Especialistas y conocedores del negocio aportaron al debate durante foro sobre esta materiaLa meta para 2010 es que el 52% de los hogares en Chile tenga acceso a Internet. Hoy sólo el 31% accede a la red.
Hay coincidencia en que para lograr este objetivo es crucial mejorar las condiciones tecnológicas, con miras a un futuro con una industria más numerosa.
Claro que a los esfuerzos económicos, se suma el tema de los contenidos y la operación de la red. Lo que está en juego, dicen, no es poco. De ahí que las dos iniciativas de ley que buscan regular esta actividad concitan gran interés y son blanco de cuestionamiento por parte de los principales actores de esta industria y hasta de un legislador.
“Ley de Internet”
Se trata del proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, que en parte de su articulado abarca lo relativo a las prácticas en la red que pueden atentar contra el derecho de autor, todo lo cual fue rechazado.
La otra iniciativa es la denominada neutralidad de red que, a juicio de Claudio Magliona, del Think Thank Polis Digital, ha sido mal denominada como “Ley de Internet”, porque abarca una parte menor de los elementos asociados a esta industria.
Ayer, en el marco de un foro dedicado al tema y organizado por Tata Consultancy services y Diario Financiero, fue Magliona quien, con una pregunta vital, abrió el debate: “¿Corresponde crear leyes especiales para Internet?”.
Su respuesta fue no, porque en el caso particular de la neutralidad de redes, los tres objetivos que persigue y que son evitar la discriminación arbitraria, asegurar la libre competencia y obligar la información de los servicios ofrecidos, ya están cubiertos por otras normas, como la Ley del Consumidor y el Decreto Ley 211 que defiende la competencia.
A juicio de este orador y del propio diputado y ex ministro Felipe Harboe (PPD), ambos esfuerzos legislativos suponen una serie de contradicciones, pues mientras en uno se faculta a los proveedores para intervenir, en el otro se los prohibe para evitar la discriminación.
Premura, fiscalización y juicios
En su presentación, el parlamentario reconoció que en este tema el gobierno ha actuado con excesiva premura, primero para cumplir con parte de lo comprometido en el acuerdo comercial con Estados Unidos, en lo relativo a propiedad intelectual, y también para replicar acciones en este tema impulsadas en el país del norte.
Todo ello, coincidieron Harboe y Magliona, hace que se esté respondiendo a temas puntuales más que de la actividad en general. En pocas palabras: “que se legisle en base a la casuística”.
Por su parte, Rodrigo Velasco, abogado especialista de Alessandri y Compañía, agregó que en ambos proyectos el foco de la autoridad está puesto en “temas tan exquisitos”, que dejan de lado problemáticas mucho más comunes y dañinas, como la injuria y la calumnia, que están lejos del derecho de autor.
Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Proveedores de Internet, Miguel Moya, aseguró que para lograr el objetivo de la autoridad bastaría con un “buen código de Buenas prácticas”, similar a los implementados en otros países que concentran buena parte del tráfico de la red. A ello Velasco sumó el peligro de judicializar los procesos de reclamo ante abuso de contenidos, lo que convertiría a Chile en un “paraíso” para este tipo de conductas, por los mayores plazos que ello supone.
A raíz de ello, llamó a implantar en Chile mecanismos de control y responsabilidad para los operadores como aquellos que ya existen en Estados Unidos y la Unión Europea, que facilitan la remoción de contenidos y no dejan a la industria local en una situación de aislamiento global.
Harboe, en tanto, agregó que para evitar una sobreregulación y mantener la fiscalización respecto de la industria podría establecerse una Superintendencia de Telecomunicaciones.
¿Qué se está legislando?
Propiedad Intelectual
Este proyecto incluye regular los contenidos de Internet cuando atentaran contra el derecho de autor.
En concreto, el texto faculta a los proveedores de esta industria a actuar en estos casos con la facultad de bloquear, inhabilitar o retirar dicho material de la red.
Además, en caso de suceder lo anterior el proyecto limitaba la responsabilidad de los proveedores de Internet cuando hubieran fijado condiciones de término de contrato frente a reincidencia.
Un punto polémico apunta a la judicialización de los procesos de reclamo, pues en caso de estar frente a un atentado contra el derecho de autor, el retiro del material cuestionado sólo puede concretarse a través de una orden judicial, lo que además de extender un procedimiento que debe ser rápido, lo encarece.
Neutralidad de red
Esta iniciativa, que al igual que la de propiedad intelectual ingresó al Congreso en 2007, busca regular tres factores específicos de esta actividad en lo relativo a quienes cobran por la conectividad a Internet.
Evitar discriminación arbitraria
Que los proveedores no puedan bloquear contenidos o aplicaciones en la red sin razón justificada, salvo excepciones relacionadas con seguridad o protección de la privacidad de los usuarios, siempre y cuando ello no esté relacionado con regular el tráfico o administrar anchos de banda.
No afectar la libre competencia a través de acciones de bloqueo de contenidos o administración que impidan el desarrollo de determinadas prestaciones.
Deber de informar a los usuarios respecto de las características y condiciones reales del acceso que está siendo ofrecido.
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