El alto precio de la demagogia

Hoy se cumple el tercer día de paro del profesorado del sistema de educación pública, es decir del que atiende a los niños y jóvenes de menos recursos, a los más vulnerables. Los otros, los afortunados cuyas familias pueden financiar una educación están en clases, preparándose para rendir la PSU, soñando con un futuro mejor. El mismo sistema que en los últimos años ha perdido más del 25% de la matrícula a manos de los colegios particulares y particulares subvencionados porque los padres, aburridos con las huelgas y la mala calidad de la educación, han huido de ella.

Este paro es el cuarto en lo que va del 2009 y pone en riesgo el año escolar. La razón es siempre la misma: reivindicaciones económicas de los profesores, hoy bajo el pretexto de una deuda histórica que no existe y que se remonta a leyes dictadas en 1980 y 1981. Nunca hemos tenido una huelga de maestros exigiendo una mejoría de la calidad. Los promotores del paro son los mismos dirigentes que se comportan como sindicato de una fábrica de salchichas, indiferentes ante el drama que provocan a sus estudiantes, que se niegan a ser evaluados como corresponde, que no aceptan que sus salarios se vinculen al rendimiento y desempeño, que siempre tienen en la punta de la lengua un argumento para evadir su propia responsabilidad por la pésima calidad de la educación que imparten.

Pero sería injusto responsabilizar sólo a la directiva del Colegio de Profesores por la huelga. Si hemos llegado a este punto la culpa es también de los parlamentarios, de todos los colores políticos, que han alimentado la ilusión de una deuda histórica con tal de no arriesgar la pérdida de ningún voto. Por eso se formó una comisión en la Cámara de Diputados que sembró falsas ilusiones entre los maestros de que su demanda sería estudiada y, eventualmente, pagada. En dicha Comisión se jugó con las cifras, que oscilaron como un péndulo entre los 14 mil millones de dólares, o un 35% de presupuesto anual de Chile y un 8% del producto interno bruto, a los 2 mil millones de dólares.

Los profesores han sido bien tratados durante los gobiernos de la Concertación; bastante mejor que los alumnos para ser exactos. Sus sueldos han aumentado en más de un trescientos por ciento, muchísimo más que los del resto de los chilenos. Ello sin considerar las becas de capacitación, bonos y otras conquistas. Además fueron "rescatados" del ámbito del Código del Trabajo al que habían sido arrojados junto con el resto de los trabajadores en 1980 por el Estatuto Docente de 1992 que les concedió inamovilidad, carrera docente y dependencia salarial directa del Ministerio de Educación. Además de la construcción de cientos de nuevas escuelas, materiales adecuados de distribución gratuita y alimentación para los pupilos. Mientras tanto sus "clientes", es decir los estudiantes, se han tenido que conformar con una educación pública que va de mal en peor.

Los dirigentes actuales del Colegio nos quieren hacer creer que la razón de la mala educación pública es que hay otro tipo de colegios que son mejores que los municipales, donde los profesores si son evaluados y, si no lo hacen bien, tienen que irse y a los cuales todos quieren ingresar. Y por eso las emprenden contra el lucro. Es decir, que la solución es eliminar los recursos que se destinan a los colegios particulares subvencionados para entregárselos a los municipalizados, destruir lo que funciona bien para tratar de arreglar lo que funciona mal; eso sí, sin tocar ni con él pétalo de una rosa a los principales actores del proceso educativo, los profesores.

El gobierno también ha caído en esta trampa. No ha querido enfrentar los temas duros de la mala calidad de la educación y ha optado por el camino fácil: dictar leyes declarativas pero que poco ayudan a resolver los problemas. Así, por ejemplo, vincular las remuneraciones a desempeño individual y del establecimiento, destinar más recursos a los colegios buenos y cerrar los malos (municipales y subvencionados) trasladando gratis a los estudiantes a los colegios buenos, terminar con la inamovilidad del profesor, que la mala evaluación obligue a abandonar el aula de inmediato, premiar a los Directores de colegios de buen rendimiento, etc., no se tocan.

Pero toda crisis puede ser una oportunidad. Decir que la deuda histórica no existe no significa que no se pueda constituir una mesa de trabajo entre el Gobierno y el Colegio: Pero no para resolver cuánta plata recibirán esta vez, como ha ocurrido siempre antes, para que todo siga igual hasta la próxima huelga; sino que para convenir medidas drásticas que verdaderamente ayuden a mejorar la calidad de la educación, sin temas prohibidos y con concesiones verdaderas. Y, desde luego, poniendo término inmediato a la paralización por el bien de los estudiantes. Porque la situación terminal de nuestra educación pública no resiste más demagogia hay que aprovechar la claridad, franqueza y valentía del Gobierno al enfrentar con la verdad al Colegio de Profesores y sentarse a resolver los problemas.

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