Litio, la próxima batalla minera de Chile

El debate por liberar la explotación del Litio, que actualmente se encuentra en manos exclusivas del Estado, se congeló luego del accidente en el yacimiento San José. Sin embargo, el ministro Laurence Golborne adelantó que la idea del Gobierno es “abrir” el mercado para impulsar el desarrollo de la industria, lo que inmediatamente se acusó como un indicio de privatización. Si consideramos que desde 1998 la demanda mundial de este mineral aumentó un 238 por ciento y que Chile posee el 40 por ciento de las reservas del litio, la discusión no es menor y recién comienza.

Conocido como el “oro blanco” o “el mineral del siglo XXI”, el litio ha duplicado su demanda a nivel mundial, así como sus proyecciones futuras, debido al uso que tiene en diversos sectores productivos, pero por sobre todo en las baterías recargables de equipos tecnológicos (celulares, mp3, notebooks), construcción de automóviles híbridos y en la generación de energía nuclear.

De acuerdo al doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la U.de Chile, Claudio Palma, a pesar de que el mercado del litio no puede ponerse a la par con el del cobre, las condiciones en que el mineral se encuentra en nuestro país resultan ventajosas comparadas a otros países que también lo explotan.

“Lo que hoy gatilla la visibilidad y las proyecciones del litio tiene que ver con las baterías. Es el mineral del futuro en el contexto de la solución para romper una de las grandes barreras del desarrollo de las aplicaciones móviles eléctricas. Acá en el sur están las grandes reservas de litio y a menor costo de extracción, a pesar que hay en otras partes del mundo, se ve que acá tenemos una ventaja interesante”, indicó Palma.

Sin embargo, el litio quedó al margen de la ley de concesiones de 1981 por ser un material estratégico en la fusión nuclear, es decir, clave para la energía nuclear. Es más, según la legislación, sólo el Estado puede disponer de las reservas de explotación del litio, exceptuando las constituidas antes de la publicación de la ley, correspondientes a SQM (ex Soquimich) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL).

Es por ello que, pre episodio mina San José, un desconocido ministro Laurence Golborne inició una fuerte campaña para poner en la agenda minera la liberación de la explotación del litio. Primero fue una columna en El Mercurio, una visita a las faenas de SCL y luego un seminario especialmente dedicado al tema. “El Gobierno tiene el interés de promover una reforma la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras en el sentido de liberar la exploración y abrir este mercado”, ha dicho.

Aunque según el diputado de la región de Atacama, Antonio Leal, se coincide con el Gobierno en la reforma que debe hacerse a ley para impulsar la explotación del mineral, la propuesta también es vista como una forma soterrada de privatizar los recursos que, a su juicio, deben continuar siendo administrados por el Estado.

“Hay que modificar la ley de concesiones para ampliar la producción del litio en el país y en eso coincidimos con el ministro Golborne y con el Gobierno. Sin embargo, esta ampliación no puede significar que se modifica la ley de concesiones sólo para hacer de este un negocio privado nacional e internacional, dejando al margen al Estado, en un negocio tan relevante”, enfatizó Leal.

Para gran parte de la oposición, el punto no está en liberalizar o no, sino en establecer la participación del Estado en una expansión del mercado que no sólo signifique un negocio para los privados. De hecho, también se ha planteado la completa estatización del recurso.

En la vereda del frente, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y algunos senadores de la Alianza han manifestado su completo acuerdo con el proyecto del Gobierno para el litio, sin entrar en detalles sobre el rol estatal y recalcando que la actual normativa “es una limitante para el desarrollo de la industria”.

No obstante, no sólo está en juego la eventual privatización de las explotaciones mineras, sino también qué pasara con los actuales contratos que Corfo mantiene con las empresas SQM y SCL hasta 2030. Actualmente, solo estas dos compañías explotan el Salar de Atacama, constituyendo un duopolio que el 2008 ya tenía el 58 por ciento del mercado mundial.

A diferencia de lo que ocurre con el cobre, ambas firmas pagan una serie de royalties e impuestos al Estado. No obstante, para el senador PS Juan Pablo Letelier, junto con la modificación de la legislación del mineral también se debe terminar con los contratos con SCL y SQM, ésta última acusada de obtenerlos de manera irregular.

“El litio va a ser trascendental para este siglo que comienza. Creemos que hay que establecer criterios relevantes para proteger el uso de este producto y que no siga en una situación de monopolio como lo está actualmente en nuestro país, en particular a través de contratos muy discutibles entregados por Lerou”, denunció Letelier.

Efectivamente, otro de los puntos interesantes de esta discusión es el oscuro traspaso de la estatal Soquimich durante la dictadura al ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, quien actualmente preside SQM. Ponce, en asociación con la asiática Kowa, domina hoy el mercado mundial del litio desde Chile.

Considerando que desde 1998 el precio de la tonelada de litio ha subido un 238 por ciento, llegando a cotizarse en poco más de tres millones de pesos, y que Chile posee un 40 por ciento de las reservas mundiales de litio en el Salar de Atacama, las oportunidades que ofrece el mineral son apetecibles por donde se le mire y hay muchos que están esperando el momento para hacer negocio.

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