Artículo del Canciller antichileno, Manuel Rodriguez Cuadros: EL TLC con Chile debe ser aprobado por el Congreso

La Constitución del Perú, en sus artículos 55, 56 y 57, dispone que requieren aprobación obligatoria del Congreso todos los tratados cuya materia verse sobre derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras, creación, modificación o supresión de tributos, así como los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. La relación establecida por la Constitución es taxativa e imperativa. No hay excepciones.

El TLC con Chile contiene cláusulas sobre la soberanía y el dominio del Estado, que modifican y suprimen tributos, y que exigen derogatoria de leyes y desarrollos legislativos. No hay duda que conforme al Art. 56 de la Constitución debe ser aprobado por el Congreso, bajo responsabilidad de infracción constitucional.

Es particularmente importante el Art.2.2 que establece una definición de los territorios del Perú y Chile: “...con respecto al Perú, el territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el espacio aéreo bajo su soberanía o derechos de soberanía y jurisdicción, de acuerdo con el derecho internacional y el derecho nacional”.

Esta definición no es la misma que la establecida en el Artículo 54° de la Constitución de la República: “El territorio del Estado… comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley”.

¿Por qué la definición del territorio nacional en el TLC con Chile no hace referencia al dominio marítimo ni a su extensión de 200 millas? ¿Por qué se ha aceptado en un texto binacional -felizmente aún sin vigencia- que Chile defina su territorio como “…el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción, de acuerdo con el derecho internacional y su legislación interna” ( la legislación interna chilena, por ejemplo, establece el hito número uno como punto de inicio de la frontera marítima).

Más allá del debate nacional sobre la inclusión de esta cláusula y sus alcances, el hecho jurídico indubitable es que su sola existencia y la de otras disposiciones que se hallan incursas en las condiciones resolutorias del Art. 56 de la Constitución, obligan imperativamente a someter el tratado a la consideración y aprobación del Congreso de la República.

Los argumentos del gobierno para evadir -extrañamente- esta obligación constitucional son falaces y sin sustento jurídico. Los analizaré en un próximo artículo.

Artículo original

Alan García: Yo amo a los empresarios

En una universidad, en Santiago de Chile, me contaron no hace mucho, la sorpresa que había causado entre la gente, las declaraciones Alan García a la prensa luego de un encuentro con las organizaciones de empresarios durante uno de sus viajes al país del sur:

- Presidente, ¿cuál es su mensaje al pueblo de Chile que le está escuchando?

- Mi mensaje es que los empresarios chilenos tienen las puertas abiertas para poner sus inversiones en el Perú y yo mismo los recibiré con los brazos abiertos en Palacio de Gobierno.

- Pero, presidente, para el pueblo de a pie, el que viaja en el Metro, tiene algunas palabras…

- Ya lo he dicho, a los empresarios chilenos los esperamos para darnos un gran abrazo en la puerta de Palacio.

Los profesores que me referían esta anécdota estaban desconcertados de que nuestro voluminoso mandatario redujera tan estrictamente su mirada sobre “el pueblo de Chile”, a la gente del gran billete, a lo que hice solamente una pequeña anotación: “está pidiendo a los empresarios chilenos que le ayuden a superar a Chile para el 2015, lo que revela cuál es toda su estrategia”.

Ahora nos enteramos que había además una carta secreta de García a una serie de grandes empresarios chilenos, y que esa fue circulada en febrero de este año, apenas un mes después de presentada la demanda ante la Haya, por la disputa sobre la delimitación marítima y cuando se producía un aparente distanciamiento con su gobierno. Poco después llegaría Sebastián Piñera a Lima, dueño de LAN y candidato presidencial de fuerza en el país del sur, inaugurando algo que parecía –y ahora sabemos que sí es-, una diplomacia de las inversiones que se superpone a la tradicional, donde se encajan los pendientes fronterizos. Todos recuerdan que el abrazo en Palacio fue tan carnal que en Santiago provocó fuertes comezones.

Varias preguntas me vienen a la mente: ¿quién le ha dicho al señor García que los peruanos circunscribimos nuestro interés por otros pueblos y por países vecinos a sus empresarios?; ¿cómo es que nos preocupa tanto el límite del mar y los espacios de pesca, si estamos facilitando la entrada del capital chileno a los puertos y creando las condiciones para que las más grandes empresas pesqueras se vendan a empresarios del sur?; ¿hasta dónde puede ir la incoherencia de las “cuerdas separadas” para que la política principal del gobierno sea del abrazo con Paulmann (CENCOSUD-WONG), Calderón (Ripley), Luksic (Luchetti), Piñera (LAN), Claro (inversión portuaria y vapores), etc., y la secundaria la de afirmación de la soberanía nacional?; ¿es éste un camino al desarrollo?

Artículo original