La normativa reconoce las diferencias de las personas con discapacidad y asegura el pleno ejercicio de sus derechos, la no discriminación y su plena integración a la sociedad.
Según la mandataria, "más de dos millones de personas (12,9% de la población) presentan algún nivel de discapacidad, y cerca de la mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar en forma autónoma las actividades esenciales de la vida cotidiana".
La nueva legislación promueve la cooperación público-privada, "entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad", por lo cual se requieren avances en atención, servicios, acceso a la información y soporte institucional, dijo.
Bachelet añadió que en Chile "se ve a la discapacidad no como un problema de salud o una enfermedad, sino como un conjunto de condiciones que muchas veces son creadas por el contexto o el entorno social".
La ley crea "mecanismos compensatorios que efectivamente nivelen las posibilidades de todos", aseguró.
La mandataria destacó que Chile suscribió instrumentos internacionales como la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, pero necesitaba revisar su legislación para que los discapacitados tuvieran igualdad de oportunidades.
Bachelet también anunció la creación del Servicio Nacional de la Discapacidad, institucionalidad pública que dará relevancia a la discapacidad como un aspecto central de las políticas públicas, así como un comité de ministros de la Discapacidad y un consejo consultivo, encargados de hacer cumplir la legislación.
La nueva ley reconoce la lengua de señas como medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva, precisando que en un plazo que será determinado por el reglamento, "los canales de televisión deberán generar posibilidades de acceso a su programación para personas sordas", indicó.
La presidenta de Chie destacó, además, que se creará una acción judicial especial para las personas discapacitadas que "por causa de una acción u omisión arbitraria o ilegal sufran amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de estos derechos".
Bachelet firmó este miércoles también el proyecto de Ley que modifica la Ley de Culto, que busca crear un marco regulatorio para la constitución de iglesias y organizaciones religiosas.
"Este es un esfuerzo mancomunado del Estado y de los representantes del mundo religioso para mejorar y facilitar la aplicación de la ley de culto, y también es una expresión clara del avance que ha experimentado en estos últimos años nuestro país en lo referido a la vivencia religiosa", dijo.
Para la mandataria, con el envío al parlamento del proyecto de ley, "estamos culminando una etapa histórica de ampliación de libertad de culto en nuestro país, que ha ido a la par de la ampliación de los mayores horizontes de libertades que gozan todos los que vivimos en esta patria".
El proyecto de ley entrega al ministerio de Justicia la atribución de velar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales para evitar el mal uso de iniciativas que utilizan las formas religiosas para alcanzar otros propósitos, muchas veces reñidos con el ordenamiento.
La mandataria aseguró que "chile es hoy definitivamente no sólo una nación más justa, más equitativa y más desarrollada que antaño, porque somos un país más democrático, más tolerante y aceptador de la diversidad y más respetuoso de la libertades".
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