleno conflicto armado con Ecuador, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Alberto Fujimori "estaba obligado a organizar y supervigilar personalmente el proceso de adquisición de naves y aeronaves que sirvieron para repotenciar la Defensa Nacional". Empero, en la adquisición de aeronaves a Bielorrusia, por ejemplo, "en lugar de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales a favor de la Defensa Nacional (...) en rigor no se mejoró la CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FAP, tanto en el ASPECTO DEFENSIVO como en el ASPECTO OFENSIVO".
"Más bien –agrega- el estado de precariedad de las naves adquiridas habría imposibilitado la planificación de una adecuada defensa estratégica en la integridad territorial, se favoreció pues a las Fuerzas Armadas extranjeras en el curso del conflicto bélico".
Papelón
Las fuentes señalan que los halcones de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia de Chile) y los organismos de seguridad chilenos quedaron estupefactos y más de uno sintió vergüenza ajena al constatar que por objetivos de estricto corte político –como era la extradición de Fujimori- se entrega a un país con el que aún se mantienen problemas fronterizos información que en cualquier parte del mundo es reservada o secreto de Estado.
Con el agravante que las autoridades peruanas, en especial los procuradores y las del sistema anticorrupción del Poder Judicial y el Ministerio Público, hicieron un papelón toda vez que la Corte Suprema de Chile, como se sabe, desechó el cuadernillo "Decretos de urgencia" por no contener "presunciones fundadas sobre la existencia de irregularidades y falsedades".
"Que del total de antecedentes acompañados en sustento de estos cargos no son a juicio de este Tribunal para constituir presunciones fundadas sobre la existencia de irregularidades y falsedades en la dictación de los DECRETOS DE URGENCIA, que en carácter de secreto suscribió el extraditable, ni en las adquisiciones referidas en lo pertinente del requerimiento, por lo que, desintiéndose de la opinión de la señora Fiscal, lo que razonado conlleva al rechazo del pedido por este cargo denominado en el cuaderno correspondiente como ‘DECRETOS DE URGENCIA’", dice la conocida resolución de extradición en este extremo.
Lo que se viene
Hasta donde se sabe, la iniciativa de armar el cuadernillo "Decretos de urgencia" y enviar información secreta provino del procurador Carlos Briceño, quien formuló pedido a la Fiscalía de la Nación, siendo aprobado cuando era titular de esta institución Nelly Calderón.
De allí pasó a la Corte Suprema y como por un tubo llegó al Ejecutivo y por la vía de Torre Tagle fue enviado a su par chileno.
Los detalles de este nuevo escándalo serán dados a conocer por el legislador Rolando Sousa Huanambal, del Grupo Parlamentario Fujimorista, quien considera que con esta felonía se ha violado el artículo 330 del Código Penal sobre "revelación de secretos nacionales" que linda con la traición a la patria.
"Y es así porque han entregado a un país extranjero secretos de Estado y eventualmente material operativo de las Fuerzas Armadas peruanas", dijo a LA RAZÓN.
