Argentina: ¿Cómo hace Chile para crecer?

Las exportaciones de Chile dependen sobre todo del cobre, cuyo precio internacional cayó más que el de la soja. Sin embargo, su economía tiene mejor pronóstico que la nuestra. En su superávit estructural y el fondo anticíclico está la clave.

Los chilenos no están en el mejor de los mundos: el 60% del total de sus exportaciones son productos minerales y, principalmente, cobre. El precio de este mineral cayó desde los 4 dólares la libra durante buena parte del año pasado hasta menos de 1,5 dólares en estos días. Para colmo venían acostumbrados a precios altos porque ese mineral no baja de los 2,5 dólares desde el 2006.

Se diría que están peor que nosotros ya que, mientras la soja cayó un 40% respecto del pico del 2008, el cobre cayó más del 60% y Chile tienen un comercio menos diversificado que el nuestro. Sin embargo Chile va a seguir creciendo este año y nosotros, con suerte, podremos esperar un decoroso estancamiento.

Claro, Chile no está endeudado, no tiene que pagar el 6% de su producto bruto a acreedores externos y no tiene una inflación como la nuestra; por otra parte, puede endeudarse en el mercado internacional hasta que pase el chubasco. En esas condiciones, los chilenos pueden hacer políticas anticíclicas, mientras nosotros no.

Pero hay algo más. Ese algo más es lo que "realmente" le permitió a Chile estar menos endeudado y responder a la crisis internacional mejor que nosotros. Los chilenos hace 8 años definieron un criterio fiscal: el del "superávit estructural".

Todas las cuentas presupuestarias las hacen sobre la base de considerar el crecimiento económico y el precio del cobre de largo plazo. Si el país crece por encima del nivel de largo plazo y si el cobre tiene un precio alocadamente alto, el aumento de los impuestos que esos fenómenos producen no se gasta. Se acumula en dólares en el exterior para que no generen inflación ni retraso cambiario.

Si, como ahora, baja el precio del cobre y, como es de esperar, el país crecerá por debajo de su nivel de largo plazo, se recaudará menos pero se podrá recurrir a lo ahorrado para que un gasto mayor atenúe la caída de la actividad.

Algo más: para definir lo que sería el crecimiento chileno y el precio del cobre en el largo plazo, se recurre a académicos independientes del poder político. De esa forma se evita la tentación de exagerar esos valores con objetivos electoralistas.

Parece sencillo y aplicable en la Argentina. Pero no lo es, y no por motivos técnicos. Imaginemos nuestro país del primer semestre del 2008. La soja y el resto de nuestros productos de exportación estaban desde hacía rato bien por encima de un valor razonable de largo plazo y, en virtud de la falta de políticas contracíclicas desde fines del 2006, teníamos un exceso de gasto público y privado. La consecuencia, una inflación desbordada.

En ese contexto y con la soja acercándose a los 600 dólares la tonelada, el Gobierno y el sector agropecuario discutían la apropiación de una renta adicional que no existía: no era fruto del trabajo, era fruto de una circunstancia azarosa que inevitablemente iba a pasar.

Ya sea en manos del Gobierno o en manos de los productores esa renta hubiese producido nuevos desequilibrios y limitado la capacidad del país para responder a la inevitable caída posterior. Lo único indicado era la solución chilena.

Ningún gobierno en nuestro país buscó construir instituciones para la gestión de la macro economía como el "superavit estructural" chileno, por eso la Argentina es el país del mundo con mayor variabilidad en sus tasas de crecimiento (variabilidad que incluye increíbles retrocesos) y con las oscilaciones más bruscas en su tipo de cambio real. Esas oscilaciones reducen, en definitiva, el crecimiento de largo plazo y generan algunos ricos en un mar de pobreza.

Pero hay algo que inquieta más que esa incapacidad para la gestión pública. Es que, si algún gobierno quisiese constituir un fondo anticíclico con una institucionalidad como la chilena, posiblemente sería resistido por la población. Estaría planteada la sospecha sobre la administración de ese fondo, ya que se lo vería como una ocasión para la apropiación indebida de recursos públicos.

Artículo original