Expertos proponen siete cambios para mejorar el mercado laboral chileno

En un reciente libro lanzado por la Universidad Alberto Hurtado, se recomienda dar mayor flexibilidad a la jornada laboral y las licencias maternales. También propone cambios en la negociación colectiva y salas cuna.

En medio de los tira y afloja en torno al envío del anunciado proyecto sobre negociación colectiva por parte del Gobierno, más de una de decena expertos se reunieron para recomendar siete cambios al mercado laboral chileno, según la revista Observatorio Económico de septiembre, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.

Las propuestas -basadas en el libro “Entre las buenas soluciones y las buenas intenciones. Mejores políticas para el mercado laboral”, editado por Marcela Perticará, Jorge Rodríguez Grossi (ex ministro de Economía del Gobierno de Ricardo Lagos y actual Decano Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado) y Claudia Sanhueza y publicado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado- buscan instalar un debate acerca de qué tan deseables y problemáticas son ciertas regulaciones laborales en Chile.

“Si el mercado laboral tiene malas regulaciones económicas, aunque ello sea debido a las mejores intenciones, la economía entera sufrirá porque habrá un sesgo contra la contratación. Combinar la lógica económica con los principios de solidaridad, de protección efectiva de la maternidad, de atención al cesante y su familia, es una obligación ética que la política debe asumir con valentía en vez de sumirse en propuestas que sabemos terminan perjudicando a la sociedad”, concluye el artículo.

De todas formas, el texto asegura que el debate laboral ha estado muy ideologizado y que no se ha permitido ni si quiera abrir la posibilidad de cambios en esta materia. “No estaríamos cuestionando la “subcontratación” si hubiéramos reformado el oneroso régimen de las indemnizaciones sustituyéndolo por un más potente subsidio de cesantía. Quizás tampoco necesitaríamos “legislar” para que las empresas pagaran iguales sueldos a hombres y mujeres si no tuviéramos leyes que hacen a hombres y mujeres tan “económicamente desiguales” frente a los empleadores”, sostiene.

LAS PROPUESTAS

1) Permitir negociar colectivamente la flexibilización de pisos establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Esta propuesta de Rossana Costa, de Libertad y Desarrollo, propone permitir que ciertas materias consignadas en la Ley de Contrato de Trabajo (como lo que respecta a jornada laboral, permisos especiales, y gratificaciones, entre otras) puedan flexibilizarse o alterarse mediante la negociación colectiva.

2) Flexibilizar los esquemas de jornada laboral. Los esquemas alternativos de jornadas laborales flexibles que emplean países industrializados no deben verse como una manera encubierta de empeorar las relaciones laborales, asegura el artículo. “Bajo un esquema flexible un trabajador pudiera optar por trabajar de lunes a jueves 10 horas por día, y sólo trabajar los viernes hasta las 13 horas, sin que esto obligue al pago de horas extras para la empresa”, se ejemplifica,

3) Instrumentar un subsidio al trabajo a tiempo parcial. “Hay que fomentar el uso de jornadas parciales para favorecer la transición de estudio a trabajo o para conciliar familia con trabajo. El trabajo inclusive debería ser en horarios centrales, para compatibilizar la jornada laboral con la escolar en el caso de las mujeres, y con estudio vespertino en el caso de los jóvenes egresados de la enseñanza media que desean continuar estudios superiores”, sostiene el estudio.

4) Flexibilización de las licencias maternales. Se propone transitar hacia un descanso maternal flexible y remover la obligatoriedad (con algunos pisos) de tomar períodos de pre y posnatal de duración definida. “La necesidad de proteger los derechos de la mujer y de sus hijos plantea la necesidad de mantener la obligatoriedad del descanso y podría justificar el extender la duración de la licencia (voluntaria) para mujeres de menores ingresos. En particular pudieran ofrecerse esquemas de licencias flexibles a mujeres de altos ingresos, quienes en cierta medida se ven más perjudicadas al perder ingresos durante los períodos de licencia”, añade.

5) Suspender la obligación de las empresas de proveer servicios de sala cuna, y moverse hacia un esquema de financiamiento compartido de cuidado infantil. “Hay que transitar de la obligatoriedad de provisión de sala cuna a las empresas en las que haya 20 o más trabajadoras, a un esquema en que el cuidado infantil sea financiado de manera compartida por la sociedad”, afirma el artículo.

6) Fortalecimiento del sistema de protección al desempleo. “Es necesario reforzar el rol de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, OMIL (o su reemplazo por alguna otra institución) como ventanillas únicas para acceder a servicios de capacitación, de intermediación laboral y otros programas públicos de protección al desempleado. También hay que estudiar mecanismos que permitan flexibilizar el acceso al Fondo Solidario y expandir la tasa de cobertura y tasa de reemplazo del seguro”.

7) Sobre mecanismos de protección al desempleo en tiempos de crisis. Según los autores, en tiempos de crisis es necesario implementar políticas contracíclicas. “Las últimas medidas implementadas para retener y capacitar a los trabajadores son buenas porque tratan de evitar que las empresas pierdan capital humano en este contexto de crisis. Pero la evidencia empírica sugiere, lamentablemente, que subsidios a la contratación no son efectivos para generar empleo en contextos recesivos”, concluye.

Entre los colaboradores del libro están Rosanna Costa (Instituto Libertad y Desarrollo) Harald Beyer y Francisca Dussaillant (Centro de Estudios Públicos); Elaine Acosta y Marcela Perticará (Universidad Alberto Hurtado); Eduardo Fajnzylber (Universidad Adolfo Ibañez); Isabel Poblete (Superintendencia de Pensiones); Carlos García, Lucas Navarro (Universidad Alberto Hurtado); y Wildo González (Banco Central de Chile); Claudia Sanhueza (Universidad Alberto Hurtado); y Alejandro Micco y Felipe Saez (Ministerio de Hacienda).

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Instituto Libertad y Desarrollo: Chile debiera implementar reformas laborales propuestas por la OCDE

Chile debiera implementar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto del mercado laboral, aseguró el investigador del programa económico de Libertad y Desarrollo (LyD), Felipe Silva, en el marco del posible ingreso del país a dicha agrupación.

"Debemos considerar las recomendaciones que la OCDE entregó en materia laboral. Los últimos resultados en la materia, baja ocupación de los jóvenes y altas cifras de desempleo en toda la población, nos debiesen motivar a realizar verdaderas reformas laborales, porque la situación es grave", explicó Silva.

Silva sostuvo que la OCDE ha tomado postura y bastante clara. "Por ejemplo, ha dicho que es necesario modificar el régimen actual de indemnización por años de servicio por una indemnización a todo evento, fortaleciendo el seguro de cesantía", sostuvo.

"Esta idea toma gran fuerza cuando vemos que el sistema actual, dada su baja cobertura, no protege a los trabajadores cuando quedan desempleados, perjudica a los trabajadores más nuevos y puede hacer perdurar relaciones laborales poco productivas y de baja satisfacción", aseguró.

Al respecto, agregó que con una indemnización a todo evento "los trabajadores están más cubiertos, pues no existen restricciones para recibir el pago, y además, como se protege el ingreso y no el trabajo, se genera una mayor movilidad de puestos de trabajo y como resultado se obtienen ganancias en productividad, ganando tanto trabajadores como empresas".

"Hoy con Chile en recesión, cuando hay ciudades con cifras de desempleo que superan el 15%, cuando más del 20% de los jóvenes no encuentra un trabajo y en el primer quintil más del 60% se encuentra inactivo, es necesario un mayor sentido de urgencia por reformas", señaló el experto.

Para Silva, así como se apura el paso en proyectos que permitirían que nuestro país ingrese en plenitud a la OCDE, "deberíamos aprovechar y realizar ahora las reformas laborales donde el acuerdo técnico ha sido alcanzado hace rato y sólo falta la voluntad política".

"No sólo porque la entidad lo recomienda, es lo que hay que hacer porque los chilenos lo necesitan", enfatizó.

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¿Qué le gritaría a su jefe?: las principales quejas de los trabajadores chilenos

Esa fue la encuesta que realizó Trabajando.com en 5 países latinoamericanos en el "Día Mundial del Grito" celebrado recientemente y donde las respuestas revelaron parte del clima laboral que reina por estos días de crisis en las empresas. Los mayores reclamos: el horario, el sueldo y recibir encargos a última hora.

Si tuviera un minuto de confianza y pudiera expresarle a su jefe y compañeros de trabajo lo que piensa sobre ellos ¿qué les diría?

Las respuestas están en este reciente estudio de Trabajando.com, donde un 82% de los empleados peruanos y mexicanos señalaron que gritar es una manera de liberar tensiones y que se sentirían aliviados si pudieran expresar "a los cuatro vientos lo que les molesta, los entristece o los hace felices".

La misma opinión tienen los trabajadores chilenos, quienes en un 80% reconocieron que necesitan gritar para liberar el stress, mientras que colombianos y argentinos se encuentran más bajo en el ranking con un 77% y 68% respectivamente.

Otro dato no menor, es que los trabajadores de distintos países precisaron que la primera persona a la que le gritaría sería a su jefe, ya que necesitan informarle sus quejas frente a diversos temas.

"Todos los latinoamericanos coincidieron en que le gritarían a su empleador que dejara de restringirlos, haciéndoles notar además, que no quieren seguir recibiendo tareas a última hora", indica el estudio.

A juicio de Juan Pablo Swett, Director general de Trabajando.com, esto sucede porque el empleado busca autonomía en la realización de sus tareas y esperan que sus jefes valoren el trabajo realizado.

"Si éstos no confían ni valoran, difícilmente los empleados van a creer en sus capacidades y potencialidades", señala Swett.

Otras de las cosas que los trabajadores le gritarían a sus jefes es "que acorte el horario de trabajo, que no lo restringa y que le suba el sueldo", según el estudio.

COMPAÑEROS DE TRABAJO

Sobre la relación entre pares, un 53% de los peruanos le gritaría a sus compañeros que debería existir mayor unión entre ellos.

Lo mismo piensan los mexicanos en un 48%, chilenos (43%), argentinos (43%) y colombianos con un (38%).

Otra de las cosas que le dirían a sus compañeros es que "no hablen a sus espaldas y que no se metan en sus cosas".

CONFLICTOS EN EL TRABAJO

Muchas de estas afirmaciones revelan el tipo de relación laboral que se genera al interior de los equipos y que en varios casos no es la mejor.

Por ello, la directora de selección de Hr Consulting, Javiera González, señala que hay varios tips que pueden ayudar a los trabajadores a mejorar su ambiente laboral.

Por ejemplo, frente a un empleado que tiene problemas con su jefe es importante contar con una buena instancia donde se pueda generar un diálogo constructivo entre ambos.

"Es bueno tener una actitud positiva frente a este tema porque no conviene discutir con el jefe y es mejor buscar la forma de expresar las diferencias desde una mirada enriquecedora", indica González.

Agrega que hay que mantener la misma actitud con los compañeros de trabajo, ya que "una buena parte del día se pasa allí y muchas veces se comparte más con los compañeros que con la familia", cuenta la sicóloga.

González agrega que es importante saber que los roces producidos en los equipos de trabajo no son personales, sino que son parte de las diferencias propias de la actividad que se realiza.

"Además en estos tiempos de crisis se genera más tensión por la situación que se está viviendo, pero una vez que esta crisis pase vendrán las gratificaciones para quienes colaboraron en tiempos más difíciles", señala.

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Argentina es el pais menos competitivo del Cono Sur

Nestor Kirchner lo hizo: Argentina sufre un intenso proceso de fuga de ahorros al exterior. La causa principal son las reglas de organización económica y del mercado laboral que conspiran contra la competitividad. Las consecuencias sociales son muy negativas, con menos empleo productivo y deterioro del salario real.

Según la información oficial, en el primer trimestre del 2009 hubo una salida neta de capitales del sector privado no financiero del orden de los U$S 3.627 millones. Se mantiene una tendencia que se viene observando desde el año pasado ya que durante el 2008 la fuga de capitales fue de aproximadamente U$S 3.000 millones por trimestre. Esto está reflejando una alta propensión de los residentes de la Argentina a invertir sus ahorros fuera del país o a conservarlos en moneda extranjera y fuera del circuito financiero local. Obviamente que el fenómeno tiene profundas consecuencias económicas y sociales. Si el ahorro no se invierte, no se expande la capacidad productiva, no se generan nuevos empleos y, consistente con ello, se deteriora el nivel de bienestar general.

¿Qué es lo que puede explicar esta repulsión que genera la Argentina para invertir productivamente?

Son muchos los determinantes de la decisión de invertir. Pero, dentro de ellos, los relacionados con las políticas públicas son decisivos para explicar porqué la Argentina es poco atractiva y conveniente para emprender una inversión productiva. En este sentido, tomando datos de Doing Business del Banco Mundial, donde se releva indicadores de competitividad para 181 países, se puede observar que:

• En Chile, una empresa paga impuestos por el 26% de su rentabilidad y en caso de que necesite terminar una relación laboral el costo promedio es de 52 semanas de salario.

• En Uruguay, los impuestos totales representan el 59% de la rentabilidad y la terminación de una relación laboral es de 31 semanas de salario.

• En Argentina, los impuestos totales representan el 108% de la rentabilidad y la terminación de una relación laboral implica abonar 95 semanas de salario.

Aunque se trata de indicadores parciales y no concluyentes, resulta muy sugerente lo dificultoso que resulta en la Argentina pagar los impuestos y cumplir con las normas laborales. No debe sorprender entonces que los niveles de informalidad –es decir, de incumplimiento de las normas– estén entre los más altos de la región y que los residentes argentinos prefieran llevar sus ahorros al exterior en lugar de invertirlos en una fábrica u otro tipo de emprendimiento productivo local.

Otros indicadores, relevados por la misma fuente, confirman hasta qué punto llega el desaliento a la producción. Las evidencias son muy contundentes cuando se compara con Chile, un país agresivo en atraer capitales productivos y promover la producción. Por ejemplo, registrar una propiedad en Argentina cuesta el 7,5% del valor de la propiedad cuando en Chile es de 1,3%, las contribuciones patronales en Argentina son de 29,4% mientras en Chile son de 3,8%, y los días que toma hacer cumplir judicialmente un contrato en Argentina son 590 cuando en Chile son 480.

La falta de competitividad tiene connotaciones sociales muy negativas. Cuando las reglas y las prácticas obstaculizan la producción –es decir, cuando la competitividad es muy baja– muchos proyectos de inversión no se ejecutan aunque existan condiciones propicias para hacerlo. Sólo se llevan a la práctica los proyectos que logran compensar los obstáculos regulatorios que impone el Estado. Una manera de compensar el efecto distorsivo de reglas irracionales es pagando salarios más bajos. Esto lleva a enfatizar que mientras más baja sea la competitividad, más bajo tiene que ser el salario real. Consecuentemente, hay menos posibilidades de generar un proceso sostenido de desarrollo social.

Las evidencias señalan que Argentina tiene serios y crecientes problemas de competividad. Sin un cambio de tendencia, se hace inevitable acelerar la devaluación del peso para profundizar la caída del salario real y así compensar, al menos en parte, la falta de competitividad del país. Obviamente que el camino socialmente más conveniente va en el sentido contrario: implementar un agresivo programa de reformas estructurales que mejoren la competitividad para minimizar la necesidad de devaluar dando viabilidad a un proceso sostenido de progreso social basado en un salario real alto.

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Perú ratifica memorando sobre cooperación laboral y migratoria con Chile

El documento especifica que los derechos de los trabajadores migratorios del Perú y Chile se aplicarán ´independientemente de su situación irregular´.

El presidente de la República, Alan García, ratificó un memorando suscrito con Chile para permitir el reconocimiento de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores migratorios entre ambos países.

El mandatario suscribió el Decreto Supremo que ratifica el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Laboral y Migratoria un día después de la entrada en vigencia de un Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países.

Este acuerdo comercial ha sido criticado por el opositor Partido Nacionalista Peruano (PNP), que hoy presentó una acción de inconstitucionalidad, ya que considera que debió ser revisado por el Congreso de la República antes de su aplicación.

Según la nota oficial, el memorando fue suscrito el 22 de agosto de 2006 en Lima y "su ratificación es conveniente a los intereses del Perú".

El documento especifica que los derechos de los trabajadores migratorios del Perú y Chile se aplicarán "independientemente de su situación irregular (ilegal)".

Además, se protegerán derechos laborales fundamentales como el de asociación, a organizarse y negociar colectivamente, la prohibición de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, una edad mínima para el empleo de niños y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y discriminación.

También se indica que los derechos de los trabajadores migratorios se darán de conformidad a la Convención Internacionalsobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, adoptada por las Naciones Unidas en 1990.

Esa convención se refiere a derechos humanos como a la vida, integridad física, libertad de pensamiento, identidad cultural, debido proceso y propiedad privada, entre otros temas, detalló la nota oficial.

El memorándum también crea un Comité de Asuntos Interinstitucionales, que se reunirá anualmente, y se encargará de desarrollar el programa de cooperación, servir de canal de diálogo, proponer instrumentos jurídicos bilaterales y hacer el seguimiento de sus acuerdos.

Ese comité estará integrado por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Trabajo de los dos países suramericanos.

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