No obstante la adversidad, la industria se puso de pie y reformuló su forma de actuar. Pidió más regulación y trabajó junto a las autoridades para ayudar a los desempleados. Pocas industrias han hecho una tarea tan revolucionaria desde lo profundo de sus crisis.
Las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura han sido interpretadas como el final de un proceso que pone fin a la crisis de la salmonicultura. Nada más lejano a la realidad. La ley es sólo un hito importante de un proceso que comenzó al desatarse la plaga del ISA y que tiene mucho camino por recorrer.
La industria comprendió rápidamente que la forma de hacer salmonicultura en Chile debía cambiar. Y fue así que, en el marco de Aquasur, en marzo de 2008, se planteó la necesidad de entrar a un proceso productivo que tomara en cuenta las externalidades que implica el compartir el mar. Esto dio lugar al concepto de "barrios" con descansos coordinados, a prácticas asociativas, y a una visión de conjunto y de bien común, por encima de las prácticas individuales.
La industria trabajó meses en la formulación de más de una cincuentena de normas que aseguraran un menor riesgo. Todas ellas significaban renunciar a derechos e implicaban costos de producción más elevados y cambios en los modos de producción con fuertes inversiones.
El gobierno también tuvo que reconocer que sus normativas y capacidades habían sido superadas. Y procedió a constituir lo que se llamó "la mesa del salmón". Encabezada por Felipe Sandoval, expertos de Fundación Chile y un distinguido cuerpo de abogados y técnicos interactuaron tanto con la industria como con algunas ONG, pescadores artesanales, miticultores y autoridades locales. Ellos formularon el proyecto de ley respectivo y la dictación de parte de los reglamentos que recogían las medidas aprobadas al interior del gremio.
El esfuerzo fue mayúsculo y no era para menos. La plaga del ISA tuvo efectos mucho peores a los que cualquier industria tuvo con el reciente terremoto-maremoto. El número de centros productivos bajó a la mitad (de 344 el año 2007 a 174 este año), lo que equivale a rebajar a la mitad las bombas de bencina para una empresa como Copec o el número de locales comerciales de Jumbo, por poner un par de ejemplos.
La contrapartida financiera fue la pérdida de casi todo el patrimonio de muchas empresas, la necesidad de negociar débiles con la banca y la terrible realidad del desempleo.
No obstante la adversidad, la industria se puso de pie y reformuló su forma de actuar. Pidió más regulación al gobierno y trabajó junto a las autoridades para ayudar a los desempleados. Pocas industrias han hecho una tarea tan revolucionaria desde lo profundo de sus crisis. No la ha hecho aún la industria financiera mundial ni la automotriz. Por nombrar sólo a las más importantes.
El camino que falta todavía es largo: numerosas cláusulas de la nueva ley requieren con urgencia de reglamentos y decretos. La estrechez del territorio designado para producir requiere ser ampliado para distanciar centros productivos entre sí, reduciendo de esta forma los riesgos de contaminación. Casi una veintena de normas internas de Salmonchile (entre ellas, las relativas a vacunación obligatoria y la de importación de ovas) aún no tienen su contraparte legal.
El gobierno, bajo el liderazgo del subsecretario de Pesca, ha retomado con energía las tareas pendientes. Lo mismo se puede decir de las nuevas autoridades regionales. Sin embargo, cambiar las formas de producción y que ellas empapen no ya a sus directivos, sino hasta el último proveedor y trabajador en centros de lejanía geográfica, será una labor de titanes. Y convencer a nuevos capitales para reinvertir en la industria, pedirá grandes dosis de confianza en las nuevas normas y en la extensión de su cumplimiento.
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