A casi un año y medio de ingresar el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, la Minera Isla Riesco obtuvo la requerida aprobación para construir un puerto que permitirá embarcar los cargamentos de carbón con destino al norte del país y/o probablemente Uruguay.La iniciativa sorteó favorablemente la votación de la Comisión Regional de Medioambiente (Corema), que por unanimidad otorgó la venia ambiental al referido proyecto portuario.
Esto, previo a que se admitieran algunos reparos y solicitudes de rectificación de algunos organismos al informe consolidado de evaluación que fue sometido al escrutinio de los integrantes de la Corema.
“Del proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado “Proyecto Portuario Isla Riesco” puede concluirse que cumple con la normativa de carácter ambiental”, señaló el presidente de la Corema y director regional de la Conama, Alejandro Fernández.
“Es una gran paso”
“Este es un gran paso para nosotros”, expresó visiblemente satisfecho el gerente general de Minera Isla Riesco, Jorge Pedrals, tras admitir que se trató de un proceso largo, a través del cual debieron sortear varias inquietudes ciudadanas y de los organismos especializados.
Para Pedrals, lo importante es que, una vez despejadas las dudas en forma técnica y con plenas garantías del resguardo medioambiental, podrá iniciarse la construcción del recinto portuario.
El puerto podrá comenzar a levantarse a principios del próximo año y, según confirmó Pedrals, la operación de la mina está prevista para fines de 2011 o principios de 2012.
El proyecto carbonífero demandará una inversión de US$300 millones, de los cuales unos US$50 serán destinados a la construcción del puerto.
La iniciativa generará unos 800 puestos de trabajo en la etapa de construcción y una cifra similar una vez que la mina esté operando.
Se proyecta enviar al norte del país y, eventualmente, al extranjero unos seis millones de toneladas de carbón al año.
Minera Isla Riesco, a través de la consultora que le realizó el estudio de impacto ambiental, debió sortear un sinnúmero de cuestionamientos, dudas y observaciones tanto de la ciudadanía como de los organismos especializados.
33 observaciones
Según informó Doris Sandoval de la Conama regional, el proyecto recibió 33 observaciones ciudadanas, de cuatro personas y una entidad (AustroChile). Las principales aprensiones se enfocaron en determinar el impacto del traslado y embarque del carbón en la atmósfera por las emisiones de material particulado; el efecto sobre el tránsito vial y el grado de contaminación acústica; eventual polución hídrica en el seno Otway y el canal San Jerónimo, así como sobre la cuenca y el cauce del río Cañadón; la alteración paisajística y los trastornos del tráfico naviero y su impacto sobre la biodiversidad marina; y los errores y omisiones de la línea de base.
En tanto, en la sesión de ayer de la Corema, las últimas consultas buscaron despejar dudas respecto del impacto vial, sobre el fondo marino y sus especies y las aguas marinas y del río Cañadón.
Esto llevó a Pedrals a precisar que, para la construcción del puerto principal, se instalará un muelle transportable, y que la provisión de las materias primas -como los pilotes y los hormigones- será preferentemente vía marítima.
Respecto sobre descargas en el río Cañadón de la piscina de decantación, el consultor planteó que salvo alguna eventualidad climática extrema, como podría ser lluvias torrenciales por 48 horas seguidas, existe un sistema de vertederos de tormenta.
Al momento de leer la resolución ambiental favorable para el proyecto, Alejandro Fernández señaló que esta venia se otorgó debiendo incluir y/o modificar algunos aspectos del informe consolidado de evaluación, según precisiones solicitadas por la Dirección General de Aguas (que exigió monitoreos constantes de aguas subterráneas y superficiales), de la seremi de Salud (que pidió evaluaciones sobre residuos líquidos domésticos a aguas marinas y continentales superficiales), la Gobernación Marítima, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (programa de autocontrol y operación del sistema de tratamiento de riles), y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (sobre reglamento de seguridad para el almacenamiento, uso y transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo).
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