El gobierno, a través del embajador José Goñi en Washington, envió una carta el 4 de marzo pidiendo al Departamento de Estado y al Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), la prórroga por 10 días de la Regulación de Importación de Uva de Mesa 4 (7 CFR 944.503), que rige desde 2009.
Ésta restringe los envíos de uva de mesa chilena sin pepa chilenos a partir de todos los 10 de abril. Más del 70% de la uva que se envía a EE.UU. es de este tipo. En la temporada 2008-2009, se exportaron más de 850 mil toneladas al mundo, de las cuales 465 mil fueron a parar a los consumidores estadounidenses.
Como explica el presidente de Fedefruta, Rodrigo Echeverría, "toda la uva de mesa que llegue a EE.UU. después del 10 de abril debe ser capaz de cumplir con exigencias USA1, que son para fruta local". Así, si bien la norma no inhabilita el envío de uva después de la fecha, a estos se les demandan "exigencias muy superiores", precisa.
La carta del gobierno argumenta que el terremoto de 8,8 grados Richter "interrumpió el cultivo de la uva de mesa chilena y la habilidad chilena de enviar estos cultivos a EE.UU. (...) Destruyó o dañó gravemente el transporte y otras infraestructuras. Las pérdidas excederían los
US$ 30 mil millones. Muchas se concentran en las regiones sureñas de Chile, que están ahora en plena temporada de cosecha (...) Nuestra industria estima que cerca de 15 días de envíos se perderán en momentos de cosecha y no podrán ser recuperados debido a la fecha de restricción del 10 de abril", dice la carta.
La apelación es de carácter humanitario, ya que por contrato no se puede solicitar modificación alguna a la norma del 10 de abril durante los próximos cinco años. Es así que se busca apelar a que el terremoto se trató de un evento de fuerza mayor.
Ayer en la tarde un equipo económico de la embajada de Chile en Washington le expuso el caso al subsecretario de Marketing y Programas Regulatorios del USDA, Edward Avalos, y la administradora del Servicio de Marketing Agrícola del USDA, Rayne Pegg.
Cartas sobre la mesa
Echeverría añade que "lo que está en juego son alrededor de cinco millones de cajas de uva. Con el terremoto dejamos de enviar entre ocho a 15 días. Se perdió fruta por problemas con los frigoríficos y no tuvimos disponibilidad de mano de obra para cosechar por varios días, ya que hubo un ausentismo de los primeros cinco días de entre 30% y 70%. Y si bien los puertos se portaron super bien después del terremoto, para llegar a 100% de la habilitación, hubo demora de varios días", añade.
La gravedad de la situación sería mayor ante el hecho de que el suministro ya estaba con problemas antes del sismo, por complicaciones climáticas. Como explica Echeverría, "ya traíamos un atraso de quince días (...) En la temporada pasada pudimos abordarlo sin mayores problemas. De no ser por el terremoto, no habríamos pedido la prórroga este año".
La carta del gobierno precisa que "nuestra industria estima que las interrupciones del terremoto, en combinación con la restricción, causarán una mayor escasez y mayores precios" para los consumidores en EE.UU.
Y es que el terremoto sacudió al país justo en el peak de la temporada de cosecha de uva. "Lo que está en juego son alrededor de 5 millones de cajas de uva, fruta que no se va a perder, sino que se tendría que redireccionar a otros mercados, y esto puede producir una sobre oferta, lo que podría generar un efecto negativo en el precio", explica Echeverría. "Habría una transferencia del orden de
US$ 15 millones en producto", agrega.
El sector exportador de uva de mesa junto con el gobierno solicitaron así correr la fecha hasta el 20 de abril. "La suspensión por 10 días mitigará significativamente la escasez y evitará la discontinuidad del suministro a EE.UU. (…) Salvaría una parte importante de la cosecha una vez se hayan hecho las reparaciones a puertos y transporte (…)", dice la carta.
En paralelo, la comunidad importadora de uva chilena en EE.UU. y las cámaras de comercio de los puertos de Filadelfia (que recibió mayor cantidad de uva de mesa el año pasado), Los Angeles y Wilmington están pidiendo incluso que la suspensión sea por 20 días. El gobierno chileno también anticipa en su petición que "cartas de apoyo también provendrían de las grandes cadenas de supermercado y sus asociaciones comerciales".
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