Según un sondeo del Centro de Encuestas de La Tercera, el 62% también dice creer que la iniciativa es un retroceso a las medidas contra la delincuencia. Una opinión más dividida se constata ante la disyuntiva de beneficiar a ex uniformados condenados por DD.HH.A 12 días de que la Conferencia Episcopal dé a conocer su propuesta de Indulto Bicentenario, un sondeo del Centro de Encuestas de La Tercera arrojó que el 64% de los consultados no está de acuerdo con esta iniciativa.
La reticencia hacia el proyecto de la Iglesia -que busca otorgar beneficios carcelarios a reclusos por motivos humanitarios, avanzada edad o problemas de salud- también se ve reflejada cuando se pregunta por las repercusiones que podría tener esta medida en el combate contra la delincuencia.
El 62% dice creer que los indultos son un retroceso a las medidas contra la delincuencia y el 69% agrega que si el gobierno apoyase la propuesta eclesiástica entraría en contradicción con su promesa de campaña, de actuar con "mano dura" frente a la criminalidad.
Además, el 69% considera que la iniciativa no es necesaria si lo que se pretende es hacer un gesto de unidad con motivo de los 200 años de la Independencia.
¿Civiles y militares?
Uno de los aspectos más conflictivos que consideraría la propuesta de indulto en la que está trabajando la Conferencia Episcopal tiene relación con el tipo de reclusos que podría acogerse a los beneficios. En La Moneda poseen antecedentes de que la iniciativa eclesiástica no haría distinción entre reos recluidos por delitos comunes y uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.
Sobre este punto, el sondeo arroja que, de acogerse el indulto propuesto por la Iglesia, el 51% piensa que sí se debe incluir a uniformados involucrados en violaciones a los derechos humanos, mientras que el 49% piensa lo contrario.
Asimismo, el 63% de los encuestados señala creer que las razones humanitarias que se puedan esgrimir para excarcelar a un reo son independientes de si éste es civil o uniformado.
La posibilidad de incorporar en el indulto a uniformados condenados en causas de derechos humanos es fuertemente resistida por agrupaciones de familiares de víctimas del régimen militar y por los partidos de la Concertación. Por ello, este aspecto coloca en un complicado escenario al gobierno de Sebastián Piñera.
La última semana de junio, el Mandatario abordó este tema justamente con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes pidieron al gobierno vetar cualquier beneficio a militares condenados por atropellos a los derechos humanos. Piñera respondió que no podía colocar a priori condiciones a un proyecto que aún no conocía a cabalidad, lo que generó la molestia de la agrupación.
PS presenta otra propuesta
Frente al debate que se ha abierto, la bancada de diputados del PS, encabezada por Sergio Aguiló, presentará hoy su propia propuesta de Indulto Bicentenario, la que excluirá expresamente delitos cometidos contra los derechos humanos.
Según informes con que trabaja actualmente el Ministerio del Interior, existe un total de 209 condenados por causas de derechos humanos. De ese número, una cincuentena aún permanece en prisión, ya que el resto cumplió su pena y otros fallecieron.
En almuerzos con parlamentarios de la Alianza, Piñera ha comentado que el tema le incomoda, no sólo porque no está en su agenda de gobierno, sino porque -más allá de la disyuntiva frente a qué hacer con los militares condenados- los indultos pueden ser vistos como una señal de debilidad frente al combate contra la delincuencia.
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