Todo este panorama, nada alentador para el gas boliviano, exige que el Gobierno se decida a poner en YPFB y en el Ministerio de Hidrocarburos a profesionales que sepan del sector, porque ya ha comprobado hasta el hartazgo que funcionarios improvisados no dan resultados.Con actitud de improvisación, el Gobierno nacional comenzó a buscar mercados para el gas natural en el momento en que las ventas se han reducido a menos de la mitad de lo que fueron el año pasado, aunque el Ministerio de Economía diga que los ingresos del país sólo caerán en 12%.
Como si esta realidad se hubiera mostrado de un momento a otro y no fuera resultado de un proceso al que se llegó paso a paso, el Ejecutivo ha anunciado que está buscando vender el gas a Cuiabá, a Mato Grosso, a Uruguay e incluso a Chile, además de industrializarlo en el país con proyectos todavía no elaborados.
La crisis se ha gestado poco a poco, conforme los países vecinos fueron entendiendo que era mejor no confiar en el gas boliviano debido a la inestabilidad y a la incertidumbre. Se trata de una crisis de confianza, lo que confirma el criterio de algunos expertos que sostienen que vender gas es vender confianza, porque ningún país quiere depender de condiciones inseguras y poco fiables para abastecer de este combustible a su población.
La termoeléctrica de Cuiabá tiene una experiencia traumática con el gas boliviano, pues se le ha quitado dos veces ya, sin ninguna explicación, y sus administradores han optado por cambiar de matriz energética, usando fuel oil. Quizá esos funcionarios lo piensen dos veces antes de volver a recibir gas boliviano, pidan garantías, establezcan sanciones para el caso de incumplimiento o exijan precios muy bajos. Vender el gas a Mato Grosso será difícil, en vista de que ese estado brasileño conoce muy bien la experiencia de Cuiabá.
La posibilidad de llevar el gas a Uruguay es incierta, sobre todo ahora que Petrobras anuncia la perforación de la plataforma submarina de ese país, en busca de petróleo y gas. Y dependerá de que Argentina construya el gasoducto para recibir gas boliviano en el norte de su país, con la perspectiva de que desde allí se haga una prolongación hacia el Uruguay.
Y la venta a Chile es un tema conflictivo. Hay demasiados asuntos pendientes entre Bolivia y Chile, y quizá sea poco probable que las autoridades en Santiago acepten firmar algún contrato de compra de gas boliviano. En estos días, además, estaba llegando a la planta de Quintero el segundo buque cargado con gas natural licuado, que tiene un precio influido por la cotización internacional del gas, que en este momento es la más baja de los últimos siete años.
Quizá el único destino seguro para el gas boliviano sea el mercado interno. Instalar plantas termoeléctricas que permiten llevar el servicio a todos y cada uno de los hogares bolivianos, tendría que ser el primer objetivo. Llevar cables a todas las casas es más fácil y más barato que llevar tuberías con gas.
Habrá que acelerar el trámite para la instalación de equipos de gas natural comprimido en los vehículos que usan gasolina o diesel, en vista de que de esa manera se evitará las importaciones de combustibles y lubricantes que le cuestan tanto al país. Éstas crecieron desde 260 millones de dólares el 2006 hasta 530 millones el 2008, como consecuencia de la pésima gestión de YPFB. Todo este panorama exige que el Gobierno se decida a poner en YPFB y en el Ministerio de Hidrocarburos a profesionales que sepan del sector, porque ya ha comprobado hasta el hartazgo que funcionarios improvisados no dan resultados.
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