El miércoles pasado, la noticia era que Alan García había “cuadrado” al consorcio Camisea y a Repsol, diciendo que no podían jugar al “gran bonetón” con los industriales. En efecto, ambas empresas los “pinponeaban” mandándolos “a la otra esquina” a pedir gas porque “es la otra empresa la que tiene gas y yo no”. El mismo día, la Sra. Bárbara Bruce, representante de Perú LNG, anunció que en mayo del 2010 comienza de todas maneras la exportación de gas a México, que llegará a 500 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en los próximos años.
Pero para los industriales peruanos el consorcio Camisea solo está subastando 80 mmpcd, cantidad que se quedó corta, pues los pedidos superaron varias veces la cantidad ofertada. Lo que quiere decir que se está priorizando la exportación a costa del mercado interno, hecho que Alan García, en su mensaje del 28 de julio, dijo que no sucedería.
La madre del cordero de este hecho insólito es que el actual gobierno no ha hecho nada para revertir la ilegal renegociación del contrato del Lote 88, ocurrida a principios del 2006, que fue la que permitió que ese gas –que estaba destinado exclusivamente para el mercado interno– se destinara a la exportación.
García el mismo 28 de julio fue explícito: “Lo que sí deberán investigar el Ministerio Público y el Poder Judicial es por qué antes, sacrificando y entregando el mercado nacional, se cambiaron las leyes con normas de menor jerarquía, lo que constituye un delito”. O sea, por qué se cambió la obligación de abastecer al mercado interno por un horizonte permanente (lo que en los hechos impedía la exportación) por un periodo menor, lo que posibilitó la renegociación ilegal del Lote 88.
Por tanto la solución es simple: si se respeta el contrato original del 2000 del Lote 88, y no el ilegal del 2006, entonces tendremos, de manera inmediata, gas natural para las necesidades actuales de los industriales peruanos y, también, para la demanda del gasoducto sur andino.
No solo eso. El gas del Lote 88 es el único que tiene un precio regulado (el gas de los otros Lotes va a ser más caro) porque la Shell no lo pudo comercializar, por lo que revirtió gratis al Estado. Ahora ese gas “regalo de Dios” va a ser exportado a México y los peruanos tendremos que pagar por un gas más caro. De Ripley.
La cuestión de fondo es que el Perú es el único país de América Latina (digo bien, el único) que no ejerce soberanía sobre sus recursos energéticos, que tienen un carácter estratégico redoblado en el siglo XXI. La soberanía implica decidir sobre el destino de esos recursos y orientarlos donde lo determina el interés nacional.
Pero aquí la empresa privada decide si lo exporta o no, cuánto es lo que subasta (en verdad, “raciona” porque no alcanza). No solo eso. Repsol, que vende el gas a México, no quiere destinar a ese país el gas que ha encontrado en el Lote 57 (con lo que se podría liberar par el mercado interno el gas del Lote 88) porque sabe que obtendrá un precio menor al que se le va a pagar en el Perú (Repsol nunca pierde, www.cristaldemira.com, 28/10/09).
Por eso, tiene razón el reciente informe de Osinergmin cuando afirma que “las empresas del sector energía, privadas en su mayoría, han implementado una política de negocios, pero no una política energética coherente a nivel nacional, pues cada una de ellas toma sus decisiones según su propia estrategia empresarial” (1).
¿Y qué ha hecho el gobierno para tener una política energética de largo plazo? Nada. Las empresas explotadoras siguen siendo “las dueñas de la molécula” y hacen lo que quieren en su chacra “Perú”, donde el Presidente denuncia “delitos” que después acaban en nada, retrocediendo así a niveles de republiqueta. Ni más ni menos.
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