Justicia peruana dicta orden de detención contra supuestos militares chilenos por caso de espía

Nota: Esto suena absurdo. Pedir la extradición de agentes de inteligencia chilenos, por hacer supuestamente su trabajo, ¡plop!. Las extradiciones sólo se pueden conceder si el delito por el cual se solicita a una persona, es delito en Chile... y no creo que en Chile sea delito obtener información de inteligencia militar, si fuera así, para comenzar, no tendríamos tales agencias, ¿no?.

Previo a gestionar la extradición de Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas, se va a determinar si dichos nombres corresponden a sus verdaderas identidades.

El juez Luis Alberto Garzón Castillo, a cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima, emitió hoy una orden de detención en contra de dos supuestos militares de nacionalidad chilena en el marco de las investigaciones por "caso de espía".

Según informa la edición online del diario El Comercio, se decretó la orden de captura en contra de los los presuntos uniformados chilenos identificados con los nombres de “Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas”.

A ambos se les acusa de ser “instigadores de los delitos de revelación de secretos nacionales y espionaje en perjuicio del Estado peruano”.

La resolución del juez Garzón Castillo señala que, previo a gestionar la extradición de Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas, se va a determinar si dichos nombres corresponden a sus verdaderas identidades.

Igualmente el magistrado abrió instrucción con orden de detención contra el técnico de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Víctor Ariza Mendoza por los cargos de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de activos, en agravio del Estado.

La orden de detención también comprende a otro técnico FAP, cuya identidad se mantiene en reserva y que es procesado por el cargo de “cómplice necesario de los delitos de revelación de secretos nacionales y espionaje, en perjuicio del Estado peruano”.

La resolución del juez Garzón Castillo señala que la orden de detención contra Ariza Mendoza y sus coprocesados procede porque en ellos coinciden los tres requisitos previstos en el artículo 135° del Código Procesal Penal: evidente peligro de fuga, pruebas que los vinculan con los hechos denunciados y la pena a imponer es mayor al año de prisión.

De acuerdo a la denuncia presentada por el fiscal Jorge Chávez Cotrina, el procesado Ariza Mendoza, de 45 años de edad, recibía desde setiembre del año 2005 un promedio de tres mil dólares mensuales de sus coprocesados chilenos a cambio de proporcionar información confidencial y secreta acerca de la seguridad nacional.

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