Promulgan ley que prohíbe uso del cheque en garantía en salud

La nueva normativa faculta a la Superintendencia para fiscalizar y sancionar con fuertes multas a las clínicas y hospitales que pidan este documento para atender a un paciente.

Con el objetivo de evitar los "abusos" de clínicas y hospitales públicos, este martes la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de un cheque en garantía o dinero en efectivo.

La normativa establece que el pago se deberá garantizar a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo entregadas por los empleadores, letra de cambio o pagarés, los cuales se regirán por las disposiciones contenidas en la ley. No obstante, el paciente también podrá voluntariamente dejar en pago un cheque o dinero en efectivo.

En los casos de emergencia debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá la actual ley que prohíbe la exigencia de cheques.

La Superintendencia del ramo será la encargada de fiscalizar a todos los prestadores de salud -públicos y privados- y, por primera vez, podrá sancionar las infracciones mediante la aplicación de multas que van desde 10 hasta mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde 360 mil hasta 36 millones de pesos.

"Esperamos que esto represente un efecto disuasivo contra las conductas prohibidas", dijo la Mandataria, ante la presencia de parlamentarios oficialistas y de oposición, a quienes agradeció especialmente por la aprobación de esta ley.

Bachelet enfatizó además que se requiere una sanción oportuna, lo que fue reafirmado a su turno por el Superintendente de Salud, Manuel Inostroza, quien sostuvo también que los pacientes que se vean perjudicados pueden hacer sus reclamos en la página web de la Superintendencia y personalmente en las oficinas regionales y del Sernac a lo largo del país.

Inostroza agregó que si los prestadores institucionales exigen el cheque en garantía, además de la multa se arriesgan a ser eliminados del registro de Prestadores Acreditados por un plazo de hasta dos años.

Si se trata de prestadores individuales, además de pagar una suma de dinero pueden sufrir la suspensión durante 180 días para otorgar las Garantías Explícitas en Salud, sea por intermedio de Fonasa o de las isapres, así como para conceder prestaciones en la modalidad de libre elección de Fonasa.

En caso de reincidencia dentro de 12 meses, los prestadores se exponen a una multa desde dos hasta cuatro veces el monto de la sanción aplicada por dicha infracción.

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Gobierno confirma que negó ingreso de grupo de ciudadanos vascos a Chile

Se trataría de integrantes de la ONG de la izquierda abertzale Askapena, la cual habría adiestrando a mapuche en territorio nacional en la utilización de armas de fuego

La ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, confirmó que se negó el ingreso al país a un grupo de ciudadanos vascos, porque que había información de que no pretendían realizar actividades turísticas como habían acreditado.

Se trataría de integrantes de la ONG de la izquierda abertzale Askapena, la cual habría adiestrando a mapuche en territorio nacional en la utilización de armas de fuego y en técnicas de guerrilla.

"Los antecedentes son que un grupo de personas que estuvieron en el territorio nacional, entraron con visa de turistas, posteriormente salieron de Chile y después intentaron reingresar, como teníamos información de que sus actividades no eran actividades específicamente turísticas se negó el acceso", explicó la portavoz de La Moneda.

La vocera de Gobierno no quiso ahondar en las actividades específicas que presumiblemente intentaban realizar estas personas en el país, aduciendo que se trata de "temas de seguridad".

"Esto es una cosa que se hace permanentemente con extranjeros que entran al país bajo la idea de que van a venir a hacer turismo y tenemos antecedentes de que no es así y además es lo que hacen otras naciones cuando chilenos intentan ingresar con visa turística y les merecen dudas de que ese sea realmente su verdadera intención", agregó Tohá.

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Chile regulará los videojuegos que contengan violencia

Una ley chilena exigirá informar sobre el nivel de violencia, mientras en Estados Unidos y Alemania ya están pensando en prohíbirlos.

Aunque llame poderosamente la atención, los videojuegos en Chile deberán tener un envoltorio que en el 50% de su superficie advierta sobre los grados de violencia que éste contenga.

"Acá no existe una legislación. Acá cualquier persona puede vender lo que quiera a quien quiera. Pero, claramente, hay juegos para niños y otros para adultos y nosotros hemos optado por usar el mismo sistema de calificación que en Estados Unidos para advertir a los padres sobre los contenidos de los videojuegos", dice Aída Worthington, de la empresa Synargex que importa y distribuye videojuegos en Chile.

Justo eso es lo que la ley quiere cambiar. "Esa nomenclatura no es la de los chilenos. Lo que quisimos es que hubiera una clasificación propia", explica el diputado UDI Gonzalo Arenas, gestor del proyecto.

De aprobarse, la nueva ley considera tres clasificaciones: "Apto para todo público", "Juego violento, sólo apto para mayores de 13 años" y "Juego excesivamente violento, sólo para adultos".

En la lógica estadounidense, las clasificaciones son siete y se reconocen por iniciales. EC ( early childhood ), para mayores de 3 años; E ( everyone ) para mayores de 6; E10+, para mayores de 10; T (teen), para mayores de 13; M ( mature ) para mayores de 17; AO ( adults only ), para mayores de 18 y RP ( rating pending ), el título está en espera de clasificación.


Este proyecto está en línea con la discusión que hoy se vive en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Claro que con una gran diferencia: allá los legisladores están por prohibir los videojuegos violentos. Y ya han logrado sacar algunos del mercado, como Manhunt 2, que fue prohibido en Inglaterra e Irlanda.

En Brasil, el año pasado un juez prohibió la importación, distribución y venta de "Bully", que se basa en un niño que practica el matonaje. Otro juego siempre en la polémica es el Gran Theft Auto, un ícono de los videojuegos violentos y que muchos padres ya están empezando a identificar y a sacar de las consolas de sus hijos.

En Alemania, la discusión en estos días está al rojo, pues a la propuesta de 16 ministros del Bundestag de prohibir la producción y distribución de videojuegos violentos, vino la reacción de la ciudadanía.

En ese país un proyecto de ley puede rediscutirse si al menos 50 mil personas lo piden. Y los alemanes ya han reunido 67 mil firmas, de manera que la ley que estaba prevista para septiembre podría verse retrasada.

En Estados Unidos, el Congreso está en pleno debate, también con la intención de prohibirlos, y hasta el Presidente Barack Obama llamó a los padres a mantener a sus hijos lo más lejos posible de las consolas. El gobierno, eso sí, puso una página en internet donde las personas pueden explicar cuál es el valor de los videojuegos, para incorporar esa mirada al debate legislativo.

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Moluscos peruanos prohibidos en Europa

Nota: Chile importa muchos productos desde Perú, sería bueno saber si existe algún riesgo para la salud.

Se cumplió. Hace menos de un mes, este diario denunció la punible inacción del gobierno peruano, a través del Ministerio de la Producción, Produce, frente a la suspensión impuesta por la Comisión Europea sobre las exportaciones de moluscos peruanos, a raíz de un brote de hepatitis A, en un puerto de Valencia, España. Informamos, además sobre el fracaso de las inspecciones encargadas para mejorar nuestro sistema sanitario por falta de colaboración de las autoridades; y dijimos que lo que iba a ocurrir probablemente era un alargamiento de la suspensión hasta finales de año, como si al Perú le sobraran mercados a estas alturas de la crisis internacional.

Recién el último miércoles, 25 de marzo, una delegación del Produce, encabezada por el viceministro de Pesquería, Alfonso Miranda, e integrada por el jefe del Instituto Tecnológico Pesquero ITP y la directora de Sanidad Pesquera, acudieron a la Comisión de Producción del Congreso para aclarar esta denuncia, y lo que dijeron fue que el Perú había decidido pedir que la Unión Europea envíe una misión para inspeccionar las áreas productoras, lo que debía hacerse a la brevedad posible para evitar que se extienda la prohibición. Y, como si el entredicho fuera sobre supuestos, el viceministro declaró que no estaba comprobado el contagio de los ciudadanos españoles. Pero nadie recordó entonces que el ex ministro Rey había pedido oficialmente disculpas a ese país por este caso.

El hecho es que mientras se ganaba tiempo frente a los parlamentarios, y en el ITP se iniciaba una razzia contra los técnicos, sancionando a los que se imaginaban que eran los responsables de “infidencia” hacia la prensa, las cosas seguían su curso en la Comisión Europea, donde los procedimientos simplemente se cumplen. Así, el 26, el día siguiente de la presentación ante el Congreso, una implacable decisión recordaba que la suspensión anterior fue establecida como medida de emergencia por “la contaminación con el virus de hepatitis A de determinados moluscos bivalvos importados del Perú, de los que se constató que habían originado un brote de hepatitis”. (¡Cómo que no estaba comprobado!).

Y añadía: “las autoridades peruanas han facilitado determinada información sobre las medidas correctoras aplicadas para mejorar el control de la producción de moluscos bivalvos destinados a ser exportados a la Comunidad. Sin embargo, dicha información es insuficiente y debe realizarse una inspección de la Comisión en el Perú”. De donde se sucedían los siguientes acuerdos: sustituir la fecha 31 de marzo, por 30 de noviembre del 2009, como tiempo de vigencia de la suspensión, y comprender a todos los estados miembros de la UE en los alcances de la medida. O sea a cinco días del plazo, nuestro país estaba deshojando margaritas para pedir otra misión, y Europa estaba decidiendo expulsarnos de su mercado por ocho meses más.

Mientras la ministra Conterno anunciaba una “estrategia de reforzamiento de las exigencias porque queremos aprobar cualquier auditoría” (Andina 24 de marzo), la UE estimaba que la información peruana entregada en cinco meses de suspensión era aún insuficiente. ¿Quién es responsable ahora? ¿Cuántos puestos de trabajo tambalean por la prórroga de la suspensión? ¿Dónde está el problema, en la prensa que investiga o en las autoridades que incumplen su responsabilidad?

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