Este año hemos tramitado varios proyectos de ley relacionados con las recomendaciones que hizo la OCDE a nuestro país para poder incorporarse a esta. Estos tratan cuatro diferentes ámbitos: los gobiernos corporativos de las empresas públicas; la responsabilidad de las empresas en ciertos delitos económicos; el combate al cohecho, y los convenios para el intercambio de información tributaria.Para Chile, convertirse en un país miembro de esta organización reporta grandes beneficios. Pertenecer a la OCDE inmediatamente mejora nuestra imagen y nos posiciona como un país seguro y estable, comprometido con sus políticas económicas y con su institucionalidad. Además, como miembros de la OCDE tendremos acceso a la cooperación de su área de estudios, lo que nos permitirá contar con asesorías técnicas y académicas para la elaboración de políticas públicas de calidad.
Luego de la invitación recibida por el citado organismo en 2007, el gobierno de Bachelet ha manifestado un elevado interés en concretar nuestra incorporación a la OCDE antes de marzo de 2010. Esto por la elevada rentabilidad política de ser recordado como el gobierno en el cual Chile pasó a ser parte del “club de los países ricos”.
Sin embargo, la premura con la cual se está avanzando en cumplir con los estándares exigidos por la OCDE, ha dificultado llevar a cabo el análisis profundo y riguroso que se necesita para tratar estas materias. Las recomendaciones hechas por esta organización tienen por objetivo mejorar la institucionalidad y la calidad de las políticas públicas del país, acorde con los principios de democracia y libre mercado que alberga esta institución. Acoger estas observaciones sólo como requisitos de entrada, y trabajarlas aceleradamente, impide el necesario debate para buscar la manera más adecuada de incorporarlas a la institucionalidad chilena y así asegurar que estas efectivamente sean una contribución al progreso y desarrollo de nuestro país.
Artículo original
No hay comentarios.:
Publicar un comentario