En 1992 Chile suscribió el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, en el cuál se comprometió a alcanzar una meta de conservación del 10% de los ecosistemas existentes en el país.
Al cabo de 17 años, este es el balance: sólo las regiones de Arica y Parinacota, Los Lagos, Aysén y Magallanes han cumplido con la meta de conservación terrestre y ninguna lo ha hecho en el caso de las áreas marinas. De hecho, actualmente se encuentra protegido sólo el 0,3% del 10% de los ecosistemas marinos considerados más relevantes.
Esa es la conclusión del "Estudio de análisis de omisiones y vacíos de representación en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad de Chile". El informe fue elaborado por investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza) y la Universidad de La Serena a petición de la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama).
El caso Punta de Choros
En 2010, cuando se celebra el Año Internacional de la Diversidad Biológica, el documento ha adquirido especial relevancia. Más aún, luego del conflicto desatado por el proyecto que pretendía instalar una central termoeléctrica en la reserva marina de Punta de Choros, en la Cuarta Región.
A raíz de esta polémica, La Moneda tomó una determinación: instruir al Ministerio de Bienes Nacionales para que definiera la vocación de uso de los distintos territorios del país, para que, luego, un trabajo coordinado entre diferentes ministerios, elabore un mapa, que buscará eliminar los posibles conflictos por la instalación de nuevos emprendimientos productivos.
"Este estudio sirve como una base para conocer las áreas que tenemos conservadas, las que debemos resguardar para cumplir las metas y las que son áreas de sacrificio", dice a La Tercera Francisco Squeo, doctor en biología de la Universidad de La Serena y jefe del proyecto, quien ya ha participado en reuniones en Bienes Nacionales para tratar el tema, junto a otros expertos.
En el ministerio explican que este trabajo efectivamente es parte del conocimiento científico que se necesita, para poder reconocer con precisión los ecosistemas que se debieran proteger.
Sistema de vigilancia
Una vez concluida la tarea de identificar las zonas relevantes, en la Conama destacan que para esta labor de protección de ecosistemas será fundamental la creación de un Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, en el que ya se está trabajando.
"Nos resulta prioritario relevar este ámbito de la gestión, por cuanto nos permite no sólo proteger nuestros recursos naturales, sino también acercar a la ciudadanía a nuestros espacios naturales y su biodiversidad", explica Leonel Sierralta, jefe del Departamento de Protección de los Recursos Naturales de la Conama.
El documento, por su parte, propone la creación de 53 áreas prioritarias de conservación, aparte de las áreas protegidas públicas o privadas que actualmente existen.
Si bien se plantea la protección de zonas cordilleranas y de la depresión intermedia como el Salar de Huasco en Tarapacá y el cordón de Cantillana en la Región Metropolitana, los investigadores también destacan la necesidad de resguardar los ecosistemas marinos, "donde existe una menor protección y una mayor amenaza", dice Squeo.
Zonas en conflicto
Dentro de los 53 sitios propuestos, hay varias empresas que buscan instalar proyectos energéticos. Es el caso de Punta Patache, al sur de Iquique, donde la minera Doña Inés de Collahuasi tiene planeado establecer una central termoeléctrica a carbón para abastecer de electricidad su proyecto minero. O el río Baker, donde la empresa HidroAysén busca instalar dos de sus cinco centrales hidroeléctricas.
Similar es la situación de la zona ubicada entre Isla Chañaral y Punta Teatinos en Coquimbo, la región con mayor diversidad vegetal pero que, a la vez, presenta el peor escenario con un cumplimiento de sólo un 28% en las metas de conservación.
"Esta área está amenazada por la instalación de centrales termoeléctricas y el establecimiento de parcelas de agrado. Se trata de una zona con una impresionante concentración de especies amenazadas", explica Squeo.
Otro territorio cuya conservación resulta altamente prioritaria para los científicos es el borde costero que va desde Paposo hasta Chañaral, amenazado por el pastoreo excesivo y la caza ilegal de guanacos, además de la descarga de residuos urbanos e industriales al mar y la pesca de arrastre en el litoral.
En la misma categoría se encuentra el Golfo de Corcovado en Aysén, un sitio donde las ballenas azules están amenazadas por el tránsito de barcazas de transporte y embarcaciones de pesca.
Pero, ¿cómo materializar las metas propuestas por los científicos? Según Francisco Squeo, para esto resulta indispensable la formación de una red que integre áreas protegidas públicas y privadas.
"Entre la IV y IX Región no hay suficientes terrenos públicos para hacer conservación, por lo que se requiere la activa participación del sector privado", concluye.
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