Doctrina de la Transparencia en Defensa

El ministro Andrés Allamand anticipó que la nueva Ley de Financiamiento de las Fuerzas Armadas pondrá fin al secretismo, que no se condice con una democracia madura y una eficiente asignación de recursos para el sector.

En momentos de balance del primer año de Gobierno del Presidente Piñera, el país muestra sustantivos avances en el ámbito económico-social, y su carta de navegación promete dejar a Chile en las puertas del desarrollo. Para esos estándares se están construyendo las políticas con que trabaja el equipo de Gobierno en las distintas áreas del quehacer nacional. El viernes último, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, inauguró el Año Académico de la Defensa Nacional, con un discurso cuyo énfasis fue puesto, precisamente, en la modernización de las Fuerzas Armadas, a fin de alcanzar estándares de naciones desarrolladas.

Junto con un reconocimiento de las ramas de la defensa en la reconstrucción, luego del terremoto, el secretario de Estado dijo que el principal desafío es “avanzar hacia una nueva dimensión de la defensa, caracterizada por una mayor participación de la sociedad civil, junto a las autoridades públicas, responsables de formular las políticas y a las instituciones armadas, a quienes corresponde ejecutar las acciones del sector”.

Cuatro Principios

En ese contexto, el ministro se refirió a una de las tareas que le encomendó el Presidente Piñera: “Elevar los estándares de transparencia en el ámbito de la defensa nacional, cautelando el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas”. Y “voy a cumplir tal mandato sin ninguna vacilación”, dijo Allamand, señalando que para ello el Ministerio de Defensa ha formulado una doctrina de transparencia que se apoya en cuatro principios:

1.- Proactividad. Frente a cualquier situación irregular son las propias Fuerzas Armadas las que deben dar curso, sin demora ni dilación, a los procedimientos y normas internas para esclarecer, por sí mismas, las situaciones que ameriten investigación.

2.- Celeridad. La ley, ya sea a través del estatuto administrativo o del Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, establece plazos perentorios y fatales para realizar las investigaciones y sumarios, sancionar a los responsables si los hubiere o absolver a los imputados si respecto de ellos no hubiere cargos que formular. Pues bien, tales plazos deben cumplirse sin eternizar las indagaciones.

3.- Prevención. Este principio tiene una doble acepción: en muchos casos, en las primeras etapas de una investigación, ya queda al descubierto que existen responsables de los hechos investigados y corresponde adoptar las medidas para que ellos no entorpezcan la investigación. Asimismo, también en muchos casos, a poco andar queda de manifiesto que las irregularidades han encontrado terreno fértil en vacíos normativos. Pues bien, en tales casos, lo que se pide es adoptar desde ya las correcciones para evitar la repetición de tales anomalías.

4.- Control. Los altos mandos deben mantener un control estricto sobre las investigaciones, obviamente sin intervenir en las mismas, pero asegurando que ellas se inicien oportunamente, no se empantanen y culminen en los plazos debidos.

El ministro recalcó que son principios básicos que se aplica el Gobierno a sí mismo, y “lejos de ser adversa a las Fuerzas Armadas, es la mejor demostración de confianza hacia ellas, ya que surge del convencimiento que la honestidad y probidad son la regla general en nuestros hombres de armas y que ellas mismas sabrán despejar las irregularidades y corregir los procedimientos defectuosos, recurriendo a los rectos valores y sanos principios que siempre las han inspirado”.

Ley de Financiamiento

En un contexto de mayor transparencia, Allamand anticipó que el Presidente enviará antes del próximo 21 de mayo, un proyecto de ley con el objeto de derogar la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo sistema de financiamiento de la defensa. El sistema actual, dijo, “no se condice con una democracia madura como la chilena y tampoco con una eficiente asignación de recursos para las FFAA. No hay explicación para que una ley de esta naturaleza sea secreta, no resulta razonable que la aludida asignación de recursos para la defensa dependa de una variable como es el precio internacional del cobre, ni tampoco se justifica que el Congreso Nacional sea excluido de un debate el que, por definición, le corresponde protagonizar”.

Resumió que la iniciativa en que se está trabajando contempla:

*Que “las inversiones de la defensa deben hacerse en función de la estrategia de seguridad y defensa nacional, de la que se derivarán los requerimientos de capacidades militares. A su turno, dichas capacidades deben lograrse a través de una aprobación presupuestaria plurianual y, simultáneamente, debe constituirse un Fondo de Contingencia que permita enfrentar sin dilaciones situaciones de crisis, conflicto armado o catástrofe nacional”.

* “No sólo eso. Es necesario mejorar sustantivamente el proceso de evaluación de los proyectos de adquisición de equipos militares, incorporando al mismo criterios de estandarización y complementariedad, junto con avanzar sustantivamente en el manejo profesional de los recursos financieros, como ya se ha hecho con los fondos excedentarios de la Ley Reservada del Cobre que, como se sabe, en el futuro serán gestionados por el Banco Central, como agencia del Ministerio de Hacienda, lo que permitirá aprovechar la experiencia que el Estado de Chile ha adquirido con el manejo de fondos similares, tales como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), todo ello considerando los objetivos definidos por el Ministerio de Defensa Nacional, los que se adoptarán considerando los requerimientos propios de las Fuerzas Armadas”.

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