Hasta el momento, el Gobierno ha informado de la identificación de 486 víctimas muertas como consecuencia del terremoto y posterior tsunami, aunque esa cifra podría aumentar, ya que hay otras 79 personas desaparecidas.
En tanto, el documento de la PDI señala que en un centenar de casos el fallecimiento se produjo por asfixia por inmersión en el agua y aporta además cifras de fallecidos por infartos y traumatismos, aunque aún no se ha confirmado cuántos de estos casos están relacionados con el maremoto.
El documento será entregado esta semana al Ministerio del Interior y a la fiscal Solange Huerta, que investiga presuntas responsabilidades penales por no haberse emitido una alerta de tsunami.
La situación generó una fuerte polémica entre la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) sobre la deficiente respuesta de ambos organismos ante el desastre natural.
La crisis derivó en la destitución del entonces director del SHOA, Mariano Rojas, y en la posterior renuncia de Carmen Fernández, anterior directora de la Onemi, organismo dependiente del Ministerio del Interior.
Además, familiares de víctimas presentaron varias querellas contra quienes la Justicia determine como responsables de no alertar sobre la posible llegada de una ola gigante después del terremoto, que dejó también 800.000 damnificados y pérdidas por 30.000 millones de dólares.
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