Sospechas de corrupción y sobreprecio complican las relaciones industriales de defensa entre Argentina y Chile

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Las relaciones industriales en el ámbito de la Defensa entre los Gobiernos de Argentina y Chile no pasan por su mejor momento, y el hecho de que uno de los principales proyectos conjuntos como es la construcción por parte de Chile de cuatro barcos destinados a custodiar las costas argentinas esté parada pese al importante desembolso de dinero realizado por el Gobierno de Cristina Fernández, no ayuda a que dichas relaciones mejoren.

Según cuenta el diario argentino La Capital, las sospechas de corrupción y sobreprecio sobrevuelan sobre las dos empresas estatales involucradas en el programa, después de que hayan pasado más de dos años y medio de que el Gobierno argentino empezara a pagar la cantidad acordada de más de 3 millones de euros para comprar cuatro lanchas patrulleras para la Armada, con el resultado de que todavía no haya comenzado la construcción de una sola nave.

A fines de 2007 el Ministerio de Defensa autorizó a la Armada a suscribir un convenio con el astillero estatal chileno ASMAR para el desarrollo conjunto del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM), una nave destinada al control de los mares nacionales para evitar la pesca ilegal, entre otras múltiples funciones.

Argentina planeó entonces construir cuatro barcos similares a los que Chile ya estaba desarrollando con licencia del astillero alemán Fassmer. Con el objetivo de sumarse al proyecto, pagó 2.730.000 euros para adquirir la ingeniería básica del patrullero, mientras en junio del año pasado abonó otros 500.000 euros al astillero Fassmer por el contrato de licencia de la primera unidad.

En total, Argentina ha desembolsado un total de 3.230.000 euros para sumarse a un programa del cual, según el diario La Capital, todavía hoy no hay convenios firmados con astillero alguno, ya sean argentinos o extranjeros; y lo que es peor, aún no hay fecha prevista para el inicio de la construcción de las naves.

Mientras tanto, la Armada chilena ya ha puesto en marcha operaciones por los mares australes con dos unidades de ese patrullero, el "Piloto Pardo", desde abril de 2008, y el "Comandante Toro", desde agosto del 2009, con un coste de 24 millones de dólares cada uno. Además, Chile mantiene otras dos unidades en construcción a través de un programa al que denomnó Danubio IV y que avanza según lo acordado.

Malestar en los Astilleros Río Santiago

El presupuesto destinado a cada patrullero y la decisión sobre el lugar en que se construirían originó recientemente un gran revuelo en los Astilleros Río Santiago, ubicados en Ensenada y propiedad del gobierno argentino.

Hace varios años, en concreto en junio de 2006, este astillero presentó una propuesta cifrada en 130 millones de dólares para construir los cuatro buques, e incluso había conseguido financiación externa y nacional para sacar adelante el proyecto que contemplaba un plazo de ejecución de 62 meses y tenía previsto emplear a tiempo completo a unas mil personas.

El ingeniero Angel Cadelli, quien fuera vicepresidente del astillero cuando se desarrolló dicha propuesta, le dijo al diario La Capital que ese presupuesto fue finalmente "archivado por la Marina", después de los "sucesivos e interminables cambios técnicos que la Armada planteaba todos los días en la configuración de los buques, mientras probablemente negociaban por otro lado".

Cadelli, manifestó entonces su "sorpresa y bronca", así como la de los trabajadores reunidos en Asamblea, cuando se publicó que un testigo alemán de identidad reservada reveló que el consorcio Ferrostaal negociaba con la Armada un contrato, que finalmente no se materializó, de entre 230 y 250 millones de euros para construir los barcos. "Nuestro presupuesto era más de 100 millones de dólares menos y no fue ni considerado", protestó Cadelli.

Hace unos días, los trabajadores de Río Santiago volvieron a la carga con el presupuesto para construir los buques y presentaron una "oferta hostil", como elos mismos la denominaron, a la ministra de Defensa, al jefe de la Armada y al gobernador Scioli, y le enviaron también una copia a la presidenta. Los trabajadores remitieron el mismo presupuesto "archivado" en 2006, lo que a algunos entendidos en el tema les llamó la atención, ya que no sufrió ninguna actualización en cuatro años.

La bronca aumentó cuando desde la actual dirección del astillero Río Santiago se comunicó que Cadelli ya no tiene autoridad para hablar en nombre de la empresa, por lo que se desestimaron sus apreciaciones que fueron considerada como "a título personal", y sugirieron que su reacción podría tener connotaciones políticas.

Desde otras fuentes se destacó, sin embargo, la calidad técnica de la propuesta que había hecho Cadelli en su día en Río Santiago para hacer los buques, y coincidieron en señalar que Tandanor (a quien el gobierno le encargaría ahora el trabajo) es "sólo un taller de reparación naval y no un astillero, por lo que no está en condiciones técnicas de llevar adelante semejante trabajo".

Sin embargo, fuentes de Tandanor consultadas por La Capital dijeron que sí están en condiciones de llevar adelante el proyecto, que han hecho barcos, pero que reconocen la experiencia del Astillero Río Santiago en la construcción de buques militares. "Lo importante es que los patrulleros se hagan", no importa donde, expresaron con generosidad desde Tandanor.

Argentina niega el pago de comisiones

A toda esta polémica hay que unir las acusaciones de corrupción dirigidas hacia el Ministerio de Defensa, que recientemente tuvo que rechazar "categóricamente" una información publicada por el semanario alemán Der Spiegel sobre el supuesto pago de comisones en 2006 del holding Ferrostaal a un funcionario de esa dependencia.

La revista reveló que la Justicia germana investiga si la constructora de buques y submarinos pagó un supuesto soborno a funcionarios argentinos para beneficiarse en un contrato. El proceso judicial es parte de una causa mayor que busca determinar si esa empresa ofreció comisiones en el área de la defensa de varios países, entre ellos Colombia, Indonesia, Egipto y Portugal.

"Las referencias realizadas por el medio alemán parecen aludir, de manera lateral, a las acciones realizadas por el Ministerio en relación con el proyecto Patrullero Oceánico Multipropósito (POM)", defiende un reciente comunicado del Ministerio de Defensa argentino que explica al detalle el acuerdo con otros países de la región para cooperar en la fabricación de barcos de calado más limitado que los de los grandes buques de guerra.

La prensa alemana aseguró que los investigadores creen que la filial argentina de Ferrostaal pagó una comisión "de seis cifras en euros" por la construcción de los POM para la Prefectura Naval.

La dificultad para entender todo este tramado surge del hecho de que esta operación no se realizó directamente con Ferrostaal, dedicada a la fabricación de máquinas pesadas, instalaciones industriales y embarcaciones civiles y militares, sino con la empresa chilena Asmar. La sospecha de los investigadores alemanes es que Ferrostaal habría actuado como intermediaria de otras empresas a cambio de un porcentaje de las comisiones.

La misma explicación fue ofrecida desde la filial local de Ferrostaal, cuyos responsables han afirmado que su tarea se limitó a presentar los POM a las autoridades argentinas.

Las acciones de cooperación logística entre Argentina y Chile forman parte de los esfuerzos operativos para sentar las bases de una industria regional de la Defensa. En este sentido, Argentina desarrolla acuerdos también entre la Fábrica de Aviones "Brigadier San Martín" (en Córdoba) y con la empresa brasileña Embraer. Por su parte, los ejércitos de Argentina y de Brasil tienen un acuerdo de cooperación para la fabricación del vehículo terrestre multipropósito "Gaucho".

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