La iniciativa se realizaría en la Tercera Región, comuna de Copiapó, en el sector de Bahía Salado, Punta Cachos, donde la sociedad MPX Energía de Chile Ltda., de propiedad del empresario brasileño Eike Batista, pretende ejecutar este proyecto energético que comprende la construcción y operación de la Central Termoeléctrica Castilla, que contempla seis centrales a carbón de 350 megawatts cada una, más dos centrales a petróleo, con un total proyectado de más de 2.100 MW.
En la reunión expusieron parlamentarios a favor del proyecto como el diputado Carlos Vilches, y en contra como Alberto Robles y Lautaro Carmona. Además, la abogada de la empresa MPX indicó las modificaciones hechas al proyecto en el sector de Punta Cachos. La Corema determinó que en siete días más, cuando se cumpla el plazo total de 180 días de revisión para calificar el proyecto, se conozca un nuevo Informe.
La intendente de Atacama, Ximena Matas, “advirtió que el informe tiene una serie de errores, contiene omisiones de importancia y hay que agregar que han llegado nuevos antecedentes como el pronunciamiento del seremi de Salud”.
Pero la comunidad agrícola de Totoral se retiró descontenta de esta sesión en Atacama. Uno de los dirigentes, Milton Morales, destacó que “lo importante es que se expresaron cada una de las comunidades” en la sesión y aseguró que si se concreta la aprobación están preparando un conjunto de demandas para presentar en Contraloría y en los Tribunales de Justicia.
Pero este camino ha sido largo. El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Castilla se presentó en diciembre de 2008 y tuvo en su momento 450 observaciones por parte de los distintos organismos o reparticiones públicas, mientras en el proceso de participación ciudadana se presentaron oposiciones u observaciones al proyecto por parte de treinta entidades y personas naturales.
Finalmente, el 19 de enero de este año la entonces Secretaria Regional Ministerial de Salud, Pilar Moreno, negó el permiso y calificó a este proyecto como “contaminante”. Pero el actual seremi, nombrado por Sebastían Piñera, Raúl Martínez, modificó esta decisión y sólo catalogó esta iniciativa como “industria molesta”, lo que da luz verde a que se instale esta termoeléctrica. Por esta razón, se decidió en la Corema que se necesitará un nuevo pronunciamiento del ministerio de Vivienda, debido al cambio de calificación.
Pero esta historia tiene un capítulo anterior. Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) aclaró que existe otro actor principal en esta polémica.
“El principal responsable de este abuso es el renunciado Director Nacional de Conama, Álvaro Sapag, quien supuestamente se quedó encabezando el organismo ambiental para ayudar a implementar la nueva institucionalidad. Pero eso ha quedado desmentido, ya que la única acción que realizó fue acoger a tramitación un recurso administrativo improcedente y que, además, ordenó suspender una votación de la Corema de Atacama, cuando todo indicaba que la termoeléctrica sería rechazada”.
Después de la calificación de “contaminante” la empresa decide solicitar a través de la interposición de un recurso jerárquico la suspensión del trámite del EIA, una petición que fue acogida y cursada por Sapag.
Pero coincidentemente con la nueva acción del actual seremi, ese recurso fue retirado a la espera de la sesión que tendría la Corema de Atacama. En este escenario, la comunidad agrícola de Totoral había declarado que “resulta muy poco serio que en dos meses se hayan modificado conclusiones que profesionales calificados de la propia seremi de Salud adoptaron luego de estudiar y evaluar los antecedentes por más de un año”.
Carlos Figueroa, abogado representante de Gonzalo Domínguez, arquitecto y ambientalista del lugar que ha rechazado el proyecto, dijo que “se hicieron muchas observaciones en la participación ciudadana principalmente orientadas a probar que esta es una termoeléctrica a carbón y petróleo altamente contaminante, y estos procesos están en retroceso en el mundo”.
En este sentido, agregó que la legislación nacional está muy atrasada. “En Chile se está aprobando con una norma muy permisiva si se compara con normas internacionales. Si se compara con otros países, y qué decir con el país de origen del propietario de la termoeléctrica que es Brasil, no podría instalarse. Se vienen a contaminar a Chile y a generar energía electica sobre bases de normas que no existen en otras partes. Están actuando con criterios a corto plazo”, manifestó Figueroa.
La intendenta Matas concluyó a la salida de la reunión de Corema que en este y en cualquier otro proyecto que la Comisión Nacional de Medio Ambiente deba calificar “debe primar que se sujete a la normativa ambiental de manera irrestricta”. Eso es, por lo menos, lo que espera la comunidad hace tres años.
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