Un serio peligro para la sustentabilidad de los recursos pesqueros del Pacífico Sur representaría la mayor presencia de buques factoría extranjeros en esta zona. Desde hace algún tiempo, los gremios pesqueros de nuestro país vienen alzando la voz ante la cada vez mayor presencia de barcos factoría cerca de las costas chilenas. Se trata de más de 30 buques, en su mayoría europeos y asiáticos, los que estarían faenando en las cercanías de la Zona Económica Exclusiva de Chile ZEE.
Sin embargo, hay oportunidades en que estas naves también estarían ingresando a las 200 millas de nuestra ZEE, acciones en las que ya han sido sorprendidos en varias oportunidades por los buques de la flota pesquera nacional.
Y si antes operaban frente a las costas del sur de Chile, actualmente, se han detectado estos buques en el norte del país, específicamente entre las regiones de Antofagasta y Atacama. Los gremios nacionales también acusan que los buques extranjeros extraen peces que no tienen las tallas mínimas de captura, práctica que pone en riesgo la reproducción y disponibilidad del recurso.
Más barcos, menos jurel
De los siete barcos factoría chinos que operaban cerca de nuestras costas en el año 2003, se pasó a un número de 35 buques (unos 11 asiáticos y el resto europeos) que efectuaron sus capturas en el 2008, todo esto en las cercanías de las 200 millas marítimas.
Para los empresarios y trabajadores pesqueros chilenos esto es alarmante. Rodrigo Sarquis, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), señala que “a comienzos de esta década empezaron a operar estos barcos factoría. Al principio eran barcos de China, pero después también fueron llegando barcos con bandera de países de la Unión Europea”.
El problema iría más allá, por el hecho que también se ha visto operando a estos buques dentro de la Zona Económica Exclusiva de Chile. “En un par de oportunidades hemos visto a estos buques dentro de las 200 millas y esto ha sido oportunamente comunicado a la Armada, que de manera ágil ha enviado aviones a patrullar”, agrega Sarquis.
Una de las pesquerías más afectadas con esta situación es la del jurel, que representa la principal especie que captura la flota nacional. El año pasado, la poca disponibilidad de jurel en las costas chilenas produjo que los desembarques de este recurso no superaran las 896.000 toneladas (cifras de Sernapesca), lo que contrasta con las 1.302.000 toneladas del 2007. Esto representa una caída aún más brusca si se compara con las cifras de hace poco más de una década, cuando las capturas de jurel superaban ampliamente las 1.600.000 toneladas.
Otro dato relevante es que la industria pesquera chilena ha mantenido su flota y disminuido la captura de esta especie en un promedio del 10% anual. Todo lo contrario sucede con la flota extranjera.
Así, según datos de Asipes, la participación de Chile en la pesca del jurel en el Pacífico Sur ha caído considerablemente en los últimos años. Ésta bajó de un 85% entre los años 1990 y 2000 a un 65% en el 2008.
¿Espaderos españoles en puertos chilenos?
Pero no sólo el jurel está en la mira de los barcos que acechan las costas del Pacífico Sur. También se encuentran en esta zona pesqueros de la flota española que captura pez espada, situación que en el último tiempo se ha ido acentuando. Esto ha provocado el reclamo de los pescadores artesanales de nuestro país, quienes desembarcan la mayor parte de las capturas nacionales.
Lo que más molesta a los gremios pesqueros es que sólo a mediados de este año se enteraron de un convenio sobre la población de pez espada en el Pacífico Sudeste, suscrito entre la Cancillería de Chile y la Unión Europea el 16 de octubre de 2008 en Bruselas. Mediante dicho documento, Chile autorizaría que buques españoles que se dedican a la captura de pez espada (también conocido en Chile como albacora) en las cercanías de aguas territoriales nacionales, puedan arribar a puertos chilenos para abastecerse. Con ello cumplirían con los requerimientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Tal como explica Hugo Arancibia, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (CONFEPACH), “el ingreso de barcos albacoreros (que capturan pez espada) a puertos chilenos puede significar la apertura a naves que capturan otras especies, como merluza o jurel”.
Según el dirigente, basta “acordarse de los años 80, cuando la merluza colapsó debido a la invasión que teníamos en este país por parte de los buques españoles. Por lo tanto, conocemos la historia y los graves daños que se han provocado. Ahí debe haber una oposición, en términos pesqueros, a nivel nacional, para que esta situación no ocurra. Acá en Chile existen unas 180 embarcaciones, con lo que 1.800 familias dependen de este recurso. Y es gente que se dedica exclusivamente a esta actividad”, agrega Arancibia.
Hay que decir que actualmente, los buques españoles descargan en puerto peruanos y desde ahí envían el producto a Europa. Sin embargo, con el acuerdo suscrito por la Cancillería el año pasado, los barcos espaderos ibéricos podrían arribar a los puertos de las regiones XII y XIV (de Magallanes y de Arica y Parinacota respectivamente).
A juicio de Hugo Arancibia, “siempre ha habido un intento de la flota extranjera, principalmente europea, de poder utilizar los puertos pesqueros chilenos para trasbordo, la descarga y la comercialización de pez espada”.
Sin embargo, para representante de la pesca artesanal, “Chile ha tenido la postura de proteger la soberanía y a raíz de ello generó el decreto 123. Dicho documento señala que, en caso que esos buques deseen utilizar los puertos chilenos, deben cumplir con un protocolo que no interfiera con la política administrativa de nuestro país. Esto mediante la solicitud de certificados fitosanitarios del país de origen. Esto permitió que los armadores extranjeros no hicieran tanta presión, ya que les era imposible conseguir ese documento en tan corto plazo”, explica Arancibia.
El dirigente indica que el hecho “que pueden ingresar a nuestro país los buques palangreros y factoría que trabajan con pez espada, implicaría una serie de consecuencias. Primero, Chile no tiene un nivel de fiscalización adecuado, ya que los europeos no trabajan con normas de regulación de tallas. Además, el ingreso de ellos terminaría con 160 embarcaciones que trabajan con el pez espada, ya que se produciría una competencia desleal. Creemos que esto constituye un atrevimiento, ya que se hizo un acuerdo escrito sin consultar a los involucrados. Por esto nos hemos alineado con el sector pesquero en general, con el fin de reclamar diplomáticamente primero, y posteriormente se podría llegar a hacer algunas movilizaciones”, acota Arancibia.
Consecuencias en negociaciones de ORP
La información del acuerdo entre la Cancillería y la Unión Europea trajo consecuencias incluso para la unidad que había mostrado el país en las reuniones para establecer una Organización Regional de Pesca, ORP, para el Pacífico Sur. Ello porque en julio ASIPES decidió retirarse de las negociaciones de esta ORP, donde la entidad gremial estaba participando activamente junto a Sonapesca y el gobierno de Chile.
“Este acuerdo es un pésimo precedente para este ejercicio negociador. El gobierno ha aplicado estas medidas (decreto 123) con los pesqueros, pero no con los de avituallamiento. Esto produjo la salida de Asipes de la mesa negociadora de la ORP”, dice Rodrigo Sarquis, quien agrega que los buques extranjeros faenan en esta zona sin respetar los criterios de conservación estipulados en las Medidas Interinas para el establecimiento de la propia ORP.
Como sostiene el representante de la pesca industrial, las negociaciones para establecer una Organización Regional de Pesca (ORP) comenzaron con el fin de regular las distintas pesquerías en esta zona del mundo. “En este caso, el principal interés de Chile es regular la captura del jurel. Y como se trata el ejercicio negociador es un proceso que dura varios años, en mayo del 2007 se acordaron medidas provisionales, que consistían en limitar el esfuerzo en alta mar mientras se terminaban las negociaciones”, indica el ejecutivo.
Sin embargo, el gremio nacional asegura sentirse decepcionado ante el incumplimiento de dichas medidas por parte de la flota europea. “Como sector privado, decimos que la Comunidad Europea nos sorprendió, porque nosotros queríamos que esto se enfoque en el funcionamiento de los buques factoría. Pero en la práctica significó que con estas medidas provisionales, estos barcos se multiplicaran casi por tres, al igual que el número de toneladas capturadas”.
Por eso han pedido formalmente al gobierno que aplique el Decreto 123, que busca cerrar el acceso de este tipo de buques a los puertos chilenos, tanto pesqueros como de avituallamiento (abastecimiento) mientras el ejercicio negociador no termine, de tal manera de poder tener una norma clara para regular el jurel. “Consideramos que así también Chile mantendría el acceso que históricamente ha tenido a esta pesquería que es un patrimonio para el país”, argumenta Sarquis.
Inquietud de los gremios nacionales
La salida de Asipes de las negociaciones de la ORP del Pacífico Sur también ha provocado la preocupación de otros gremios. Es así como Federico Silva, Presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, SONAPESCA, señala que “no debe perderse el norte por el ingreso de Chile a la OCDE y mantenerse la defensa del interés nacional a toda costa en materia de pesca. Por otra parte, estimamos que es nefasto que Chile haya negociado en materia del pez espada y abrió los puertos a naves extrajeras sin que éstas cumplan con las normas mínimas establecidas en el propio decreto 123 que contiene la Política Nacional sobre la materia, lo consideramos grave, pues sienta un precedente complejo en la materia”, explica.
Sobre las acciones que seguirá Asipes, Rodrigo Sarquis puntualiza que “estamos esperando los resultados de la reunión entre el subsecretario de Pesca, con el comisionado de Pesca de la Unión Europea (realizada a mediados de julio). Dependiendo de los resultados de esto veremos qué medidas vamos a llevar a cabo. Esperamos que este convenio no sea ratificado y que esto no se haga sobre cuatro paredes”.
En respuesta a la inquietud de los gremios pesqueros, Fernando Danús, director de Medio Ambiente de la Cancillería señaló que dicha misiva debe ser ratificada por los gobiernos de Chile y España, para lo cual entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2010.
Danús señaló a medios capitalinos que existen una serie de requisitos que se les exigirá a los buques españoles. Uno de éstos plantea que los puertos nacionales a los que recalen serán designados por Chile y que el número máximo de buques que van a recibir acceso no debe ser superior al que existía la fecha en que se firmó el entendimiento (16 de octubre del 2008).
El representante de la Cancillería agrega que se creará una comisión científica y técnica bilateral, instancia que evaluará el estado del recurso, pudiendo implementar medidas precautorias (cierre de áreas, vedas o limitación de volúmenes de captura).
“El embajador Danús señaló que efectivamente no se había llamado a las partes involucradas porque sabía que era un tema complejo”, señala Hugo Arancibia, quien añade que “hay toda una discusión al respecto. Hay gente en Cancillería que dice que no hay que ratificar el documento, mientras hay otros que dicen que sí debe ratificarse. Pero el decreto 123 fue ratificado por el parlamento chileno, por lo que cualquier modificación que éste sufra, tiene que ser aprobado por el Congreso”.
La Asociación Gremial de Palangreros de Alta Mar de Chile también se sumó al rechazo a esta misiva entre la Cancillería y la Unión Europea. Para Sebastián Vera, presidente de la entidad, dicho acuerdo no consideró en lo absoluto la opinión de los actores relevantes, quienes ejercen la actividad por más de 20 años y que pueden muchas veces aportar con mayor propiedad que las autoridades del sector, criterios estratégicos de interés nacional en la conservación de nuestro patrimonio y de la actividad pesquera en la alta mar.
Según Vera, “el que este acuerdo contemple, entre otras concesiones, el otorgar el acceso a puertos chilenos a naves pesqueras de la Comunidad Europea, sin acotar el numero de barcos autorizados, sin obligarlos al uso de posicionador satelital, sin dejar expresamente claro que no podrán pescar en la Zona Económica Exclusiva y sin cautelar las mismas medidas de conservación que se le exige a la flota nacional, nos parece muy grave, y representa un precedente muy peligroso, y no representa el sentir ni los intereses de ningún actor relevante del sector pesquero nacional”.
El representante de los palangreros nacionales es optimista y agrega que “afortunadamente entendemos que aún debe ser ratificado por ambas partes, lo que al menos nos da la esperanza de mejorar muchos aspectos que deben ineludiblemente ser corregidos, ya que lo que tenemos hoy en día, es sencillamente un pésimo acuerdo que no resguarda los intereses del sector pesquero chileno”.
Vera concluye señalando que “estamos ciertos que los palangreros del pez espada tenemos mucho que aportar y no podemos mantenernos al margen de este crucial acuerdo, por lo que haremos valer todos nuestros derechos e intereses en beneficio de nuestra actividad”.
Decreto 123 y la ORP
Según el embajador Fernando Zegers, abogado de amplia experiencia el tema del Derecho Marítimo, el Decreto 123 regula el uso de los terminales marítimos nacionales, condicionándolo entre otros aspectos, a que exista un vínculo efectivo, a que utilicen posicionador satelital y a que cooperen con Chile en la conservación de las especies asociadas, presentes dentro y fuera de las 200 millas.
Zegers ha señalado que este decreto, efectivo a partir octubre del 2004, “ha significado la negativa del uso portuario con fines logísticos, para varios barcos de bandera de conveniencia y para otros que no cumplían con la normativa internacional exigida o no cooperaban en la conservación de especies asociadas”. Por ejemplo, en el caso de China, cuyos barcos capturan grandes cantidades de jurel, se limitó a 5 el número de buques autorizados a utilizar nuestros puertos, en tanto no se cumpla el Decreto 123.
Sin embargo, para el embajador Zegers, la mejor vía para regular la pesca en alta mar se centraría en las ORP. A su parecer, “el Decreto 123 es un medio de enorme importancia para combatir la pesca irresponsable en la alta mar aledaña a la jurisdicción nacional. Sin embargo, el instrumento normal y natural para reglar la pesca en alta mar son los acuerdos regionales”.
Y es que en todo el mundo existe este tipo organizaciones para los recursos pesqueros, según zonas pesqueras. Hoy en día no existe una ORP en el Pacifico Sur, por lo que para Chile, el establecimiento de una organización de este tipo en la región es urgente. De esa manera, se podría reglamentar la captura, muchas veces irresponsable, de recursos como el jurel, el orange roughy, el alfonsino, el pez espada y la caballa.
Artículo original
Según estima el representante del proyecto en Chile, Eduardo Rodríguez, a fines del segundo semestre de 2010 podría abrirse la licitación. Y adelanta que CAP se sumaría al consorcio que promueve la iniciativa.
