Las fronteras nacionales se han diluido en temas tales como los flujos de información, el intercambio comercial y las migraciones, pero también respecto del crimen organizado. Hoy resulta una exigencia compartir conocimientos y experiencias para lograr, en nuestro caso, que la región alcance estándares de seguridad y fortalecimiento de instituciones democráticas que contribuyan al desarrollo. Si bien los temas internos de cada Estado deben ser resueltos por éstos, hay espacios para la colaboración interestatal y de otros niveles.Chile ha tenido la oportunidad de apoyar a sus vecinos y otras naciones aportando su Código Civil, su sistema previsional, el sistema de concesiones de obras públicas o la autonomía del Banco Central. Un caso reciente corresponde al programa de la Universidad Católica y la Tufts University en el cual 120 jueces mexicanos conocieron las fortalezas, problemas y desafíos del Sistema Procesal Penal chileno. Este intercambio muestra la utilidad de esta exportación no tradicional. Compartir buenas prácticas y conocimiento resulta una excelente fórmula para aportar a un país como México, que enfrenta el imperativo de vencer la violencia dentro de sus fronteras, y hacerlo en el marco de la democracia.
La tarea supera lo judicial. Desde diciembre de 2006, son 25 mil los homicidios atribuidos al crimen organizado. Sólo en julio de este año se registró un promedio de 8 asesinatos diarios vinculados con el narcotráfico en Ciudad Juárez, con un aumento del 47,6% respecto de 2009. Además, el número de armas largas se duplicó entre el gobierno del Presidente Zedillo y el del Presidente Calderón. Y en 2009 se llegó a más de 60 mil detenciones de criminales asociados a los carteles de la droga.
El impacto del crimen organizado y de la corrupción no sólo afecta al país norteamericano; también a la región y a los procesos de integración. Como uno de los líderes regionales, México necesita dar seguridad a su ciudadanía, a los inversionistas, a las instituciones internacionales y a la comunidad global para ejercer su rol. En este contexto, nuestro país ha podido entregar, en un proceso de complementación, su experiencia en el ámbito judicial y policial. No se trata de dar recetas, sino de compartir experiencias y aprendizajes orientados a fortalecer las instituciones.
Chile ha avanzado en su desarrollo económico e institucional, y tiene la posibilidad de aportar al debate y actuar en la región para fortalecer niveles de seguridad, fomentando la paz y la democracia en el ejercicio del poder, como fundamento esencial en el desarrollo de nuestros países y de los procesos de integración regional.
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