Ésa fue la sensación que se instaló en La Moneda, donde se reconocía que la decisión del propio Piñera de asumir todos los riesgos en la operación de rescate, fue una apuesta personal que, al ganarla, fortalecía un estilo de liderazgo que le permitía consolidar aquello que se conoce con el lema “la nueva forma de gobernar”.
En el primer balance, se apuntó a que con el episodio de los mineros el Presidente se anotaba un punto incuestionable para lo que fue su primer gesto de audacia: apostar a la eficiencia en su gestión nominando a un gabinete eminentemente técnico.
Luego de lo ocurrido, el comentario al interior de palacio era que resultaba impensable cuestionar el modelo gerencial, menos después del destacado desempeño que le reconocen al ministro de minería Laurence Golborne, quién no sólo confirmó su competencia técnica, sino incluso mostró que un gerente puede tener trazas de líder político.
En este contexto, en La Moneda no pasaron por alto que distintos personeros del mundo político concertacionista, junto con aplaudir la gestión del gobierno, apuntaran como principal mérito, la actitud presidencial de jugarse con todo, exponiéndose a los costos que ello podía tener si los mineros no aparecían.
Con el éxito transformado en certeza -tal como lo confirmó la encuesta de la UDD que midió el impacto de lo ocurrido en la mina San José- la decisión estratégica de La Moneda fue no claudicar en este estilo como fórmula para cumplir la expectativa de realizar una gestión marcada por la eficiencia. Pero la expectativa es más ambiciosa, porque además de ello se pretende darle al gobierno la impronta de una derecha moderna, capaz de consolidar una mayoría política en el país.
Compromiso democrático
Teniendo la mirada puesta en esa dirección, en palacio admiten que el clima que se generó tras la hazaña de encontrar con vida a los mineros les permitía aparecer como un gobierno de unidad, propósito impuesto para el Bicentenario.
En la idea de que la conmemoración de esa fecha marque el inicio de una nueva etapa en la vida republicana, donde el actual gobierno muestre su determinación para enterrar las rencillas de antaño, se decidió recordar los 25 años de la firma del Acuerdo Nacional con una simbólica ceremonia en La Moneda.
Con la puesta en escena, donde junto a Piñera flanqueado por el ex Presidente Patricio Aylwin y el ex senador Gabriel Valdés, estaban otros representantes tanto de la izquierda como de la derecha que fueron parte de ese acuerdo, la finalidad del gobierno era que quedara plasmado no sólo su ánimo unitario, sino su identificación con los valores democráticos.
En los pasillos de palacio no desconocen que para sus anhelos de fortalecer una derecha moderna, el recuerdo de que ésta participó en la firma de aquel compromiso para avanzar en la transición le quitaba a la Concertación el patrimonio exclusivo de impulsar el regreso a la democracia.
E incluso mirando hacia el futuro, se planteó una nueva agenda democrática que, además de incluir temas como la iniciativa popular de ley, no descartó abrir el debate acerca del polémico tema del sistema electoral binominal.
Tal como lo reconoció el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, una de las herramientas para consolidar una derecha que sea capaz de proyectarse, es que el gobierno enarbole la bandera de una mejor democracia, tal como lo hizo la Concertación cuando le quitó a la derecha la de la economía social de mercado.
Frente a los empresarios
En el entorno presidencial reconocen, en todo caso, que el compromiso democrático no representa, a estas alturas, un escollo que atente en contra de sus expectativas.
Distinto es el caso del estigma que significa la identificación de la derecha con los empresarios, en especial considerando la calidad de tal que tiene el propio Presidente Piñera.
Y es por eso que en La Moneda admiten que, una de las grandes posibilidades que les ha brindado la tragedia minera, ha sido precisamente poder tomar distancia del empresariado, representado en este caso en los dueños de la minera San Esteban.
Es cierto que la responsabilidad que éstos tendrían al no haber cumplido con los requisitos de seguridad para el funcionamiento de la mina le ha facilitado a las autoridades asumir una dura posición en su contra, a que lo también han colaborado actitudes posteriores -como anunciar que una eventual declaración de quiebra los liberaría de pagar los sueldos- frente a la cual no dudaron en acusarlos de "desfachatez".
Pero en palacio saben que el caso de la mina San José responde a circunstancias precisas, por lo que la firmeza frente a los dueños de la minera no es suficiente para marcar esa distancia a la que aspiran.
En esa perspectiva, la estrategia de más largo plazo fue la conformación de una comisión técnica que se abocara a estudiar los problemas de seguridad que enfrentan todos los trabajadores en el país.
En consonancia con la idea de quitarle bandera de la democracia a la Concertación, la apuesta del gobierno es que la protección a los trabajadores no aparezca como patrimonio de la izquierda. Y en ese contexto, se decidió que la comisión presidida por la titular del Trabajo, Camila Merino, no circunscribiera su tarea a lo que sucede en el rubro minero, sino hacerlo extensivo a detectar las deficiencias en otras áreas como la construcción, la agricultura o el transporte.
Con ello, la esperanza de las autoridades es que si se toman medidas tendientes a mejorar la situación laboral de los sectores más vulnerables, se estaría dando un paso decisivo para terminar con la desconfianza de ese mundo hacia la derecha.
En el gobierno no desconocen que es una estrategia audaz, porque puede significar que la Concertación -como lo ha esbozado- se juegue para que esto se traduzca en una reforma laboral más profunda que buscando más regulaciones o planteando menos flexibilidad, pudiera afectar el propósito -no abandonado por el gobierno- de aumentar las cifras de crecimiento y empleo.
Tanto que una de las inquietudes que no se ocultan es que al momento de que las propuestas se transformen en iniciativas legales que deban llegar al Congreso, la idea original termine contaminada.
En todo caso, en el entorno presidencial asumen que, en aras del objetivo final, es posible que algo tengan que ceder.
Polémica Punta de Choros
Fuera de todos los cálculos con que se ideó la estrategia para capitalizar el éxito conseguido con el hallazgo de los mineros, estaba que ésta podría desarmarse de un minuto a otro con la reacción que se generó tras la aprobación por parte de la Corema de Coquimbo de la construcción de la termoeléctrica Barrancones al sur de Punta de Choros.
En La Moneda admiten que la creciente presión de los sectores políticos y medioambientales los puso en un dilema complejo: o respetaban las decisiones de los organismos correspondientes o se hacían eco de los reclamos.
Los asesores de palacio asumieron que aparecer del lado de los empresarios del grupo transnacional Suez podía invalidarles todo su diseño, pero tampoco desconocen que en el caso de los inversionistas de la central Barrancones, éstos -a diferencia de los dueños de la mina, o de otros casos que pudieran detectarse problemas de inseguridad laboral- habían cumplido con todos los requerimientos que les exigía la institucionalidad vigente.
Pero el principal problema que se les presentó fue que si se afirmaban exclusivamente en ello –como fue la intención inicial- se exponían a que las presiones escalaran a límites prácticamente incontrolables.
Y en esa línea, apareció como un elemento determinante para el gobierno el compromiso asumido por Piñera en su campaña de que no aceptaría la instalación de centrales en la zona de Punta de Choros que pudieran afectar el medio ambiente.
Fue en ese complejo escenario -cuando se pensaba que la opción sería dilatar el tema para que operara la institucionalidad- que Piñera decidió jugarse para que la central Barrancones no se construya en las cercanías de Punta de Choros.
Con ello se impuso al interior del gobierno la tesis de que lo más importante era que el Presidente no apareciera incumpliendo su palabra, mientras que con la misma lógica de quitarle las banderas a la Concertación, no podían cederle el espacio para que sean los representantes de quienes defienden el medio ambiente.
En La Moneda reconocen que la intervención directa de Piñera en esta situación, tiene riesgos diferentes a los que asumió cuando decidió liderar la operación rescate en la mina San José.
Pero aun cuando en este caso podrían verse afectadas las expectativas de crecimiento o empleo, por la eventual desconfianza de los inversionistas, el gobierno está convencido de haber dado el paso adecuado.
Quienes se inclinaron por intervenir para detener el conflicto afirman que, aun cuando este caso no es similar al de los mineros, confían en que Piñera una vez más apostó a ganador.
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