Corte Suprema acusa a Frei de "ignorancia o mala fe" ante críticas a jueces por "puerta giratoria"

Nota: La verdad nada me hace suponer que Frei podría reducir la delicuencia, ya que para comenzar, no acepta siquiera que el gobierno -que pretende encabezar- tenga algo que ver en la solución del problema (él culpa a los jueces). Yo creo que está equivocado y que una de las grandes responsables del aumento de la delincuencia es la propia Reforma Procesal Penal, que ha demostrado ser en exceso garantista con los delincuentes (mientras deja en total indefensión a las víctimas). Esa "mano excesivamente blanda" se ha transformado en la mejor invitación a delinquir. Por otro lado, hay que recordar que los jueces sólo aplican las leyes que les entregan el gobierno y el Congreso, y que esta reforma al sistema de justicia fue aprobada cuando la Concertación tenía control de ambas cámaras legislativas y mientras la oposición pedía mayores sanciones contra los delincuentes. Como acusa Frei, ciertamente debe haber algunos jueces descriteriados que dejan en libertad a criminales peligrosos, pero son una minoría. Aquí estamos ante otro tipo de problema, debilidades en la mismisima reforma. El problema se hace patente al ver la sorpresa que provoca en los propios delincuentes ser dejados en libertad, luego de ser detenidos cometiendo delitos graves (asaltos a mano armada, robos millonarios, etc.). A tal punto llega su sorpresa, que salen de tribunales sin poder evitar las carcajadas, incrédulos ante tanta flexibilidad. Frente a esta situación, Frei nos ha dicho que él no tendría nada que hacer. Algo que resulta inaceptable. Finalmente y ante el argumento de que las cárceles están llenas de prisioneros, por lo que habría que descartar una falencia en el sistema judicial... sólo podemos decir que es una idiotez sin pies ni cabeza. Esa situación sólo deja en evidencia que no hay suficientes cárceles, no que tenemos demasiados presos (varias cárceles se concesionaron en el gobierno de Lagos y nunca se terminaron, ese es el origen -en parte- de este problema). Obviamente que no se trata de meter a todos los ciudadanos presos (como han caricaturizado con ligereza algunos candidatos), pero si deben ir presos los que delinquen, y hoy, en las cárceles chilenas no hay suficiente espacio para los DELINCUENTES. Aquí en Chile no estamos metiendo presas a inocentes palomas, y resulta asombroso que candidatos y jueces estén insinuando que ya no deberíamos meter más gente a la cárcel, porque tendríamos "suficientes" encarcelados. Como si el asunto fuera completar una cuota de reclusos predefinida, un absurdo. El día que sobre espacio en las cárceles (y haya que comenzar a cerrarlas), podremos decir que tenemos un sistema judicial y penal que funciona (porque existirá la infraestructura necesaria para sostener la demanda por espacio para reclusos y porque habremos disuadido a la delincuencia... haciendo innecesario los lugares de reclusión). Mientras eso no ocurra, no nos pueden dar como justificación el argumento absurdo de que tenemos demasiados presos, y menos, hacer como que aquí no pasa nada y no se puede hacer nada... lavándose las manos cual Pilatos. Y por cierto, que no nos hable Frei de la necesidad de impulsar planes de prevención, porque él y su coalición llevan 20 años en el poder, tiempo suficiente para haber implementado los planes que ahora propone. Finalmente, y ante el argumento de que la delincuencia responde a los niveles de pobreza... habría que decir que es una tremenda contradicción, pues la propia Concertación se ufana de haber reducido al 13% la pobreza... ¿cómo es entonces que los pobres disminuyen y la delincuencia crece? Además, esa es una estigmatización impresentable, pobre no es sinónimo de delincuente.

Duro enfrentamiento entre Poder Judicial y candidatura oficialista. Declaraciones de Milton Juica, presidente (s) del máximo tribunal, generaron molestia en el abanderado y su comando, en el que pidieron a abogados constitucionalistas analizar el alcance de los dichos del juez.

En la sala del pleno de la Corte Suprema y aprovechando un desayuno con la prensa, el presidente (s) del máximo tribunal del país, Milton Juica, criticó duramente al candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, por responsabilizar a los tribunales de la denominada "puerta giratoria".

"Que se cree una sensación de inseguridad es más bien una cuestión de desinformación; que puede ser por ignorancia de la persona que no maneja temas jurídicos, o de mala fe, sabiendo que eso le significa mejoras de carácter electoral", dijo el ministro Juica.

En medio del encuentro con los periodistas, el magistrado leyó el mensaje que tiene el Código Procesal Penal, el que señala que con el nuevo sistema se busca racionalizar y limitar al máximo la medida cautelar de privación de libertad y se resalta el principio de inocencia. Al finalizar su lectura aseguró que esas palabras eran de autoría del ex Presidente Frei.

El vocero del máximo tribunal calificó de "sorprendente" que personas que están postulando a cargos de representación popular no tomen en serio el tema de la seguridad ciudadana, que existe, y es un tema del Estado.

En tanto, y dando cuenta de la molestia que generaron en el candidato y en el comando las palabras del ministro Juica, el equipo de la campaña oficialista dejó en manos de abogados constitucionalistas analizar el alcance de los dichos del magistrado.

El tema fue abordado ayer en el Congreso por el propio Frei junto a su jefe territorial, Jorge Pizarro. El análisis -que fue realizado en conjunto con el jefe de comunicaciones de la candidatura, Pablo Halpern, que se encontraba en Santiago- apuntó a rechazar la arremetida de Juica y validar el análisis encargado a los juristas.

"El ministro Juica se involucró en un tema que es de coyuntura y con una descalificación que no nos parece. Hizo algo súper delicado, porque hay graves y gratuitas imputaciones al ex Presidente Frei", manifestó Pizarro.

En la candidatura oficialista insinuaron además cierta intencionalidad en las críticas de Juica y plantearon que cuando la oposición ha acusado la existencia de una "puerta giratoria", "no se ha escuchado de la Corte la misma vehemencia para responder".

"Lo de la puerta giratoria es opinable, de hecho es un concepto que no me gusta, pero me llama la atención que se critique a Frei por responder una pregunta y que durante mucho tiempo no se haya dicho nada en contra de Lavín, Piñera o Espina, que son los que acuñaron este término", dijo el diputado y vocero de la postulación oficialista, Jorge Burgos.

En ese contexto fue que en el comando tampoco fue recibida de buena manera la intervención que tuvo en el tema el abogado y miembro de "Océanos Azules" Juan Pablo Hermosilla, por considerar que con sus palabras, desautorizó al ex Mandatario y validó las críticas de la Corte.

Fue cerca de las 11 de la mañana de ayer -después de que Juica hiciera sus declaraciones- que Hermosilla llegó hasta tribunales y afirmó que venía en representación del candidato para aclarar sus palabras. Si bien el vocero de "Océanos Azules" negó que lo señalado por el senador DC haya sido un error, admitió que fue una "expresión ambigua que permitió esta interpretación equivocada".

El abogado insistió en que hay "una pequeña confusión, no hay un conflicto real (...) no ha habido ninguna critica del senador Frei al Poder Judicial y si fue entendido de esa manera damos las explicaciones (...) la gente puede estar tranquila que los jueces no son ni cómplices de la delincuencia ni son irresponsables al momento de cumplir la ley".

Sin embargo, se comentó que el profesional no tenía la autorización del abanderado ni del propio comando para ir al Palacio de Tribunales a precisar los dichos de Frei del martes.

"Que se cree una sensación de inseguridad es más bien una cuestión de desinformación; que puede ser por ignorancia de la persona que no maneja temas jurídicos, o de mala fe, sabiendo que eso le significa mejoras de carácter electoral".

MILTON JUICA
VOCERO Y PRESIDENTE (S) DE LA CORTE SUPREMA


Paz Ciudadana dice que no existe la "puerta giratoria"

La directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Francisca Werth, no cree que en Chile exista la mencionada "puerta giratoria". Dijo estar de acuerdo con las expresiones del ministro Jorge Dahm, en el sentido de que hay una alta tasa de condenados y de personas privadas de su libertad.

Reconoce, eso sí, que hay un problema en personas que cometen delitos menores, como hurtos en tiendas. "Pero, no creo que la respuesta para este problema sea la cárcel. Pienso que hay que trabajar en un sistema de justicia local o comunitaria, que sea más efectiva".

Y respecto de la prisión preventiva, que debe ser aplicada a los casos más graves, consideró delicado plantearlo como "puerta giratoria" a quienes quedan en libertad mientras se investiga, pues en Chile prima el principio de inocencia.

A juicio de la alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier, sí hay "puerta giratoria", sobre todo en los delincuentes jóvenes. "Uno los ve delinquiendo, los detienen pero una y otra vez salen a la calle a cometer los mismos delitos". Para la jefa comunal, hay un vacío en la ley especialmente en determinados delitos y en ciertas edades.

Pero estimó que no es el momento de analizar el problema en un período. "Una vez que pasen las elecciones, tenemos que sentarnos a analizar el problemas para ver cómo hacemos para solucionarlo".

Para su homólogo de Peñalolén, Claudio Orrego (DC), es necesario mejorar los sistemas de investigación y probatorios con el fin de conseguir condenas. "Pero, hay otros casos en que los jueces son excesivamente garantistas. Yo he visto fiscales que han pedido reiteradas veces órdenes de allanamientos o 'pinchados' de teléfonos a bancas de narcos y los jueces se las niegan", afirma.

Dichos del martes

"La puerta giratoria no es mía ni del Gobierno, es de los tribunales. Esto hay que terminarlo".

EDUARDO FREI

"La puerta giratoria es una cuña propagandística que funciona muy bien en época electoral".

JORGE DAHM
Presidente de la Corte de Apelaciones

"Lamentablemente, la percepción de puerta giratoria existe, está arraigada en la comunidad y es muy dañina".

CARLOS MALDONADO
Ministro de Justicia

La polémica de ayer

"Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el ministro Dahm. Creo que aquí la puerta giratoria no existe, es una invención propagandística. Aquí lo único que tenemos es una gran cantidad de presos y lo que nos falta son cárceles para poder albergar a más gente".

EDMUNDO PÉREZ YOMA
Ministro del Interior

"Lo de la puerta giratoria es opinable, de hecho es un concepto que no me gusta, pero me llama la atención que se critique a Frei por responder una pregunta y que durante mucho tiempo no se haya dicho nada en contra de Lavín, Piñera o Espina, que son los que acuñaron este término".

JORGE BURGOS
Vocero del comando de Frei

"Fue una frase equívoca que se prestó para una confusión. (...) Haber usado la expresión puerta giratoria, repitiendo lo que le dijo la persona que le pregunta, es lo que requiere la precisión para que no se asuma como una crítica (de Frei) al Poder Judicial".

JUAN PABLO HERMOSILLA
Abogado y asesor de Frei

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¿Qué está pasando con la delincuencia?

El 20 de octubre el Ministerio del Interior publicó la estadística respecto a las denuncias y detenciones del segundo trimestre del 2009, tradicionalmente entregado en Agosto, las noticias que trae este informe no son buenas. Si bien las denuncias no son un referente directo para saber que está pasando con la delincuencia en el país, permiten generar un panorama de análisis de tendencia que refleja los principales problemas que enfrenta la población.

De esta forma las denuncias de hechos de mayor connotación social ocurridos entre Abril y Junio del presente año subieron en 7.5%. Cabe mencionar que es la mayor alza en el análisis entre trimestres desde el año 2004-2005, periodo en el cual de hechos las denuncias decrecieron en 4.1%. Sin duda, cifra compleja para el gobierno que ha mostrado hasta ahora cambios sistemáticos en la información delictual a la baja, con encuestas de victimización que ratifican menores niveles de victimización.

Pero aún más complejo para la ciudadanía cuando se reconoce que el principal delito es el robo con fuerza (41% del total), es decir el robo a viviendas y autos principalmente, seguido por el hurto (22%) y las lesiones (19%). Delitos cuyas denuncias han aumentado en este trimestre en aproximadamente 13%, 9% y 2% respectivamente. Además de concentrarse las denuncias en estos tipos delictuales, las denuncias se han descentralizado. Regiones con incrementos de la denuncia analizando el segundo trimestre del año pasado de más del 20% muestran algún proceso significativo ya sea de profunda efectividad institucional o de incremento de la criminalidad. Estas regiones son tan diversas como Magallanes, Los Lagos, Atacama y Arica y Parinacota.

Ahora bien, ¿estos datos permiten afirmar algo respecto a la delincuencia? Sin duda un incremento de esta magnitud no puede ser atribuible a una mayor confianza ciudadana en la policía y la justicia. Por ende hay una situación de complejidad del panorama delictual en el país donde si bien los delitos violentos disminuyen su denuncia, aquellos que afectan directamente la propiedad así como las lesiones muestran un cambio de tendencia preocupante. La información tiene una clara limitación por la carencia de desagregación entre los diversos delitos que componen el robo con fuerza, no sabemos si aumento el ingreso a viviendas o el robo de partes de vehículo. Sin duda, todos problemas complejos pero que requieren respuestas de política diferente y articulaciones institucionales específicas.

La información del segundo semestre donde los indicadores económicos estaban aún en declive y el desempleo en aumento debe ser analizada en su contexto pero sin duda requiere de una mirada más fina sobre la eficiencia de las iniciativas y políticas de seguridad pública desarrolladas en los últimos años.

Pero además de las denuncias, el informe también incluye las detenciones flagrantes por estos delitos desarrolladas por Carabineros de Chile, las que crecieron en 8,9% respecto al periodo anterior. Ciertamente la mayoría de detenidos se vinculan al hurto (55%) y las lesiones (20%) lo que evidencia que un importante porcentaje de hechos de robo con fuerza no generan detenidos en flagrancia, por ende no deben tener una solución directa para la víctima en términos de reposición de sus bienes o castigo a los culpables.

Lamentablemente la estadística de detenidos tampoco aporta significativamente al diagnóstico de la situación delictual. ¿Cuántos de estos detenidos son efectivamente imputados por un delito? ¿Qué tipo de procedimiento se desarrolla después de la detención?

Se puede afirmar que la situación en términos de delincuencia está peor que hace unos años atrás, queda esperar la encuesta de victimización para saber la real magnitud del fenómeno. Es obvio también que se requiere de mayor información para avanzar en el diseño de iniciativas que enfrenten los problemas específicos de cada región o ciudad por que mucha información general puede tender a aumentar la inseguridad y el desconocimiento frente a uno de los principales temas de preocupación ciudadana. Pero aún más relevante se requieren de herramientas claras para evaluar el impacto de los diversos programas implementados a nivel local y nacional tanto para la prevención, la rehabilitación y el control. La inseguridad tiene una inercia, por ende excelentes iniciativas implementadas hoy tendrán repercusión en el mediano plazo y por ende es posible esperar una tendencia de incremento para los próximos trimestres.

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Encuesta Paz Ciudadana: Delincuencia, aumentan denuncias

La encuesta señala que el índice de victimización bajó un 0,6% con respecto al mismo período en 2008, es decir, cayó de un 38,1% a un 37,5%. Sin embargo, el número de denuncias por robos efectivos creció más de un 4% con respecto al año anterior, de 42,4% a 46,6%.

Esta mañana se dio a conocer el Índice de Paz Ciudadana-Adimark sobre victimización. El estudio aborda la percepción de la gente sobre tópicos relativos a la delincuencia, como evaluación de las autoridades, sensación de inseguridad y número de denuncias.

Este indicador considera los hogares en que, al menos, un miembro de la familia fue víctima de robo o intento de robo durante los últimos seis meses. Según el estudio el 60% de los robos -o intentos- se concentran en los hogares que han sido víctimas en 3 o más ocasiones.

Las comunas de la Región Metropolitana con un mayor índice de victimización según las consultas hechas por la encuesta son La Granja (36,2%), San Bernardo (35,2%) y Concahlí (34,9%), mientras que las que registran los menores son Vitacura (19,9%), Providencia (19,8%) y Ñuñoa (19,6%).

Por su parte, en regiones, las comunas que se ven más afectadas son Concepción (44%), Puerto Montt (41,1%) -tercero se ubica el Gran Santiago (38,7)- y Curicó (37,9%). Las menos afectadas son La Serena (27,4%), Osorno (25,4%) y Punta Arenas (14,3%).

En el mismo sentido, el número de ciudadanos que sienten una "alta inseguridad" se mantiene practicamente estable, registrando un aumento de 3 décimas: en junio de 2008 marcó un 17,5% y este año 17,8%. El estudio considera además los niveles de "inseguridad media" (66,9%) e "inseguridad baja" (15,3%).

Con respecto a la evaluación de las autoridades, considerando su rol en el combate de la delincuencia, la encuesta arroja una leve mejoría del Gobierno y una baja de Carabineros y la PDI.

El Ejecutivo tenía una nota de 4,1 en junio de 2008 y hoy marca un 4,2. A su vez, la policía uniformada cayó de 5,6 a 5,4 y la civil de un 5,3 a un 5,1 durante el mismo período.

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Aumenta en 110% robo de vehículos en Chile

El robo de vehículos registró un aumento de 110 por ciento durante el primer semestre de este año en Chile, revelaron cifras oficiales divulgadas por la policía, informó hoy Radio Cooperativa.

El jefe de la sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de la policía militarizada de Carabineros, capitán Francisco Cabezas, dijo que unos 20 mil automóviles son robados al año en Chile, lo cual genera pérdidas de 30.000 millones anuales a las aseguradoras.

La mayoría de los robos se produce de lunes a viernes, y un 82 por ciento de los delitos ocurren en calles con poca iluminación, dijo Cabezas y explicó que "el robo de vehículos es considerado como un delito base para la comisión de otros ilícitos".

Indicó que también hay bandas especializadas en el robo de vehículos todo terreno o de lujo, los cuáles son sacados clandestinamente del país y vendidos en naciones vecinas, en particular en Bolivia.

El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Mikel Uriarte señaló que los delincuentes se profesionalizan en el ilícito, roban de lunes a viernes, en lugares establecidos y descansan el fin de semana y durante el periodo de vacaciones.

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Reforma Procesal Penal: En defensa de las víctimas

Nota: La Reforma Procesal Penal sólo da garantías a los delincuentes, no así a las víctimas, que quedan desamparadas (incluso impedidas de ir a juicio si la fiscalía decide acordar algo con el criminal, a espaldas de la víctima). Y no exagero, el papel de la fiscalía es defender a "la sociedad" frente a los criminales, no a las víctimas, que literalmente quedan a su suerte. ¿Por qué no se ha cambiado ésto si se sabe que hay un desbalance? Simplemente, porque no hay voluntad política de aceptar y corregir el error. Además, la izquierda tienden a ver a los delincuentes más como "víctimas" (de la sociedad) que como victimarios, entonces, tratan de no ser "demasiado duros".

Marcela Fajardo, de Pro Bono, afirma que el fiscal no es suficiente y han debido salir en apoyo de los afectados por delitos. Devela así, la cojera de la reforma penal. “Sin un abogado querellante, la víctima no tiene derecho a pataleo”, afirma.

La directora ejecutiva de Pro Bono cuenta que la fundación debió asumir el rol de defensa de las víctimas en casos de delincuencia y violencia, porque la fiscalía está superada o no satisface los intereses del particular afectado. Con esto, deja en evidencia la ‘cojera’ de la reforma penal hecha.

Cuando partieron, hace casi 10 años, los motivaba la tremenda demanda de los ciudadanos de escasos recursos por soluciones a problemas tan comunes como la partición de una herencia o un arbitraje. Entonces, recurrir a una corporación de asistencia judicial no era la solución –hoy tampoco- y ellos asumieron ad honorem esa labor.

Hoy, las cosas han presentado un giro. La puesta en marcha de la reforma procesal penal hizo patente la necesidad de dar asesoría legal personalizada a las víctimas, las cuales no necesariamente son representadas por el Ministerio Público y sus fiscales.

La directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, Marcela Fajardo, deja en evidencia esta nueva realidad indicando que debieron armar una red de abogados penalistas para asumir el rol de querellante en casos de violencia intrafamiliar y escolar y delincuencia.

-¿Cómo explicas este giro que se ha dado?

“Sí, la fundación nace como apoyo legal en un ámbito social de personas que no tenían acceso a la justicia y hoy hemos asumido un rol de apoyo a las víctimas de delitos violentos que, si bien tienen al fiscal, que representa al Estado, quedan marginados del sistema como es en la petición de indemnización de perjuicio.

-Llama la atención este giro porque se pensaba satisfecha la protección de la víctima con la figura del fiscal, más considerando que el delincuente tenía a la Defensoría. ¿La reforma quedó coja?

“Sí, hay casos en que el fiscal los representa en sus reales e íntegros intereses, pero en otros no. Es patente cuando se trata de violencia intrafamiliar, dónde la víctima necesita medidas de protección y quedan marginadas del sistema y en muchos casos, para pedir una reparación económica tienen que esperar que termine el juicio penal, para partir con el civil cuando podrían hacerlo ahí mismo.

“Además, se da que los abogados querellantes que representan a la víctima tienen una sensibilidad distinta a la del Ministerio Público o donde se necesita un abogado que maneje bien algunos temas como el género. Hay casos que ameritan la intervención de un profesional en defensa de los intereses de la víctima”.

Para graficar esto, trae a colación el caso de un taxista que atropelló a un ciclista y a consecuencia de ello, éste falleció. El drama era mayor porque la viuda era una enferma terminal de cáncer con cuatro hijos. Pro Bono intervino y consiguió una reparación económica y hoy, ambos, chofer y viuda tienen una relación.

“Creemos que debemos estar cuando la presencia de un abogado es un plus para la víctima, con un enfoque distinto o va a ir un escalón más arriba que el fiscal”, explica Marcela.

-¿Esta labor no debiera asumirla el Estado con un corporación nueva de defensa de la víctima?

“Absolutamente, este es rol del Estado. El Estado es el llamado a dar una repuesta a la víctima y si bien no me gusta el concepto de Defensoría de las Víctimas- porque muchas veces el abogado que interviene en su favor sin ser necesario, lo entorpece-. Muchas veces basta el fiscal, pero hay que tener ojo con las situaciones especiales que hay que ir previéndolas, acogiéndolas y dándole una repuesta adecuada.

“Esta posibilidad hoy el Estado no la está brindando y debería hacerlo en muchos casos. Si bien en el Ministerio Público hay unidades especializadas, no dan abasto como es en el caso de abusos de menores. Nosotros atendemos muchos casos en donde se necesita una mirada distinta que vele por los derechos de los niños”.

-¿Estamos, entonces, ante un vacío o los fiscales están superados?

“Es una mezcla de las dos, creo que hay fiscales superados y el sistema funciona con fiscales que pueden ver todo el caso y no donde algunos llegan a la primera audiencia y recién ahí leen el expediente. Se requiere fiscales que tengan una participación en el juicio y no algo tan despersonalizado como se da hoy”.

La misma profesional aclara que Pro Bono no postula que los abogados se conviertan en psicólogos de las víctimas, cuestión que deben asumir otras instituciones y así quedó explicitado en el convenio que se firmó con el Ministerio del Interior. “Si bien el abogado busca una reparación psicológica, no debe ser ese el objetivo para ponerse y por eso deben intervenir otras instituciones, pero sí, el abogado debe poner ciento por ciento su expertise en el caso”, afirma.

Marcela Fajardo también aclara que como fundación “no pretenden convertirse en el brazo armado del Estado” destinado a ‘secar’ a los delincuentes en la cárcel. El foco está puesto en las víctimas, insiste.

“Tenemos súper claro que esto es rol del Estado, pero si éste no lo hace no nos podemos cruzar de brazos y decir pucha, qué pena”, señala, cuando aclara que son otras ONG llamadas a hacer el lobby para encontrar una solución a través de un proyecto específico de institucionalidad.

-¿Sin considerar la estratificación económica, todas las víctimas tienden a conformarse con la presencia de un fiscal o recurren a un abogado particular?

“Diría que los de estrato alto recurren a un abogado particular, aunque no todos los hacen. Los otros estratos no tienen ni una posibilidad de hacerlo.

“Hay un tema cultural que hace que todos quieran contar con un abogado, y además, el fiscal puede perseguir un resultado distinto al que desea la víctima. Tu abogado es tu voz en el juicio, el fiscal no lo es. Puede que tenga la misma voz en algunos casos, pero como no es tu abogado no lo puedes dirigir. De hecho, el fiscal puede querer cerrar el juicio y sin un abogado querellante la víctima no tiene derecho a pataleo”.

En todo caso, la profesional hace una confidencia: “a nosotros, y esto es positivo, nos ha llamado la misma Fiscalía pidiéndonos que en ciertos casos pongamos un abogado querellante” lo que permite una colaboración.

Uno de las demandas que más se han incrementado en Pro Bono es la asistencia a padres que quieren una solución a los casos de bullying que se da en los colegios. “Siempre ha existido el bullying, pero no tenía una cara tan mediática y los padres nos comenzaron a llamar preguntando por la responsabilidad de los establecimientos”, dice.

Cuenta que en las primeras gestiones, las autoridades educativas explicaban que se trata de casos en donde la víctima era niño problema que tenía que ser derivado al psicólogo y sino, que los padres debían arreglárselas entre ellos, pero hoy el panorama ha cambiado y persiguen una reparación.

Marcela Fajardo cuenta también que el año pasado consiguieron la primera sentencia efectiva en Chile por un caso de grooming, donde una niñita de 11 años fue acosada por Internet y esto a pesar de que no existe la figura penal. Para eso se necesitaba abogados súper especializados.

-¿Qué explica este fenómeno?

“Que las cosas van pasando muy rápido en la sociedad y requieren una respuesta, donde las instituciones no las están entregando. Cuando partimos con el tema de bullying, hace dos años, era algo sumamente desconocido y sin legislación y pensamos que esto iba a explotar, por lo que quisimos adelantarnos.

“Esto se tradujo en un manual que elaboró el estudio Grasty Quintana Majlis. Ellos investigaron derecho comparado, qué estaba pasando en Chile y emitieron un documento que está muy vigente. El bullying fue creciendo, entre hombres y mujeres, además se suman las plataformas donde se hace más masivo como Internet y son muchas las formas como se puede vulnerar a un niño, no sólo los golpes, sino que con la exclusión o discriminación. Previmos que esto iba a derivar en un foco de violencia porque hay un brote manifiesto en la sociedad de solucionar todos los conflictos con la pelea”.

Al respecto, dice que si los colegios no asumen una postura frente a esto y promueven un cambio cultural, esto se va a convertir en algo complejo porque es transversal, no hace distingo ni de género, edad ni estrato socioeconómico.

“En mi época más de alguno sufrió con un sobrenombre, y alguna humillación, pero nosotros hemos constatado abusos sexuales entre escolares dentro de los colegios y muchos son delitos”, señala.

-¿Y qué reparación buscan?

“Bueno, primero hay que hacer entender al colegio que tiene que accionar, hay que hacer entender a los colegios que sí son responsables; algunos dicen es un juego, pero tú sabes que no lo es y por algo no permites que en tu casa tus hijos jueguen con patadas y puñetes.

“Ahora, si no lo quieren entender hay que actuar y pedir una indemnización de perjuicio y accionar civilmente. La sanción puede ser administrativa como el cierre o suspensión del sostenedor además de la indemnización económica. Además, está el castigo penal que le corresponde, en forma personal, al victimario si dejó lesiones graves o leves”.

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Revelan que el 52% de traficantes condenados está en libertad

Nota: No es de extrañar, si luego las propias autoridades promueven liberar el consumo de marihuana en grupo, en lugares privados, y aunque los expertos dicen que la marihuana es usualmente el iniciador en el consumo de drogas más duras. Para empeorar las cosas, el aumento de la violencia está relacionado directamente al mayor consumo de drogas.

Según cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), de los más de mil sentenciados por drogas en el primer semestre, más de la mitad fueron favorecidas con reclusión nocturna o libertad vigilada.

Durante el primer semestre de 2009, el 47,6% de los traficantes condenados fue a la cárcel. Más de la mitad de los sentenciados, el 52%, cumple su castigo en libertad, vigilados por Gendarmería, pero con beneficios.

Según estadísticas de la Defensoría Penal Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, entre enero y julio de este año, 1.381 personas fueron condenadas por tráfico. De ellas, 720 recibieron beneficios. En el caso del microtráfico, es decir los condenados por la venta de drogas en pequeñas cantidades, la cifras es mayor: el 71% de ellos está en la calle.

Así, el gran porcentaje de los condenados por tráfico y microtráfico que no va a la cárcel queda sujeto a medidas alternativas como la reclusión nocturna, libertad vigilada o remisión de la pena, en la que se suspende la condena. Todas estas medidas están dispuestas en la Ley 18.216, que rige para todos los delitos. Los narcos que gozan de estos beneficios quedan bajo el monitoreo de Gendarmería a través de un delegado de libertad vigilada que tiene, en promedio, 60 sentenciados a su cargo.

El senador RN, Alberto Espina, califica como una "vergüenza" que la mayoría de los traficantes gocen de beneficios. "En cualquier país que más del 50% de los condenados por narcotráfico estén libres, es la peor señal que se puede dar respecto a un delito tan cobarde". Agregó que el sistema de cumplimiento alternativo está colapsado. "Ese porcentaje de narcotraficantes que queda libre se pasea tranquilamente".

Según Paz Ciudadana, este sistema ha demostrado falencias de fiscalización y de reinserción de los condenados. Por eso se han presentado proyectos para fortalecerlo.

Ante la cifra, el subsecretario (s) de Justicia, Patricio Reyes, sostuvo que "el gobierno ha sido implacable con la persecución de la delincuencia y el narcotráfico". Agrega que "la ley establece medidas alternativas, no son beneficios. La persona cumple la pena de una manera distinta, con restricciones". Sostiene que si quebranta la pena, puede ser encarcelado.

Añadió que el gobierno está al tanto de las falencias que tiene el sistema de cumplimiento alternativo, por lo que se está trabajando en un proyecto para fortalecerlo más.

El jefe del Departamento de Estudios de la DPP, Gonzalo Medina, señaló que los condenados con beneficios "son personas que no tienen antecedentes penales o una carrera delictual establecida".

Respecto de la cifra, la directora de Paz Ciudadana, Francisca Werth, sostiene que con un sistema de cumplimiento deficitario, "hay una alta posibilidad de reincidencia" de los narcotraficantes. "La reinserción y rehabilitación en libertad es más fácil que en la cárcel, pero si tuviésemos un sistema bien estructurado de cumplimiento de penas alternativas", dijo.

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En Europa y EEUU los padres tienen alta responsabilidad civil por delitos cometidos por hijos menores de edad

Nota: Nuestros políticos tienden a cierto populismo, no van a pasar una ley impopular, aunque sea positiva y necesaria, menos en año de elecciones. Recuerden lo que pasó con los fotoradares. Prefieren que la gente se mate antes de hacer algo positivo pero impopular (los fotoradares se usan en TODOS los países desarrollados, y si uno no se pasa las luces rojas, no tiene nada que temer). Hacer responsables civilmente a los padres, sólo implica que pueden ser demandados monetariamente por los "pastelazos" que hagan sus críos menores, ¿acaso no se preocuparían más, si saben que van a tener que pagar por los daños que causen? (seguramente -en muchos casos- se preocuparían incluso más que si les puede suceder algo a sus hijos). Pero... ¿qué hacen los políticos? todo lo contrario, incluso a los padres se les quita -por ley- control sobre sus hijos. Darle la Pildora del Día después a menores de 14 años, a espaldas de sus padres, es sólo una demostración de esto. No me opongo a la pildora, lo que me parece pésimo, es que se excluya a los padres de un asunto que afecta la salud y educación de sus hijos.

España, Alemania y EE.UU. obligan a respuesta solidaria de los padres. Fuerte rechazo provoca en Chile la idea de endurecer la responsabilidad civil de los progenitores.

España, Alemania y EE.UU. aplican severas normas de responsabilidad civil a los padres o tutores legales de los hijos menores de 18 que cometen delitos.

La experiencia en estas naciones sale a colación a propósito del proyecto de ley que presentará en los próximos días el diputado Roberto Sepúlveda (RN), para afianzar la responsabilidad solidaria de los padres frente al daño que provocan las acciones ilícitas de sus hijos.

La propuesta busca terminar con la discrecionalidad de los jueces de la justicia civil, de fijar indemnizaciones por este tipo de acciones. Y, a cambio, establecería montos fijos respecto de delitos y/o cuasidelitos que deberían pagar los progenitores o tutores legales para reparar daños morales o físicos provocados por las acciones ilícitas de sus hijos menores de 16 años.

La idea provocó un inmediato rechazo entre legisladores y abogados, que no la consideraron viable para la realidad chilena (ver nota aparte).

Pero en España, por ejemplo, la ley establece que los padres o tutores legales responden "en todo caso" solidariamente por los daños causados por los hijos menores de 18 años.

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor española señala: "Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el juez según los casos".

Según explica el doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jean Pierre Matus, esto debe interpretarse como que el sistema invierte la carga de la prueba de la "negligencia" y sólo permite una "moderación" de la cuantía de la responsabilidad, si los padres prueban que no favorecieron intencional o imprudentemente la conducta del hijo. "Pero igual responden", afirma.

En cuanto a la fijación de las cuantías de indemnización, aunque éstas son determinadas judicialmente, existe la posibilidad de asegurar la responsabilidad civil derivada de los hechos constitutivos de delito, añade.

En los casos similares de Alemania y Estados Unidos, la contratación de "Seguros de Responsabilidad Civil" es obligatoria para todos los residentes mayores de edad.


Rechazo entre abogados y parlamentarios despierta la reforma al Código Civil

ENRIQUE CURY
Ex supremo. Penalista

"Yo creo que es muy poco feliz la idea. Las indemnizaciones tienen que fijarse tomando en cuenta una multitud de factores, entre otros, la gravedad del hecho, la culpabilidad comprometida, y dar normas generales para casos particulares es un disparate".

SAMUEL DONOSO
Penalista

"Fijar por ley un monto del daño es aberrante, porque el daño es variable, no es siempre el mismo, depende del delito. Lo razonable es que sea el juez quien la fije, una facultad que por ley tiene. Lo que en el fondo se busca es establecer una multa contra los padres".

OLGA FELIÚ
Consejera del Colegio de Abogados

"No me parece adecuado lo que se plantea, de una indemnización de monto fijo, porque eso en realidad no tiene un carácter reparatorio del daño. Yo veo que esto que se está estableciendo en sede civil, en el fondo se parece a una multa-sanción a los padres".

CRISTIÁN LETELIER
Penalista

"El proyecto está incompleto porque deberían restablecer primero las facultades correctivas que por ley tenía el padre de poder castigar moderadamente a su hijos, lo que se eliminó. No tenemos la facultad de sancionarlos para educarlos".

CRISTIÁN ARIAS
Penalista

"No parece racional confeccionar una tabla de equivalencias entre un tipo de delito cometido y el valor de la indemnización. Es como hacer una tasación económica de la vida, de cada parte del cuerpo que pueda resultar afectada. Es mejor dejarlo al criterio del juez".

PATRICIO WALKER
Diputado DC

"Lo más importantes es preocuparse de hacer transformaciones al interior del Sename para que se cumpla el objetivo de la rehabilitación con los adolescentes que están cumpliendo penas. Allí debe estar el énfasis y no en este tipo de propuestas".

JORGE BURGOS
Diputado DC

"Me parece un proyecto bastante absurdo. No tiene sustento jurídico. Hay que mejorar la ley de responsabilidad adolescente. Fui uno de los que me opuse a su puesta en vigencia porque no había condiciones para ponerla en marcha. El tiempo nos dio la razón".

FELIPE HARBOE
Diputado PPD

"Ciertamente se requiere que cuando un menor comete un delito, alguien se haga responsable de los perjuicios civiles. La ley establece que son los padres y eso se cumple. No es posible establecer sanciones adicionales en temas que tienen que ver con formación".

Interrogatorios en caso Aguayo

Uno de los menores que acompañaban a J.T.N.V. (15) y que fue casi el único que observó directamente la agresión del imputado en contra del fallecido Sergio Aguayo, fue interrogado ayer por el fiscal Andrés Iturra.

El testigo fue uno de los que dijeron haber visto el cuchillo -los otros cinco amigos niegan su existencia- y además graficó la forma en que J.T.N.V. propinó el certero golpe en la cabeza de la víctima, en avenida Las Condes.

Trascendió que el fiscal reinterrogará a los otros cinco jóvenes que acompañaban al agresor.

En tanto, ayer el fiscal citó a toda la familia Aguayo Muñoz a una reunión en la cual se les asignó atención sicológica especializada y se les informó del caso.

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