Ojalá podamos reconstruir vía concesiones. Con buenos proyectos, buena ingeniería y una nueva ley sin dilaciones ficticias.
Luego de cambiarle la cara al país, las concesiones de obras públicas recibieron "el pago de Chile": los problemas del MOP Gate y sobreprecios en algunos convenios complementarios, acordados sin la debida competencia, llevaron a que este mecanismo fuera estigmatizado y la inversión privada reducida hasta una cuasi paralización. Si bien era necesario revisar este mecanismo para introducir competencia y transparencia, debimos haber sido capaces de caminar y mascar chicle a la vez.
A principios de los años 2000 más de la mitad de la inversión en infraestructura se realizaba con capitales privados; entre 2006 y 2008, menos de un 10%. Ahora, después del terremoto, echamos de menos esa inversión, más si se considera que la reposición de las obras públicas dañadas es responsabilidad del privado cuando son concesionadas, y del Estado en las que no lo son.
Ha sido difícil recuperar los niveles de inversión vía concesiones. Muchos de los principales actores se fueron en busca de otros mercados, y han llegado en cambio empresas operadoras de concesiones, cuya misión principal no es construir, sino sólo mantener carreteras. Tampoco ayuda la disminución en los premios para las iniciativas privadas. Según un estudio de dos profesores de la UC, entre 1991 y 1997 hubo 12 proyectos que terminaron construyéndose, mientras que desde que se bajaron los premios en 1997 sólo una iniciativa privada se ha licitado y adjudicado: el bypass de Melipilla.
El nuevo ministro de OO.PP. ha dicho que aspira a que las concesiones jueguen un rol importante en la reconstrucción, ampliándolas a áreas como educación y edificación pública. Esto es positivo, pues permitirá aportar capital privado, experiencia e innovación. Es importante, sin embargo, aventurarse en estas nuevas áreas con algunas precauciones.
Primero, hay que adecuar la coordinación de concesiones del MOP, diseñada para hacerse cargo de pocos contratos por harta plata, a la nueva realidad de numerosas concesiones en colegios, hospitales y otros por montos menores.
Segundo, puede concesionarse la construcción y la operación (en inglés BOT) o agregar una etapa previa de diseño (DBOT). Cuando hay apuro, esta última alternativa resulta atractiva y es recomendable agregar flexibilidad cuando lo que se licita es un estándar, como la construcción y operación de un hospital al que se le ponen metas de atenciones médicas. Sin embargo, en Chile se ha optado por concesionar sólo la infraestructura y no la gestión de la edificación pública, salvo excepciones menores, como las cárceles.
Cuando se licita sólo o fundamentalmente la construcción, es importante que el diseño se encuentre predefinido en detalle, para facilitar una competencia clara entre los licitantes, que compitan por "lo mismo". Además, licitar con una buena ingeniería ahorra los conflictos que luego surgen y que tantos dolores de cabeza han generado, por ejemplo, en cárceles, el Centro de Justicia o el Acceso Sur de Santiago.
Por último, es necesario explorar con creatividad los negocios adicionales que pueden generar otros ingresos al concesionario, disminuyendo así el requerimiento de subsidios. El Estado puede entregar terrenos en torno a la edificación pública que se concesiona, transfiriendo la plusvalía del proyecto al concesionario o conceder negocios relacionados para que los privados aporten no sólo capitales frescos para la reconstrucción, sino también gestión y creatividad.
Ojalá podamos reconstruir vía concesiones. Para ello, lo primero es tener buenos proyectos, buena ingeniería y aplicar la nueva ley sin dilaciones ficticias.
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