Puede sorprender a algunos el vivo interés transversal -con escasas renuencias expresas- en que nuestro país se incorpore a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): después de todo, Chile pertenece a decenas de entidades internacionales, sin que el ciudadano promedio perciba en ello mayor beneficio o perjuicio. Pero este caso es efectivamente distinto, aunque el grueso de la ciudadanía aún no sepa bien por qué.Hace ya varios años que Chile ha venido avanzando en el proceso de ingreso a esta organización de 30 países, que agrupa a los más avanzados y desarrollados del planeta, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. México es el único país no desarrollado que pertenece al "club de los países ricos". El que Chile sea elegible para participar en él es indicativo del grado de desarrollo relativo que ha alcanzado y de la seriedad de sus políticas económicas y sociales, más allá de la discusión interna que ellas merezcan. Para lograr su ingreso, Chile ha sido sometido a un intenso escrutinio de sus indicadores de desarrollo y de avance de sus instituciones. Actualmente sólo faltan cuatro rubros -que Chile está completando- para que la OCDE esté en condiciones de aceptar su ingreso, posiblemente en noviembre próximo. Son ellos los gobiernos corporativos, la responsabilidad de las empresas en ciertos delitos económicos, los convenios sobre información tributaria, y la institucionalidad ambiental.
Respecto del primero, en el Senado se tramitan los proyectos de gobiernos corporativos privados y el de Codelco, que servirá de guía para otras empresas estatales. En el caso de la responsabilidad penal de las empresas, la Cámara de Diputados tramita una iniciativa que castiga los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionarios públicos con penas que incluyen multas y aun la disolución de la compañía. En cuanto a la información tributaria, el país requiere contar con legislación que permita, bajo ciertas circunstancias, acceder al secreto bancario, lo que analiza en este momento el Gobierno. En lo ambiental, la nueva institucionalidad que el país inauguró este año contribuirá a obtener las credenciales que se exigen en esta materia.
Pese a que algunos de los proyectos son discutibles en sus detalles, el ingreso de Chile a la OCDE justifica que el Ejecutivo y el Congreso busquen los consensos necesarios en los proyectos de ley conducentes a esta membresía. Ella no sólo es una fuente de prestigio -situaría a Chile en un pie internacional más alto en lo económico y político-, sino además impone una exigencia de calidad a las políticas públicas, lo cual coadyuvaría a evitar aventuras populistas que algunos pudieren querer impulsar.
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