Caviares (izquierdistas) maquillan la guerra con Chile
EXPRESO ha venido publicando entregas sobre el Museo de la Memoria, tema controvertido que puede derivar, so pretexto del homenaje a las víctimas de la violencia política en el Perú, en una manipulación cultural e histórica al pretender, a partir del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación –CVR-, restar méritos al heroísmo peruano en la guerra con Chile. Para ubicar a los lectores, es bueno recordar algunas ideas centrales expuestas hace poco.1) El informe final de la CVR no es una Biblia sagrada de cumplimiento obligatorio entregado al Estado peruano por el filósofo Salomón Lerner Febres y su equipo. Es una comisión oficial de seres humanos de carne y hueso a quienes se les dio la tarea de investigar el periodo de violencia entre 1980 y el año 2000 y buscar caminos de reconciliación, por mandato del Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM, del 4 de junio de 2001, del gobierno transitorio de Valentín Paniagua, complementado por el Decreto Supremo Nº 101-2001-PCM de la administración Toledo.
2) Toda la actividad de la CVR, incluido el informe final que lo resume, no ha reconciliado al Perú. Todo lo contrario. Al extremo que hay un debate, por ahora inviable, entre quienes privilegian la defensa de los derechos humanos, especialmente de terroristas, enfrentados a los partidarios de los logros de la pacificación nacional por obra del Estado a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
3) Si el referido informe no ha cumplido su objetivo central reconciliatorio, cabe la posibilidad y necesidad de revisarlo, más si tiene como meta declarada -según la antropóloga norteamericana Kimberly Theidon- suplantar la memoria histórica del Perú, que incluye la difícil y sensible relación con Chile, por la "memoria popular" de los supuestos marginados y explotados.
4) Para allanar este revisionismo de lesa historia el informe pretende en sus conclusiones hacernos creer que el “conflicto armado interno” que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido “el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República”, con 69,280 víctimas, cifra que supera “el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente”. Falso.
Maquillando la guerra con Chile
Si para la CVR ha sido el conflicto más violento de la historia republicana, su conclusión obvia es que “supera ampliamente las pérdidas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile [1879-1884], los dos mayores conflictos en los que se ha visto involucrado Perú" (1). Este temperamento fue la noticia principal, apenas el informe fue hecho público en agosto del 2003, por infinidad de periodistas de la red de la izquierda caviar y ONGs de derechos humanos, entre ellos el español Francesc Relea Ginés y Patricia Balbuena.
No hay en esta conducta una ignorancia supina sino un intento revisionista de cambiar la lectura del patrón histórico del Perú respecto de Chile, que, por lo demás, ya lo había intentado la CVR antes de difundir su informe, cuando el historiador Nelson Manrique, que trabajó en el esquema histórico de ese documento, sacó la tesis de que dicho conflicto había sido más violento que la Guerra con Chile y que todas las guerras pretéritas del Perú, entre ellas las guerras de la Independencia.
Sería bueno conocer cuáles son los datos e insumos empíricos para llegar a tan atrevida conclusión, más allá del curioso cálculo multisistemas para anchovetas y venados que disparó el número de víctimas fatales de 24 mil a 69,280 en el periodo antes descrito (1980-2000).
Vayamos entonces por partes y cucharadas. La población peruana al año 1876 apenas llegaba, según el cuarto censo de 1876, tres años antes de la guerra con Chile, a 2.699.105 habitantes. Por el año 1880, segundo año de la guerra, se calculaba en tres millones. Saltando los tiempos, en el año1981, a un año de iniciada la demencia terrorista liderada por Abimael Guzmán Reinoso, el Perú contaba con 17.762.231 habitantes; en la actualidad supera los 27.219.264 (censo del 2005).
Al inicio de la guerra, Chile contaba con 2.200.000 habitantes, de los cuales movilizó alrededor de 40 mil hombres a los escenarios de combate. Información oficial de las bajas chilenas de su Ejército dan cuenta de 15,415 entre muertos, heridos, enfermos, desertores y desaparecidos, fuera de otros 400 muertos y heridos de su Armada.
Respecto del Perú nunca se sabrá la cifra real, porque no se llevó una contabilidad minuciosa y muchos partes de guerra fueron perdidos o saqueados. Al margen de los miles de muertos en Tarapacá, Alto de la Alianza y Arica, las solas cifras de la gran batalla de Lima –San Juan, Chorrillos y Miraflores- nos dan una idea de que las bajas peruanas, civiles y militares, superaron largamente a las 15,415 bajas chilenas de su ejército. Esta es la primera diferencia abismal para un Perú de apenas tres millones de habitantes. .
Respecto de Lima, el parte oficial de Chile que aparece en el Boletín de la Guerra, página 884, señala que para la batalla de San Juan, al sur de Lima, del 13 de enero de 1881, contaron con 26,413 hombres de su Ejército, fuera de su Armada que bloqueaba el Callao y bombardeaba la capital peruana desde los blindados “Blanco Encalada”, “Cochrane” y “Huáscar”, además de tres corbetas y dos cañoneras. Aunque otro parte oficial del general Marcos Maturana, jefe del Estado Mayor General, asegura que su Ejército contaba con 23.518 soldados, porque el batallón “Quillota” no llegó a tiempo de Pisco y no participó en la (o las) batalla de Lima.
Y los peruanos, según un parte oficial del general Pedro Silva, jefe del Estado Mayor General, fueron 18,650 hombres, más 5,000 de la reserva que no pelearon, entrando en combate menos de 15,500 hombres, ya sea por deserción o falta de armas. De los que guerrearon valerosamente fueron muertos o heridos alrededor 60 por ciento, en su mayoría indígenas y tropa improvisada, lo que da una magnitud de la masacre de San Juan, que terminó en la orgía de sangre de Chorrillos y culminó en la batalla de Miraflores y la inmediata toma de la capital peruana que sufrió cuatro años de ocupación.
Cuatro años en que la resistencia patriota al mando del general Andrés Avelino Cáceres se trasladó a la sierra, dando lugar a la gloriosa Campaña de la Breña en Junín, Huancavelica, Cerro de Pasco, Áncash, y en menor medida Ayacucho, que culminó en el holocausto de Huamachuco, donde en ese ínterin pueblos enteros fueron mascados en la resistencia por la soldadesca chilena, de los que no hay registros ni contabilidad, ni menos comisiones de la verdad que les abran museos de la memoria a la medida de esa “Iliada” latinoamericana que fue la Guerra de 1879.
A falta de estadísticas, de cuentamuertos y juntacadáveres, aquel escenario dantesco de la batalla de Lima, y más aún la Campaña de la Breña, o el heroísmo de Tacna durante el cautiverio hasta 1929, sin hablar ya del heroísmo y caballerosidad sublime de Miguel Grau, son algunos de los muchos ejemplos que han marcado el alma nacional y que nos dicen que la guerra de rapiña de Chile contra el Perú sigue siendo la más emblemática que ha sufrido la sociedad peruana en toda su historia.
De batallas y combates
Porque -más allá de la retórica pro indigenista del informe final de la CVR, en especial de los desaparecidos de Ayacucho- alguien de esa fenecida institución tendría que explicarnos, ubicando fecha y lugar, si hubo alguna batalla, en el estricto sentido de lo que significa esta categoría en la teoría de la guerra; si alguna ciudad sufrió lo que sufrió Tacna durante el cautiverio, o que al menos nos precise algún combate en la lucha contra el terrorismo.
No mencionarán ninguna batalla, aunque sí podrían sacar como ejemplos los dos únicos combates de Madremía (1988) y Chuquibambilla (1989), los puntos más altos de un conflicto que no viene al caso detallar, por razones de espacio, por lo que la “guerra interna”, llamada así por razones políticas, sobre todo de cierto fujimorismo montesinista, o “guerra de baja intensidad”, se circunscribió básicamente a emboscadas sin fin a patrullas del Ejército compuestas entre 15 y 20 hombres, o a la persecución de pelotones senderistas que tenían similar cantidad de hombres y poder de fuego.
Se trataba también de develamientos violentos y sangrientos de penales, como sucedió en El Frontón, asesinatos selectivos por la espalda a veces amparados en la oscuridad de la noche, coches bomba sin cesar que creaban un cuadro sicológico grave en la población, sobre todo urbana, algunas incursiones del Ejército violatorias de los derechos humanos en caseríos serranos; todo esto año tras año desde 1980 hasta la captura del sicópata mayor del terror, Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992, para después bajar lentamente hasta el peligroso rebrote de estos años en el VRAE.
¿Carácter beligerante?
Dicho de otra forma, el hecho de que esa confrontación con el terrorismo haya sido sangrienta y duradera, cuando no heroica y paradigmática, como lo prueba una de las operaciones de comandos más famosas de todos los tiempos –la Operación Chavín de Huántar- no lo convierte en guerra en el sentido amplio del término, si nos atenemos a la rigurosa acepción teórica del mismo. Esto no significa restar méritos a la Fuerza Armada en su triunfo en la lucha antiterrorista. Es sincerar los hechos en perspectiva histórica, sobre todo respecto de la guerra con Chile.
Y es que aceptar que fue una guerra, como pretende Ollanta Humala en declaraciones desde Madrid de semanas atrás, implicaría que un candidato presidencial otorga a los terroristas asesinos el estatuto tácito de carácter beligerante, pasaporte insólito para su ingreso a la vida política y a las elecciones venideras, como ya lo reclama abiertamente Elena Iparraguirre Revoredo, pareja de Abimael Guzmán.
Porque si bien es cierto que el informe final de la CVR les niega, en forma tímida, el estatuto de beligerancia, no es menos cierto que Carlos Tapia y Sofía Macher -siendo comisionados de la CVR- pretendieron darle a los senderistas el estatuto de partido político, en una aceptación tácita de su supuesto carácter beligerante, algo que ni el Congreso ni el Ejecutivo se habían atrevido a insinuar antes de que el informe final de la CVR viera luz.
Este tema de la correlación entre la guerra y el carácter de beligerancia, como puerta de ingreso al terrorismo a su participación electoral, bien vale una nueva entrega.
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