Revelan que el 52% de traficantes condenados está en libertad

Nota: No es de extrañar, si luego las propias autoridades promueven liberar el consumo de marihuana en grupo, en lugares privados, y aunque los expertos dicen que la marihuana es usualmente el iniciador en el consumo de drogas más duras. Para empeorar las cosas, el aumento de la violencia está relacionado directamente al mayor consumo de drogas.

Según cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), de los más de mil sentenciados por drogas en el primer semestre, más de la mitad fueron favorecidas con reclusión nocturna o libertad vigilada.

Durante el primer semestre de 2009, el 47,6% de los traficantes condenados fue a la cárcel. Más de la mitad de los sentenciados, el 52%, cumple su castigo en libertad, vigilados por Gendarmería, pero con beneficios.

Según estadísticas de la Defensoría Penal Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, entre enero y julio de este año, 1.381 personas fueron condenadas por tráfico. De ellas, 720 recibieron beneficios. En el caso del microtráfico, es decir los condenados por la venta de drogas en pequeñas cantidades, la cifras es mayor: el 71% de ellos está en la calle.

Así, el gran porcentaje de los condenados por tráfico y microtráfico que no va a la cárcel queda sujeto a medidas alternativas como la reclusión nocturna, libertad vigilada o remisión de la pena, en la que se suspende la condena. Todas estas medidas están dispuestas en la Ley 18.216, que rige para todos los delitos. Los narcos que gozan de estos beneficios quedan bajo el monitoreo de Gendarmería a través de un delegado de libertad vigilada que tiene, en promedio, 60 sentenciados a su cargo.

El senador RN, Alberto Espina, califica como una "vergüenza" que la mayoría de los traficantes gocen de beneficios. "En cualquier país que más del 50% de los condenados por narcotráfico estén libres, es la peor señal que se puede dar respecto a un delito tan cobarde". Agregó que el sistema de cumplimiento alternativo está colapsado. "Ese porcentaje de narcotraficantes que queda libre se pasea tranquilamente".

Según Paz Ciudadana, este sistema ha demostrado falencias de fiscalización y de reinserción de los condenados. Por eso se han presentado proyectos para fortalecerlo.

Ante la cifra, el subsecretario (s) de Justicia, Patricio Reyes, sostuvo que "el gobierno ha sido implacable con la persecución de la delincuencia y el narcotráfico". Agrega que "la ley establece medidas alternativas, no son beneficios. La persona cumple la pena de una manera distinta, con restricciones". Sostiene que si quebranta la pena, puede ser encarcelado.

Añadió que el gobierno está al tanto de las falencias que tiene el sistema de cumplimiento alternativo, por lo que se está trabajando en un proyecto para fortalecerlo más.

El jefe del Departamento de Estudios de la DPP, Gonzalo Medina, señaló que los condenados con beneficios "son personas que no tienen antecedentes penales o una carrera delictual establecida".

Respecto de la cifra, la directora de Paz Ciudadana, Francisca Werth, sostiene que con un sistema de cumplimiento deficitario, "hay una alta posibilidad de reincidencia" de los narcotraficantes. "La reinserción y rehabilitación en libertad es más fácil que en la cárcel, pero si tuviésemos un sistema bien estructurado de cumplimiento de penas alternativas", dijo.

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En Chile los altos funcionarios del Estado se realizarán un test para saber si consumen drogas

Es una disposición del Gobierno Nacional, que tiene como objeto que quienes se desempeñen en cargos de gobierno no sean consumidores. Aquellos, que arrojen resultados positivos, deberán iniciar un tratamiento.

Michelle Bachelet -presidente de Chile-, anunció que en ese país, se aplicarán 600 exámenes a altos funcionarios de gobierno, para determinar el consumo de drogas. Una medida similar, ya se llevó a cabo en el Poder Judicial chileno, en el marco de la nueva Ley de Drogas, que estipula que quienes se desempeñan en cargos gubernamentales, no deben consumir ciertos estupefacientes, sin razones médicas.

Patricio Rosende -viceministro de Interior-, explicó que lo que se busca es "contar con procedimientos que disminuyan el riesgo de consumo de drogas en las personas que desempeñen altos cargos". Los controles se harán, con fondos públicos, y los realizarán laboratorios privados, que darán a conocer los resultados sólo al ministro del área y al afectado.

Las pruebas se darán sobre determinadas sustancias, como marihuana, clorhidrato de cocaína, opiáceos, éxtasis y anfetaminas, y quienes den positivo al consumo de alguna de ellas, tendrán que someterse a un tratamiento, si pretenden seguir ocupando su cargo.

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