Gobierno advierte que habrá tensión si Contraloría indaga a ministros por actos políticos

Nota: Los dichos de Viera-Gallo parecen arrogantes y prepotentes. Todas las autoridades y empleados estatales pueden ser fiscalizados por la Contraloría General de la República, de manera que no excedan sus atribuciones ni los límites legales. Si a la Contraloría no le corresponde emitir un juicio sobre los actos de los Ministros, no lo hará... como tanto han dicho en el gobierno: "En Chile las instituciones funcionan"... ¿por qué ahora salen a presionar para que no lo hagan?

El contralor Ramiro Mendoza estaba ayer en la mañana en la base Cerro Moreno, en Antofagasta, invitado por la FACh para observar la fase final del ejercicio militar "Salitre 2009". A esa misma hora, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, formulaba una dura advertencia a la Contraloría.

"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente", dijo, recordando que el organismo contralor no puede emitir juicios ni investigar las conductas o comentarios realizados por los ministros (nota: para comenzar, Viera-Gallo está poniéndose el parche antes de la herida, atribuyendo de antemano intenciones a la Contraloría. Claramente, un intento por inhibir al organo contralor -en caso que llegase a declararse competente para analizar el asunto- para que estudie la legalidad de los actos de los Ministros en la intervención electoral que impulsa el gobierno).

Las palabras de Viera-Gallo se produjeron luego de que trascendiera que la Contraloría modificaría su criterio -expresado en dictámenes anteriores- en el sentido de que los secretarios de Estado no son funcionarios públicos, por lo que sus actuaciones exceden la competencia de dicho organismo.

La noticia generó inmediata preocupación en La Moneda, pues ese había sido el argumento principal del Ejecutivo para responder a la denuncia de intervención electoral presentada hace un par de semanas por la Alianza contra cinco ministros, quienes habían realizado declaraciones públicas a favor del candidato oficialista Eduardo Frei.

La molestia fue ratificada por la vocera de Palacio, Carolina Tohá. "Si alguien quiere poner (las normas) en discusión, este no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un período de campaña", afirmó.

Ante esto, el contralor descartó ayer por la tarde -en una actividad al llegar a Santiago- que el organismo bajo su cargo vaya a hacer una "revisión política de los ministros" ni pronunciarse sobre "conductas políticas". Sin embargo, dio una fuerte señal de que su próximo dictamen apuntará a establecer que los ministros sí son funcionarios públicos.

"Puedo hacer todo lo que la ley me ordena y me faculta. Y yo, normalmente, no transgredo la ley", planteó. Y agregó que "lo único que yo tengo que ver son dos cosas: la legalidad del gasto público y la situación de ellos desde el punto de vista de su rol como funcionarios de la administración", aludiendo a que el organismo tiene facultades para revisar la conducta de los secretarios de Estado bajo algunos criterios.

Por ejemplo, explican en Contraloría, al reconocerles la calidad de funcionarios públicos, los ministros podrían ser investigados para verificar si cumplieron o no con el instructivo emanado por el organismo que regula el comportamiento durante la época de campaña.

Esto abre la puerta para establecer eventuales responsabilidades ante la denuncia realizada por la Alianza. "Estamos analizando las situaciones de hecho que dieron origen a esas denuncias e iremos a evacuar nuestro dictamen en el más breve plazo", dijo Mendoza. En Contraloría agregan que la resolución será entregada la próxima semana.

La reacción de La Moneda fue cuestionada desde la oposición. El ex diputado PPD y ahora parte de la Coalición por el Cambio -que apoya a Sebastián Piñera-, Jorge Schaulsohn, afirmó que el Gobierno "escogió presionar por la prensa al contralor general de la República, lo que no se veía desde los tiempos de Pinochet".

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