La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, anunció ayer esta decisión en vista de que el Gobierno no comparte las determinaciones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, que rechazaron dos recursos presentados en ambos casos.
En relación con Quiborax, Bolivia recusó al tribunal porque considera que emitió una resolución contraria a la soberanía nacional al haber instruido que el Estado boliviano paralice un proceso penal en contra de esta empresa.
Pero en el CIADI rechazaron el miércolers la demanda y ahora se aprestan a continuar con el proceso arbitral.
Respecto de ETI, el Estado boliviano demandó la nulidad de dos convenios firmados por la ex ministra de Defensa Legal Cecilia Rocabado mediante los cuales dejó sin capacidad de defensa a Bolivia porque aceptó el acortamiento de los plazos procesales y renunció a interponer demandas durante el proceso.
El tribunal del CIADI resolvió la semana pasada que la demanda boliviana será ventilada de manera paralela al proceso arbitral, hecho que rechaza Bolivia porque considera que debe resolverse antes el primer caso y que tramitar de manera simultánea ambas demandas lleva al país a una trampa.
Para Arismendi, estas acciones del CIADI demuestran que esta institución sólo está constituida para defender a los inversionistas privados y no es un tribunal imparcial.
Acerca de Quiborax, Bolivia optó por seguir adelante con el proceso, porque ya dio su consentimiento, pero también informó que no acatará el laudo final. Con ETI, definitivamente decidió no participar en el proceso porque considera que aún no dio el consentimiento porque los acuerdos con Rocabado fueron rubricados sin una carta poder y sin el respaldo del Consejo de Defensa Legal.
Y anunció un proceso en contra de ETI y del Tribunal, en instancias y con una figura procesal que aún no fueron anunciados por el Ministerio de Defensa Legal del Estado.
En junio de 2004, el Estado boliviano revocó 11 concesiones en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita a la empresa Quiborax. En octubre de 2005 esta empresa con supuestos capitales chilenos presentó una demanda de arbitraje ante el CIADI.
Esta compañía solicitó una indemnización de 40 millones de dólares por esa reversión. El Estado boliviano, según Arismendi, considera que Quiborax no tiene derecho a ni un solo dólar de compensación porque incurrió en un fraude sólo con la intención de demandar a Bolivia.
Arismendi explicó que Quiborax fraguó actas de directorio para hacer figurar que estaba integrada por capitales chilenos sólo con la intención de acogerse al tratado de protección de inversiones firmado entre Bolivia y Chile. Por esta razón, presentó una demanda penal en contra de Alan Fosk, principal accionista chileno, y otros funcionarios y abogados de la empresa.
Este proceso está en fase preliminar, pues aún no se pudo notificar a Fosk para que declare.
En abril de 2007, el Gobierno de Bolivia determinó revertir al Estado las acciones de Entel, a los 13 años de su capitalización. En octubre de 2007, ETI interpuso un proceso de arbitraje ante el CIADI y demandó unos 640 millones de dólares de indemnización.
En octubre de 2009, la entonces ministra Cecilia Rocabado firmó dos acuerdos con ETI para acelerar el proceso de arbitraje con un tribunal ad hoc. En mayo de 2010, Bolivia presentó por escrito una demanda de nulidad de esos compromisos firmados por Rocabado ante el tribunal ad hoc.
La semana pasada, éste respondió que procesará esta demanda de manera paralela al arbitraje. Ayer, la ministra Arismendi señaló que enviará a este cuerpo colegiado una notificación de rechazo de esta determinación, en la que informará además que el Gobierno boliviano no participará más en el proceso.
De manera paralela, inició un proceso penal en contra de Rocabado y otros dos funcionarios de este Ministerio por cinco delitos, entre ellos negocios incompatibles con el Estado. Rocabado ha asumido su defensa en este caso.
Los casos
En junio de 2004, el Gobierno decidió revertir 11 concesiones mineras de Quiborax en el Salar de Uyuni.
En octubre de 2005, la empresa con supuestos capitales chilenos presentó una demanda de arbitraje ante el CIADI.
El miércoles, el CIADI rechazó un recurso de recusación del Gobierno boliviano en contra del tribunal.
En abril de 2007, el Gobierno de Bolivia revirtió las acciones de la capitalizada Entel en favor del Estado.
En octubre de ese año, ETI, la empresa italiana que había capitalizado Entel, demandó un arbitraje ante el CIADI.
Hace una semana, el CIADI dijo que procesará de manera paralela al juicio arbitral la demanda boliviana de anular dos acuerdos.
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