El gobierno está estudiando un proyecto para permitir que capitales chilenos en el exterior, que no han tributado localmente, puedan retornar al país. El tema, que significaría la repatriación de al menos US$ 20 mil millones, según cálculos privados, está hoy en manos del Ministerio de Hacienda, repartición que analiza fórmulas para concretar este tratamiento tributario excepcional. "Es una idea que valoramos y que estamos estudiando en detalle", dice el subsecretario de la cartera, Rodrigo Alvarez.
Para hacer atractivo el retorno de esos dineros -una idea que ha tenido buena recepción a nivel empresarial- se busca que la tasa impositiva sea de menos de 20%; es decir, inferior a lo que pagarían los capitales si fueran repatriados por las vías ya existentes.
Con esta iniciativa se podrían allegar recursos extras para apoyar las inversiones posterremoto, lo que en parte es valorado por el gobierno, aunque no todos sus miembros estén de acuerdo con la medida.
En línea con proponerlo inserto en el contexto del terremoto, en una indicación del 7 de junio al proyecto de Ley de Financiamiento de la Reconstrucción, el tema fue planteado por el senador PS Juan Pablo Letelier, con el apoyo de su homólogo de la UDI Andrés Chadwick. En paralelo, los diputados Pablo Lorenzini (DC) y Edmundo Eluchans (UDI) también lo propusieron en la Cámara Baja. El gobierno tomó nota de estas iniciativas, las ha conversado con los parlamentarios y las está evaluando.
"El ministro (de Hacienda) Felipe Larraín me señaló que iba a acoger esta propuesta en los próximas semanas y que el gobierno iba a presentar el proyecto de ley correspondiente", afirma Letelier. Chadwick, a su vez, cree que "es muy factible que esta idea cuente con el patrocinio del Ejecutivo y que así quede de manifiesto en la próxima sesión de la comisión mixta, la semana subsiguiente".
MONTOS INVOLUCRADOS
Sobre los montos involucrados, hay distintos cálculos. Según el senador Letelier, hay cerca de US$ 35 mil millones de chilenos en el exterior que, al no haber retornado, no han pagado impuestos, cifra que el senador Chadwick sitúa en unos US$ 25 mil millones y que el socio principal de PriceWaterhouseCoopers (PWC) Chile, Luis Enrique Alamos, acota a unos US$ 20 mil millones. La clave para que vuelvan a Chile es que paguen una tasa de impuestos menor a la que hoy tributa una persona o empresa en el país. En su indicación a la ley de financiamiento, los senadores Letelier y Chadwick propusieron un 6%. Eso implicaría una recaudación -dependiendo de cuántos recursos retornen-, de entre US$ 1.200 millones a unos US$ 2.000 millones.
Al entrar a Chile usualmente se cancela el impuesto de Primera Categoría, de 17%, mientras los socios de una compañía cancelan un global complementario, que en promedio es de 30%, según Franco Brzovic, experto tributario y socio del estudio jurídico Pérez Donoso. Alamos precisa que por esa razón "la tasa tiene que ser baja, de entre 5% y 7%", cree. Si es más alta, no hay incentivo. "Estos son recursos irrecuperables para el Fisco, ya sea porque su tributación ya está prescrita o no existen los medios para hacerlos tributar", explica. Por ello, propone que se baje la tasa impositiva cuando la finalidad sea invertir en zonas de catástrofe, áreas alejadas o industrias que el país busca desarrollar.
En el sector privado ven con buenos ojos la medida, coinciden Letelier y el socio de PWC Chile. La CPC se lo propuso en 2008 al entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, para que se incluyese en las medidas pro-crecimiento anunciadas por esa cartera en enero de 2009, dicen cercanos al gremio. Sin embargo, Velasco no fue partidario de la medida.
RIESGOS A CONSIDERAR
Pero la propuesta no está exenta de problemas. "Tiene complicaciones, porque es el reconocimiento de capitales que no han sido declarados y por eso hay que tomar una serie de precauciones", advierte el subsecretario Alvarez, quien precisa que medidas de este tipo fueron adoptadas recientemente por países como Argentina, Italia y Australia. La autoridad está consciente de que existe el riesgo de abrir una vía a la entrada de dineros de origen ilícito, por lo que precisa que "hay mecanismos para evitarlo. Estamos trabajando en eso". La senadora UDI Evelyn Matthei también cree que es un tema para estudiar cuidadosamente, dado que puede, eventualmente, implicar la llegada al país de capitales de origen ilegal.
El abogado Axel Buschheister tampoco es partidario de una medida así por el llamado "riesgo moral" (moral hazard) que implicaría el que la gente espere un nuevo tratamiento de este tipo en el futuro. Recuerda que con anterioridad ha habido medidas de este tipo, en los gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva. De hecho, en su génesis el DFL 2 fue concebido como una medida de esta naturaleza.
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