El saqueo del Estado

Lo que hasta ahora se ha sabido resulta escandaloso. Algunos de los nuevos ministros no encontraron los computadores en sus oficinas; otros los recibieron sin la información básica correspondiente; más de seis mil contratos de personas que prestaban servicios a los gobiernos de la Concertación fueron modificados en las postrimerías del período Bachelet; importantes partidas presupuestarias fueron ejecutadas casi completamente en los primeros 70 días del año, y algunos programas, como la Comisión Bicentenario, se quedaron sólo con la caja chica o casi. Ha aparecido, incluso, un ítem en que el gasto efectuado o comprometido excede en 20 por ciento lo autorizado por la misma Ley de Presupuesto vigente.

¿De qué tipo de frescura estamos hablando? ¿Simplemente de aquella que caracterizó los últimos 20 años, marcados por decenas de casos de corrupción, tan grotescos como difíciles de perseguir?
No, esto es distinto; ciertamente es más de lo mismo, pero es también más de algo nuevo.

Algo de corrupción tiene, pero es, sobre todo, saqueo. Porque la corrupción se practica en tiempos de paz, al amparo del poder; pero el saqueo se desata en períodos de guerra, bajo la protección del vértigo. Y lo que se ha hecho en estos casos es justamente tratar a los nuevos administradores del Estado como auténticos enemigos.

Sí, enemigos, porque se ha practicado con ellos la vieja política rusa de la tierra arrasada: que cuando “ellos” entren no encuentren nada que pueda serles útil; que cuando lleguen a “lo nuestro” (que así, “suyo”, consideraba ya la Concertación al Estado), las carencias sean tan grandes que el eventual fracaso sea más factible. Eso les pasa por invasores.

Era falso que desde la Concertación se quisiese superar la lógica del conflicto; ya lo sabíamos respecto de las heridas del pasado, pero ahora se aprecia además respecto de los proyectos del futuro. Ya lo había sugerido Frei años atrás: no les dejemos la plata. Pero poco podía sospecharse que efectivamente hacia adelante se iba a actuar así, con la lógica de una guerra de desgaste total.

Ante este panorama, que será más fácil de documentar y cuantificar a medida que avancen los días, ¿habrá voluntad en las bancadas de la Alianza en la Cámara de Diputados para iniciar las acusaciones contra los respectivos ex ministros de Estado, antes de que se cumplan los tres meses posteriores al abandono de sus cargos?

Pero incluso si esa acción prosperase, el problema pendiente serán, además, los partisanos. Sí, todas esas personas que están quedando detrás de las líneas del nuevo gobierno, es decir, dentro del Estado y que, en el nombre de una supuesta calidad técnica o probidad administrativa, sabrán ocupar sus cargos para minar la eficacia de la administración Piñera. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?

Caza de brujas, no. Pero chuparse el dedo para encontrar dentro de unos meses que algunos tornillos han sido efectivamente girados al revés, tampoco.

Una última arista de este problema resulta también muy inquietante. Los privados que recibieron estos enormes aportes presupuestarios (entre 39 y mil 300 millones de pesos, según los casos), ¿se preguntaron qué opinaba sobre esas donaciones el futuro gobierno bajo el cual se ejecutarían los presupuestos de los que se beneficiaban? Que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos no se lo haya planteado, no sorprendería. Pero que “Un techo para Chile”, Infocap, la Fundación Pablo Neruda y Fasic quizás no hayan consultado este tema con los nuevos administradores es, por lo menos, una indelicadeza.

Alguien podría pensar —sería una pena— que había que conseguir esas platas antes del 11 de marzo, porque después sería muy tarde.

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