Nota: Esto de verdad es grave. Una pésima idea, que tiene el potencial de producir un daño mayor, restando utilidad y libertad al uso de internet.
De acuerdo al proyecto presentado por el gobierno, quién definirá si estoy bajando contenido ilegal o compartiendo contenido de uso libre en internet, serán las mismas empresas proveedoras de internet, a las que -además- se les entrega una excusa para actuar... si no cortan las conexiones de usuarios conectados a redes P2P, serán sancionadas.
Este proyecto es un disparate, porque crea un incentivo bastante perverso.
A las empresas de internet LES CONVIENE cortar la conexión de usuarios que consumen demasiado ancho de banda (aunque estén compartiendo contenido legal). Hay directamente involucrado un interés económico y con esta ley, van a convertir a estas empresas en juez y parte... menos tráfico de datos significa menos costos para ellas. Al reducir sus costos, las empresas aumentarán sus ganancias ¿o creerán que van a reducir los precios de los planes de internet porque se terminó la descarga de contenidos desde redes P2P? No. Simplemente reducirán el tráfico de datos y por ende, sus costos de operación, y como resultado aumentarán sus ganancias.
Pero eso no es todo, ese es sólo un aspecto injustos de esta ley.
Los proyectos de "código abierto" (Linux, OpenOffice, etc), "cine abierto" (cada día más popular, especialmente el cine de animación 3D) y grupos musicales amateur, usan las redes de intercambio de contenidos para distribuir masivamente su material en igualdad de condiciones que las grandes corporaciones, sin tener que asumir un costo prohibitivo... ésto hace que la internet sea un medio más democrático.
Luego, están en juego varias cosas en este asunto: por un lado, el interés de los proveedores por reducir el consumo del ancho de banda (para aumentar sus ganancias), por otro, una ley que les permitirá hacerlo arbitrariamente, pues al no existir la posibilidad técnica de discernir entre el contenido legal e ilegal en las redes P2P, se procederá a desconectar a los usuarios de acuerdo al volumen de tráfico que consuman (o simplemente se impedirá el acceso -a todos los usuarios- a las redes de P2P, con la excusa de estar las empresas expuestas a una sanción por parte de la autoridad). Finalmente, está el interés de los usuarios y los generadores de contenido independiente por consumir ancho de banda y distribuir libremente -a bajo costo- contenido lícito en forma masiva.
Se enfrentan, por un lado, las empresas proveedoras de internet, y por otro, los usuarios y creadores de contenidos, pero con esta ley, claramente la balanza se inclina -sin justificación- a favor de los proveedores de conectividad, perjudicando la calidad del servicio, reduciendo -además- la diversidad y libre acceso a los contenidos en internet.
¿No acusa constantemente el gobierno a la derecha de ser antidemocrática y de defender los intereses de los empresarios? ¿acaso no está haciendo el gobierno exactamente eso en perjuicio de los usuarios que pagan por el acceso a internet? ¿acaso el gobierno es incapaz de perciber que ésto es un atentado a la libertad de expresión y la libre distribución de contenido legal, y que dará ventajas ilegítimas a las grandes corporaciones? ¿por qué siempre se tiende a dañar al pequeño pasa beneficiar al grande?
Nuestras leyes son bastante malas... sólo eso puede explicar que se puede indultar a un narco que ingresó media tonelada de droga al país y al mismo tiempo, se envíe presa a una anciana por tener un gato.
Este es un problema complejo, pero no se puede dar una solución tan simplista y abitraria, que termine perjudicando un servicio público por el que los usuarios pagan (bastante caro). Se quiere sacar la castaña del fuego, con las manos de los usuarios.
Me interesa saber qué opinan los candidatos respecto al proyecto en cuestión, aunque seguro dicen algo y luego hacen otra cosa.
El diputado UDI Gonzalo Arenas afirmó que la iniciativa, que se acerca a su último trámite constitucional, persigue una "censura encubierta", y la calificó de "abusiva", indicando que con otros legisladores pedirán su rechazo, o que sea declarada inconstitucional.
Controversia ha provocado el proyecto de ley que ha instancias del Gobierno considera el corte en el suministro del servicio de internet para usuarios que sean acusados de descargar música o películas de la red, junto con la atribución de clausurar sitios web considerados "sospechosos" de facilitar este tipo de descargas.
El diputado UDI Gonzalo Arenas afirmó que la iniciativa, que se acerca a su último trámite constitucional, persigue una "censura encubierta", y la calificó de "abusiva", indicando que con otros legisladores pedirán su rechazo, o que sea declarada inconstitucional.
"El Gobierno -afirmó el diputado Arenas- esta ejerciendo un poder de censura ilimitado en Internet, lo cual atentan contra las garantías y libertades básicas de los usuarios de este servicio en nuestro país", acusó.
"Es un hecho abusivo y que vulnera los derechos básicos de los ciudadanos; este proyecto de ley presentado por el Gobierno (Boletín 5012-03) y que establece importantes modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual" indicó el parlamentario, presidente de la Comisión de Economía.
Arenas indicó sobre la sanción contemplada en el proyecto que "ni siquiera se señala por cuánto tiempo (es)".
"Es sumamente grave pues la inmensa mayoría de los usos que hoy hacen, principalmente los jóvenes de internet, es precisamente compartir videos y música, además, el proyecto establece una verdadera amenaza contra los ISP proveedores de conexiones a internet", dijo. Esto porque los insta a bloquear o eliminar el acceso a páginas web que consideren sospechosas de descargas no autorizadas, para ser eximidos de responsabilidad.
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