Cuando se trata de las relaciones del Perú con Chile, Alan García no puede con su genio: es sistemáticamente favorable a Chile.
La prueba más vergonzosa es el Tratado de Libre Comercio puesto en vigencia el 1 de marzo. El documento no fue sometido a la aprobación del Congreso, dice el régimen, porque es un “tratado derivado” o “un tratado ejecutivo”. Se acoge para hacerlo al Artículo 57 de la Constitución.
Pero, como lo ha hecho notar el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros en su alegato publicado el lunes 2 por nuestro diario, dicho artículo no habla de tratados ejecutivos o derivados.
Algo más, el Decreto Supremo que puso en vigencia el acuerdo dice: “Póngase en vigencia y ejecución a partir del 1 de marzo de 2009 el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile”. No recurre a la denominación de tratado derivado o ejecutivo.
Por lo demás, los aspectos centrales del Acuerdo caen en el ámbito que el Artículo 56 de la Constitución manda someter al Congreso.
Así, el artículo 2.2 del Acuerdo sustituye el concepto de dominio marítimo por el de “espacios marítimos”. Rodríguez Cuadros califica esto de violación sustantiva de la Constitución.
En cuanto a administración de justicia, el instrumento renuncia a la jurisdicción peruana, y remite cualquier controversia al arbitraje.
Es ésta una válvula de escape clásica para los gobiernos entreguistas de América Latina. A ese recurso acudió Augusto B. Leguía para “resolver” el litigio petrolero de La Brea y Pariñas.
En cuanto a Defensa Nacional, rubro que debe ser sometido al Congreso según el Artículo 56 de la Constitución, el Acuerdo habla de “seguridad esencial”, no de seguridad nacional.
El ex canciller Rodríguez Cuadros ha revelado que Chile ha reconocido excepciones por seguridad nacional en tratados de libre comercio que ha suscrito con México y Centroamérica.
El alegato de Rodríguez Cuadros señala además que el Acuerdo establece obligaciones financieras del Estado y fija normas que crean, modifican o suprimen tributos. También esas obligaciones deberían haber sido examinadas por el Congreso, conforme al Artículo 56 de la Constitución.
El ex canciller asestó un desmentido contundente a la afirmación del canciller, José García Belaunde, de que el TLC con Chile simplemente reconoce obligaciones contraídas en el Tratado de Montevideo de 1980.
Rodríguez Cuadros precisó: “Yo fui uno de los redactores de ese tratado, que es un acuerdo que ni siquiera establece como objetivo una zona de libre comercio, sino sólo un área de preferencias arancelarias”.
Sería bueno que García Belaunde aceptara debatir con Rodríguez Cuadros sobre estos temas.
Queda claro, desde ya, que las mentiras y el cinismo resultan estériles en asuntos de interés y seguridad nacional.
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