Las tres claves que resolvieron el misterio de las bombas en 58 días. Operación logró lo que fue una misión imposible durante 7 años

Se rastrearon varias remesas desde Europa, se pidieron diligencias a Holanda, a Argentina y a Estados Unidos y se creó una lista de 48 sospechosos para acelerar el trabajo. Se buscó una línea jerárquica similar a la del crimen organizado. La Fiscalía se puso como límite formalizar antes de septiembre para evitar que las celebraciones del Bicentenario se convirtieran en blanco de nuevos atentados con bomba.

El Aleluya, con perfecto acento lírico, cantó el fiscal Alejandro Peña, desde su oficina de Gran Avenida, luego de obtener la evidencia judicial contra los imputados del Caso Bombas, y con una lata de red bull volvió a revisar su expediente de 5.000 fojas. Su alegría era evidente. En 58 días de investigación halló tres claves para dar luz verde a la Operación Salamandra, con la que se detuvo y formalizó a 15 jóvenes anarquistas por asociación ilícita terrorista, que desde 2003 habían sido un enemigo invisible para tres gobiernos consecutivos.

La primera pista crucial provino desde Argentina. El 3 de agosto, un informe trasandino estableció que el TNT que la anarquista Andrea Urzúa, que quiso ingresar a la cárcel de Neuquén -en una visita que hizo en 2008 a Freddy Fuentevilla, un lautarista involucrado en el asalto al Banco Security, donde murió del cabo Luis Moyano-, era el mismo explosivo usado en las bombas contra Chilectra (2007), el Banco Edwards, la Sofofa y el restaurante Terra Noble. La pesquisa no sólo lo llevó a la red que usaba el mismo explosivo, sino que también a un nexo con cinco ex lautaristas.

La suerte estaba a su favor. Días antes, logró que la Corte de Apelaciones, después de cinco intentos, aceptara levantar el secreto bancario a la cuenta 016-29001-01 del Banco de Chile, cuyo titular era Omar Hermosilla Marín, ex lautarista, que, según la Dipolcar, recibió -a lo menos- dos envíos de dinero recaudado en Suiza, del italiano Mateo de Rossi, con quien se comunicaba por e-mail . Según la policía, que intervino mails , los primeros 450 euros depositados eran para Carlos Riveros, residente del Centro Sacco y Vanzetti, mientras otro giro de 900 euros era para Gabriela Curilem. Con esa información penetró en el engranaje de la red financiera del grupo y delimitó su estructura jerárquica, cuyo encargado financiero era Omar Hermosilla, considerado el tercero de la organización, y que reenviaba dinero a otras cuentas.

El tercer elemento que ayudó a Peña en sus avances fue cambiar el sistema de trabajo y poner un equipo multidisciplinario con cuatro fiscales (Marcos Emilfork, Héctor Barros, Francisco Rojas y Pablo Sabaj), dos sociólogos, un cartógrafo y un documentalista. "Esto era una diferencia importante con la gestión de su antecesor, Javier Armendáriz, que trabajaba principalmente con las policías y un fiscal adjunto; o sea, de rango menor", señalan fuentes del Ministerio Público.

Según cercanos al caso, Peña no sucumbe a las presiones políticas. "Nunca ha ido a La Moneda a informar diligencias. Cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, lo ha llamado, lo recibe en la Fiscalía y en calidad de querellante. Igual lo hizo con Felipe Harboe", señala un contacto. No obstante, en la Fiscalía había premura. Peña se puso como meta formalizar a la organización antes de septiembre, porque las actividades del Bicentenario podían ser aliciente para la instalación de bombas.

Entonces, se aceleró el tranco. Como un pequeño Eliot Ness y sus intocables, el equipo revisó las 123 carpetas rojas del caso y las más de 5.000 evidencias. Desde la Fiscalía Nacional, la Unidad de Lavado de Dinero y Crimen Organizado (Udelco) y la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) apoyaron al equipo con una serie de requerimientos logísticos en distintas partes del mundo.

Peña y su elenco armaron patrones por tipo de bomba, blancos, casas ocupadas y crearon una matriz preliminar con una red de 200 "sujetos de interés". Ésta se redujo en agosto a 48 "sospechosos", la mayoría habitantes de los centros okupa La Crota, Sacco y Vanzetti, y La Idea.

En la trama había siete ex lautaristas, entre ellos Pablo Morales, Rodolfo Retamales, Axel Osorio y Hermosilla y algunos descolgados del olvidado Ejército Guerrillero Patria Libre, una facción del MIR, que operó en Concepción en los años 90, entre ellos Alex Hidalgo. De los casi 170 atentados perpetrados desde 2003, el equipo se concentró en 89, los cometidos del 2005 al 2010, encontrando sospechosos, nexos y patrones comunes en 23 casos. Éstos fueron por los que se formalizó a 15 personas.

Los depósitos de dinero no eran la única hebra internacional de la madeja anarquista. También se pidió al gobierno de Estados Unidos y al de Holanda investigar las web Hommodolars, Nodo 50 e Indimedia, administradas con servidores de esos países. La primera de estas publicó reivindicaciones de cuatro atentados. Incluso, la bomba colocada en el consulado de Argentina, en julio de 2008, fue atribuida un día antes de perpetrarse.

Otro progreso en el caso vino del análisis a los insumos usados en las bombas y a su cadena de suministro. La mayoría de los 23 ataques usaron un contenedor (extintor o balón de gas), un reloj de cocina y pólvora casera. Un patrón frecuente fue el empleo de un timer de cocina con forma de huevo y una ampolleta usada de iniciador. Así se fabricaron las bombas colocadas en el CDE y en la ANI, las cuales habría instalado Solar.

Según el Informe Pericial 6215 de Dipolcar, los atentados en la DC, Parroquia Santa María, Chilena Consolidada y la Iglesia Inmaculada Concepción "comparten la misma metodología de fabricación y el uso de elementos de activación: portalámparas y el timer tipo huevo, lo cual obliga a pensar que se trata de los mismos autores. El atentado que sufrió el PDC además estaba relacionado con los de Chilectra, PPD y BCI", señala el informe.

Una serie de coincidencias comenzaron a emerger. Peritajes caligráficos a diversos de panfletos encontrados en los sitios del suceso demostraron que habían sido confeccionados por la misma grafía e imprenta. Del mismo modo, el Informe 2236 de Labocar concluyó que los temporizadores de los atentados a los gimnasios Sportlife y Balthus "eran tipo huevo, ocurren el mismo día, tienen idéntica pólvora, se lo adjudica el mismo grupo y utilizan la misma mochila". Según la Dipolcar, los "huevos" fueron adquiridos en el sector de Irarrázaval.

Según declaró Fuentes Aliaga, que reconoció su rol en la instalación de explosivos en el CDE, Automotora Atal, el BCI y la embajada de Gran Bretaña, indicó que algunos insumos los compraba generalmente en una ferretería en Irarrázaval con Exequiel Fernández.

Algunos insumos se robaban. De hecho, Riveros Luttge hurtó en diciembre de 2008 del Homecenter, de San Miguel, varios adminículos para elaborar artefactos: fue condenado a 41 días de prisión. Un peritaje de la Dipolcar, de esta semana, concluyó que las especies robadas "tienen una analogía con los componentes del funcionamiento del artefacto colocado en el consulado de Argentina", ocurrido en julio de 2008".

La noche del lunes 16, tras una maratónica jornada de formalización de cargos, que duró 17 horas, Peña y su equipo regresaron a su oficina de Gran Avenida. Antes de retirarse, bebieron una copa de vino. Según fuentes del Ministerio Público, no era una celebración. Ya que ésta se efectuará cuando concluya el juicio.

Los investigadores analizaron una red de 200 "sujetos de interés", que se redujo a 48 sospechosos, ligados a las casas okupa La Crota, Sacco y Vanzetti, y La Idea. Movimientos de una cuenta del Banco de Chile esclarecieron parte del engranaje financiero.

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