Para detener la intervención electoral

Sin perjuicio de las razones jurídicas que este diario ya ha analizado, subsiste el hecho de que para el grueso de la ciudadanía es decepcionante el desenlace del caso judicial contra quienes en 2005 desviaron recursos destinados a los desempleados, para pagar gastos de campañas parlamentarias de la Concertación en la V Región. En su momento, la ciudadanía valoró que algunos medios de comunicación informaran ampliamente sobre cómo se cometió este grave fraude, pues entonces se pensaba que la única sanción posible sería electoral, para lo cual faltaban cuatro largos años.

Por eso, fue alentador que el Ministerio Público de la V Región iniciara enérgicas investigaciones en 2006. Los hallazgos de los fiscales durante los meses siguientes remecieron a la opinión pública, pues revelaron que las autoridades del Ministerio del Trabajo y de la Dirección de Presupuestos habían diseñado un sistema notoriamente carente de controles mínimos.

Esas expectativas se probaron excesivas. Cabe preguntarse si, además de sus habituales restricciones presupuestarias, los fiscales recibieron o no del Gobierno y del Congreso la resuelta colaboración que habría sido esperable ante una situación semejante. Como fuere, el estándar de prueba de los procesos criminales resultó demasiado exigente para lograr sentencias ejemplificadoras.

Parece desprenderse de aquí que la sanción del desvío de fondos fiscales hacia la intervención electoral no puede ser responsabilidad exclusiva de la justicia criminal: complementariamente, se requiere fortalecer otras instituciones, con estándares de prueba más adecuados a este tipo de delito. La decepción por la escasa eficacia del proceso judicial en estos casos debería canalizarse ahora hacia la reforma de las leyes electorales y de fi- nanciamiento electoral. Por ejemplo, hechos como es- tos deberían obligar a repetir las elecciones respectivas, pues quienes permitieron que sus campañas se financiaran de este modo no tienen cabal legitimidad democrática para legislar.

Y es muy lamentable que el Gobierno siempre haya negado urgencia al proyecto que la propia Presidenta envió al Congreso en diciembre de 2006, que propone reformas a la ley sobre control del gasto electoral. Él contiene sanciones elementales, como responsabilizar al partido político y al candidato cuyo administrador electoral cometa fraude con fondos públicos o rinda cuentas con facturas falsas. Entre las consecuencias de ello debería estar la pérdida de subsidios estatales para la siguiente campaña electoral. La falta de urgencia ha impedido que ese proyecto se transforme en ley.

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