Costo de Créditos a Pymes se Triplicaría con Nueva Normativa de Provisiones

Adicionalmente, cálculos de la industria estiman que la circular 3.476 que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras emitiera en agosto, significaría que el sistema debiera provisionar unos US$450 millones a partir del 1 de enero.

Constantes son las reuniones que los bancos sostienen con la Superintendencia del ramo. Y es que, según personeros del sector, el organismo mantiene firme su posición sobre la nueva normativa de provisiones que comenzará a partir del 1 de enero, aunque no descartan que luego de ver los resultados de los ejercicios de impacto sobre stock que la industria presentará este mes, la autoridad cambie de parecer.

Varios bancos ya han enviado a la asociación gremial los ejercicios preliminares con los costos que el aumento de provisiones podría significar producto de la circular 3.476 que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras emitiera en agosto, mientras que el plazo para que las entidades financieras entreguen sus cálculos a la Sbif vence el 15 de noviembre.

Según ejecutivos de la industria, algunos ejercicios preliminares arrojan que, para los grandes bancos, los costos irían desde los $50.000 millones por institución (unos US$100 millones), mientras que para el sistema la cifra podría alcanzar cerca de US$450 millones. “Ésas podrían llegar a significar las utilidades de varios meses”, señala un ejecutivo.

Sin embargo, para algunos altos personeros de la industria el problema real tendría que ver con un doble mensaje de la autoridad, ya que mientras llaman al sistema financiero a facilitar el acceso a los créditos, en la otra vereda y en plena etapa de recuperación, se realizan modificaciones al nivel de riesgo del sistema que afectarían en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas.

Los Más Afectadas

Y es que la normativa incorpora una nueva escala de pérdidas esperadas, que si bien da mayor segregación a las categorías de riesgo, el alza de las estimaciones de pérdidas esperadas podría afectar gravemente a las medianas empresas.

Así, el segmento B, que anteriormente tenía una provisión por 0,78%, ahora se abre en tres subcategorías: Moderada, con un 4,50% de provisión; Baja, con un 13% y Vulnerable, con 25%.

Esto, según ejecutivos, afectaría directamente a las pequeñas empresas pero, sobre todo, a las medianas, puesto que los tramos con un nivel de provisiones superior al 10% son muy poco viables, “porque si se le presta a mitad de año con 13%, para salir empatado hay que ponerle un 26%”, sostiene un ejecutivo.

Si bien en la banca aún desconocen cuánto podrían subir las tasas, aseguran que el efecto de esta nueva normativa no es menor. “Si antes tenía una provisión del orden del 1% y me quería ganar un 2%, cobraba una tasa del 3%. Pero cuando hay un 4,50% para ganar el mismo 2% tienes que cobrar el 6,50%, entonces los spread se van duplicando y triplicando según el tramo”, señala una fuente.

Como una forma de paliar este impacto, la normativa señalaría que del costo de las provisiones se pueden deducir las garantías sobre el capital de riesgo de los solicitantes de créditos. Sin embargo, ejecutivos señalan que la mayoría de las medianas empresas no tienen bienes con los que puedan negociar una garantía.

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Presidente del Senado respalda Ley del Pionero presentada por David Sandoval

Coyhaique-. El viernes pasado y con la presencia del Presidente del Senado, Jovino Novoa, el candidato a diputado David Sandoval, presentó oficialmente a la comunidad un proyecto denominado Ley del Pionero, el que tiene como objetivo fundamental adecuar los programas que se han dispuesto a lo largo del país a la realidad local considerando que nuestra zona tiene particularidades muy distintas a la del resto del país y la idea es optimizar su puesta en práctica para que sean un real y verdadero beneficio para los habitantes de Aysén.

Al respecto, el candidato Sandoval explicó “la Ley del Pionero es una ley que está hecha pensada fundamental en la gente porque hay muchos programas de aplicación nacional que cuando se ponen en práctica en la región de Aysén nos olvidamos que este territorio es medio chile y como tal, las dificultades operativas de aplicar muchos de los programas empiezan a ser ineficientes a pesar de que la idea original es buena”.

El Proyecto de Ley, que fue trabajado por David Sandoval contemplando las particularidades de nuestra región, fue elogiado por el Presidente del Senado, Jovino Novoa, quien señaló “la Ley del Pionero tiene como objetivo ordenar una cantidad de instrumentos que hoy día existen y adaptarlos a las necesidades propias de esta región y es una iniciativa tremendamente importante y como Partido, como Senadores, como Parlamentarios apoyamos esta propuesta de David Sandoval, la que cuenta con un respaldo organizado acá y en el resto del país”.

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Intervención electoral de la Presidencia

Nota: Creo que por el bien de Chile, tenemos que hacerle un PARELE a la Concertación. Si se permite tanto abuso y falta de respeto por el regimen democrático, Chile va a terminar muy mal. Se está abriendo la puerta a cualquier tipo de abuso e intervención electoral en el futuro, y la perpetuación de la Concertación casi como una dictadura (en México lo hizo el PRI y se mantuvo 70 años en el poder, corrompiéndolo todo). La Concertación necesita sufrir una derrota y volver revigorizada, con nuevas ideas, en un tiempo más.

Por Óscar Godoy Arcaya

Nuestra Constitución reúne en una misma persona, bajo el nombre de Presidente de la República, las funciones del Jefe de Estado y del Jefe de Gobierno. En los regímenes parlamentarios, estas dos funciones son atribuidas a dos personas distintas. En Alemania, por ejemplo, el Presidente es solamente Jefe de Estado y el canciller, Jefe de Gobierno.

El Jefe de Estado tiene funciones relacionadas con la unidad, identidad y cohesión del país; representa a toda la nación, está sobre los partidos y los intereses particulares. Dispone de poderes de moderación y arbitraje de las divisiones que surgen en el curso de la vida democrática del país. Así, el Jefe de Estado rige su acción política según un principio de neutralidad. El Jefe de Gobierno tiene la función de administrar el aparato del Estado y ejecutar las políticas públicas aprobadas en el Parlamento y el proyecto de gobierno sancionado por la mayoría. El Jefe de Gobierno rige su acción política a la luz de un legítimo principio de parcialidad mayoritaria.

En nuestro país, estas dos funciones son ejercidas por una misma persona, el Presidente de la República. Por este simple hecho, el régimen presidencial chileno carece de la racionalidad del sistema parlamentario. Los eventuales conflictos y dilemas que genera esta dualidad de fines son evidentes. La misma persona, como Jefe de Estado, que impulsa “políticas de Estado”, puede a la vez dirigir, como Jefe de Gobierno, acciones contra la oposición: un plano inclinado a la violación del principio de neutralidad para priorizar el principio de parcialidad mayoritaria.

En nuestro país no existen reglas jurídicas para dirimir los conflictos que fluyen de esta dualidad. El Jefe de Estado es el Presidente de todos los chilenos, pero como Jefe de Gobierno puede caer en la tentación, como le ocurrió a Allende, de ser el Presidente de una parcialidad de los chilenos (“no es lo mismo quien gobierna”). No obstante, aun cuando carecemos de regulaciones positivas, disponemos de la honrosa costumbre del equilibrio entre las dos grandes funciones presidenciales. En general, los Presidentes han seguido esta ley no escrita y practicado un equilibrio entre la imparcialidad y una moderada manifestación, eminentemente simbólica, de sus preferencias partidistas. Este equilibrio tiene un sustento ético: el primado del bien común del gobierno republicano.

A mi juicio, esta costumbre presidencial chilena está siendo vulnerada por la Presidenta Bachelet. En contraste con su espíritu de estadista en otras circunstancias, su intensa e injusta intervención en la elección presidencial vulnera la política de equilibrio de funciones practicada por los Presidentes de la República.

Quebrantada la costumbre, parece necesario regular constitucionalmente la relación entre las funciones de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno que concentra el Presidente de la República. Como se trata de dos funciones ejercidas por un mismo sujeto, esa regulación no puede hacerse sino por la vía de una prohibición constitucional. Por esta razón, propongo que se reforme el Artículo 24 de nuestro texto constitucional, para redefinir sin ambigüedades la doble función presidencial, y se incluya en su Capítulo V la prohibición al Presidente y su gabinete de participar e intervenir en los procesos electorales durante los seis meses precedentes a la realización de un comicio.

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Corte Suprema acusa a Frei de "ignorancia o mala fe" ante críticas a jueces por "puerta giratoria"

Nota: La verdad nada me hace suponer que Frei podría reducir la delicuencia, ya que para comenzar, no acepta siquiera que el gobierno -que pretende encabezar- tenga algo que ver en la solución del problema (él culpa a los jueces). Yo creo que está equivocado y que una de las grandes responsables del aumento de la delincuencia es la propia Reforma Procesal Penal, que ha demostrado ser en exceso garantista con los delincuentes (mientras deja en total indefensión a las víctimas). Esa "mano excesivamente blanda" se ha transformado en la mejor invitación a delinquir. Por otro lado, hay que recordar que los jueces sólo aplican las leyes que les entregan el gobierno y el Congreso, y que esta reforma al sistema de justicia fue aprobada cuando la Concertación tenía control de ambas cámaras legislativas y mientras la oposición pedía mayores sanciones contra los delincuentes. Como acusa Frei, ciertamente debe haber algunos jueces descriteriados que dejan en libertad a criminales peligrosos, pero son una minoría. Aquí estamos ante otro tipo de problema, debilidades en la mismisima reforma. El problema se hace patente al ver la sorpresa que provoca en los propios delincuentes ser dejados en libertad, luego de ser detenidos cometiendo delitos graves (asaltos a mano armada, robos millonarios, etc.). A tal punto llega su sorpresa, que salen de tribunales sin poder evitar las carcajadas, incrédulos ante tanta flexibilidad. Frente a esta situación, Frei nos ha dicho que él no tendría nada que hacer. Algo que resulta inaceptable. Finalmente y ante el argumento de que las cárceles están llenas de prisioneros, por lo que habría que descartar una falencia en el sistema judicial... sólo podemos decir que es una idiotez sin pies ni cabeza. Esa situación sólo deja en evidencia que no hay suficientes cárceles, no que tenemos demasiados presos (varias cárceles se concesionaron en el gobierno de Lagos y nunca se terminaron, ese es el origen -en parte- de este problema). Obviamente que no se trata de meter a todos los ciudadanos presos (como han caricaturizado con ligereza algunos candidatos), pero si deben ir presos los que delinquen, y hoy, en las cárceles chilenas no hay suficiente espacio para los DELINCUENTES. Aquí en Chile no estamos metiendo presas a inocentes palomas, y resulta asombroso que candidatos y jueces estén insinuando que ya no deberíamos meter más gente a la cárcel, porque tendríamos "suficientes" encarcelados. Como si el asunto fuera completar una cuota de reclusos predefinida, un absurdo. El día que sobre espacio en las cárceles (y haya que comenzar a cerrarlas), podremos decir que tenemos un sistema judicial y penal que funciona (porque existirá la infraestructura necesaria para sostener la demanda por espacio para reclusos y porque habremos disuadido a la delincuencia... haciendo innecesario los lugares de reclusión). Mientras eso no ocurra, no nos pueden dar como justificación el argumento absurdo de que tenemos demasiados presos, y menos, hacer como que aquí no pasa nada y no se puede hacer nada... lavándose las manos cual Pilatos. Y por cierto, que no nos hable Frei de la necesidad de impulsar planes de prevención, porque él y su coalición llevan 20 años en el poder, tiempo suficiente para haber implementado los planes que ahora propone. Finalmente, y ante el argumento de que la delincuencia responde a los niveles de pobreza... habría que decir que es una tremenda contradicción, pues la propia Concertación se ufana de haber reducido al 13% la pobreza... ¿cómo es entonces que los pobres disminuyen y la delincuencia crece? Además, esa es una estigmatización impresentable, pobre no es sinónimo de delincuente.

Duro enfrentamiento entre Poder Judicial y candidatura oficialista. Declaraciones de Milton Juica, presidente (s) del máximo tribunal, generaron molestia en el abanderado y su comando, en el que pidieron a abogados constitucionalistas analizar el alcance de los dichos del juez.

En la sala del pleno de la Corte Suprema y aprovechando un desayuno con la prensa, el presidente (s) del máximo tribunal del país, Milton Juica, criticó duramente al candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, por responsabilizar a los tribunales de la denominada "puerta giratoria".

"Que se cree una sensación de inseguridad es más bien una cuestión de desinformación; que puede ser por ignorancia de la persona que no maneja temas jurídicos, o de mala fe, sabiendo que eso le significa mejoras de carácter electoral", dijo el ministro Juica.

En medio del encuentro con los periodistas, el magistrado leyó el mensaje que tiene el Código Procesal Penal, el que señala que con el nuevo sistema se busca racionalizar y limitar al máximo la medida cautelar de privación de libertad y se resalta el principio de inocencia. Al finalizar su lectura aseguró que esas palabras eran de autoría del ex Presidente Frei.

El vocero del máximo tribunal calificó de "sorprendente" que personas que están postulando a cargos de representación popular no tomen en serio el tema de la seguridad ciudadana, que existe, y es un tema del Estado.

En tanto, y dando cuenta de la molestia que generaron en el candidato y en el comando las palabras del ministro Juica, el equipo de la campaña oficialista dejó en manos de abogados constitucionalistas analizar el alcance de los dichos del magistrado.

El tema fue abordado ayer en el Congreso por el propio Frei junto a su jefe territorial, Jorge Pizarro. El análisis -que fue realizado en conjunto con el jefe de comunicaciones de la candidatura, Pablo Halpern, que se encontraba en Santiago- apuntó a rechazar la arremetida de Juica y validar el análisis encargado a los juristas.

"El ministro Juica se involucró en un tema que es de coyuntura y con una descalificación que no nos parece. Hizo algo súper delicado, porque hay graves y gratuitas imputaciones al ex Presidente Frei", manifestó Pizarro.

En la candidatura oficialista insinuaron además cierta intencionalidad en las críticas de Juica y plantearon que cuando la oposición ha acusado la existencia de una "puerta giratoria", "no se ha escuchado de la Corte la misma vehemencia para responder".

"Lo de la puerta giratoria es opinable, de hecho es un concepto que no me gusta, pero me llama la atención que se critique a Frei por responder una pregunta y que durante mucho tiempo no se haya dicho nada en contra de Lavín, Piñera o Espina, que son los que acuñaron este término", dijo el diputado y vocero de la postulación oficialista, Jorge Burgos.

En ese contexto fue que en el comando tampoco fue recibida de buena manera la intervención que tuvo en el tema el abogado y miembro de "Océanos Azules" Juan Pablo Hermosilla, por considerar que con sus palabras, desautorizó al ex Mandatario y validó las críticas de la Corte.

Fue cerca de las 11 de la mañana de ayer -después de que Juica hiciera sus declaraciones- que Hermosilla llegó hasta tribunales y afirmó que venía en representación del candidato para aclarar sus palabras. Si bien el vocero de "Océanos Azules" negó que lo señalado por el senador DC haya sido un error, admitió que fue una "expresión ambigua que permitió esta interpretación equivocada".

El abogado insistió en que hay "una pequeña confusión, no hay un conflicto real (...) no ha habido ninguna critica del senador Frei al Poder Judicial y si fue entendido de esa manera damos las explicaciones (...) la gente puede estar tranquila que los jueces no son ni cómplices de la delincuencia ni son irresponsables al momento de cumplir la ley".

Sin embargo, se comentó que el profesional no tenía la autorización del abanderado ni del propio comando para ir al Palacio de Tribunales a precisar los dichos de Frei del martes.

"Que se cree una sensación de inseguridad es más bien una cuestión de desinformación; que puede ser por ignorancia de la persona que no maneja temas jurídicos, o de mala fe, sabiendo que eso le significa mejoras de carácter electoral".

MILTON JUICA
VOCERO Y PRESIDENTE (S) DE LA CORTE SUPREMA


Paz Ciudadana dice que no existe la "puerta giratoria"

La directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Francisca Werth, no cree que en Chile exista la mencionada "puerta giratoria". Dijo estar de acuerdo con las expresiones del ministro Jorge Dahm, en el sentido de que hay una alta tasa de condenados y de personas privadas de su libertad.

Reconoce, eso sí, que hay un problema en personas que cometen delitos menores, como hurtos en tiendas. "Pero, no creo que la respuesta para este problema sea la cárcel. Pienso que hay que trabajar en un sistema de justicia local o comunitaria, que sea más efectiva".

Y respecto de la prisión preventiva, que debe ser aplicada a los casos más graves, consideró delicado plantearlo como "puerta giratoria" a quienes quedan en libertad mientras se investiga, pues en Chile prima el principio de inocencia.

A juicio de la alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier, sí hay "puerta giratoria", sobre todo en los delincuentes jóvenes. "Uno los ve delinquiendo, los detienen pero una y otra vez salen a la calle a cometer los mismos delitos". Para la jefa comunal, hay un vacío en la ley especialmente en determinados delitos y en ciertas edades.

Pero estimó que no es el momento de analizar el problema en un período. "Una vez que pasen las elecciones, tenemos que sentarnos a analizar el problemas para ver cómo hacemos para solucionarlo".

Para su homólogo de Peñalolén, Claudio Orrego (DC), es necesario mejorar los sistemas de investigación y probatorios con el fin de conseguir condenas. "Pero, hay otros casos en que los jueces son excesivamente garantistas. Yo he visto fiscales que han pedido reiteradas veces órdenes de allanamientos o 'pinchados' de teléfonos a bancas de narcos y los jueces se las niegan", afirma.

Dichos del martes

"La puerta giratoria no es mía ni del Gobierno, es de los tribunales. Esto hay que terminarlo".

EDUARDO FREI

"La puerta giratoria es una cuña propagandística que funciona muy bien en época electoral".

JORGE DAHM
Presidente de la Corte de Apelaciones

"Lamentablemente, la percepción de puerta giratoria existe, está arraigada en la comunidad y es muy dañina".

CARLOS MALDONADO
Ministro de Justicia

La polémica de ayer

"Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el ministro Dahm. Creo que aquí la puerta giratoria no existe, es una invención propagandística. Aquí lo único que tenemos es una gran cantidad de presos y lo que nos falta son cárceles para poder albergar a más gente".

EDMUNDO PÉREZ YOMA
Ministro del Interior

"Lo de la puerta giratoria es opinable, de hecho es un concepto que no me gusta, pero me llama la atención que se critique a Frei por responder una pregunta y que durante mucho tiempo no se haya dicho nada en contra de Lavín, Piñera o Espina, que son los que acuñaron este término".

JORGE BURGOS
Vocero del comando de Frei

"Fue una frase equívoca que se prestó para una confusión. (...) Haber usado la expresión puerta giratoria, repitiendo lo que le dijo la persona que le pregunta, es lo que requiere la precisión para que no se asuma como una crítica (de Frei) al Poder Judicial".

JUAN PABLO HERMOSILLA
Abogado y asesor de Frei

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Promulgan ley que prohíbe uso del cheque en garantía en salud

La nueva normativa faculta a la Superintendencia para fiscalizar y sancionar con fuertes multas a las clínicas y hospitales que pidan este documento para atender a un paciente.

Con el objetivo de evitar los "abusos" de clínicas y hospitales públicos, este martes la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de un cheque en garantía o dinero en efectivo.

La normativa establece que el pago se deberá garantizar a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo entregadas por los empleadores, letra de cambio o pagarés, los cuales se regirán por las disposiciones contenidas en la ley. No obstante, el paciente también podrá voluntariamente dejar en pago un cheque o dinero en efectivo.

En los casos de emergencia debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá la actual ley que prohíbe la exigencia de cheques.

La Superintendencia del ramo será la encargada de fiscalizar a todos los prestadores de salud -públicos y privados- y, por primera vez, podrá sancionar las infracciones mediante la aplicación de multas que van desde 10 hasta mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde 360 mil hasta 36 millones de pesos.

"Esperamos que esto represente un efecto disuasivo contra las conductas prohibidas", dijo la Mandataria, ante la presencia de parlamentarios oficialistas y de oposición, a quienes agradeció especialmente por la aprobación de esta ley.

Bachelet enfatizó además que se requiere una sanción oportuna, lo que fue reafirmado a su turno por el Superintendente de Salud, Manuel Inostroza, quien sostuvo también que los pacientes que se vean perjudicados pueden hacer sus reclamos en la página web de la Superintendencia y personalmente en las oficinas regionales y del Sernac a lo largo del país.

Inostroza agregó que si los prestadores institucionales exigen el cheque en garantía, además de la multa se arriesgan a ser eliminados del registro de Prestadores Acreditados por un plazo de hasta dos años.

Si se trata de prestadores individuales, además de pagar una suma de dinero pueden sufrir la suspensión durante 180 días para otorgar las Garantías Explícitas en Salud, sea por intermedio de Fonasa o de las isapres, así como para conceder prestaciones en la modalidad de libre elección de Fonasa.

En caso de reincidencia dentro de 12 meses, los prestadores se exponen a una multa desde dos hasta cuatro veces el monto de la sanción aplicada por dicha infracción.

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Senado cuestiona paquete de proyectos OCDE

Senadores de Alianza y Concertación cuestionaron la presentación y trámite de urgencia de diversos proyectos de regulación de mercados por parte del Gobierno, las posturas se alinean en torno a que los esfuerzos del ejecutivo solamente se produjeron por la postulación de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y no para el mejoramiento del mercado.

Un duro debate contra el Gobierno por su postulación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha producido en la sala del Senado, luego que esta semana se debiera postergar por falta de quórum la votación del proyecto de ley que faculta al Servicio de Impuestos Internos a levantar el secreto bancario.

Este proyecto, enmarcado en las iniciativas necesarias para que Chile ingrese a la OCDE, quedó para segunda discusión, ya que no había senadores suficientes para aprobar el texto, postergando la votación.

Esto no fue lo único que ocurrió en el Senado, ya que igualmente senadores de diversos partidos cuestionaron la prioridad que el ejecutivo está dando a los proyectos económicos relacionados con recomendaciones de este organismo y las posibilidades de ingreso de Chile qu están en juego.

En primer término, el Presidente de la Udi, Juan Antonio Coloma, acusó que existe una "obsesión" de parte del ejecutivo en ingresar a la OCDE, que estaría determinado la agenda legislativa de Hacienda.

Coloma criticó la legitimidad que se le da a la OCDE "en la que hay países que no son del todo transparentes", cuestionando que de parte de Chile "vamos a generar un ente administrativo que dependerá de la voluntad de un Gobierno". Coloma incluso anunció en la sala su rechazo al proyecto para levantar el secreto bancario, acusando una sobre exposición de la información de las personas.

En tanto, el Senador PS Juan Pablo Letelier señaló su respaldo a la iniciativa, pero diferenciando los méritos propios de la iniciativa y desmarcándola de la postulación de Chile a la OCDE. Según el parlamentario oficialista, "prevenir la evasión es un tema país, no para rendir pleitesía a un organismo internacional", por lo que si bien se podría contar con su voto al momento del conteo, complica la postura del ejecutivo.

La Presidenta de la comisión de Hacienda, Senadora Evelyn Matthei defendió el proyecto, ya que considera que es importante para la economía chilena y fue trabajado de manera estrictamente técnica, pero señala que debería aprobarse "con o sin entrada de Chile a la OCDE".

Ante estas críticas el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, defendió el proyecto de ley y las aspiraciones del Gobierno para ingresar a este organismo internacional, "que Chile entre a la OCDE es importante, pero es más importante aún es que todos cumplamos con nuestras obligaciones y este proyecto no hace otra cosa que mejorar la fiscalización del cumplimiento tributario y creo que todos estamos de acuerdo en eso".

De la misma manera criticó a los parlamentarios de la Alianza Por Chile, "me sorprende que las personas que defienden el desarrollo económico no promuevan que Chile no tenga normas aceptadas a nivel internacional". Respecto a los cuestionamientos a la OCDE y a la intención de que Chile pueda compararse con economías desarrolladas a nivel internacional, el secretario de Estado fundamentó la postura del Gobierno "si queremos jugar en las grandes ligas tenemos que ceñirnos a las normas que se aplican a todos los países, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Austria, hacen eso y la época de su secreto bancario se acabó", aludiendo a las medidas que han tomados estos países, sobre todo después de la crisis financiera internacional.

El texto sobre secreto bancario faculta al Servicio de Impuestos Internos a solicitar el levantamiento de éste en casos de investigaciones por delitos tributarios. El proyecto establece que una persona deberá ser requerida mediante un formulario tipo de que existe una investigación tributaria y si es que facilita o no su información bancaria, entregando los términos específicos de la solicitud.

El usuario podrá negarse explícitamente y con esto, se necesitará un requerimiento del SII ante tribunales para que el secreto bancario pueda levantarse. En primer término la facultad se radicará en los tribunales civiles, pero a medida de que se implementen los tribunales tributarios en nuestro país, ellos resolverán las discrepancias respecto del levantamiento o no del secreto bancario. El proyecto tendrá su segunda discusión para votarse definitivamente el 27 de octubre, con lo que se retrasa su aprobación hasta después de la semana regional.

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Esto parece chiste... pero no lo es

Relacionado: Agreden a hinchas chilenos en Perú - Secuestran y violan a chilena en Tacna - Peruanos destrozan arreglo floral chileno - Chile, enemigo absoluto

Nota: Los inmigrantes peruanos ilegales en Chile, piden la renuncia a un candidato a diputado por pedir ¡QUE SE APLIQUE LA LEY!. Vaya absurdos a los que estamos llegando, ¿no?... y vaya CONFUSION que ha creado el gobierno chileno con sus ambiguedades en la aplicación de las leyes migratorias, los peruanos ilegales creen que tienen el DERECHO de estar en Chile (hasta se permiten protestar en las calles contra las autoridades nacionales). Yo insisto, una cosa es la inmigración legal, otra, la ilegal. Desde Perú se expulsa a los ilegales, no importa si son pobres de Bolivia o China, si son alemanes, belgas o norteamericanos. ¿Por qué no acusan a su gobierno de xenofobia por expulsarlos? ¿por qué Chile está impedido de hacer lo mismo que ellos hacen con los ilegales en su territorio? Lo mínimo que debe exigirse a un país para no expulsar a sus ilegales, es que ese país a su vez no expulse a los ilegales de su propio territorio. Y por cierto, quienes definiremos quién puede o no postularse a un cargo de representación popular en Chile, somos los chilenos, no los extranjeros y menos los ilegales.

El Comité de Refugiados Peruanos en Chile le pidió al candidato a diputado chileno Cristián Espejo que renuncie a sus aspiraciones electorales debido a su propuesta xenofóbica contra dicha comunidad, al plantear la expulsión de quienes se encuentren en condición de ilegales.

La agrupación, presidida por Rodolfo Noriega, la exigió a Espejo que renuncie “en forma inmediata e irrevocable” y rechazó sus acusaciones que vinculan a los residentes extranjeros con delitos y llama a deportar a los que estén en situación irregular.

En ese sentido, Noriega negó que los problemas sociales del país sureño sean responsabilidad de los inmigrantes, tal y como lo sostuvo Espejo, sino que son una consecuencia de la situación económica chilena (nota: es decir, Chile está económicamente mal según los peruanos... ¿qué hacen aquí entonces los ilegales? quizás habría que ofrecerles pagar su viaje de retorno, digo, en una de esas lo están pasando muy mal entre tanta "pobreza". Lo que hizo notar este candidato a diputado es un dato real... los 80.000 peruanos que viven en la comuna de Santiago, sobrecargan los servicios de salud, educación, etc. ofrecidos por el Estado, perjudicando a la población local pues los recursos son limitados y se ven disminuidos aún más al beneficiar a personas que -supuestamente- "no existen" y que no fueron consideradas al momento de estimar los recursos asignados a la municipalidad y los servicios públicos de esa área. Como he hecho notar antes, uno de los errores de la migración peruana es que tienden a crear estos verdaderos ghettos de inmigrantes, luego, sobrecargan zonas geográficas específicas. Ni siquiera se dispersan entre la población para pasar desapercibidos y distribuir esa la económica. En Chile hay 100.000 peruanos y 70.000 argentinos, pero los argentinos no hacen lo mismo, no viven todos juntos. Se mezclan con el resto de la población, y por lo mismo, son menos notorios y más integrados. Los peruanos, al contrario, viven todos juntos y tratan de "incrustar" un trozo de su país dentro de la sociedad chilena, y en un lugar geográfico reducido, lo que provoca el rechazo de los nacionales, que se sienten amenazados y desplazados. ¿A cuantos chilenos les gustaría vivir entre 80.000 peruanos, sabiendo el desprecio y rencor que nos prodigan? ¿a cuantos les gustaría encontrarse de noche en una calle despoblada con un grupo de peruanos emborrachados? ¿no se sentirían amenazados? ¿no se sentirían agredidos al tener que vivir rodeados de miles de personas con costrumbres "extrañas"? sin haberlo elegido, porque cuando uno emigra, decide rodearse de gente con una cultura distinta, pero cuando uno está en su país, en su barrio... no... y obviamente que tienen que sentirse "agredidos". Los peruanos han cometido un gran error y no han sido capaces siquiera de reflexionar al respecto, al contrario, cualquier cuestionamiento a su conducta es descalificada como "xenofóbica". Más bien parece que los peruanos están decididos a imponer su manera de actuar y lo hicieran basándose en supuestos "sentimientos de culpa" que deberíamos sentir los chilenos respecto a Perú, por la guerra de 1879. A mí me parece que su actuar es desconsiderado y hasta prepotente... poco a poco, grito tras grito, llanto tras llanto, van imponiendo su parecer e intimidando a quienes los cuestionan... y hasta encuentran respaldo en algunos políticos que pretenden usar el país para pagar sus "deudas" personales.

Por otro lado, los diputados sureños Tucapel Jiménez y Antonio Leal también calificaron como “xenofóbica” la propuesta (nota: ¿no es el primer deber de los diputados fiscalizar y hacer cumplir las leyes? ¿Por qué en vez de ponerse del lado de la ilegalidad, mejor no piden que se derogue la ley de migraciones... si creen que ya no es necesaria? ¿acaso no es absurdo que estos diputados concertacionistas estén pidiendo que se viole la ley?).

Según los parlamentarios, esta medida atenta contra el Convenio Internacional suscrito por Chile sobre migrantes y “genera una visión racista y simplemente policial de un fenómeno migratorio que, por lo demás, es planetario y tiene que ver con la búsqueda de mejores condiciones de vida por parte de migrantes latinoamericanos hacia Chile” (nota: nuevamente, una cosa es la inmigración legal y ordenada, otra, la inmigración ilegal, que no responde a ninguna necesidad ni interés nacional).

Leal recordó que en la actualidad hay 37 mil solicitudes de residencia en trámite y son 107 mil los residentes peruanos que ya tienen totalmente regularizada su situación. De esta manera, descartó que exista una “indocumentación e ilegalidad generalizada”, como supone la petición (nota: Bueno, y si es como dice Leal, ¿cuál es el problema? si se supone que no hay inmigrantes ilegales... luego nadie debería ser expulsado... mmm... una contradicción absurda).

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General (R) Cheyre, sobre la inmigración

Expertos proponen siete cambios para mejorar el mercado laboral chileno

En un reciente libro lanzado por la Universidad Alberto Hurtado, se recomienda dar mayor flexibilidad a la jornada laboral y las licencias maternales. También propone cambios en la negociación colectiva y salas cuna.

En medio de los tira y afloja en torno al envío del anunciado proyecto sobre negociación colectiva por parte del Gobierno, más de una de decena expertos se reunieron para recomendar siete cambios al mercado laboral chileno, según la revista Observatorio Económico de septiembre, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.

Las propuestas -basadas en el libro “Entre las buenas soluciones y las buenas intenciones. Mejores políticas para el mercado laboral”, editado por Marcela Perticará, Jorge Rodríguez Grossi (ex ministro de Economía del Gobierno de Ricardo Lagos y actual Decano Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado) y Claudia Sanhueza y publicado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado- buscan instalar un debate acerca de qué tan deseables y problemáticas son ciertas regulaciones laborales en Chile.

“Si el mercado laboral tiene malas regulaciones económicas, aunque ello sea debido a las mejores intenciones, la economía entera sufrirá porque habrá un sesgo contra la contratación. Combinar la lógica económica con los principios de solidaridad, de protección efectiva de la maternidad, de atención al cesante y su familia, es una obligación ética que la política debe asumir con valentía en vez de sumirse en propuestas que sabemos terminan perjudicando a la sociedad”, concluye el artículo.

De todas formas, el texto asegura que el debate laboral ha estado muy ideologizado y que no se ha permitido ni si quiera abrir la posibilidad de cambios en esta materia. “No estaríamos cuestionando la “subcontratación” si hubiéramos reformado el oneroso régimen de las indemnizaciones sustituyéndolo por un más potente subsidio de cesantía. Quizás tampoco necesitaríamos “legislar” para que las empresas pagaran iguales sueldos a hombres y mujeres si no tuviéramos leyes que hacen a hombres y mujeres tan “económicamente desiguales” frente a los empleadores”, sostiene.

LAS PROPUESTAS

1) Permitir negociar colectivamente la flexibilización de pisos establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Esta propuesta de Rossana Costa, de Libertad y Desarrollo, propone permitir que ciertas materias consignadas en la Ley de Contrato de Trabajo (como lo que respecta a jornada laboral, permisos especiales, y gratificaciones, entre otras) puedan flexibilizarse o alterarse mediante la negociación colectiva.

2) Flexibilizar los esquemas de jornada laboral. Los esquemas alternativos de jornadas laborales flexibles que emplean países industrializados no deben verse como una manera encubierta de empeorar las relaciones laborales, asegura el artículo. “Bajo un esquema flexible un trabajador pudiera optar por trabajar de lunes a jueves 10 horas por día, y sólo trabajar los viernes hasta las 13 horas, sin que esto obligue al pago de horas extras para la empresa”, se ejemplifica,

3) Instrumentar un subsidio al trabajo a tiempo parcial. “Hay que fomentar el uso de jornadas parciales para favorecer la transición de estudio a trabajo o para conciliar familia con trabajo. El trabajo inclusive debería ser en horarios centrales, para compatibilizar la jornada laboral con la escolar en el caso de las mujeres, y con estudio vespertino en el caso de los jóvenes egresados de la enseñanza media que desean continuar estudios superiores”, sostiene el estudio.

4) Flexibilización de las licencias maternales. Se propone transitar hacia un descanso maternal flexible y remover la obligatoriedad (con algunos pisos) de tomar períodos de pre y posnatal de duración definida. “La necesidad de proteger los derechos de la mujer y de sus hijos plantea la necesidad de mantener la obligatoriedad del descanso y podría justificar el extender la duración de la licencia (voluntaria) para mujeres de menores ingresos. En particular pudieran ofrecerse esquemas de licencias flexibles a mujeres de altos ingresos, quienes en cierta medida se ven más perjudicadas al perder ingresos durante los períodos de licencia”, añade.

5) Suspender la obligación de las empresas de proveer servicios de sala cuna, y moverse hacia un esquema de financiamiento compartido de cuidado infantil. “Hay que transitar de la obligatoriedad de provisión de sala cuna a las empresas en las que haya 20 o más trabajadoras, a un esquema en que el cuidado infantil sea financiado de manera compartida por la sociedad”, afirma el artículo.

6) Fortalecimiento del sistema de protección al desempleo. “Es necesario reforzar el rol de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, OMIL (o su reemplazo por alguna otra institución) como ventanillas únicas para acceder a servicios de capacitación, de intermediación laboral y otros programas públicos de protección al desempleado. También hay que estudiar mecanismos que permitan flexibilizar el acceso al Fondo Solidario y expandir la tasa de cobertura y tasa de reemplazo del seguro”.

7) Sobre mecanismos de protección al desempleo en tiempos de crisis. Según los autores, en tiempos de crisis es necesario implementar políticas contracíclicas. “Las últimas medidas implementadas para retener y capacitar a los trabajadores son buenas porque tratan de evitar que las empresas pierdan capital humano en este contexto de crisis. Pero la evidencia empírica sugiere, lamentablemente, que subsidios a la contratación no son efectivos para generar empleo en contextos recesivos”, concluye.

Entre los colaboradores del libro están Rosanna Costa (Instituto Libertad y Desarrollo) Harald Beyer y Francisca Dussaillant (Centro de Estudios Públicos); Elaine Acosta y Marcela Perticará (Universidad Alberto Hurtado); Eduardo Fajnzylber (Universidad Adolfo Ibañez); Isabel Poblete (Superintendencia de Pensiones); Carlos García, Lucas Navarro (Universidad Alberto Hurtado); y Wildo González (Banco Central de Chile); Claudia Sanhueza (Universidad Alberto Hurtado); y Alejandro Micco y Felipe Saez (Ministerio de Hacienda).

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Si van a legislar sobre internet...

Da la impresión que nuestros políticos siempre estuvieran a la orden del día para resguardar y servir a los intereses de las grandes corporaciones, pero cuando se trata de los ciudadanos... ahí, no contamos para nada.

Si el gobierno y el Congreso están tan "deseosos" de legislar sobre los usos de internet, ¿por qué no comienzan por obligar a los ISP a proveer información fidedigna sobre las velocidades que uno obtiene al contratar sus planes de acceso a internet?

Es una verguenza que uno contrate un plan de 1Mbps, y por momentos, pareciera que el acceso fuera telefónico.

Hace un tiempo, envié una solicitud a nuestros "distinguidos" congresistas para que -¡al menos!- obligaran a los ISP a someterse a una auditoria externa para verificar las velocidades reales que ofrecen a sus usuarios, y que esos resultados tuvieran que ser incluidos junto a las facturas enviadas a los clientes. Tal como se hace con las AFP, al publicar los rendimientos de las entidades competidoras junto con sus estados semestrales.

De esa manera, uno podría premiar a las empresas proveedoras de internet que ofrezcan mejores servicios a sus clientes, y permitiría el surgimiento de ISPs -de "nichos"- orientados a la calidad, que hoy son aplastados por la publicidad engañosa de las grandes empresas de telecomunicaciones.

Nada.... no pasó nada.... ni me respondieron.

Pero va una disquera o un estudio de cine a hacer lobby, y les abren las puertas de La Moneda y el Congreso de par en par, sonrientes... "¡pase por aquí, por favor!... ¡en qué podemos servirle!".

En todo caso, no es de extrañar. Ahí tenemos el caso del "respetado" diputado Maximiano Errázuriz, que hoy decidió apoyar una mala ley... sólo porque le taparon el correo con reclamos... ¿quienes? ... las personas a las que él supuestamente "sirve" (y que por cierto, son las personas que también le pagan la cuenta de correo, la silla, el cafe, etc. hasta la "sede" distrital).

Nada más que agregar.

Demanda peruana: Contramemoria chilena mostrará como Perú fabricó su caso

Perú debió modificar su propia legislación interna para que no fuese contradicatoria con los argumentos que presentó ante el tribunal. Chile incluirá los esos cambios como parte de la evidencia para contrarrestar las pretensiones peruanas sobre mar chileno.

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Tv digital: La operación gatopardo del ministro Cortázar

Estamos frente a un intento por establecer un nuevo modelo para la televisión chilena, que -paradójicamente- consolidará y perpetuará la posición de privilegio que ostentan los actuales actores de esta industria, altamente influyente en lo político y cultural. A éstos los protege contra una eventual competencia y les permitirá además participar del negocio del transporte de otros "datos", cuestión que hasta ahora no podían, ni legal ni tecnológicamente. Este artículo es la continuación de TV Digital: la hora de las definiciones clave

Como se ha mencionado en la primera parte de este artículo, existe la necesidad de legislar para poder digitalizar la televisión abierta ("televisión digital terrestre"), toda vez que se requiere reasignar, en la banda UHF del espectro radioeléctrico, las actuales frecuencias concesionadas en la banda VHF a los canales de televisión existentes. Este cambio tecnológico/legal debería, en principio, permitir la entrada de varios nuevos actores al mercado de la televisión abierta, y, con ello, podría ganarse en diversidad.

Lo anterior, porque con la digitalización es posible encaminar, sin entorpecerse, más señales en una misma cantidad de espectro radioeléctrico. Además, la tecnología digital es más barata que la usada hasta ahora, de tipo analógico, lo que permitirá producir contenido televisivo a un costo menor. Adicionalmente, la parte del espectro que se utilizará para la televisión abierta digital, banda UHF, tiene una mayor disponibilidad de frecuencias que la anterior (la banda VHF).

Sin embargo, el Gobierno de Chile, encabezado al efecto por su Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ha enviado al Congreso Nacional un Proyecto de Ley que no solo trata sobre la mencionada migración, sino que -adicionalmente- regula otras materias. En realidad, lo que hace es establecer, inconsultamente, "entre cuatro paredes" (o, si se quiere, "entre gallos y medianoche"), un nuevo modelo para la televisión abierta chilena.

Se trata de una compleja iniciativa legal, que constituye un todo orgánico, y que de aprobarse tal cual está, traerá como corolario la imposibilidad de que entren nuevos actores al mercado de la televisión abierta, por lo menos en la cantidad y en las condiciones requeridas para competir en igualdad de condiciones con los actuales concesionarios, mantendrá barreras de entrada a este mercado imposibles de vencer, y les mejorará sin causa legítima el negocio a los grandes de la "industria".

Los motivos para esto nunca han sido explicitados por la autoridad pública, pero puede presumirse que el Gobierno prefiere a la actual "industria" televisiva, con actores conocidos y "negociables", a los cuales -aprovechando la oportunidad de la digitalización- se les pueda ayudar a incrementar sus ingresos y que, consecuencialmente, con ello ojalá mejoren sus contenidos. O, quizás, simplemente se trate de terror -o "temor reverencial"- a enfrentar a la poderosa "industria" de la televisión abierta, agrupada en la ANATEL (asociación de los operadores grandes de televisión abierta o, lo que es lo mismo, canales con presencia en Santiago: señales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13), que no quiere más comensales a su pequeña mesa.

Sobre lo último, sería interesante contar con un estudio comparativo de cómo trataron al Gobierno los noticieros de los canales de televisión antes y después de la llegada de René Cortázar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

En fin, vamos por partes.

1) Un dato clave previo

Es un hecho incontrovertible que la única forma de hacer competitiva y lucrativa una empresa de televisión abierta es que ésta transmita su contenido simultáneamente, total o parcialmente, en las principales ciudades del país, pero muy especialmente en Santiago de Chile, donde se encuentra cerca del 40% de la población del país. Desde la perspectiva comercial/publicitaria, más allá de lo que unos u otros deseen, Santiago es Chile, y la televisión abierta vive principalmente de avisos publicitarios masivos.

Así las cosas, y el Gobierno y la ANATEL lo tienen muy claro: cualquier nuevo actor en el mercado de la televisión abierta que no tenga una concesión televisiva para transmitir en Santiago de Chile no será realmente una amenaza contra la "industria".

2) El Proyecto de Ley no permite la llegada de pluralidad de nuevos actores al mercado de la televisión abierta nacional.

No obstante la posibilidad técnica/teórica de multiplicarse por 6 las señales de televisión abierta como consecuencia de la nueva tecnología digital (cuestión con complejidades técnicas, pero posible de superarse, por ejemplo a través del denominado transmisor "multiplex"), la iniciativa legal del Ejecutivo solo permitirá que en Santiago surja 1 nuevo concesionario de televisión abierta de similares características a los concesionarios grandes actuales (léase: de los miembros de la ANATEL). Y, quizás, en una segunda etapa -planificada por el Gobierno para varios años más- pueda aparecer un segundo nuevo actor más.

Al hablar de "similares características" a los canales grandes actuales, nos referimos a que este nuevo actor, además de su concesión para transmitir en Santiago, tenga también una concesión televisiva amplia o total, es decir, que pueda difundir contenido televisivo generalista (entretención, información y cultura) y que esté habilitado para transmitir su programación sin necesidad de contratar a un tercero que se la "transporte". Sobre esto, cabe mencionar que el Proyecto de ley en comento diferencia entre concesiones para transporte de señales y concesiones para difundir señales de televisión (distinción hasta ahora inexistente, bastante artificiosa, y que tiene por objetivos permitirle la entrada a este mercado a las compañías telefónicas móviles, que ya tienen la infraestructura para ello, y posibilitarle a las empresas operadoras de televisión -que reúnan ambos tipos de concesiones- ampliar su giro hacia el transporte de otros "datos" digitales). A los actuales concesionarios, entre ellos los miembros de la exclusiva ANATEL, se les entregarán ambos tipos de concesiones.

¿Cómo se llega a la conclusión de que, no obstante la digitalización, el Proyecto del Gobierno significará que en Santiago haya un solo nuevo actor sentado a la mesa de la "industria"?

Pues bien, esta escasez sobreviniente en la teóricamente generosa banda UHF se explica en que el Gobierno, desoyendo el criterio de equivalencia entre las señales analógicas ya otorgadas y las señales digitales que las reemplazarán, ha decidido entregarle un paquete o "pack" de 6 megahertz del espectro radioeléctrico a cada uno de los actuales operadores; que, como se ha visto, es una cantidad mucho mayor al equivalente que hoy tienen y muy superior a la requerida por la tecnología digital para transmitir una sola señal de televisión abierta.

Del saldo que queda (banda UHF del espectro radioeléctrico), se deben restar los varios paquetes de 6 megahertz c/u que se asignarán para concesiones exclusivas de transporte de señales, las que podrán utilizarse exclusivamente para el negocio de transportar "datos", en general (telefonía móvil, acceso a Internet y transmisión de señales televisivas, por ejemplo), pero prohibiéndosele a estos curiosos concesionarios el transmitir señales de televisión propias.

Y, de lo poco que va quedando de espectro UHF, por expreso mandato del Proyecto de ley deben restarse las frecuencias reservadas para uso exclusivo de televisión regional; televisión local; televisión comunitaria, y televisión de alcance nacional que el Consejo Nacional de Televisión haya calificado como cultural. Todas éstas no pueden ser menos de un 40% del total espectro disponible en la bande UHF.

Adicionalmente, también hay que restar la reserva que se auto impone el Estado, para efectos de garantizar a los actuales operadores al menos una frecuencia (1 megahertz), en un "multiplex" compartido, para el caso que por cualquier razón no se les renovare su concesión de 6 megahertz en banda UHF (la cual, como sabemos, se les entregará por el solo hecho de ser actuales concesionarios en la banda VHF).

Así las cosas, como en el cuento de los perritos, y a menos que se le hagan cambios importantes al Proyecto de ley, en Santiago de Chile solo quedará un paquete de 6 megahertz disponible para un único eventual nuevo operador de televisión, con condiciones similares a los actuales grandes concesionarios (en realidad, esta similitud no será total, como se verá más adelante).

Seguramente, pujarán por este único espacio disponible en Santiago los conglomerados comunicacionales más grandes y que aún no tienen un lugar en la exclusiva mesa de la ANATEL, tales como Copesa y El Mercurio. Será difícil que empresas más pequeñas puedan obtener esta frecuencia, con lo que se perderá la oportunidad histórica -teórica al menos- de aportarle mayor diversidad al mercado de la televisión abierta.

3) El Proyecto de Ley no le permite al eventual nuevo concesionario en Santiago la necesaria igualdad de condiciones para competir con los operadores grandes antiguos.

En primer lugar, porque en Santiago de Chile (y ocurre lo mismo en otras ciudades del país) no existe disponibilidad física ni jurídica para montar una nueva torre de televisión, con características similares (de calidad) a las que tienen hoy los actuales concesionarios.

En efecto, los mejores lugares, todos ubicados en el Cerro San Cristóbal, están ya ocupados. Además, los propietarios de este estratégico cerro: el Arzobispado de Santiago y el Serviu Metropolitano, han propagado urbi et orbi que no autorizarán la construcción de nuevas torres, ni para televisión ni para radio ni para actividad alguna. En todo caso, si de una u otra manera se les obligare, los lugares que aún quedan con cierta disponibilidad tienen inconvenientes técnicos, como lo son el no permitir una correcta irradiación de las señales televisivas y/o generar "sombras" significativas.

Así las cosas, el nuevo operador de televisión abierta en Santiago tendrá que instalar su torre en algún lugar deficiente (o no tan bueno como el de las otras torres), o tendrá que pedirle al Arzobispado de Santiago (que es dueño de la mejor torre) o a los grandes operadores de televisión un espacio en sus torres para instalar su(s) antena(s) y transmisor(es) de televisión, quedando a su merced, completamente. Los eventuales abusos pueden ir, en degradé, desde no aceptarlo en la torre, darle una ubicación "secundaria" o imponerle condiciones y precios predadores. El nuevo operador no tendrá posibilidad efectiva de negociar algo justo y equitativo por estos servicios.

En segundo lugar, el Proyecto de ley contempla favorecer a los actuales concesionarios de televisión, a cada uno de ellos, con un paquete o "pack" adicional de 6 megahertz, que podrán utilizar para el "nuevo" negocio de transporte de señales de terceros ("servicio intermedio de telecomunicaciones"). Lo cual le estará vedado al nuevo operador de televisión.

Así las cosas, los antiguos operadores podrán sumar hasta 12 megahertz concesionados, utilizables para distintos fines lucrativos, en tanto el eventual nuevo actor solo contará con 6 megahertz, ya que se le prohíbe tener más. Esta diferencia provoca una desigualdad evidente desde la óptica de una verdadera competencia.

En tercer lugar, y para colmo, el Proyecto del Ejecutivo no contiene normas y/o mecanismos que atemperen o morigeren las anteriores discriminaciones a favor de los grandes operadores, como podría ser, por ejemplo, obligar a TVN a instalar en su torre de televisión en Santiago, a precio de costo, el transmisor del nuevo operador, en un lugar apropiado (cuestión perfectamente posible desde la perspectiva técnica).

Por último, si miramos el asunto desde la perspectiva (complementaria) de los actores "chicos" en general, esto es, de los demás concesionarios de televisión: los regionales, los locales, los comunitarios, los que solo tengan autorización para emitir y no para trasportar señales (como las concesiones de carácter exclusivamente cultural), el problema de desigualdad e imposibilidad de competir aumenta notoriamente. Existe un universo de diferencia entre estos concesionarios chicos y los grandes agrupados en la ANATEL. Quizás una forma de atenuar o morigerar esto, en parte al menos, sea a través de un "transportador público" de señales de televisión, a precios de costo y presente en todo Chile, pudiéndose quizás obligar a TVN a jugar este rol (entregándosele más frecuencias de transporte para estos efectos).

4) El Proyecto de ley les mejora el negocio y protege sin causa legítima a los actuales operadores de la industria televisiva abierta.

En efecto, como se ha visto más arriba, por razones no exteriorizadas (aunque se puede especular sobre ello), el Proyecto de ley del Gobierno -cual "varita mágica" de los cuentos de hadas- les mejora el negocio a los actuales operadores de la televisión abierta, y los protege contra una eventual competencia, a través de los siguientes mecanismos:

a) Impidiendo que surjan varios nuevos operadores en el mercado de la televisión abierta en Santiago; esto es, "cerrando el mercado" de los grandes concesionarios desde el lado de la oferta;

b) También desde la óptica de la oferta, permitiéndole a los concesionarios de televisión transmitir varias señales televisivas propias simultáneas y, paralelamente, gestionar el negocio de transportar señales televisivas de terceros (otros canales que no tienen concesión de transporte de señales o que no pueden, en la práctica, contar con el equipamiento para transmitir);

c) Estableciendo el negocio complementario de transporte exclusivo de otros "datos". Recordemos a este respecto que los actuales operadores podrán tener un "pack" adicional de megahertz disponibles para estos efectos que los nuevos operadores;

d) Entregando más dinero público concursable para programación, el cual, por cómo está diseñado el sistema, terminará mayoritariamente en manos de los actuales grandes operadores televisivos, agrupados en la ANATEL. Recordemos que el Proyecto de ley permite, en principio, un solo nuevo operador "grande" (aunque nunca tan grande como los antiguos operadores); y,

e) Si años después puede surgir un segundo nuevo operador, como lo pretende el Proyecto del Gobierno, éste tendrá barreras de entrada adicionales, por cuanto se encontrará con un mercado de la televisión abierta digital (y todas sus complejidades) completamente consolidado, incluido el nuevo actor que le precedió.

Conclusiones más relevantes desde una perspectiva de política pública

Primero: el Proyecto de ley, de aprobarse en la forma pretendida por el ministro René Cortázar, en vez de obtener la ampliación del actual mercado televisivo, desde la perspectiva de sus grandes operadores, conseguirá perpetuarlo casi como lo conocemos hasta hoy. Ganancia para ANATEL.

Segundo: parte importante del codiciado espectro radioeléctrico, especialmente reservado y considerado para las transmisiones de televisión digital (banda UHF), será en verdad ocupado para transportar otros "datos". Ganancia, especialmente, para las compañías telefónicas móviles.

El resumen de sentido común desde una perspectiva del negocio televisivo es que existe demasiado en juego con la iniciativa legal comentada. No se trata solo de reemplazar frecuencias de televisión, en que las nuevas concesiones son equivalentes a las antiguas, sino que estamos frente a un intento por establecer un "nuevo régimen", un nuevo modelo para la televisión chilena, que -paradójicamente- consolidará y perpetuará la posición de privilegio que ostentan los actuales actores grandes de la "industria" (incluso se les permitirá participar del oneroso negocio del transporte de otros "datos", cuestión que hasta ahora no podían, ni legal ni tecnológicamente). Se trata de una "operación gatopardo".

Así las cosas, y atendido a que estamos en meses electorales, donde la mayoría de los parlamentarios están ocupados y preocupados de sus reelecciones, parece prudente y necesario ponerle "freno de mano" a este Proyecto de Ley, para que sea el próximo Ejecutivo y el Parlamento que vienen, quienes lo analicen con calma, lo estudien y lo discutan, pensando en lo que realmente es mejor para el país.

No se puede soslayar que el proceso eleccionario tiñe muchos temas, en ocasiones más allá de lo razonable, sobre todo si se trata de legislar de televisión, industria muy poderosa.

Por último, no parece prudente ni adecuado que el cerebro y alma del Proyecto de ley que nos ocupa sea el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar. No solo porque en estricto rigor los temas de la televisión abierta no corresponden propiamente a su cartera ministerial (salvo en la cuestión técnica de las concesiones de radiodifusión), sino porque él fue durante más de dos lustros -justo previo a su designación ministerial- muy cercano a la ANATEL. Es más, durante varios años fue un activo miembro integrante de su Directorio, probablemente el más importante de sus directores.

*Federico Joannon es abogado y miembro del directorio de El Mostrador.

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Tv Digital: experto destaca importancia del marco legal

La elección de la norma japonesa para la televisión digital terrestre en Chile sigue generando reacciones. Aunque la mayoría mostró conformidad por el estandar, para algunos el tema regulatorio es igualmente importante.

Para Sergio Godoy, subdirector de investigación y postgrado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, pero la TV funciona en un marco legal muy obsoleto que no va a modernizarse sólo por haber adoptado un buen estándar técnico de transmisión.

Para el experto, el problema de fondo es que la reforma a la ley de TV enviada por el gobierno al Congreso a fines de 2008 es un parche y la califica como una iniciativa pobre.

“Podría desperdiciarse la oportunidad de contar con más y mejor TV y más y mejor producción chilena de contenidos, que a mi juicio debieran ser los dos grandes objetivos-país de todo este cambio a digital”, dijo.

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Definid y no discutireis

Los debates a veces se enredan porque se desconoce u olvida el significado de las palabras que se están empleando. Es lo que está sucediendo en la cuestión del Proyecto de Ley del Ministerio de Defensa, que más bien consiste en una Reforma Militar o una Ley de Defensa.

Definamos para discutir bien.

La Constitución de la República es muy clara: Una de las “Atribuciones especiales” del Presidente de la República es “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional”.

“Disponer”, es una acepción que conlleva una carga de significado jurídico muy potente, pero entre legos, remitámonos al diccionario:

Disponer: (Del lat. disponere):

1.- Colocar, poner algo en orden y situación conveniente.

2.- Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse.

3.- Preparar (prevenir).

4.- Ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo o gravarlo, en vez de atenerse a la posesión y disfrute. Testar acerca de ello.

5.- Valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo por suyo.

En breve, es el Presidente de la República quien “dispone” de las FF.AA.; quien las pone en orden y situación conveniente; quien delibera, determina y manda lo que deben hacer; quien las prepara; quien posee las facultades para dominarlas, enajenarlas (en este caso disolverlas), o gravarlas (imponerle cargas y tareas); valerse de ellas, tenerlas y utilizarlas. Es decir ejercer un amplísimo control.

Refuerza lo anterior la disposición Constitucional que remacha: “Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las FF.AA.”. Es decir ejercer ese mando en forma personal y directa.

La Constitución del 80 recoge estas “Atribuciones especiales” de la práctica de los últimos 200 años y la Reforma Constitucional del año 2005 las mantiene, es decir es un concepto de larga data; muy arraigado; una expresión de una forma de ser y entender de alcance nacional, se podría decir “cultural”.

El Ministro de Defensa

Por su parte, la misma Constitución dice que “Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado”. En breve, dado que el Presidente de la República no puede, por razones prácticas, ejercer personalmente el total de sus atribuciones, lo hace mediante sus Ministros, es decir, la función presidencial de “disponer” de las FFAA la ejerce a través del “Ministro de Defensa”

El Estado Mayor

Este término tiene un significado claro y preciso:

1.- Cuerpo de oficiales encargados en los ejércitos de informar técnicamente a los jefes superiores, distribuir las órdenes y procurar y vigilar su cumplimiento.

2.- Generales y jefes de todos los ramos que componen una división, y punto central donde deben determinarse y vigilarse todas las operaciones de esta, según las órdenes comunicadas por el estado mayor general y el general comandante de ella.

En el medio militar, convencionalmente, los Estados Mayores son órganos asesores y sus jefes no tienen mando por lo que, cuando excepcionalmente, deban emitir una disposición administrativa o de funcionamiento rutinario, no operativa, lo hacen “Por Orden de” el Comandante o Superior.

En el caso que nos ocupa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa “asesora” al Ministro de Defensa, no ejerce mando propio. Si la intención es que esta persona tenga mando, lo que procede es que derechamente sea designado “Comandante” y “comande”, y no se limite sólo a “asesorar”.

En breve y a modo de conclusiones:

1.- Se ha hecho un incordio de una situación que es bastante simple.

2.- El que manda las FFAA es el Presidente de la República

3.- Lo hace a través del Ministro de Defensa”

4.- El Presidente de la República y su Ministro de Defensa, tienen un Estado Mayor de la Defensa, Conjunto, que les presta asesoría militar.

5.- El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, dirige esa organización de asesoría. No manda.

6.- Si se desea que exista un Comandante único de las FFAA, habría que designar a un Comandante en Jefe de las FFAA, que reemplace en las funciones al Presidente de la República y a su delegado, el Ministro de Defensa.

7.- La lógica, el sentido común y la experiencia histórica mundial muestran que la excesiva concentración del poder militar en un solo Comandante puede ser perjudicial para las instituciones.

8.- La estructura jurídica actual es suficiente para hacer lo que hay que hacer, el asunto es disponer de la voluntad política para asumir las responsabilidades correspondientes.

9.-Por último y final, ¿se imagina alguien en una situación de guerra, al Presidente de la República y al Ministro de Defensa como espectadores, mirando por sobre el hombro del Jefe del Estado Mayor las decisiones y acciones que éste emprenda. Decisiones en que se juega el destino de la nación, del estado y del gobierno?.

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Futuro Ingreso de Chile a la Ocde

Este año hemos tramitado varios proyectos de ley relacionados con las recomendaciones que hizo la OCDE a nuestro país para poder incorporarse a esta. Estos tratan cuatro diferentes ámbitos: los gobiernos corporativos de las empresas públicas; la responsabilidad de las empresas en ciertos delitos económicos; el combate al cohecho, y los convenios para el intercambio de información tributaria.

Para Chile, convertirse en un país miembro de esta organización reporta grandes beneficios. Pertenecer a la OCDE inmediatamente mejora nuestra imagen y nos posiciona como un país seguro y estable, comprometido con sus políticas económicas y con su institucionalidad. Además, como miembros de la OCDE tendremos acceso a la cooperación de su área de estudios, lo que nos permitirá contar con asesorías técnicas y académicas para la elaboración de políticas públicas de calidad.

Luego de la invitación recibida por el citado organismo en 2007, el gobierno de Bachelet ha manifestado un elevado interés en concretar nuestra incorporación a la OCDE antes de marzo de 2010. Esto por la elevada rentabilidad política de ser recordado como el gobierno en el cual Chile pasó a ser parte del “club de los países ricos”.

Sin embargo, la premura con la cual se está avanzando en cumplir con los estándares exigidos por la OCDE, ha dificultado llevar a cabo el análisis profundo y riguroso que se necesita para tratar estas materias. Las recomendaciones hechas por esta organización tienen por objetivo mejorar la institucionalidad y la calidad de las políticas públicas del país, acorde con los principios de democracia y libre mercado que alberga esta institución. Acoger estas observaciones sólo como requisitos de entrada, y trabajarlas aceleradamente, impide el necesario debate para buscar la manera más adecuada de incorporarlas a la institucionalidad chilena y así asegurar que estas efectivamente sean una contribución al progreso y desarrollo de nuestro país.

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Revelan que el 52% de traficantes condenados está en libertad

Nota: No es de extrañar, si luego las propias autoridades promueven liberar el consumo de marihuana en grupo, en lugares privados, y aunque los expertos dicen que la marihuana es usualmente el iniciador en el consumo de drogas más duras. Para empeorar las cosas, el aumento de la violencia está relacionado directamente al mayor consumo de drogas.

Según cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), de los más de mil sentenciados por drogas en el primer semestre, más de la mitad fueron favorecidas con reclusión nocturna o libertad vigilada.

Durante el primer semestre de 2009, el 47,6% de los traficantes condenados fue a la cárcel. Más de la mitad de los sentenciados, el 52%, cumple su castigo en libertad, vigilados por Gendarmería, pero con beneficios.

Según estadísticas de la Defensoría Penal Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, entre enero y julio de este año, 1.381 personas fueron condenadas por tráfico. De ellas, 720 recibieron beneficios. En el caso del microtráfico, es decir los condenados por la venta de drogas en pequeñas cantidades, la cifras es mayor: el 71% de ellos está en la calle.

Así, el gran porcentaje de los condenados por tráfico y microtráfico que no va a la cárcel queda sujeto a medidas alternativas como la reclusión nocturna, libertad vigilada o remisión de la pena, en la que se suspende la condena. Todas estas medidas están dispuestas en la Ley 18.216, que rige para todos los delitos. Los narcos que gozan de estos beneficios quedan bajo el monitoreo de Gendarmería a través de un delegado de libertad vigilada que tiene, en promedio, 60 sentenciados a su cargo.

El senador RN, Alberto Espina, califica como una "vergüenza" que la mayoría de los traficantes gocen de beneficios. "En cualquier país que más del 50% de los condenados por narcotráfico estén libres, es la peor señal que se puede dar respecto a un delito tan cobarde". Agregó que el sistema de cumplimiento alternativo está colapsado. "Ese porcentaje de narcotraficantes que queda libre se pasea tranquilamente".

Según Paz Ciudadana, este sistema ha demostrado falencias de fiscalización y de reinserción de los condenados. Por eso se han presentado proyectos para fortalecerlo.

Ante la cifra, el subsecretario (s) de Justicia, Patricio Reyes, sostuvo que "el gobierno ha sido implacable con la persecución de la delincuencia y el narcotráfico". Agrega que "la ley establece medidas alternativas, no son beneficios. La persona cumple la pena de una manera distinta, con restricciones". Sostiene que si quebranta la pena, puede ser encarcelado.

Añadió que el gobierno está al tanto de las falencias que tiene el sistema de cumplimiento alternativo, por lo que se está trabajando en un proyecto para fortalecerlo más.

El jefe del Departamento de Estudios de la DPP, Gonzalo Medina, señaló que los condenados con beneficios "son personas que no tienen antecedentes penales o una carrera delictual establecida".

Respecto de la cifra, la directora de Paz Ciudadana, Francisca Werth, sostiene que con un sistema de cumplimiento deficitario, "hay una alta posibilidad de reincidencia" de los narcotraficantes. "La reinserción y rehabilitación en libertad es más fácil que en la cárcel, pero si tuviésemos un sistema bien estructurado de cumplimiento de penas alternativas", dijo.

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Vida o muerte: Una inconsecuencia de la Concertación

Nota: Un dato no menor. Antes de este crimen, el 63% de los chilenos aprobaba la pena de muerte.

Estaba pensando sobre lo inconsecuentes que pueden ser los políticos concertacionistas cuando se trata de la vida y la muerte.

Hoy, se discute sobre la pena de muerte.

Los políticos de la Concertación se oponen, justificando que "no existe prueba de que la pena de muerte tenga algún efecto positivo para la sociedad"... en términos de disuadir a los criminales para que no cometan delitos aberrantes.

NO ESTA PROBADO que algo positivo se consiga con la pena de muerte, por lo tanto, no la apoyan.

Pero... ¿puede tener algún efecto negativo para la sociedad, sentenciar a muerte a un criminal comprobandamente culpable por un asesinato atroz?

El asunto es que QUIZAS la pena no puede conseguir nada positivo, pero tampoco produce nada negativo. Entonces, en términos de "utilidad" social, cuando mucho sería NEUTRA. Aunque si existe la POSIBILIDAD NO COMPROBADA de que tenga un efecto positivo, en términos de evitar crímenes.

Pero ahora veamos como la Concertación cae burdamente en una contradicción respecto a esos valores que dice defender.

Cuando hablamos de ABORTO o de la pildora del día después, la posición concertacionistas es justamente la opuesta.

Dicen respecto a la pildora: NO ESTA PROBADO QUE SEA NEGATIVA, en términos de ser abortiva. Es decir, existe la POSIBILIDAD NO COMPROBADA de que tenga un efecto negativo, en términos de poner fin a nuevas vidas en gestación.

Osea, en este caso, la posibilidad de que sea negativa existe... y... de producir un aborto, nada positivo genera (salvo matar a un ser vivo), pero ellos igual la apoyan.

Una postura absolutamente contradictoria sobre un mismo "bien" y riesgo... la vida, y la posibilidad de que se pierda.

Ni hablar de su intención por promover una ley que permita derechamente el aborto de fetos en gestación. Ahí, no existe duda de que produce algo negativo, en términos de poner fin a nuevas vidas... pero muchos concertacionistas igual son partidarios de impulsar esa ley.

A mi no me gustan las cosas ambiguas.

Uno tiene que tener posturas claras. Se defiende algo, o no se defiende. No puede ser que uno ajuste su valoración sobre la vida, dependiendo de cual vida se apagará.

No puede ser que uno defienda el derecho a la vida de un criminal que secuentra a una niña de 5 años, la viola, la golpea brutalmente hasta partirle la mandíbula y la cabeza y luego la arroja viva al mar... y acto seguido, defienda que se utilicen medicamentos que podrían terminar vidas de fetos, o impulse leyes que terminan con la vida de bebés, por un aborto.

¿En qué quedó la supuesta "defensa de la vida"?

Pareciera que la izquieda odia a los niños, o al menos los ven como un "mal" inevitable que hay que minimizar (no sería nada raro, porque la izquierda históricamente ha promovido la reducción de la natalidad, y ojo, que en Chile es negativa, osea, no nacen niños suficientes ni para reponer la población).

En todo caso, no es algo nuevo, la izquierda siempre tiene este tipo de ambiguedades que a mi en lo personal me chocan.

Por ejemplo, uno no puede declararse defensor de la democracia y la libertad de expresión, y luego partir a Cuba a rendirle homenaje al dictador más viejo del planeta, y negarse a una reunión con los opositores a ese dictador. Justamente lo que hizo nuestra presidenta.

Actualización:

Por cierto, yo no me opongo frontalmente a la píldora del día después, no creo que un óvulo fecundado no implantado sea un ser humano (otra cosa es que no creo que se le deba dar a niños de 14 años sin notificar siquiera a sus padres). Lo que critico es la falta de consistencia valórica concertacionista. Por lo demás, yo rechacé a Pinochet, así como rechazó a Fidel Castro, ellos no.

Además, y respecto a la pildora del día después, los concertacionistas dicen que la derecha pretende "imponer sus valores morales a toda la sociedad". En este caso, la Concertación LE IMPUSO a la sociedad la derogación de la pena de muerte, aunque la sociedad mayoritariamente la apoya, y desde antes de este crimen (63% la apoyaba semanas antes de este crimen, según una encuesta).

¿No es otra contradicción?

Finalmente, por cierto tiene más derecho a la vida un bebé que no pidió nacer, que un criminal que consciente y meditadamente realizó un crimen tan atroz. Este degenerado no actuó impulsivamente, no fue una cosa de un momento, de "locura" temporal, el tipo debió observar por largo tiempo a la niña, que era su vecina. El decidió -voluntariamente- realizar sus fantasías enfermizas.

¿Cuando la Concertación comenzará a pensar más en las víctimas que en sus agresores? y ¿podrán ser más consistentes en los valores que DICEN defender?

Instituto Libertad y Desarrollo: Chile debiera implementar reformas laborales propuestas por la OCDE

Chile debiera implementar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto del mercado laboral, aseguró el investigador del programa económico de Libertad y Desarrollo (LyD), Felipe Silva, en el marco del posible ingreso del país a dicha agrupación.

"Debemos considerar las recomendaciones que la OCDE entregó en materia laboral. Los últimos resultados en la materia, baja ocupación de los jóvenes y altas cifras de desempleo en toda la población, nos debiesen motivar a realizar verdaderas reformas laborales, porque la situación es grave", explicó Silva.

Silva sostuvo que la OCDE ha tomado postura y bastante clara. "Por ejemplo, ha dicho que es necesario modificar el régimen actual de indemnización por años de servicio por una indemnización a todo evento, fortaleciendo el seguro de cesantía", sostuvo.

"Esta idea toma gran fuerza cuando vemos que el sistema actual, dada su baja cobertura, no protege a los trabajadores cuando quedan desempleados, perjudica a los trabajadores más nuevos y puede hacer perdurar relaciones laborales poco productivas y de baja satisfacción", aseguró.

Al respecto, agregó que con una indemnización a todo evento "los trabajadores están más cubiertos, pues no existen restricciones para recibir el pago, y además, como se protege el ingreso y no el trabajo, se genera una mayor movilidad de puestos de trabajo y como resultado se obtienen ganancias en productividad, ganando tanto trabajadores como empresas".

"Hoy con Chile en recesión, cuando hay ciudades con cifras de desempleo que superan el 15%, cuando más del 20% de los jóvenes no encuentra un trabajo y en el primer quintil más del 60% se encuentra inactivo, es necesario un mayor sentido de urgencia por reformas", señaló el experto.

Para Silva, así como se apura el paso en proyectos que permitirían que nuestro país ingrese en plenitud a la OCDE, "deberíamos aprovechar y realizar ahora las reformas laborales donde el acuerdo técnico ha sido alcanzado hace rato y sólo falta la voluntad política".

"No sólo porque la entidad lo recomienda, es lo que hay que hacer porque los chilenos lo necesitan", enfatizó.

Artículo original

En Europa y EEUU los padres tienen alta responsabilidad civil por delitos cometidos por hijos menores de edad

Nota: Nuestros políticos tienden a cierto populismo, no van a pasar una ley impopular, aunque sea positiva y necesaria, menos en año de elecciones. Recuerden lo que pasó con los fotoradares. Prefieren que la gente se mate antes de hacer algo positivo pero impopular (los fotoradares se usan en TODOS los países desarrollados, y si uno no se pasa las luces rojas, no tiene nada que temer). Hacer responsables civilmente a los padres, sólo implica que pueden ser demandados monetariamente por los "pastelazos" que hagan sus críos menores, ¿acaso no se preocuparían más, si saben que van a tener que pagar por los daños que causen? (seguramente -en muchos casos- se preocuparían incluso más que si les puede suceder algo a sus hijos). Pero... ¿qué hacen los políticos? todo lo contrario, incluso a los padres se les quita -por ley- control sobre sus hijos. Darle la Pildora del Día después a menores de 14 años, a espaldas de sus padres, es sólo una demostración de esto. No me opongo a la pildora, lo que me parece pésimo, es que se excluya a los padres de un asunto que afecta la salud y educación de sus hijos.

España, Alemania y EE.UU. obligan a respuesta solidaria de los padres. Fuerte rechazo provoca en Chile la idea de endurecer la responsabilidad civil de los progenitores.

España, Alemania y EE.UU. aplican severas normas de responsabilidad civil a los padres o tutores legales de los hijos menores de 18 que cometen delitos.

La experiencia en estas naciones sale a colación a propósito del proyecto de ley que presentará en los próximos días el diputado Roberto Sepúlveda (RN), para afianzar la responsabilidad solidaria de los padres frente al daño que provocan las acciones ilícitas de sus hijos.

La propuesta busca terminar con la discrecionalidad de los jueces de la justicia civil, de fijar indemnizaciones por este tipo de acciones. Y, a cambio, establecería montos fijos respecto de delitos y/o cuasidelitos que deberían pagar los progenitores o tutores legales para reparar daños morales o físicos provocados por las acciones ilícitas de sus hijos menores de 16 años.

La idea provocó un inmediato rechazo entre legisladores y abogados, que no la consideraron viable para la realidad chilena (ver nota aparte).

Pero en España, por ejemplo, la ley establece que los padres o tutores legales responden "en todo caso" solidariamente por los daños causados por los hijos menores de 18 años.

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor española señala: "Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el juez según los casos".

Según explica el doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jean Pierre Matus, esto debe interpretarse como que el sistema invierte la carga de la prueba de la "negligencia" y sólo permite una "moderación" de la cuantía de la responsabilidad, si los padres prueban que no favorecieron intencional o imprudentemente la conducta del hijo. "Pero igual responden", afirma.

En cuanto a la fijación de las cuantías de indemnización, aunque éstas son determinadas judicialmente, existe la posibilidad de asegurar la responsabilidad civil derivada de los hechos constitutivos de delito, añade.

En los casos similares de Alemania y Estados Unidos, la contratación de "Seguros de Responsabilidad Civil" es obligatoria para todos los residentes mayores de edad.


Rechazo entre abogados y parlamentarios despierta la reforma al Código Civil

ENRIQUE CURY
Ex supremo. Penalista

"Yo creo que es muy poco feliz la idea. Las indemnizaciones tienen que fijarse tomando en cuenta una multitud de factores, entre otros, la gravedad del hecho, la culpabilidad comprometida, y dar normas generales para casos particulares es un disparate".

SAMUEL DONOSO
Penalista

"Fijar por ley un monto del daño es aberrante, porque el daño es variable, no es siempre el mismo, depende del delito. Lo razonable es que sea el juez quien la fije, una facultad que por ley tiene. Lo que en el fondo se busca es establecer una multa contra los padres".

OLGA FELIÚ
Consejera del Colegio de Abogados

"No me parece adecuado lo que se plantea, de una indemnización de monto fijo, porque eso en realidad no tiene un carácter reparatorio del daño. Yo veo que esto que se está estableciendo en sede civil, en el fondo se parece a una multa-sanción a los padres".

CRISTIÁN LETELIER
Penalista

"El proyecto está incompleto porque deberían restablecer primero las facultades correctivas que por ley tenía el padre de poder castigar moderadamente a su hijos, lo que se eliminó. No tenemos la facultad de sancionarlos para educarlos".

CRISTIÁN ARIAS
Penalista

"No parece racional confeccionar una tabla de equivalencias entre un tipo de delito cometido y el valor de la indemnización. Es como hacer una tasación económica de la vida, de cada parte del cuerpo que pueda resultar afectada. Es mejor dejarlo al criterio del juez".

PATRICIO WALKER
Diputado DC

"Lo más importantes es preocuparse de hacer transformaciones al interior del Sename para que se cumpla el objetivo de la rehabilitación con los adolescentes que están cumpliendo penas. Allí debe estar el énfasis y no en este tipo de propuestas".

JORGE BURGOS
Diputado DC

"Me parece un proyecto bastante absurdo. No tiene sustento jurídico. Hay que mejorar la ley de responsabilidad adolescente. Fui uno de los que me opuse a su puesta en vigencia porque no había condiciones para ponerla en marcha. El tiempo nos dio la razón".

FELIPE HARBOE
Diputado PPD

"Ciertamente se requiere que cuando un menor comete un delito, alguien se haga responsable de los perjuicios civiles. La ley establece que son los padres y eso se cumple. No es posible establecer sanciones adicionales en temas que tienen que ver con formación".

Interrogatorios en caso Aguayo

Uno de los menores que acompañaban a J.T.N.V. (15) y que fue casi el único que observó directamente la agresión del imputado en contra del fallecido Sergio Aguayo, fue interrogado ayer por el fiscal Andrés Iturra.

El testigo fue uno de los que dijeron haber visto el cuchillo -los otros cinco amigos niegan su existencia- y además graficó la forma en que J.T.N.V. propinó el certero golpe en la cabeza de la víctima, en avenida Las Condes.

Trascendió que el fiscal reinterrogará a los otros cinco jóvenes que acompañaban al agresor.

En tanto, ayer el fiscal citó a toda la familia Aguayo Muñoz a una reunión en la cual se les asignó atención sicológica especializada y se les informó del caso.

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