Los que perdieron la guerra

La Presidenta de la República y su gabinete de seguridad conformado esencialmente por el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa; el Alto Mando de las Fuerzas Armadas; y los civiles que sostienen que la seguridad de la nación es un asunto militar y no una concepción estratégica global del país son los que perdieron esta guerra.

Seguramente existen matices sobre quien tiene más responsabilidad, pero en esencia, es el núcleo que deberá explicar por qué decisiones que debieran haberse adoptado hace años no han ocurrido hasta ahora. Es efectivo que las respuestas llevan una temporalidad que supera al actual gobierno y al alto mando de las Fuerzas Armadas y las de seguridad en ejercicio, pues se trata de una política de Estado. Pero cuando se habla de responsabilidades políticas y estratégicas las preguntas primero se hacen al mando actual, bajo la premisa que en estos temas, además, no existe ni olvido ni prescripción.

Se ha comparado la fuerza del cataclismo del 27 de febrero con los efectos devastadores de un ataque militar masivo y por sorpresa hecho de manera indiscriminada sobre el territorio. En la práctica se trató de una fuerza natural incontrolable e impredecible, cuya acción debe empezar a contarse desde el minuto cero en que empiezan a manifestarse sus efectos. Es a partir de ahí que se cuenta la capacidad de reacción político-técnica sobre los sucesos. Y esta fue simplemente desastrosa.

El país quedó incomunicado desde el primer momento. El conductor político estratégico – en este caso la Presidenta de la República y los Ministros del Interior y Defensa- recurrieron a sistemas eventuales de comunicación, evidenciando que carecen de un mecanismo estratégico para situaciones de emergencia. El relato de la Presidencia sobre su comunicación con la Isla Juan Fernández es sencillamente desolador para el Estado y su gobierno, pese a lo emocionante que pueda resultar.

La Presidenta y su gabinete de Seguridad, en especial ella y el ministro Pérez Yoma, tienen vasta experiencia en materia de seguridad a nivel integral por haber sido ministros de Defensa en su época. Más aún, todos recuerdan a la Ministra Bachelet vestida de militar arriba de un carro Mowag del Ejército en las calles de Santiago y sus promesas sobre el tema seguridad al asumir su gobierno. El resultado es menos que poco.

Quienes desarrollan sus capacidades profesionales como lo hacen los militares en simulaciones de escenarios de guerra, saben que la comunicación es una variable clave para efectivamente ejercer las otras dos funciones críticas que son el comando de la fuerza propia y el control máximo de los recursos y los daños.

Nota: El sistema de comunicaciones de las FFAA, sí funcionó. Lo han reconocido hasta las autoridades políticas. Otro asunto es que los encargados iniciales de afrontar el desastre -a.k.a. ONEMI- no recurrieron a sus servicios. Otro motivo para darles capotera. En todo caso, queda en evidencia que las emergencias no consideran como procedimiento el involucramiento inmediato de las FFAA, sino sólo como una opción secundaria.

Es el famoso 3C-I (Comando, Comunicación y Control más Inteligencia) que hace racionales y eficientes los medios militares. En este caso, en las primera 48 o 72 horas no hubo nada de eso. Más aún, si bien lo militar no era la línea de responsabilidad inmediata, ante la magnitud de lo ocurrido y por las funciones de la Armada a través del SHOA en los mecanismos de emergencias, el dispositivo de comunicación estratégica militar debiera haberse activado de inmediato. Al menos para evitar la orfandad de medios de comunicación de la Presidencia.

La conclusión es que si no se activó es porque no existe o simplemente está montado sobre los mismos canales que usa la población y que dejaron al conductor estratégico y a la fuerza de tarea tan incomunicados como cualquier persona del país.

No se puede improvisar un sistema de comunicación estratégica. Se requiere un criterio político y una acción sostenida en materia técnica y financiera de años. Es eso lo que no han hecho ni los gobiernos de la Concertación ni hicieron los militares, considerando que ellos gobernaron de facto 17 años, y que además terminaron privatizando la única base técnica sobre la cual se había estado trabajando muchos años antes.

El terremoto y maremoto de 1960 generaron en el país la convicción de que la incomunicación de las zonas devastadas no podía volver a producirse. A raíz de ello, el presidente de la época, Jorge Alessandri Rodríguez, creó el Comité Consultor de Telecomunicaciones al amparo de CORFO para dar una solución al tema. De esa iniciativa en 1964 surgió ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) que emprendió una tarea con estándares técnicos para enfrentar catástrofes. Es decir, la infraestructura de comunicaciones debía ser capaz de enfrentar siniestros, terremotos o situaciones de guerra como bombardeos, sin que el país quedara incomunicado.

Nota: Este no es un asunto sobre la propiedad privada o estatal de las empresas de comunicaciones. Estoy absolutamente seguro que si las comunicaciones hubieran sido estatales, el colapso habría sido mayor y habrían tardado mucho más tiempo en reponer los servicios. Tenemos muy mala memoria respecto a lo caras, restringidas y malas que eran las comunicaciones antiguamente, cuando eran estatales. El asunto de la incomunicación pasa por la imprevisión. Porque el gobierno no contaba con teléfonos satelitales, servicio no expuestos a los daños de la infraestructura terrestre, imposible de sostener intacta tras un terremoto de 8.8 grados.

Cuando los militares privatizaron ENTEL en 1986 ese impulso se perdió, y lo hecho fue absorbido por una lógica de mercado cuya principal preocupación no era precisamente la comunicación estratégica para el gobierno. Las transmisiones de TV sobre el siniestro desde Talca y Concepción han sido posibles gracias a los restos de esa antigua infraestructura, las que todavía no experimentan el total desmantelamiento de la lógica de mercado precisamente por la manera en que fue construida.

La deficiencia de concepto del gobierno en esta materia ha quedado al desnudo. Los sucesivos gobiernos de la Concertación han terminado por politizar los altos mandos cuya carrera termina ahora como parlamentario o candidato a ministro o subsecretario, y la incompetencia de sus autoridades sectoriales ha hecho que se pierda un tiempo precioso para trabajar seriamente en la agenda profesional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Los mandos militares a su vez, han vivido en la defensa de sus fueros corporativos y en la autonomía funcional de las instituciones. La forma como se resolvió el Estado Mayor Conjunto mediante una reciente ley es el mejor ejemplo de la nada misma y la cosa ninguna, mientras del automatismo de la Ley Reservada del Cobre sirve para comprar cosas que nunca vamos a usar.

En la oposición, que ahora es gobierno electo, la situación no es mejor. Se ha dedicado a cabildear desde septiembre del año pasado la posibilidad de designar un alto mando militar en ejercicio en la Subsecretaria de Defensa recién creada. El criterio de quienes impulsan la idea es que la delicada situación estratégica amerita devolver la defensa a los profesionales.

Luego de lo ocurrido la pregunta para ellos sería ¿a cuáles profesionales? pues ha quedado en evidencia que aquí nadie ha hecho la tarea. Organismos como el Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM) o la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), parte de cuyo elenco profesional habría estado en los cabildeos mencionados, debiera abocarse a la agenda profesional y no a la política contingente.

La enorme cantidad de problemas que deberemos resolver como país no debe cegarnos de la obligación de dejar desde ya ciertas cosas en claro. Aquí se perdió una guerra que tiene dimensiones objetivas a partir de la ineficiencia y falta de liderazgo civil, y el mal enfoque y los errores profesionales en el diseño de los mecanismos técnicos.

Tenemos aviones F-16, submarinos y carros de combate (que esperamos estén intactos después del siniestro) que no sirven para nada en esta emergencia porque están diseñados para otra cosa, y porque no hubo comunicación estratégica. Esa es información cruda de inteligencia para eventuales adversarios derivada de la incompetencia de esos niveles: Chile se quedó sin mando estratégico real entre 48 y 72 horas.

Pero hay también un problema de imagen país y autoestima. La fotografía de la Presidenta Bachelet recibiendo un celular satelital de la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton podría ser el ejemplo de alguien que sale en las páginas sociales porque compra vehículos Mercedes Benz para ir a la feria pero no tiene plata para pagar las lechugas. ¿Nunca alcanzó para 500 teléfonos satelitales que es la red básica para cubrir todo el país?

Tenemos Teletón en marcha y una cadena de solidaridad a la cual todos concurriremos bajo el lema Arriba Chile o similares. Y seguramente saldremos adelante y cumpliremos las metas. Nadie puede vivir entre escombros ni menos dejar que el espíritu del despojo se apodere de nuestra sociedad.

Pero responsabilidades políticas y técnicas hay, y los que saben que las tienen debieran tener la valentía de afrontarlas de la manera que corresponde. Es obvio que tienen que seguir trabajando y tratar de hacerlo mejor, para eso les pagan y bien. Pero cuando se está en la cadena civil-militar de mando hay responsabilidades mayores que se afrontan de inmediato, como el relevo del mando. No todo son juegos y simulaciones con soldaditos de plomo. Aquí se perdió una guerra y punto.

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