Aprobación de presidente García llega al 26% a nivel nacional, según Apoyo

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La desaprobación a nivel nacional llegó a 66%, mientras que un 8% de los entrevistados no precisa, según el sondeo.

La aprobación a la gestión del presidente Alan García llegó a 34% en Lima y a 26% a nivel nacional en noviembre, según el último sondeo de opinión de la encuestadora Ipsos Apoyo.

La encuesta muestra, además, que el jefe de Estado obtiene un nivel de aprobación de 27% en la región norte del país; de 15% en la región centro y de 14% en la regiones oriente y sur del país.

La desaprobación a nivel nacional llegó a 66%, mientras que un 8% de los entrevistados no precisa, según el sondeo publicado hoy por el diario El Comercio.

Entre las principales razones de la aprobación a la gestión presidencial, el 41% señala las obras que el gobierno lleva adelante en carreteras, hospitales, así como agua y desagüe.

El 36% lo hace porque el jefe de Estado no comete los mismos errores que en su primer gobierno; el 32% porque está trabajando para mejorar la educación y el 29% porque hay más trabajo y oportunidades.

En cuanto al nivel de aprobación del gobierno, éste obtiene 22% frente a una desaprobación de 72%. La institución de más bajo nivel de aprobación es el Congreso con 11%, y una desaprobación de 83%.

El Poder Judicial obtiene una aprobación de 15% y una desaprobación de 77%.

De otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial, Javier Velásquez Quesquén alcanza una aprobación de 20% y una desaprobación de 56%, mientras que el ministro de Economía, Luis Carranza, obtiene un respaldo de 22% y un nivel de desaprobación de 56%.

La encuesta de Ipsos Apoyo se realizó entre un universo de 1,000 personas entre 18 y 70 años, de ambos sexos, en 15 ciudades representativas del país por encargo del diario El Comercio, entre el 11 y 13 de noviembre, con un margen mas menos de error de 3.1% y un nivel de confianza de 95%.

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Bachelet es la presidenta con más aprobación en Sudamérica

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La presidenta de Chile, Michele Bachelet, alcanza niveles de popularidad inéditos para un mandatario en ese país, según lo revela una encuesta publicada por la consultora privada Adimark.

En efecto, la titular del Poder Ejecutivo cuenta con un nivel de aceptación del 80%. Lo curioso del caso, es que esa popularidad es intransferible: el candidato oficialista para los próximos comicios de Santiago no goza de un apoyo semejante.

Si bien el grueso de la sociedad chilena aprueba la gestión de Bachelet, la proporción de mujeres que apoyan a su jefa de estado es mayor en relación a los hombres (Mujeres: 86% Hombres: 76%). Al mismo tiempo, entre los segmentos de menores recursos económicos se encuentra mayor valoración positiva que en las clases altas.

Durante el año 2008, en el momento en que se desatara la crisis económica a nivel internacional, Bachelet contaba con sólo 42% de apoyo a su gestión, lo que indica que en un año subió 38 puntos porcentuales. Este ascenso de dio de manera continua y sostenida.

A su vez, algunos ministros del gabinete nacional chileno también cuentan con una alta aprobación, aunque no en el nivel de la titular de la Casa de la Moneda. Por caso, el Ministro de Economía alcanza el 71% de valoración positiva. Esto no es un dato menor, ya que la mayoría de los chilenos que le dan su visto bueno a la gestión de Bachelet lo hace en función del manejo de la economía.

La jefa de estado chilena es la mandataria más querida por el pueblo de su país en todo Sudamérica: la siguen de cerca el brasilero Luiz Inacio Lula Da Silva, con el 77% de aprobación, el mandatario colombiano, Alvaro Uribe, con el 70% y el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, con un 64%. Lejos está la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, con 23 puntos porcentuales.

En conferencia de prensa, Bachelet se refirió a la encuesta publicada agradeciendo le al pueblo chileno el alto nivel de aceptación. En ese marco, cuando habló de los sondeos que buscan saber quién será la persona que la suceda en el cargo, la actual presidenta chilena señaló que “esta claro quiénes pasarán a segunda vuelta”, y que el pueblo de Chile “tomará la decisión más sabia a la hora de votar”, en clara alusión al candidato de la Concertación, Eduardo Frei.

Las próximas elecciones en Santiago serán un escenario donde ninguno de los candidatos gane de manera apabullante, según rezan las encuestas. Todas las informaciones hablan de una segunda vuelta electoral entre la Coalición por el Cambio, que lleva como candidato al empresario Sebastián Piñera y el oficialista Frei. Sea cual sea el resultado, el presidente electo tendrá la difícil misión de emular al gobierno anterior, al menos en cuanto a popularidad se refiere.

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Inédita alianza preaprobarán 5.000 créditos para la compra de viviendas

La iniciativa inmobiliaria e hipotecaria reúne los esfuerzos de 30 empresas del sector –representadas en Alianza 72 Horas Inmobiliarias- a BancoEstado y Banco de Chile, y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

BancoEstado y Banco de Chile han aunado esfuerzos junto a un grupo de 30 empresas del sector inmobiliario para lanzar la mayor iniciativa inmobiliaria e hipotecaria que se haya realizado en el país. Se trata de un esfuerzo inédito que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que fue articulado por la Alianza 72 Horas Inmobiliarias.

La iniciativa permitirá mediante un novedoso sistema que BancoEstado y Banco de Chile preaprueben a lo menos 5.000 créditos para la compra de viviendas, lo cual equivale a unos US$ 250 millones. Para ello las personas interesadas tendrán que ingresar su sitio web o bien llamar al 600 570 72 72. Luego de ser procesada la información que entreguen, el banco les enviará un certificado de preaprobación, el cual determinará el monto disponible. De

este modo, podrán acceder a la mayor oferta inmobiliaria del país, con cerca de 100 proyectos en las Regiones Metropolitana, V, VI, VIII y X, en un total de 20 comunas. Para esta ocasión, las empresas inmobiliarias que participan de la iniciativa –entre las que se cuentan Simonetti, Fernández Wood, Senexco, Imagina, Actual, Security, Fundamenta, Besalco, Ecomac, Inmobilia y Gimax- ofrecerán importantes descuentos a los precios de lista, de hasta 30%.

Además, las inmobiliarias, BancoEstado y Banco de Chile ofrecerán los beneficios de descuentos en precios y en tasas a sus propias bases de clientes.

La iniciativa fue dada a conocer hoy en conferencia de prensa por el gerente general de BancoEstado, Pablo Piñera; el gerente de División de Desarrollo Estratégico de Banco de Chile, Arturo Tagle Quiroz; Michel Calderón, en representación de Alianza 72 Horas Inmobiliarias; y la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete.

Según destacó la ministra Poblete, con esfuerzos como éste, “los desarrolladores inmobiliarios y la banca -junto al gobierno- dan una importante señal para contribuir a la reactivación de la economía del país y a la recuperación del empleo el sector privado”. La ministra también dijo que “estas 5.000 preaprobaciones de créditos, incluidas en las 72 horas inmobiliarias, significan que 5.000 futuros propietarios cuenten hoy con condiciones excepcionales para adquirir una casa o departamento”.

La secretaria de Estado manifestó que la mejor forma para enfrentar exitosamente la actual crisis económica “es generar alianzas entre el mundo privado y el sector público, que vayan en directo beneficio de las familias chilenas, especialmente de la clase media. Esa es tarea de todos”.

Además, resaltó que “la ampliación de la cobertura del subsidio general para la clase media y el aumento de sus montos -junto a la incorporación de un seguro de cesantía de cargo del Estado- ha sido un claro estímulo para la reactivación del mercado”.

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Perú: TLC con mentiras y cinismo

Cuando se trata de las relaciones del Perú con Chile, Alan García no puede con su genio: es sistemáticamente favorable a Chile.

La prueba más vergonzosa es el Tratado de Libre Comercio puesto en vigencia el 1 de marzo. El documento no fue sometido a la aprobación del Congreso, dice el régimen, porque es un “tratado derivado” o “un tratado ejecutivo”. Se acoge para hacerlo al Artículo 57 de la Constitución.

Pero, como lo ha hecho notar el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros en su alegato publicado el lunes 2 por nuestro diario, dicho artículo no habla de tratados ejecutivos o derivados.

Algo más, el Decreto Supremo que puso en vigencia el acuerdo dice: “Póngase en vigencia y ejecución a partir del 1 de marzo de 2009 el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile”. No recurre a la denominación de tratado derivado o ejecutivo.

Por lo demás, los aspectos centrales del Acuerdo caen en el ámbito que el Artículo 56 de la Constitución manda someter al Congreso.

Así, el artículo 2.2 del Acuerdo sustituye el concepto de dominio marítimo por el de “espacios marítimos”. Rodríguez Cuadros califica esto de violación sustantiva de la Constitución.

En cuanto a administración de justicia, el instrumento renuncia a la jurisdicción peruana, y remite cualquier controversia al arbitraje.

Es ésta una válvula de escape clásica para los gobiernos entreguistas de América Latina. A ese recurso acudió Augusto B. Leguía para “resolver” el litigio petrolero de La Brea y Pariñas.

En cuanto a Defensa Nacional, rubro que debe ser sometido al Congreso según el Artículo 56 de la Constitución, el Acuerdo habla de “seguridad esencial”, no de seguridad nacional.

El ex canciller Rodríguez Cuadros ha revelado que Chile ha reconocido excepciones por seguridad nacional en tratados de libre comercio que ha suscrito con México y Centroamérica.

El alegato de Rodríguez Cuadros señala además que el Acuerdo establece obligaciones financieras del Estado y fija normas que crean, modifican o suprimen tributos. También esas obligaciones deberían haber sido examinadas por el Congreso, conforme al Artículo 56 de la Constitución.

El ex canciller asestó un desmentido contundente a la afirmación del canciller, José García Belaunde, de que el TLC con Chile simplemente reconoce obligaciones contraídas en el Tratado de Montevideo de 1980.

Rodríguez Cuadros precisó: “Yo fui uno de los redactores de ese tratado, que es un acuerdo que ni siquiera establece como objetivo una zona de libre comercio, sino sólo un área de preferencias arancelarias”.

Sería bueno que García Belaunde aceptara debatir con Rodríguez Cuadros sobre estos temas.

Queda claro, desde ya, que las mentiras y el cinismo resultan estériles en asuntos de interés y seguridad nacional.

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Minera Barrick espera rápida decisión sobre proyecto Pascua Lama

La empresa espera reducir el costo del proyecto de US$2.700 millones y alcanzar un acuerdo con los gobiernos de Chile y Argentina.

LONDRES.- El mayor productor de oro del mundo, Barrick Gold, espera tomar una decisión muy pronto sobre la que podría convertirse en su próxima gran mina, el proyecto Pascua Lama, en la frontera entre Argentina y Chile.

La empresa espera reducir el costo del proyecto de US$2.700 millones y alcanzar un acuerdo con los gobiernos.

Sólo quedan un puñado de asuntos pendientes por fijar con Argentina y Chile, dijo el martes en Londres el presidente ejecutivo de Barrick, Aaron Regent, tras una presentación.

Pascua Lama, uno de los mayores proyectos auríferos, con 18 millones de onzas de oro, está en los Andes sobre el límite entre ambos países, pero no ha avanzado debido a una disputa sobre impuestos.

"Aún estamos en discusiones con ambos gobiernos para obtener el mejor paquete posible. Vamos a continuar haciendo eso y creo que somos optimistas", afirmó.

"Nos gustaría tomar una decisión de producción pronto", dijo Regent. "Es un proyecto muy fuerte, con costos muy bajos y retornos muy atractivos", precisó.

Si hay una decisión este año, la producción comenzaría a fines del 2012 o comienzos del 2013.

La primera etapa de Pascua Lama fue valuada en US$2.700 millones hace un año, pero desde entonces la desaceleración mundial ha provocado una fuerte baja de los precios de insumos, desde acero hasta petróleo, por lo que Barrick está en proceso de estimar nuevos costos.

"Existe una posibilidad de bajar algunas de las cifras; en cuánto, eso lo veremos el otro mes o luego", declaró Regent.

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Artículo del Canciller antichileno, Manuel Rodriguez Cuadros: EL TLC con Chile debe ser aprobado por el Congreso

La Constitución del Perú, en sus artículos 55, 56 y 57, dispone que requieren aprobación obligatoria del Congreso todos los tratados cuya materia verse sobre derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras, creación, modificación o supresión de tributos, así como los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. La relación establecida por la Constitución es taxativa e imperativa. No hay excepciones.

El TLC con Chile contiene cláusulas sobre la soberanía y el dominio del Estado, que modifican y suprimen tributos, y que exigen derogatoria de leyes y desarrollos legislativos. No hay duda que conforme al Art. 56 de la Constitución debe ser aprobado por el Congreso, bajo responsabilidad de infracción constitucional.

Es particularmente importante el Art.2.2 que establece una definición de los territorios del Perú y Chile: “...con respecto al Perú, el territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el espacio aéreo bajo su soberanía o derechos de soberanía y jurisdicción, de acuerdo con el derecho internacional y el derecho nacional”.

Esta definición no es la misma que la establecida en el Artículo 54° de la Constitución de la República: “El territorio del Estado… comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley”.

¿Por qué la definición del territorio nacional en el TLC con Chile no hace referencia al dominio marítimo ni a su extensión de 200 millas? ¿Por qué se ha aceptado en un texto binacional -felizmente aún sin vigencia- que Chile defina su territorio como “…el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción, de acuerdo con el derecho internacional y su legislación interna” ( la legislación interna chilena, por ejemplo, establece el hito número uno como punto de inicio de la frontera marítima).

Más allá del debate nacional sobre la inclusión de esta cláusula y sus alcances, el hecho jurídico indubitable es que su sola existencia y la de otras disposiciones que se hallan incursas en las condiciones resolutorias del Art. 56 de la Constitución, obligan imperativamente a someter el tratado a la consideración y aprobación del Congreso de la República.

Los argumentos del gobierno para evadir -extrañamente- esta obligación constitucional son falaces y sin sustento jurídico. Los analizaré en un próximo artículo.

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