El Mal Uso de los Recursos Públicos

Chile ya podría haber erradicado la indigencia, si los recursos que durante años fueron aprobados por el Congreso para combatirla, hubiesen llegado al destino correcto.

La generación de empleo está dejando de ser un dolor de cabeza para la autoridad económica. Reaccionando con rapidez a la mayor actividad, en solo cuatro meses se han creado 165.000 puestos de trabajo. Con ello, la tasa de desocupación bajó a 8,3% en el trimestre terminado en julio, torciéndole la mano a la estacionalidad que habitualmente eleva el desempleo en esa época.

La buena noticia es que a este ritmo, es probable que en apenas seis meses se logre la meta anual de crear 200 mil plazas laborales, siendo ese un paso concreto para reducir la pobreza.

De hecho, Chile ya podría haber erradicado la indigencia, si los recursos que durante años fueron aprobados por el Congreso para combatirla, hubiesen llegado al destino correcto. En cambio, la situación de las familias más vulnerables empeoró en los últimos tres años en nuestro país, pese a que el Fisco gastó sin pudor ni responsabilidad mucho más de lo que le permitía la regla fiscal, guardando esa trasgresión bajo siete llaves.

TREINTA PROGRAMAS

Esta lapidaria conclusión emana de las evaluaciones que durante 2010 ha realizado un grupo de consultores externos a la Dirección de Presupuestos a 30 programas públicos, varios de los cuales precisamente apuntaban a combatir la pobreza. El 100% de los casos estudiados tiene reparos y no se trata de ajustes menores en los que se deba perfeccionar el sistema de información o de monitoreo.

Hay siete programas que requieren modificaciones de diseño o en sus procesos de gestión interna, como por ejemplo revisar criterios de focalización, perfeccionar la coordinación interna o externa, además de fortalecer las capacidades institucionales. Estos involucran el 50% de los recursos de los programas evaluados y abarcan temas tan diversos como la Recuperación de Barrios (Minvu); Prevención y Control de VIH/SIDA y ETS (Minsal), o la Bonificación a la Contratación de Mano de Obra en Empresas (Sence).

Otros 18 programas, que concentran el 44% de los recursos de los planes evaluados, necesitan un rediseño sustantivo, que no es otra cosa que una reformulación profunda para lograr los objetivos. Entre estos aparecen organismos como Fosis, Indap, Subtel, los ministerios del Interior, Educación, Planificación y Vivienda, además de la Subdere.

A los cinco programas restantes se optó por eliminarlos, ya que algunos habrían requerido de modificaciones tan sustantivas que ello era equivalente a su reemplazo íntegro, mientras que otros no se justificaba continuarlos, a la luz de sus resultados.

Cuesta entender que en el mismo período en que recrudece la pobreza, dos programas del Fosis (Apoyo a Grupos Vulnerables y Generación de Capacidades en Localidades Pobres) hayan arrojado un balance tan pobre omo para eliminarlos. Igual cosa ocurre con el Programa de Desarrollo de Comunas Pobres, de Indap.

DESPILFARRO

Esta situación deja en evidencia que la asignación de recursos públicos en años anteriores no se hizo con criterios de eficiencia.

Asimismo, la administración de esos fondos tampoco fue transparente ni siguió patrones rigurosos, lo cual es impresentable en un país con índices crecientes de desigualdad.

En este contexto, el despilfarro es un agravante por el cual deberían responder las autoridades económicas responsables, en cuyos hombros fue depositada la fe pública.

Por lo demás, éste debería ser el punto de partida para una revisión a la totalidad de los programas públicos y para sentar las bases de una gran transformación, estableciendo pautas rigurosas de evaluación a los proyectos de inversión y a los programas sociales.

Y la mejor fórmula para que estos casos de onerosos despilfarros no vuelvan a ocurrir, es la transparencia, obligando a que la información sea pública. Conocer el destino de los recursos fiscales, debería ser un derecho básico de los contribuyentes.

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