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viernes, septiembre 18, 2009

Chile ingresa oficialmente al Tribunal Penal Internacional

Chile oficializó su ingreso al Tribunal Penal Internacional (TPI) como miembro activo y permanente.

Así lo anunció el Embajador de Chile en Francia, Juan Antonio Martabit, al periódico chileno La Segunda; destacando que "si bien fue el resultado de los esfuerzos de muchos sectores de la sociedad, se debió principalmente al interés de la Presidenta Michelle Bachelet de considerarlo como el objetivo primario de su gobierno."

Al respecto, recordó que fue necesario modificar la Constitución Política chilena; instancia que requirió de un complejo trabajo legislativo.

Por su parte, el presidente del TPI, San Hyun Song, recordó que "Chile, uniéndose al Estatuto de Roma en 1999, dejó en claro su compromiso con la visión precisa de nuestro futuro humano común de responsabilidad y justicia para los crímenes de guerra, contra la humanidad y el genocidio."

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jueves, septiembre 03, 2009

Reforma Procesal Penal: En defensa de las víctimas

Nota: La Reforma Procesal Penal sólo da garantías a los delincuentes, no así a las víctimas, que quedan desamparadas (incluso impedidas de ir a juicio si la fiscalía decide acordar algo con el criminal, a espaldas de la víctima). Y no exagero, el papel de la fiscalía es defender a "la sociedad" frente a los criminales, no a las víctimas, que literalmente quedan a su suerte. ¿Por qué no se ha cambiado ésto si se sabe que hay un desbalance? Simplemente, porque no hay voluntad política de aceptar y corregir el error. Además, la izquierda tienden a ver a los delincuentes más como "víctimas" (de la sociedad) que como victimarios, entonces, tratan de no ser "demasiado duros".

Marcela Fajardo, de Pro Bono, afirma que el fiscal no es suficiente y han debido salir en apoyo de los afectados por delitos. Devela así, la cojera de la reforma penal. “Sin un abogado querellante, la víctima no tiene derecho a pataleo”, afirma.

La directora ejecutiva de Pro Bono cuenta que la fundación debió asumir el rol de defensa de las víctimas en casos de delincuencia y violencia, porque la fiscalía está superada o no satisface los intereses del particular afectado. Con esto, deja en evidencia la ‘cojera’ de la reforma penal hecha.

Cuando partieron, hace casi 10 años, los motivaba la tremenda demanda de los ciudadanos de escasos recursos por soluciones a problemas tan comunes como la partición de una herencia o un arbitraje. Entonces, recurrir a una corporación de asistencia judicial no era la solución –hoy tampoco- y ellos asumieron ad honorem esa labor.

Hoy, las cosas han presentado un giro. La puesta en marcha de la reforma procesal penal hizo patente la necesidad de dar asesoría legal personalizada a las víctimas, las cuales no necesariamente son representadas por el Ministerio Público y sus fiscales.

La directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, Marcela Fajardo, deja en evidencia esta nueva realidad indicando que debieron armar una red de abogados penalistas para asumir el rol de querellante en casos de violencia intrafamiliar y escolar y delincuencia.

-¿Cómo explicas este giro que se ha dado?

“Sí, la fundación nace como apoyo legal en un ámbito social de personas que no tenían acceso a la justicia y hoy hemos asumido un rol de apoyo a las víctimas de delitos violentos que, si bien tienen al fiscal, que representa al Estado, quedan marginados del sistema como es en la petición de indemnización de perjuicio.

-Llama la atención este giro porque se pensaba satisfecha la protección de la víctima con la figura del fiscal, más considerando que el delincuente tenía a la Defensoría. ¿La reforma quedó coja?

“Sí, hay casos en que el fiscal los representa en sus reales e íntegros intereses, pero en otros no. Es patente cuando se trata de violencia intrafamiliar, dónde la víctima necesita medidas de protección y quedan marginadas del sistema y en muchos casos, para pedir una reparación económica tienen que esperar que termine el juicio penal, para partir con el civil cuando podrían hacerlo ahí mismo.

“Además, se da que los abogados querellantes que representan a la víctima tienen una sensibilidad distinta a la del Ministerio Público o donde se necesita un abogado que maneje bien algunos temas como el género. Hay casos que ameritan la intervención de un profesional en defensa de los intereses de la víctima”.

Para graficar esto, trae a colación el caso de un taxista que atropelló a un ciclista y a consecuencia de ello, éste falleció. El drama era mayor porque la viuda era una enferma terminal de cáncer con cuatro hijos. Pro Bono intervino y consiguió una reparación económica y hoy, ambos, chofer y viuda tienen una relación.

“Creemos que debemos estar cuando la presencia de un abogado es un plus para la víctima, con un enfoque distinto o va a ir un escalón más arriba que el fiscal”, explica Marcela.

-¿Esta labor no debiera asumirla el Estado con un corporación nueva de defensa de la víctima?

“Absolutamente, este es rol del Estado. El Estado es el llamado a dar una repuesta a la víctima y si bien no me gusta el concepto de Defensoría de las Víctimas- porque muchas veces el abogado que interviene en su favor sin ser necesario, lo entorpece-. Muchas veces basta el fiscal, pero hay que tener ojo con las situaciones especiales que hay que ir previéndolas, acogiéndolas y dándole una repuesta adecuada.

“Esta posibilidad hoy el Estado no la está brindando y debería hacerlo en muchos casos. Si bien en el Ministerio Público hay unidades especializadas, no dan abasto como es en el caso de abusos de menores. Nosotros atendemos muchos casos en donde se necesita una mirada distinta que vele por los derechos de los niños”.

-¿Estamos, entonces, ante un vacío o los fiscales están superados?

“Es una mezcla de las dos, creo que hay fiscales superados y el sistema funciona con fiscales que pueden ver todo el caso y no donde algunos llegan a la primera audiencia y recién ahí leen el expediente. Se requiere fiscales que tengan una participación en el juicio y no algo tan despersonalizado como se da hoy”.

La misma profesional aclara que Pro Bono no postula que los abogados se conviertan en psicólogos de las víctimas, cuestión que deben asumir otras instituciones y así quedó explicitado en el convenio que se firmó con el Ministerio del Interior. “Si bien el abogado busca una reparación psicológica, no debe ser ese el objetivo para ponerse y por eso deben intervenir otras instituciones, pero sí, el abogado debe poner ciento por ciento su expertise en el caso”, afirma.

Marcela Fajardo también aclara que como fundación “no pretenden convertirse en el brazo armado del Estado” destinado a ‘secar’ a los delincuentes en la cárcel. El foco está puesto en las víctimas, insiste.

“Tenemos súper claro que esto es rol del Estado, pero si éste no lo hace no nos podemos cruzar de brazos y decir pucha, qué pena”, señala, cuando aclara que son otras ONG llamadas a hacer el lobby para encontrar una solución a través de un proyecto específico de institucionalidad.

-¿Sin considerar la estratificación económica, todas las víctimas tienden a conformarse con la presencia de un fiscal o recurren a un abogado particular?

“Diría que los de estrato alto recurren a un abogado particular, aunque no todos los hacen. Los otros estratos no tienen ni una posibilidad de hacerlo.

“Hay un tema cultural que hace que todos quieran contar con un abogado, y además, el fiscal puede perseguir un resultado distinto al que desea la víctima. Tu abogado es tu voz en el juicio, el fiscal no lo es. Puede que tenga la misma voz en algunos casos, pero como no es tu abogado no lo puedes dirigir. De hecho, el fiscal puede querer cerrar el juicio y sin un abogado querellante la víctima no tiene derecho a pataleo”.

En todo caso, la profesional hace una confidencia: “a nosotros, y esto es positivo, nos ha llamado la misma Fiscalía pidiéndonos que en ciertos casos pongamos un abogado querellante” lo que permite una colaboración.

Uno de las demandas que más se han incrementado en Pro Bono es la asistencia a padres que quieren una solución a los casos de bullying que se da en los colegios. “Siempre ha existido el bullying, pero no tenía una cara tan mediática y los padres nos comenzaron a llamar preguntando por la responsabilidad de los establecimientos”, dice.

Cuenta que en las primeras gestiones, las autoridades educativas explicaban que se trata de casos en donde la víctima era niño problema que tenía que ser derivado al psicólogo y sino, que los padres debían arreglárselas entre ellos, pero hoy el panorama ha cambiado y persiguen una reparación.

Marcela Fajardo cuenta también que el año pasado consiguieron la primera sentencia efectiva en Chile por un caso de grooming, donde una niñita de 11 años fue acosada por Internet y esto a pesar de que no existe la figura penal. Para eso se necesitaba abogados súper especializados.

-¿Qué explica este fenómeno?

“Que las cosas van pasando muy rápido en la sociedad y requieren una respuesta, donde las instituciones no las están entregando. Cuando partimos con el tema de bullying, hace dos años, era algo sumamente desconocido y sin legislación y pensamos que esto iba a explotar, por lo que quisimos adelantarnos.

“Esto se tradujo en un manual que elaboró el estudio Grasty Quintana Majlis. Ellos investigaron derecho comparado, qué estaba pasando en Chile y emitieron un documento que está muy vigente. El bullying fue creciendo, entre hombres y mujeres, además se suman las plataformas donde se hace más masivo como Internet y son muchas las formas como se puede vulnerar a un niño, no sólo los golpes, sino que con la exclusión o discriminación. Previmos que esto iba a derivar en un foco de violencia porque hay un brote manifiesto en la sociedad de solucionar todos los conflictos con la pelea”.

Al respecto, dice que si los colegios no asumen una postura frente a esto y promueven un cambio cultural, esto se va a convertir en algo complejo porque es transversal, no hace distingo ni de género, edad ni estrato socioeconómico.

“En mi época más de alguno sufrió con un sobrenombre, y alguna humillación, pero nosotros hemos constatado abusos sexuales entre escolares dentro de los colegios y muchos son delitos”, señala.

-¿Y qué reparación buscan?

“Bueno, primero hay que hacer entender al colegio que tiene que accionar, hay que hacer entender a los colegios que sí son responsables; algunos dicen es un juego, pero tú sabes que no lo es y por algo no permites que en tu casa tus hijos jueguen con patadas y puñetes.

“Ahora, si no lo quieren entender hay que actuar y pedir una indemnización de perjuicio y accionar civilmente. La sanción puede ser administrativa como el cierre o suspensión del sostenedor además de la indemnización económica. Además, está el castigo penal que le corresponde, en forma personal, al victimario si dejó lesiones graves o leves”.

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Industria de guardias privados ya mueve suma equivalente al 70% del presupuesto anual de Carabineros

Nota: Obviamente, esto es reflejo de la inseguridad creciente que viven los ciudadanos. Resultado del incremento de la delincuencia -medido por el propio gobierno- y no, como acusan algunos, como resultado de los contenidos editoriales de los medios. Como ven, tener menos violencia y crímenes que los demás países latinoamericanos, no basta.

El mercado de la seguridad privada ya mueve unos US$ 950 millones, más del presupuesto anual de Carabineros, que llega a US$ 832 millones.

Hoy el mercado de seguridad en Chile factura US$ 950 millones por año, y uno de los sectores que más dinero representa es el de los guardias de seguridad. Según datos de la consultora Leemira, en 2008 este mercado recibió cerca del 60% del total de ingresos del sector, alcanzando los US$ 570 millones. Esto representa más de la mitad del presupuesto anual que tiene Carabineros, que este año asciende a cerca de US$ 832 millones (70% de lo que factura al año el mercado total de la seguridad), con una dotación de 42 mil funcionarios en el país. Mientras, en la PDI se destinan cerca de US$ 264 millones al año, con 9 mil funcionarios.

Cifras que el mercado de guardias privados supera con creces, ya que el número de personas que se dedica a este rubro, según el OS-10 de Carabineros, llega actualmente a 91.147, más 8.610 vigilantes privados. El número total, sin embargo, llegaría a 120 mil -según datos del OS-10 de Carabineros- si se incluyen los guardias no acreditados que existen en el país.

A juicio de Daniela Godoy, investigadora del Instituto Libertad, "la sensación de inseguridad en nuestro país es bastante alta. A nivel nacional la percepción de las personas que consideró que la delincuencia en el país se incrementó en los últimos doce meses ascendió en 2008 a un 80%".

Pero el combate a la delincuencia no es la única razón que explica el auge de la vigilancia privada. En el sector también señalan que están siendo cada vez más requeridos para acompañar a los niños al colegio o para esperarlos cuando van a alguna fiesta. Asimismo, también ha crecido la necesidad de contar con guardias de seguridad en fiestas privadas, por si hay algún tipo de desorden.

Y es que, según explica el consultor de temas de seguridad Jorge Lee, "al contratar guardias la gente se siente segura".

Según señala el coronel Alberto Etcheberry, jefe del OS-10 de Carabineros, la labor de estos guardias se complementa de buena manera con la que realiza la policía uniformada. "Normalmente se genera un flujo de información entre Carabineros y los organismos de seguridad, lo que ayuda y es complementario", explica.

Atomizado y creciente

La mayoría de los guardias de seguridad son parte de alguna empresa contratista de este tipo de servicios, de las cuales existen actualmente cerca de 1.170, cuyo servicio es principalmente demandado en el área industrial. Pero el crecimiento del sector en el país se ha dado de forma atomizada y cerca de la mitad del mercado está formada por empresas que tienen menos de 100 guardias.

Esto, mientras cerca del 4% de estas entidades tiene un staff de más de 3 mil personas, según datos del último estudio de la consultora Leemira.

Sin embargo, las cosas tenderían a cambiar. Según explica el coronel Alberto Etcheberry, en la medida que la gente vaya solicitando mayor calidad del servicio, las empresas más grandes comenzarán a subir su participación de mercado.

El aumento en la demanda en el sector ha hecho que no sólo hayan proliferado las empresas de capitales nacionales, sino que también los ojos extranjeros han recalado en el país. Es así como este año, WorldWide Security fue comprada en julio por la empresa sueca Securitas, por US$ 10,5 millones.

Acreditaciones

Los expertos ponen énfasis en que no se debe privilegiar el precio, para no caer en servicios sin acreditación.

"Deben manejar sus impulsos, saber administrar los eventos que puedan ocurrir y ser capaces de mantener la calma", explica el coronel Etcheberry al momento de describir algunas de las características que deben tener quienes quieran ser guardias de seguridad, además de ser mayor de 18 años, ser chileno, contar con octavo básico y no haber sido condenado por crimen o simple delito. Pero lo que marca la diferencia entre quienes prestan el servicio de manera legal y quienes no, es la acreditación. Ésta se obtiene mediante un curso de 90 horas de capacitación (en una de las 274 entidades del rubro) el que pueden realizar sólo quienes estén contratados por una empresa de seguridad. La instrucción tiene un valor entre $75 mil y $90 mil.
  • 80 mil guardias privados había en 2008, 10 mil menos que hoy.
  • 1.872 multas a empresas de guardias se han cursado en lo que va del año.
  • 274 empresas capacitadoras de guardias privados existen en el país.
  • $180 mil al mes líquido ganan en promedio los guardias de seguridad.
  • $400 mil al mes puede costar contratar un guardia para cuidar la casa.

Algunas empresas:

G4S: empresa estadounidense con 8 mil 400 guardias en el país.

Securitas: de capitales suecos, con una dotación de más de 3 mil personas en Chile.

Prosegur: compañía española que a nivel nacional tiene cerca de 3 mil guardias.

Patroll: empresa chilena que opera con cerca de 2 mil 800 guardias.

Seguricorp: propiedad de Central de Restaurantes, con cerca de 1.800 guardias.

domingo, agosto 30, 2009

Revelan que el 52% de traficantes condenados está en libertad

Nota: No es de extrañar, si luego las propias autoridades promueven liberar el consumo de marihuana en grupo, en lugares privados, y aunque los expertos dicen que la marihuana es usualmente el iniciador en el consumo de drogas más duras. Para empeorar las cosas, el aumento de la violencia está relacionado directamente al mayor consumo de drogas.

Según cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), de los más de mil sentenciados por drogas en el primer semestre, más de la mitad fueron favorecidas con reclusión nocturna o libertad vigilada.

Durante el primer semestre de 2009, el 47,6% de los traficantes condenados fue a la cárcel. Más de la mitad de los sentenciados, el 52%, cumple su castigo en libertad, vigilados por Gendarmería, pero con beneficios.

Según estadísticas de la Defensoría Penal Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, entre enero y julio de este año, 1.381 personas fueron condenadas por tráfico. De ellas, 720 recibieron beneficios. En el caso del microtráfico, es decir los condenados por la venta de drogas en pequeñas cantidades, la cifras es mayor: el 71% de ellos está en la calle.

Así, el gran porcentaje de los condenados por tráfico y microtráfico que no va a la cárcel queda sujeto a medidas alternativas como la reclusión nocturna, libertad vigilada o remisión de la pena, en la que se suspende la condena. Todas estas medidas están dispuestas en la Ley 18.216, que rige para todos los delitos. Los narcos que gozan de estos beneficios quedan bajo el monitoreo de Gendarmería a través de un delegado de libertad vigilada que tiene, en promedio, 60 sentenciados a su cargo.

El senador RN, Alberto Espina, califica como una "vergüenza" que la mayoría de los traficantes gocen de beneficios. "En cualquier país que más del 50% de los condenados por narcotráfico estén libres, es la peor señal que se puede dar respecto a un delito tan cobarde". Agregó que el sistema de cumplimiento alternativo está colapsado. "Ese porcentaje de narcotraficantes que queda libre se pasea tranquilamente".

Según Paz Ciudadana, este sistema ha demostrado falencias de fiscalización y de reinserción de los condenados. Por eso se han presentado proyectos para fortalecerlo.

Ante la cifra, el subsecretario (s) de Justicia, Patricio Reyes, sostuvo que "el gobierno ha sido implacable con la persecución de la delincuencia y el narcotráfico". Agrega que "la ley establece medidas alternativas, no son beneficios. La persona cumple la pena de una manera distinta, con restricciones". Sostiene que si quebranta la pena, puede ser encarcelado.

Añadió que el gobierno está al tanto de las falencias que tiene el sistema de cumplimiento alternativo, por lo que se está trabajando en un proyecto para fortalecerlo más.

El jefe del Departamento de Estudios de la DPP, Gonzalo Medina, señaló que los condenados con beneficios "son personas que no tienen antecedentes penales o una carrera delictual establecida".

Respecto de la cifra, la directora de Paz Ciudadana, Francisca Werth, sostiene que con un sistema de cumplimiento deficitario, "hay una alta posibilidad de reincidencia" de los narcotraficantes. "La reinserción y rehabilitación en libertad es más fácil que en la cárcel, pero si tuviésemos un sistema bien estructurado de cumplimiento de penas alternativas", dijo.

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martes, agosto 18, 2009

El colmo del descaro: Narcotraficantes de AeroContinente pretendían indemnización

Nota: Los hermanos Zevallos eran los dueños de la desaparecida narco-aerolínea peruana AeroContinente, la que fue intervenida por la justicia chilena en 2001, por lavado de dinero. Los Zevallo sólo evitaron a la justicia en Chile porque presentaron PRUEBAS Y TESTIMONIOS FALSOS, JUSTIFICANDO SUS INGRESOS. Una vez que se probó que los antecedentes que aportaron en su defensa eran falsos, Chile pidió su extradición, pero la "justicia" peruana la negó. Pero no quedó ahí, los peruanos demandaron al Estado chileno por "las pérdidas que sufrieron" producto la suspensión de sus operaciones. Cabe destacar que poco tiempo despues de la paralización en Chile, EEUU puso a Fernando Zevallos en la lista de Kingpin (por ser uno de los 10 mayores narcotraficantes del mundo). El empresario-delincuente -que recibió bastante apoyo de sus connacionales- FUE SENTENCIADO EN EL PROPIO PERU POR NARCOTRAFICO Y ASESINATO (mando a matar incluso a testigos para evitar ser enjuiciado). ¿Ustedes creen que todo eso sirvió para calmar a los peruanos? no, los peruanos no son capaces de comprender que si un tribunal detiene y juzga a un narcotraficante, no puede dejar que los familiares del mafioso sigan haciendo usufructo del dinero obtenido producto de sus delitos (permitirlo sería una invitación a cometer crímenes). Acaso esperan que los parientes de un ladrón de automóviles se queden con el carro que se robo el jefe de clan, mientras este cumple su sentencia en la carcel. La cultura delictual a la que estan habituados muchos peruanos (mezclado con su patológico odio antichileno), les impide comprender lo absurdo de su reclamo. Aero-narco-continente no podía seguir operando, porque era una empresa que NO GENERABA DINERO, DE HECHO, OPERABA A PERDIDA... VENDIENDO PASAJES ULTRA-BARATOS. La compañia sólo era una fachada para justificar los ingresos provenientes de la venta de drogas.

Justicia chilena niega indemnización a hermanos Zevallos

Zevallos, considerado como uno de los "capos" del narcotráfico en Latinoamérica, vivió al filo de la ley desde 1995, cuando se le vinculó a un cargamento de 3,5 toneladas de cocaína que la banda "Los norteños" iba a enviar a Estados Unidos.

Foto: El peruano Fernando Zevallos (alias El Lunarejo), propietario de la narco-aerolínea peruana AeroContinente, mientras era juzgado en Perú por asesinato y narcotráfico

La Justicia chilena negó el pago de una indemnización a los antiguos propietarios en Perú y Chile de la desaparecida aerolínea Aerocontinente, cuyo fundador, Fernando Zevallos, cumple una condena de 20 años de prisión en Lima por vínculos con el narcotráfico.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó así la decisión del 17 Juzgado Civil de la capital chilena, que desestimó la petición al considerar que cualquier acción de este tipo debe ser presentada ante el juez especial designado para investigar el proceso de Aerocontinente.

En junio de 2008 la Corte Suprema de Chile accedió pedir a Perú la extradición de los hermanos Fernando y Lupe Zevallos, dueños de la aerolínea AeroContinente, que quebró en 2004, así como de Jorge Portillo, esposo de Lupe y ex gerente general de la aerolínea en Chile.

Los tres fueron procesados en Chile en septiembre de 2003 junto al ex gerente operativo Desme Hurtado, también peruano, por asociación ilícita para el lavado de dinero procedente del narcotráfico y por presentar testigos y documentos falsos en el juicio por esos hechos.

Fernando Zevallos fundó en 1992 la compañía AeroContinente, que operó en Chile entre 1999 y 2001, año en que los tribunales chilenos decretaron la intervención judicial de la compañía en este país, que dio origen a la petición de indemnización.

Zevallos, considerado como uno de los "capos" del narcotráfico en Latinoamérica, vivió al filo de la ley desde 1995, cuando se le vinculó a un cargamento de 3,5 toneladas de cocaína que la banda "Los norteños" iba a enviar a Estados Unidos.

En 2005 el conocido como "Lunarejo" fue condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas, receptación ilegal de dinero y lavado de activos procedentes del narcotráfico a través de la compañía aérea, que había dejado de operar un año antes.

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jueves, julio 23, 2009

En Europa y EEUU los padres tienen alta responsabilidad civil por delitos cometidos por hijos menores de edad

Nota: Nuestros políticos tienden a cierto populismo, no van a pasar una ley impopular, aunque sea positiva y necesaria, menos en año de elecciones. Recuerden lo que pasó con los fotoradares. Prefieren que la gente se mate antes de hacer algo positivo pero impopular (los fotoradares se usan en TODOS los países desarrollados, y si uno no se pasa las luces rojas, no tiene nada que temer). Hacer responsables civilmente a los padres, sólo implica que pueden ser demandados monetariamente por los "pastelazos" que hagan sus críos menores, ¿acaso no se preocuparían más, si saben que van a tener que pagar por los daños que causen? (seguramente -en muchos casos- se preocuparían incluso más que si les puede suceder algo a sus hijos). Pero... ¿qué hacen los políticos? todo lo contrario, incluso a los padres se les quita -por ley- control sobre sus hijos. Darle la Pildora del Día después a menores de 14 años, a espaldas de sus padres, es sólo una demostración de esto. No me opongo a la pildora, lo que me parece pésimo, es que se excluya a los padres de un asunto que afecta la salud y educación de sus hijos.

España, Alemania y EE.UU. obligan a respuesta solidaria de los padres. Fuerte rechazo provoca en Chile la idea de endurecer la responsabilidad civil de los progenitores.

España, Alemania y EE.UU. aplican severas normas de responsabilidad civil a los padres o tutores legales de los hijos menores de 18 que cometen delitos.

La experiencia en estas naciones sale a colación a propósito del proyecto de ley que presentará en los próximos días el diputado Roberto Sepúlveda (RN), para afianzar la responsabilidad solidaria de los padres frente al daño que provocan las acciones ilícitas de sus hijos.

La propuesta busca terminar con la discrecionalidad de los jueces de la justicia civil, de fijar indemnizaciones por este tipo de acciones. Y, a cambio, establecería montos fijos respecto de delitos y/o cuasidelitos que deberían pagar los progenitores o tutores legales para reparar daños morales o físicos provocados por las acciones ilícitas de sus hijos menores de 16 años.

La idea provocó un inmediato rechazo entre legisladores y abogados, que no la consideraron viable para la realidad chilena (ver nota aparte).

Pero en España, por ejemplo, la ley establece que los padres o tutores legales responden "en todo caso" solidariamente por los daños causados por los hijos menores de 18 años.

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor española señala: "Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el juez según los casos".

Según explica el doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jean Pierre Matus, esto debe interpretarse como que el sistema invierte la carga de la prueba de la "negligencia" y sólo permite una "moderación" de la cuantía de la responsabilidad, si los padres prueban que no favorecieron intencional o imprudentemente la conducta del hijo. "Pero igual responden", afirma.

En cuanto a la fijación de las cuantías de indemnización, aunque éstas son determinadas judicialmente, existe la posibilidad de asegurar la responsabilidad civil derivada de los hechos constitutivos de delito, añade.

En los casos similares de Alemania y Estados Unidos, la contratación de "Seguros de Responsabilidad Civil" es obligatoria para todos los residentes mayores de edad.


Rechazo entre abogados y parlamentarios despierta la reforma al Código Civil

ENRIQUE CURY
Ex supremo. Penalista

"Yo creo que es muy poco feliz la idea. Las indemnizaciones tienen que fijarse tomando en cuenta una multitud de factores, entre otros, la gravedad del hecho, la culpabilidad comprometida, y dar normas generales para casos particulares es un disparate".

SAMUEL DONOSO
Penalista

"Fijar por ley un monto del daño es aberrante, porque el daño es variable, no es siempre el mismo, depende del delito. Lo razonable es que sea el juez quien la fije, una facultad que por ley tiene. Lo que en el fondo se busca es establecer una multa contra los padres".

OLGA FELIÚ
Consejera del Colegio de Abogados

"No me parece adecuado lo que se plantea, de una indemnización de monto fijo, porque eso en realidad no tiene un carácter reparatorio del daño. Yo veo que esto que se está estableciendo en sede civil, en el fondo se parece a una multa-sanción a los padres".

CRISTIÁN LETELIER
Penalista

"El proyecto está incompleto porque deberían restablecer primero las facultades correctivas que por ley tenía el padre de poder castigar moderadamente a su hijos, lo que se eliminó. No tenemos la facultad de sancionarlos para educarlos".

CRISTIÁN ARIAS
Penalista

"No parece racional confeccionar una tabla de equivalencias entre un tipo de delito cometido y el valor de la indemnización. Es como hacer una tasación económica de la vida, de cada parte del cuerpo que pueda resultar afectada. Es mejor dejarlo al criterio del juez".

PATRICIO WALKER
Diputado DC

"Lo más importantes es preocuparse de hacer transformaciones al interior del Sename para que se cumpla el objetivo de la rehabilitación con los adolescentes que están cumpliendo penas. Allí debe estar el énfasis y no en este tipo de propuestas".

JORGE BURGOS
Diputado DC

"Me parece un proyecto bastante absurdo. No tiene sustento jurídico. Hay que mejorar la ley de responsabilidad adolescente. Fui uno de los que me opuse a su puesta en vigencia porque no había condiciones para ponerla en marcha. El tiempo nos dio la razón".

FELIPE HARBOE
Diputado PPD

"Ciertamente se requiere que cuando un menor comete un delito, alguien se haga responsable de los perjuicios civiles. La ley establece que son los padres y eso se cumple. No es posible establecer sanciones adicionales en temas que tienen que ver con formación".

Interrogatorios en caso Aguayo

Uno de los menores que acompañaban a J.T.N.V. (15) y que fue casi el único que observó directamente la agresión del imputado en contra del fallecido Sergio Aguayo, fue interrogado ayer por el fiscal Andrés Iturra.

El testigo fue uno de los que dijeron haber visto el cuchillo -los otros cinco amigos niegan su existencia- y además graficó la forma en que J.T.N.V. propinó el certero golpe en la cabeza de la víctima, en avenida Las Condes.

Trascendió que el fiscal reinterrogará a los otros cinco jóvenes que acompañaban al agresor.

En tanto, ayer el fiscal citó a toda la familia Aguayo Muñoz a una reunión en la cual se les asignó atención sicológica especializada y se les informó del caso.

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jueves, junio 18, 2009

Chile ratifica adhesión a Corte Penal Internacional

La Cámara de Diputados ratificó el miércoles por mayoría el Estatuto de Roma y ahora Chile podrá adherir a la Corte Penal Internacional (CPI) que juzga los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Chile tardó 10 años en ratificar la CPI y era el único país latinoamericano que faltaba por realizar el trámite.

Los diputados aprobaron el Estaturo de Roma por 79 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. El Senado lo hizo en mayo.

"Aquí nosotros entregamos voluntariamente a un Tribunal Internacional el derecho a procesar crímenes que no están en condiciones de procesar los tribunales nacionales. No se cede un ápice de soberanía y se está contribuyendo al bienestar y a los derecho humanos internacionalmente", dijo el canciller Mariano Fernández tras la votación.

La adhesión a la CPI no es retroaciva y sólo podrán juzgarse los crímenes de su competencia luego de que sea promulgado en los próximos días por la presidenta Michelle Bachelet y reciba el visto bueno del tribunal Constitucional.

En Chile no podrá ser llevado a la CPI ningún militar o civil acusado de haber violado los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) porque tratarse de hechos anteriores a la adhesión a la Corte.

El Estatuto de Roma data de 1998 y la CPI funciona desde el 2002, cuando fue ratificado por más de 60 naciones.

La demora en la aprobación chilena se debió a que el gobierno no contaba con los votos necesarios en el congreso y debió negociar con la oposición derechista. También debió reformar su Constitución para reconocer la jurisdicción de la CPI.

"Es un momento histórico para Chile en materia de los avances que hemos hecho en este país en asuntos relativos a los derechos humanos. El Tribunal Penal Internacional no solamente tendrá una gravitación importante respecto de crímenes sino también va a terminar con la preparación de tribunales ad hoc. Ya no habrá más tribunales especiales", añadió Fernández.

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miércoles, junio 03, 2009

Chile es el país de habla hispana más seguro en el mundo

México es uno de los países que tuvo un mayor descenso en el Índice Global de Paz, con una caída de 15 sitios y superado por naciones que hace 24 meses eran más inseguras, como Malí y Congo Brazzaville.

En los últimos tres años, nuestro país ha mantenido un deterioro sostenido en sus índices de seguridad, al bajar sucesivamente del sitio 79 en 2007 al 93 en 2008, y ahora al 108, según el reporte.

Al mismo tiempo, Malí registró un ascenso en los últimos dos años del lugar 99 al 96, y Congo Brazzaville del 117 al 106 en los últimos 12 meses, de acuerdo con el Global Peace Index 2009 publicado ayer.

Estos datos reflejan que México se ha estacionado en el club de las naciones que peores evaluaciones han tenido en sus indicadores de seguridad en tres años, pero también de 2008 a 2009, periodo en que sólo fue superado por Madagascar, que se desplomó del sitio 43 al 72.

Los otros tres países que se fueron a la baja de manera notable en este listado mundial fueron Letonia, que pasó del puesto 39 al 54; Sudáfrica, que se fue del lugar 116 al 123, y Yemen, del 106 al 119.

Además, México empató con Irak al registrar un “cinco”, la peor calificación, en crímenes violentos, mientras que Colombia recibió un “cuatro”, y Sudán, uno de los países más inseguros del Continente Africano, un “tres”.

En el número de presos por cada 100 mil personas, México superó a Sudán, Irak y a Colombia por más de medio punto, mientras que en la cantidad de homicidios por cada 100 mil personas registró “cuatro”, un punto menos que Irak, Sudán y Colombia.

El único rubro en el que México empató en la mala calificación, de “tres”, con los países más pacíficos de la lista, es decir Nueva Zelanda, Dinamarca y Noruega, fue en el de calidad del aparato militar.

“El desliz de México al lugar 108 del ranking refleja un deterioro en seis medidas de protección y seguridad a nivel social durante el último año, lo que incluye un salto de un punto en la calificación de crímenes violentos y aumentos un poco menos acusados en los índices de potencial de actos terroristas, manifestaciones violentas y de percepción de la criminalidad”, explicó el panel de expertos que preparóel informe.

Entre este grupo figuran Dan Smith, autor del texto; Sultan Barakat, de la Universidad de York; Bates Gill, del Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo; Linda S. Jamison, del CSIS-EU; Ronald J. Horvath, de la Universidad de Sydney; Manuela Mesa, de la Asociación Española de Investigación para la Paz, y Paul van Tongeren, de la Sociedad Global para Prevención de los Conflictos Armados, con sede en Holanda.

El informe destaca el aumento considerable, año con año, en el número de muertes derivadas del incremento de la violencia ligada al narcotráfico en las ciudades de Tijuana, Culiacán y Ciudad Juárez, en territorio mexicano, así como a los enfrentamientos casi diarios entre las bandas del crimen organizado y las fuerzas de seguridad.

“La actual violencia derivada del narco, que ha ido en aumento desde mediados de los noventa, catalizado por una traumática crisis económica y exacerbada por una omnipresente corrupción y criminalidad en las instituciones de justicia, fue probablemente un factor que incidió en el indicador global de inestabilidad política”, agrega eldocumento.

Otros factores que incidieron en la caída de México en el índice, explica el informe, fue el deterioro económico, que se agudizó a fines de 2008, causando la pérdida de 386 mil empleos formales tan sólo en los meses de noviembre y diciembre, según las cifrasoficiales.

“El señor Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, han estado enfrentando críticas crecientes de los principales partidos de oposición que acusan al gobierno de no haber podido dar una respuesta adecuada al crecientedesempleo”, abunda el índice.

En el punto más alto de la lista se ubicó Nueva Zelanda, seguida por Dinamarca y Noruega, como las naciones que han mantenido estabilidad política y sus sistemas democráticos en buen estado, según la evaluación realizada por ese grupode especialistas.

En tanto que Irak se mantuvo en el punto más bajo, que este año correspondió al sitio 144, y Colombia se mantuvo en el último lugar de toda América Latina con el escaño 130 en 2008 y 2009.

El país considerado más seguro del continente americano es Canadá, colocado en la octava posición, y entre los de habla hispana el mejor ubicado es Chile, en el vigésima peldaño de este listado, mientras que Estados Unidos se encuentra en el lugar 83.

El índice global fue recopilado por The Economist Intelligence Unit, para un nuevo centro de estudios llamado Institute for Economics & Peace, una de las iniciativas de Vision of Humanity.

Se encuentra en la página electrónica de Vision of Humanity (www.visionofhumanity.org), una entidad que reúne a varios organismos interesados en difundir indicadores de paz y de seguridad, pues considera que ambos conceptos juegan un papel crucial para medir las posibilidades de supervivencia de la especie humana en el siglo XXI.

Vision of Humanity insiste en que los efectos devastadores del cambio climático, de la falta de agua potable, de la decreciente biodiversidad y de la sobrepoblación exigen una acción unificada a nivel global que sólo podrá alcanzarse entre los países queestén en paz.
Aparece en el lugar 108 del ranking Global de Paz 2009, lo que significa un descensode 15 sitios

México es uno de los países que tuvo un mayor descenso en el Índice Global de Paz, con una caída de 15 sitios y superado por naciones que hace 24 meses eran más inseguras, como Malí y Congo Brazzaville.

En los últimos tres años, nuestro país ha mantenido un deterioro sostenido en sus índices de seguridad, al bajar sucesivamente del sitio 79 en 2007 al 93 en 2008, y ahora al 108, según el reporte.

Al mismo tiempo, Malí registró un ascenso en los últimos dos años del lugar 99 al 96, y Congo Brazzaville del 117 al 106 en los últimos 12 meses, de acuerdo con el Global Peace Index 2009 publicado ayer.

Estos datos reflejan que México se ha estacionado en el club de las naciones que peores evaluaciones han tenido en sus indicadores de seguridad en tres años, pero también de 2008 a 2009, periodo en que sólo fue superado por Madagascar, que se desplomó del sitio 43 al 72.

Los otros tres países que se fueron a la baja de manera notable en este listado mundial fueron Letonia, que pasó del puesto 39 al 54; Sudáfrica, que se fue del lugar 116 al 123, y Yemen, del 106 al 119.

Además, México empató con Irak al registrar un “cinco”, la peor calificación, en crímenes violentos, mientras que Colombia recibió un “cuatro”, y Sudán, uno de los países más inseguros del Continente Africano, un “tres”.

En el número de presos por cada 100 mil personas, México superó a Sudán, Irak y a Colombia por más de medio punto, mientras que en la cantidad de homicidios por cada 100 mil personas registró “cuatro”, un punto menos que Irak, Sudán y Colombia.

El único rubro en el que México empató en la mala calificación, de “tres”, con los países más pacíficos de la lista, es decir Nueva Zelanda, Dinamarca y Noruega, fue en el de calidad del aparato militar.

“El desliz de México al lugar 108 del ranking refleja un deterioro en seis medidas de protección y seguridad a nivel social durante el último año, lo que incluye un salto de un punto en la calificación de crímenes violentos y aumentos un poco menos acusados en los índices de potencial de actos terroristas, manifestaciones violentas y de percepción de la criminalidad”, explicó el panel de expertos que preparó el informe.

Entre este grupo figuran Dan Smith, autor del texto; Sultan Barakat, de la Universidad de York; Bates Gill, del Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo; Linda S. Jamison, del CSIS-EU; Ronald J. Horvath, de la Universidad de Sydney; Manuela Mesa, de la Asociación Española de Investigación para la Paz, y Paul van Tongeren, de la Sociedad Global para Prevención de los Conflictos Armados, con sede en Holanda.

El informe destaca el aumento considerable, año con año, en el número de muertes derivadas del incremento de la violencia ligada al narcotráfico en las ciudades de Tijuana, Culiacán y Ciudad Juárez, en territorio mexicano, así como a los enfrentamientos casi diarios entre las bandas del crimen organizado y las fuerzas de seguridad.

“La actual violencia derivada del narco, que ha ido en aumento desde mediados de los noventa, catalizado por una traumática crisis económica y exacerbada por una omnipresente corrupción y criminalidad en las instituciones de justicia, fue probablemente un factor que incidió en el indicador global de inestabilidad política”, agrega eldocumento.

Otros factores que incidieron en la caída de México en el índice, explica el informe, fue el deterioro económico, que se agudizó a fines de 2008, causando la pérdida de 386 mil empleos formales tan sólo en los meses de noviembre y diciembre, según las cifrasoficiales.

“El señor Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, han estado enfrentando críticas crecientes de los principales partidos de oposición que acusan al gobierno de no haber podido dar una respuesta adecuada al crecientedesempleo”, abunda el índice.

En el punto más alto de la lista se ubicó Nueva Zelanda, seguida por Dinamarca y Noruega, como las naciones que han mantenido estabilidad política y sus sistemas democráticos en buen estado, según la evaluación realizada por ese grupode especialistas.

En tanto que Irak se mantuvo en el punto más bajo, que este año correspondió al sitio 144, y Colombia se mantuvo en el último lugar de toda América Latina con el escaño 130 en 2008 y 2009.

El país considerado más seguro del continente americano es Canadá, colocado en la octava posición, y entre los de habla hispana el mejor ubicado es Chile, en el vigésima peldaño de este listado, mientras que Estados Unidos se encuentra en el lugar 83.

El índice global fue recopilado por The Economist Intelligence Unit, para un nuevo centro de estudios llamado Institute for Economics & Peace, una de las iniciativas de Vision of Humanity.

Se encuentra en la página electrónica de Vision of Humanity (www.visionofhumanity.org), una entidad que reúne a varios organismos interesados en difundir indicadores de paz y de seguridad, pues considera que ambos conceptos juegan un papel crucial para medir las posibilidades de supervivencia de la especie humana en el siglo XXI.

Vision of Humanity insiste en que los efectos devastadores del cambio climático, de la falta de agua potable, de la decreciente biodiversidad y de la sobrepoblación exigen una acción unificada a nivel global que sólo podrá alcanzarse entre los países queestén en paz.

Artículo original

jueves, mayo 14, 2009

Senado aprueba reforma para que Chile ratifique Tribunal Penal Internacional

La presente reforma constitucional es el segundo trámite parlamentario necesario para la ratificación del estatuto de Roma.

Esto, debido a un fallo del Tribunal Constitucional exigiera que deba ser reformada la carta fundamental para que el documento, firmado por el gobierno de Chile, pueda ser ratificado por el Congreso.

El documento básicamente eleva a rango constitucional la valoración que hace el Estado de Chile respecto del Tribunal Penal Internacional (TPI), planteando la necesidad de que los crímenes de lesa humanidad, deban ser perseguidos y condenados.

Además se considera la habilitación para nuestro que país logre ratificar el documento internacional, aspecto destacado por el subsecretario General de la Presidencia Edgardo Riveros.

"En el Senado de la República fue aprobada por unanimidad la reforma constitucional habilitante para que Chile pueda ratificar la Corte Penal Internacional, el paso legislativo que falta es que esa reforma ingrese a la sala del Senado y la próxima semana se pronunciará sobre esta materia la Cámara de Diputados", explicó Riveros.

En este sentido, la comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de reforma, que señala la imposibilidad de que se aplique la prescripción, el indulto o la amnistía en casos de derechos humanos, aunque sin efecto retroactivo.

El senador radical, José Antonio Gómez, señaló que el documento igualmente consagra la protección de los derechos fundamentales.

"Quedara establecido claramente en la ley que las normas rigen en Chile, sin perjuicio, que de acuerdo al tratado estamos hablando hacia el futuro y no hacia el pasado. Hay una posibilidad clara de defender los derechos humanos en casos gravísimos como los crímenes de guerra, lesa humanidad que están tipificados a consecuencia de la ley que promulgamos hace poco", indicó el parlamentario.

La Alianza Por Chile había mantenido sus reparos al documento, ya que, consideran que se está entregando poder y jurisdicción a tribunales internacionales por sobre los chilenos.

El senador de la UDI, Andrés Chadwick, señaló que dieron sus votos a favor, ya que, ele documento establece que el TPI solamente intervendrá en la medida de que los tribunales nacionales no cumplan sus función.

"En donde ratifiquemos a nivel constitucional, en primer lugar el reconocimiento al tratado y el traspaso de jurisdicción internacional, pero en segundo lugar la primacía de los tribunales chilenos cuando estén conociendo de las causas cometidas en Chile por sobre lo que puede ser la competencia del Tribunal Penal Internacional, es decir, que interviene en forma subsidiaria, o sea, en el caso que no exista ordenamiento jurídico, ni Estado de derecho en Chile", argumentó el senador de la UDL.

Con este resultado la reforma constitucional deberá pasar a la sala del Senado, para que luego pase a la Cámara de Diputados, una vez que se promulgue este proyecto, podrá ser visto el documento correspondiente al Estatuto de Roma, que será revisado en primer término por la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Artículo original

jueves, abril 09, 2009

Robots militares y el futuro de la guerra...

En esta potente presentación, P.W. Singer nos presenta como la proliferación del uso de robots en la guerra está cambiando la realidad del combate y cómo estos "avances" acarrearán nuevos dilemas éticos. Nos muestra escenarios sacados de la ciencia ficción -- que hoy podrían no ser tan ficticios.



En su libro más reciente "Wired for War" (Cableados para la Guerra), P.W. Singer estudia la robótica y drones guerreros -- y explora cómo estas nuevas máquinas de guerra están cambiando la esencia misma de la naturaleza del conflicto humano. También escribe sobre otras facetas de la guerra moderna, incluyendo los ejércitos privados y niños soldados.

Video original
ACLARACION: Este blog no es antiperuano ni nacionalista chileno. Este blog simplemente recopila y (a veces) comenta sobre artículos recopilados en la prensa nacional y mundial y que involucran a Chile. Si parece "cargado" hacia Perú, simplemente, es resultado de la publicación constante -y obsesiva- en ese país de artículos en que se relaciona a Chile. Así también, como ejemplo opuesto, no aparecen articulos argentinos, simplemente, porque en ese país no se publican notas frecuentes respecto Chile. Este blog también publica -de vez en cuando- artículos (peruanos o de medios internacionales) para desmitificar ciertas creencias peruanas -promovidas por medios de comunicación y políticos populistas de ese país- sobre que Perú ha superado el desarrollo chileno, lo que es usado en ese país para asegurar que Chile envidia a Perú y que por eso buscaría perjudicarlo. Es decir, se usa el mito de la superación peruana y la envidia, para incitar el odio antichileno en Perú.