El mandatario encomendó la implementación de esta agenda al entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien a su vez, mandató a Alfredo Barriga, secretario ejecutivo de Estrategia Digital, con el fin de agilizar los puntos principales del documento que dio sus primeros pasos en 2004, bajo la administración del ex presidente Ricardo Lagos.
A lo largo de los años, estas propuestas parecieran haber ido perdiendo fuerza, tanto durante el mandato de la ex presidenta Bachelet como en la primera etapa de la actual administración.
En 2004 se definió como objetivo de esta agenda “incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo, al mismo tiempo, la identidad cultural y de los pueblos originarios”. Este documento, que contempla 34 puntos, fue fruto de un trabajo realizado por el grupo de Acción Digital conformado por 170 líderes de 50 instituciones representativas del sector público y privado.
A juicio de uno de los impulsores de este trabajo, el presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), Raúl Ciudad, la agenda hoy debe ser revisada en algunos puntos, más aún en el marco del desafío del gobierno de Piñera de alcanzar el desarrollo en 2018.
Las señales no han sido claras. El presidente fue enfático en la cena anual de la ACTI en 2010, donde planteó los lineamientos en esta materia, con mayor detalle de lo que lo había hecho en el discurso del 21 de mayo y en su programa de gobierno. No obstante, este año el mandatario no asistió a dicho encuentro -si asistieron los ministros de Economía y Transportes- y según se ha reconocido desde el Ejecutivo, los compromisos se están “trabajando a largo plazo”.
Los avances
Hasta mayo de 2011, el gobierno operaba con dos motores para avanzar en la Agenda Digital.
Uno era la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y el otro, la Secretaría de Desarrollo Digital, dependiente del Ministerio de Economía.
Tras una revisión y con la meta de “dar mayor velocidad” a la agenda, se implementó un motor más, con la creación de la División de Modernización del Estado, dependiente de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres). Esta es la encargada de coordinar los proyectos que tienen directa relación con el uso de tecnologías de la información por parte del Estado.
Según sostuvo el director de Gobierno Electrónico de la Segpres, Andrés Bustamante, las críticas por la demora en la implementación de la agenda, tienen que ver con problemas de visibilidad de los avances. “Por ejemplo, lo que hoy tiene que ver con gobierno abierto, ha registrado avances muy importantes, donde el Estado y la participación ciudadana se han complementado, por ejemplo, en materia de transparencia”.
Bustamante explicó que, a nivel mundial, la implementación de este tipo de agendas necesitan “tiempos de maduración tanto tecnológica como de los equipos”, lo que implica readaptación de las competencias y profundizacion de los contenidos.
“Durante los últimos años la estrategia digital había estado, de alguna forma, poniéndose más lenta en lo que tiene que ver con los acuerdos (...) y muchos de estos avances son más bien estructurales y de diseño y sus resultados tienden a tener un tiempo de incubación”, agregó Bustamante.
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